¿Cuáles fueron las causas que provocaron el terrible estallido de la Guerra Civil española en 1936? Hasta ahora, los investigadores se han centrado más en explicar la propia guerra que en buscar sus orígenes. Sin embargo, el historiador Stanley G. Payne considera necesario averiguar las claves que provocaron el conflicto bélico en el colapso de la Segunda República y en la implosión de la política democrática en España entre los años 1933 y 1936.

En este libro, con el que pretende abrir un nuevo debate, ahonda sobre todo en el estudio de los seis meses previos a la guerra. Así, analiza, entre otros muchos aspectos, la labor de los diversos sectores del movimiento socialista y la rivalidad entre ellos, el debate interno en el seno del Gobierno, las actividades y las discusiones entre los republicanos de izquierda, la política del Gobierno en materia de seguridad y el papel desempeñado por la policía, el empleo de delegados revolucionarios, el frecuente desorden en los campos del sur, las agresiones a la Iglesia, el cierre de las escuelas católicas, la incautación o el incendio premeditado de las propiedades eclesiásticas, la falta de tacto en política militar o el defectuoso sistema electoral que otorgaba gran proyección a las alianzas.

Tampoco se olvida de los numerosos problemas estructurales —los más de dos millones de campesinos sin tierra, los ínfimos salarios de los obreros, la baja productividad de las fábricas…— y coyunturales —los nuevos cambios socioeconómicos mundiales, la alta demografía nacional que provocó que en los años treinta hubiera numerosos varones jóvenes en busca de trabajo…— para dar una visión completa del convulso final de la República que condujo a España a su más cruenta guerra y a cuarenta años de gobierno totalitario.

Stanley G. Payne

El colapso de la República

Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936)

ePUB v1.1

Elle518 16.08.11

Título original: The collapse of the Spanish Republic 1933-1936

Traducción: Mª Pilar López Pérez

Tablas retocadas por: laNane

Stanley G. Payne, 2005.

A Adolfo Suárez

y a los líderes militantes

de Unión de Centro Democrático,

quienes demostraron cómo construir

una democracia en España.

Su historia fue breve, pero gloriosa.

PREFACIO

E

n comparación con la vasta bibliografía existente acerca de la Guerra Civil española, resulta sorprendente la escasa atención prestada a sus orígenes en el colapso de la República. El presente estudio constituye un intento de compensar esa situación y de abrir una nueva discusión sobre la implosión de la política democrática en España entre 1933 y 1936. Pese a basarse en la segunda parte de mi anterior historia de la Segunda República, no se trata de una mera revisión de la misma, sino de un estudio nuevo y sumamente ampliado.

Lo que revela esta investigación, sobre todo, es la necesidad de ahondar en el estudio de los seis meses previos a la Guerra Civil. En especial resulta necesaria la cuidadosa investigación del estado de la economía y de los efectos de los nuevos cambios socioeconómicos, el papel de los diversos sectores del movimiento socialista y la rivalidad entre ellos, el debate interno (tal como se produjo) en el seno del gobierno, las actividades y el debate interno de los republicanos de izquierda, la política del gobierno en materia de seguridad y el papel desempeñado por la policía, el empleo de delegados revolucionarios, el frecuente desorden en los campos del sur, las agresiones a la Iglesia, el cierre de las escuelas católicas, la incautación o el incendio premeditado de las propiedades eclesiásticas y otros varios problemas. Hasta ahora, los historiadores han preferido centrarse más en los primeros años de la República que en su convulso final.

Mi agradecimiento, como siempre, a Juan Linz por su lectura del manuscrito y a Jesús Palacios por su ayuda en esta obra.

STANLEY G. PAYNE
1 de marzo de 2005

INTRODUCCIÓN -
EL PROBLEMA DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO EN ESPAÑA

C

on frecuencia, los historiadores han reconocido que el advenimiento de la Segunda República en España en 1931 constituyó un acontecimiento único, el único gran paso dado hacia la democracia en Europa durante una década de crisis económica y política. España era, de hecho, «diferente», pero del modo más ejemplar. En ese momento, el país pareció volver a asumir el papel que había desempeñado en el siglo anterior, cuando introdujo la palabra «liberal» en el léxico moderno, siendo una fuente de inspiración para los progresistas de toda Europa. Primero fue la guerra de la independencia española contra Napoleón, la única y genuina «guerra popular» de la época, que despertó la admiración del continente, popularizando el término «guerrilla». De igual importancia fue la Constitución de 1812, la primera constitución liberal decimonónica europea, que, en la Europa central y meridional, Latinoamérica y la Rusia de los decembristas, sirvió de inspiración a los liberales durante toda una generación.

El drama del gobierno liberal en la España del siglo XIX radica de manera especial en el hecho de que ningún otro país del mundo realizó semejantes y persistentes esfuerzos por introducir tan avanzadas formas políticas en similares condiciones de subdesarrollo social y económico. Tal liberalismo prematuro pareció destinado al fracaso, en parte debido al hecho de que España nunca iba a conocer la «larga paz» de la que disfrutó la mayor parte de la Europa decimonónica, ya que durante una gran parte de ese tiempo estuvo embarcada en guerras de uno u otro tipo, con una reiteración mayor que cualquier otro país del mundo. Ese tumulto casi constante se debió, sobre todo, al legado del imperio, así como a los constantes esfuerzos por introducir un liberalismo más avanzado.

España fue el único país para el que el siglo XIX comenzó y finalizó con grandes conflictos internacionales —la guerra de la independencia contra Napoleón entre 1808 y 1814 y la guerra cubano-americana de 1895-1898, con la guerra contra Marruecos de 1859 entre ambas—. Por si esto no fuera suficiente, se convirtió en la clásica tierra de guerras civiles, comenzando con el limitado conflicto liberal-tradicionalista de 1822-1823 (al que puso fin la intervención militar francesa), seguido de la insurrección del campesinado catalán en 1827 (Guerra dels Agraviats), la absolutamente agotadora primera guerra carlista entre 1833 y 1840 (en la que algo más del uno por ciento de la población total murió en acciones militares), una insurrección carlista menor en Cataluña entre 1846 y 1849, la segunda gran guerra carlista entre 1873 y 1876 y la revuelta cantonalista republicana de 1873. A esto se añadieron numerosos y breves pronunciamientos civiles y militares, varios de los cuales conllevaron serias luchas, así como campañas a gran escala para reprimir los movimientos independentistas hispanoamericanos, primero en la década de 1815-1825 y, más tarde, durante diez años, en la guerra de Cuba (1868-1878), a la que, a su vez, siguió la breve «guerra Chiquita» (1879-1880). A ellas pueden sumarse la campaña de Filipinas y la de Marruecos de 1894, así como la lucha por recuperar Santo Domingo y los conflictos navales que tuvieron lugar en la costa occidental de Sudamérica durante la década de 1860. Las dos campañas principales de Cuba costaron al ejército español un total de más de 100.000 bajas. En el siglo XIX, ningún otro Estado europeo perdió, en proporción, tantas vidas y riqueza en sus campañas coloniales y, sin embargo, al final, España no conservó absolutamente nada mientras que casi todos los imperios coloniales europeos, incluso el portugués, experimentaron una gran expansión.

Fueron ante todo las guerras y la invasión extranjera las que desestabilizaron el Antiguo Régimen en España, otorgando al liberalismo su oportunidad inicial, pese a que el país no se encontraba preparado para ello. Posteriormente, la política liberal avanzaría mediante una serie de siete convulsiones y, en cada una de ellas, la iniciativa liberal o radical pretendería empujar a las instituciones españolas más hacia la izquierda de lo que la sociedad estaba preparada o dispuesta a apoyar. La historia política de la mayor parte de los siglos XIX y XX puede así dividirse en un conjunto de siete subperiodos en los que el rápido y precoz avance liberal o radical iría seguido por un largo periodo de conservadurismo o reacción hasta que, en 1977, después de generaciones, se alcanzase por fin una democracia consensuada.

El surgimiento de la extrema izquierda en 1821 constituyó uno de los principales obstáculos. Cuando en 1820 tuvieron la oportunidad de regresar al poder, gran parte de los destacados «doceañistas» que habían redactado la Constitución de 1812 habían aprendido a moderar su política pero se vieron superados por una nueva generación minoritaria de liberales radicales, los «exaltados», que se hicieron con el poder en 1821. Estos impusieron una dominación centralizada y jacobina que ignoró algunas de sus propias leyes liberales en favor de un gobierno coercitivo que apenas contó con el respaldo popular y pronto se vio derrocado por la intervención militar francesa. Pese a lo desastroso de su política, establecerían una tradición exaltada española que reaparecía en otras cinco ocasiones, en cada una de ellas causando una catástrofe equivalente o peor y que perduraría durante más de un siglo. Salvador de Madariaga ha observado que el rasgo más corriente en los asuntos públicos españoles fue que la extrema izquierda siempre pretendió minar la más amplia causa izquierdista y liberal, conforme la tradición exaltada volvía a emerger en cada generación sucesiva. Sus avatares continuarían siempre defendiendo la toma del poder, el rechazo de la moderación, el empleo de la violencia y el gobierno coercitivo —una tendencia que se vio temporalmente superada por la generación liberal y moderada de 1876 y, esperamos, de forma más permanente por la generación democrática de 1976.

El liberalismo español decimonónico fue personalista y sectario, tendiendo en general hacia la fragmentación. Durante más de un siglo, a través de la Guerra Civil de 1936, la élite política luchó con una larga y lenta transición desde la cultura del Antiguo Régimen a la modernización, a menudo exhibiendo el mismo egoísmo y rivalidad que el mostrado por la aristocracia durante la monarquía tradicional. Persistió una especie de déficit psicológico cultural, todavía más intenso en los grupos izquierdistas que en los derechistas, ya que entre aquéllos se vio estimulado por la introducción de las modernas doctrinas radicales.

La primera gran era de convulsiones liberales y pronunciamientos militares perduró seis décadas, hasta 1874. La monarquía borbónica restaurada, encabezada por Antonio Cánovas del Castillo, logró, por primera vez, establecer un régimen parlamentario estable y en general se mantuvo con éxito hasta la crisis de la Primera Guerra Mundial que sumió a la mayor parte de Europa en el tumulto. Cánovas fue el más importante estadista de la España moderna y no sólo logró la estabilidad sino que superó el gran defecto de los movimientos y regímenes liberales españoles: su exclusivismo y su tendencia a negar el acceso a otros. Esto es, habían insistido en imponer sus propias versiones del liberalismo y el radicalismo, negando a sus rivales una razonable representación o una idéntica participación. Al contrario, la restaurada monarquía parlamentaria se basó en lo que Carlos Dardé ha denominado «la aceptación del adversario», permitiendo un grado de acceso y representación a aquellas fuerzas rivales dispuestas a aceptar la nueva Constitución y las reglas legales del juego. Cánovas puso fin a lo que llamaba la política de «la bolsa o la vida». El sistema de la Restauración no introdujo la democracia desde el principio, aunque se estableció el sufragio universal masculino para las elecciones de 1890. Las elecciones estuvieron en gran parte controladas por los partidos gobernantes y por las élites locales establecidas, un sistema que reflejaba el nivel de desarrollo social y cultural existente en la España de finales del siglo XIX. Hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo XX no existió la posibilidad de una genuina democracia. De hecho, la Restauración representó un gran logro cívico, creando estabilidad, estimulando el crecimiento económico y la modernización y permitiendo la evolución de las instituciones liberales en aras de un mayor reformismo y una mayor inclusión. Esto hizo posible la exclusión de los militares de la política, ya que la intervención militar había derivado, sobre todo, del vacío o de la debilidad y división del poder civil más que cualquier ambición militar inherente. Al mismo tiempo, como la mayoría de los regímenes decimonónicos, la Restauración adoleció de notables limitaciones que, a principios del siglo XX, no pudieron ser superadas con facilidad.

A comienzos del siglo XX, España contaba con una de las historias políticas «modernas» más largas del mundo, que arrancaba del momento en que se convirtió en el segundo gran país europeo en adoptar, de manera independiente, una Constitución liberal moderna en 1812. Después de 1900, el desarrollo se aceleró, mientras que la Primera Guerra Mundial trajo consigo tanto una nueva prosperidad como nuevas tensiones, con la presión por la democratización y también, por primera vez, por la revolución obrera. La Restauración, como todos los sistemas decimonónicos de liberalismo elitista, debía reformarse para sobrevivir. En más de la mitad de los países europeos, todavía no se había logrado la transición hacia una democratización exitosa. El sistema español se reformó lo suficiente como para permitir un cierto grado de semidemocracia parcial en las ciudades más grandes pero, en la mayor parte del país, persistió el sistema caciquil de control político. Aún más, la muy limitada descentralización alcanzada entre 1907 y 1923 resultaba totalmente inadecuada para satisfacer las exigencias de los nuevos nacionalismos periféricos y de otros movimientos autonomistas. Conforme la «cuestión social» se desplazaba hacia el epicentro de los asuntos públicos, la dominación anarcosindicalista y revolucionaria del único gran sindicato existente, la CNT, resultó ser, después de 1917, un problema insoluble, produciendo escaladas de violencia que, en último término, amenazaron la propia estabilidad del sistema político.

La Restauración no constituyó, sin embargo, un fracaso económico ya que logró un desarrollo económico acelerado, sobre todo en la etapa de la Primera Guerra Mundial. El problema del desarrollo acelerado estuvo relacionado con su tardía implantación, una vez que el efecto demostración de economías y estructuras sociales más avanzadas de la Europa noroccidental comenzó a ejercer su influencia sobre la psicología española. La inflación que acompañó a la guerra creó auténticas dificultades e intensificó las exigencias laborales, sobre todo a la vista de los grandes beneficios obtenidos por los propietarios. A ello se añadió la ausencia de un movimiento socialista relativamente fuerte y moderado, como ocurría en la mayoría de los países europeos. Así, tras la Primera Guerra Mundial, emergió una combinación de factores, incluida la mentalidad bastante dura de los patronos españoles, para crear una situación laboral explosiva que durante varias décadas no pudo resolverse de modo constructivo.

A principios de los años veinte existió un fuerte sentimiento de que el sistema político se encontraba bloqueado y de que no sería capaz de reformarse a sí mismo, que las élites establecidas todavía controlaban el sistema con tal puño de hierro que éste apenas podía ser reformado. Aunque se llevaron a cabo ciertos progresos, no existió avance alguno hacia la democratización —fuese o no verdaderamente viable— y el incremento de la fragmentación dificultó todavía más la existencia de un gobierno responsable. No obstante, el sistema no habría resultado derrocado en 1923 de no haber sido por el punto muerto en que se hallaba la guerra colonial en el recién establecido Protectorado de Marruecos, lo que generó una mayor presión por un liderazgo más decisivo.

En principio, gran parte de la opinión política informada, que incluía a muchos liberales, dio la bienvenida a la pacífica imposición de lo que, de forma universal, se percibió como una dictadura similar a la de Lucio Quinto Cincinato por parte del general Miguel Primo de Rivera, en 1923. Se contempló la dictadura como una forma de cortar el nudo gordiano de la reforma, que ya no podía ser asumida por el normal sistema político y, en cierto sentido, tal percepción pudo haber sido válida. La violencia política se controló con facilidad mediante la ley marcial, al tiempo que la dictadura pudo aprovechar la nueva oportunidad que se le presentó en 1924-1925 para alcanzar la pacificación del Protectorado de Marruecos en colaboración con Francia.

Como dictadura verdaderamente al estilo de Cincinato, o temporal, pudo haber existido cierta justificación limitada para el pronunciamiento de Primo de Rivera, justificación que, sin embargo, sólo se extendía hasta la completa restauración del orden y una realineación muy temporal del gobierno, junto con la resolución de la crisis de Marruecos y que ya había concluido a finales de 1925. Si se hubiese puesto punto final a la dictadura en ese momento, la historia española hubiese contemplado a Primo de Rivera como un dictador benigno, incluso como a un salvador. Sin embargo, en 1926, la institución de una «dictadura civil», con ministerios civiles regulares, indicaba toda la intención de hacer de la dictadura algo semipermanente y, posteriormente, intentó revisar la Constitución en una dirección permanentemente autoritaria. Aunque en 1930 había fracasado por completo, en el proceso puso fin al sistema parlamentario de la Restauración, creando lo que resultó ser una interrupción decisiva en el gobierno constitucional. Provisionalmente se había aceptado una dictadura temporal para resolver un conjunto de crisis, pero ésta debía concluir tan pronto como se hubieran resuelto las más inmediatas. Lo que es más, su aceptación y apoyo tácito por parte de la Corona (aunque Alfonso XIII no había conspirado para instalarla) identificó de modo fatal a la monarquía borbónica con el derrocamiento del sistema constitucional. El hecho de que, en su levedad, hubiera constituido una de las más benignas dictaduras del siglo resultó, en términos de sus efectos a largo plazo, irrelevante.

Si Primo de Rivera hubiera hecho todo lo contrario, dando paso en 1926 a una reforma electoral semidemocrática, podría haber pasado a la Historia como uno de los grandes benefactores del país. El reinado de Alfonso XIII hubiese constituido entonces una monarquía constitucional y democrática, manteniendo una continuidad de las instituciones que era, con toda probabilidad, necesaria para que un nuevo sistema de democracia alcanzase el éxito. Tal y como ocurrió, la dictadura de Primo de Rivera se convirtió en el pecado original de la política española del siglo XX. Creó una ruptura decisiva con el movimiento constitucional, puso fin a la evolución parlamentaria del régimen más progresista de la historia española, comprometió fatalmente a la monarquía y dejó tras de sí un clima político radicalizado que rechazó la reanudación de la reforma moderada.

No obstante, las perspectivas de una reforma constructiva no fueron del todo inexistentes cuando el dictador renunció a finales de enero de 1930. La situación en Marruecos era del todo estable, la economía había experimentado una enorme expansión y la subversión interna se había sofocado por completo. Pero un gobierno tímido e inepto, un gobernante incierto, la división política y la falta de liderazgo malgastaron totalmente los siguientes quince meses. Los antiguos partidos monárquicos, en su mayoría, se habían desvanecido y ya no era posible reagruparlos con facilidad. El más eficaz político monárquico subsistente, Francesc Cambó, se vio afectado por un cáncer de garganta y no estaba disponible. El gobierno repitió el error del gobierno provisional ruso de 1917, al retrasar la celebración de nuevas elecciones, el único modo de lograr un gobierno legítimo, y mientras que los rusos sólo las pospusieron nueve meses, el gobierno de Madrid lo hizo durante quince, un error fatal. Conforme transcurrían los meses y continuaba esa ley arbitraria, crecía la marea de alineación y republicanismo. Cuando, finalmente, se celebraron las elecciones en abril de 1931, se cometió otro gran error, al comenzar con los comicios municipales, a los que seguirían los provinciales y sólo más tarde los nacionales. Esto soslayó el hecho de que la izquierda siempre había obtenido mayores éxitos a nivel local que nacional y garantizó el máximo voto para la oposición republicana en las primeras elecciones a celebrar a las que la izquierda convirtió, de un modo en cierta forma artificial, en una especie de plebiscito, aun no siéndolo a nivel técnico. En ese punto, pareció que la monarquía había perdido el apoyo popular y, de manera muy abrupta, entregó el poder a la nueva cúpula republicana.

Más que implantarse bajo la guía estabilizadora de las instituciones establecidas, la nueva democracia comenzaría como un régimen cuasi-revolucionario, construyendo sus instituciones y prácticas políticas ab novo. Así, el interludio dictatorial tuvo como efecto el devolver a España a la era de los pronunciamientos y las convulsiones. Aunque la Segunda República no estuvo, de modo inevitable, condenada al fracaso, un sistema democrático hubiese contado con mejores posibilidades si se hubiera asociado con unas instituciones más históricas y conservadoras, las cuales podrían haber servido para arbitrar y canalizar a las nuevas grandes fuerzas democráticas. Por supuesto no existió garantía alguna de que una monarquía constitucional y democratizada hubiera obtenido un mayor éxito bajo las presiones radicales de los años treinta del que obtuvo la República, pero, probablemente, sí lo hubiera obtenido a la hora de evitar la total polarización. Una vez que, entre 1923 y 1931, se hubo derrocado al único régimen liberal de tolerancia y evolución progresista de España, ya no volvería a recuperarse tal sistema durante casi medio siglo.

CAPÍTULO 1 -
EL PROYECTO REPUBLICANO

L

a instauración de la República nunca hubiera tenido lugar a no ser por la generalizada transformación de la sociedad y la cultura españolas en la generación precedente. Durante los años veinte, España alcanzó una de las mayores tasas de crecimiento económico a nivel mundial y en las dos décadas entre 1910 y 1930 experimentó, en proporción, la más rápida expansión de la población urbana y de la mano de obra industrial de toda su historia hasta ese momento. El empleo industrial casi se duplicó, pasando del 18,5 por ciento al 26,5 por ciento, cifra que, de hecho, superaba ligeramente el desplazamiento proporcional hacia el empleo industrial que se produjo durante el boom de los años sesenta. Aunque la agricultura continuaba siendo el sector más amplio y pese al rápido crecimiento de la mano de obra, hacia 1930 el porcentaje de población activa empleada en la agricultura y la pesca había disminuido en algo menos de la mitad por primera vez, reduciéndose del 66 por ciento en 1910 al 45,5 por ciento en 1930. El crecimiento en el sector servicios fue incluso más rápido que en la industria, aumentando del 20,8 por ciento en 1920 al 28 por ciento en 1930. De una población activa de más o menos 8.773.000 trabajadores, unos 2.325.000 eran obreros industriales y casi 2.500.000 estaban empleados en el sector servicios. Aunque los campesinos sin tierra propia constituían cerca de 1.900.000, España ya no era el país abrumadoramente rural y agrario que había sido hasta fecha tan reciente como 1910 [1].

El analfabetismo entre adultos descendió casi un 9 por ciento durante los años veinte; fue, en apariencia, la mejora más rápida en un periodo de diez años de la historia española. Aumentaron las oportunidades para las mujeres: su proporción en la población activa creció casi un 9 por ciento en los años veinte, mientras que en cuatro años (de 1923 a 1927), el porcentaje de mujeres que estudiaban en la universidad prácticamente se duplicó, pasando del 4,79 por ciento al 8,3 por ciento. Además, el número total de estudiantes universitarios en general se duplicó entre 1923 y 1930 [2].

El resultado fue el comienzo de una transformación sociocultural esencial que dio lugar a la más fundamental de las revoluciones: la revolución psicológica de las aspiraciones crecientes. En 1930, y por vez primera, millones de españoles esperaban la rápida continuación e incluso el aumento de mejoras cruciales en asuntos sociales y políticos. Salvo que se tome en consideración la magnitud de esa reciente expansión y sus correlativos cambios sociales y psicológicos no puede comprenderse la sociedad española de los años treinta. Las radicales exigencias que siguieron no derivaban del hecho de que, con anterioridad, España hubiese sido incapaz de progresar, sino, precisamente, de que, en muchos campos, se había llevado a cabo un veloz progreso. Conforme millones de personas experimentaban una rápida mejoría en sus vidas, ellos y también otros estaban decididos a exigir todavía más.

Esta transformación creó una base potencial para la democratización, aunque sólo se trataba de un requisito previo e inicial y no podía garantizar el éxito. Las nuevas fuerzas republicanas que, repentinamente, alcanzaron el poder en abril de 1931 eran, en su mayoría, formaciones recientes y novedosas. El movimiento republicano originario de la década de 1860 había ocasionado la desastrosa experiencia de la Primera República entre 1873 y 1874, cuando el país prácticamente se desmoronó. Para dos generaciones, el republicanismo se había tachado de anárquico, y a comienzos del siglo XX se había expandido con lentitud. Lo que devolvió la vitalidad al republicanismo no fue tan sólo la acelerada modernización de España (aunque sí fuera un factor), sino el tremendo fracaso de la dictadura que parecía evidenciar la corrupción y autoritarismo de la monarquía y que la democratización sólo podría alcanzarse bajo una república.

En las grandes ciudades, el nacimiento de la Segunda República suscitó una espectacular explosión de entusiasmo popular, un sentimiento de esperanza y euforia que constituyó la variante española del amplio anhelo por cierta clase de nuevo orden humano, tan extendido e intenso en Europa entre la generación posterior a la Primera Guerra Mundial. Su instauración incruenta (en contraste con los tumultos ciudadanos y los pronunciamientos militares del siglo precedente) sugería una nueva madurez cívica. Algunas veces, se escucharon comparaciones con la Revolución francesa, pero a favor del nuevo régimen español, nacido sin violencia. En realidad, tal comparación favorable revelaba algo más que una pequeña confusión: la Revolución francesa había degenerado en represión y violencia en tan sólo tres años, de manera que cualquier paralelismo con España en su fase de máximo conflicto sólo podía esperarse en un estadio posterior, el cual también resultó ser bastante violento. Un paralelismo histórico más exacto podría haberse establecido con la proclamación de la Tercera República francesa en 1871, la cual, durante su primera década, adoptó una forma muy conservadora que reforzaba la estabilidad aunque estaba lejos del ánimo del nuevo gobierno español y sus seguidores.

La dificultad a la que se enfrentó España a la hora de consolidar una nueva democracia podría comprenderse mejor mediante ejemplos comparativos. Basándose en la cultura cívica, la tasa de alfabetización y el desarrollo económico, podría considerarse que, en 1931, España se encontraba, aproximadamente, al nivel que Gran Bretaña y Francia habían alcanzado hacia finales del siglo XIX. Hasta aquellos momentos, ninguno de esos países había tenido que hacer frente a pruebas políticas y sociales tan rigurosas como las sufridas por España en los años treinta. La Inglaterra victoriana poseía una de las economías más dinámicas a nivel mundial y la más larga de las tradiciones parlamentarias, aunque todavía no había introducido el sufragio universal masculino y mucho menos el voto femenino. La naciente Tercera República francesa se había enfrentado a una revuelta cuasi revolucionaria en París, que reprimió con una ferocidad comparable a la desplegada en la Guerra Civil española de 1936. De ahí avanzó hacia un sistema marcadamente conservador ya que, durante mucho tiempo, el movimiento obrero siguió siendo bastante débil en Francia, mientras que la sociedad española pronto se vería sometida a las severas presiones derivadas de movilizaciones de masas múltiples y contrapuestas.

Todavía más, el período general europeo de democratización de posguerra ya había concluido y, en 1931, tanto en la Europa central desarrollada como en las zonas subdesarrolladas del este y sur, las corrientes políticas avanzaban vigorosamente en la dirección de la radicalización y el autoritarismo, no hacia la democratización. Una vez más, como en el siglo precedente, las fuerzas políticas españolas pretendían desempeñar un papel único al augurar una nueva fase de progresismo. Los líderes republicanos eran conscientes de este papel y algunos de ellos declaraban que la democratización de España iniciaría una nueva tendencia que haría retroceder el fascismo en todo el continente. Sin embargo, más de un siglo antes, los progresistas españoles habían fracasado, siendo mayor su fracaso en la década de 1814-1823, debido no sólo a la falta de preparación de la sociedad española, sino también al clima internacional hostil.

En 1931 España ocupaba, en palabras de Michael Mann, una peligrosa «zona fronteriza» en la que sus nuevas instituciones políticas intentaban aproximarse a aquéllas de la Europa avanzada del norte, pero en la que, pese a su rápido y reciente progreso, su sociedad y su cultura todavía no habían alcanzado niveles equivalentes a los de los países septentrionales. El desarrollo acelerado había contribuido a hacer posibles los avances de 1931, pero subsistía el peligro de haber tendido una trampa al desarrollo al estimular importantes exigencias nuevas sin haber puesto todavía los medios para satisfacerlas.

Aunque la coalición republicana afirmaba representar un nuevo modelo político, en diciembre de 1930 había intentado primeramente derrocar a la monarquía mediante un pronunciamiento militar al viejo estilo que había fracasado por completo y, en abril de 1931, alcanzó el poder de forma incruenta aunque los monárquicos obtuvieran la mayoría en las elecciones municipales, ya que éstos rehusaron tomar parte en un conflicto civil. De este modo, la República se instauró a través de un cierto pacto político. Pese a la actitud abnegada y patriótica de la Corona y los políticos monárquicos, la nueva coalición inició una política de venganza hacia la Corona y los ministros de la depuesta dictadura mediante una serie de persecuciones políticas que no servían a propósito constructivo alguno y que eran hipócritas, dada la participación de los socialistas en algunas de las instituciones de la dictadura. La nueva coalición adoptó la actitud, que demostró ser por completo errónea, de que la opinión pública católica y conservadora había quedado reducida a una condición totalmente minoritaria y ya no era preciso tenerla en cuenta en la ecuación política.

La coalición republicana se apoyaba en una triple alianza: la izquierda republicana (también denominada izquierda burguesa), el centro-derecha republicano y los socialistas; su cooperación inicial enmascaraba el hecho de que cada sector concebía el proyecto republicano en términos muy diferentes. El centro-derecha estaba encabezado por antiguos monárquicos, como los católicos Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura —cada uno de ellos lideraba nuevos partidos muy pequeños—, y, mayoritariamente, por el Partido Radical de Alejandro Lerroux que había evolucionado desde su anterior extremismo a la moderación centrista. El centro-derecha abogaba por el desarrollo de la democracia liberal (las leyes y costumbres del constitucionalismo parlamentario) con limitadas reformas sociales e institucionales. Para ellos, la esencia del sistema estaría constituida simplemente por los derechos civiles y las reglas constitucionales del juego limpio democrático.

Sin embargo, el soporte de la coalición lo formaban los partidos de la izquierda republicana quienes, más que el Partido Radical, defendían un republicanismo radical y el resurgimiento de la tradición exaltada. Su concepto del proyecto republicano se basaba en la revolución cultural del siglo XIX, así como en cierto número de reformas sociales. Esta última preocupación estaba en principio representada por la izquierda republicana, especialmente por el nuevo Partido Radical Socialista (PRS), cuyo nombre derivaba, como era costumbre, de la nomenclatura francesa, pero que quedaría condenado a una breve vida debido a sus contradicciones internas, siendo mucho menos socialista de lo que su denominación indicaba.

El sector más sustancial de la izquierda republicana era Acción Republicana, liderado por el funcionario y escritor Manuel Azaña. También este grupo reconocía la necesidad de una reforma social pero otorgaba preeminencia a la revolución cultural del republicanismo, que requería la creación de un fuerte estado moderno separado por completo de la religión, una serie de cambios y reformas institucionales y la construcción de un sistema educativo moderno y secular al que la educación católica quedaría subordinada en su totalidad. Según Azaña, el fracaso del liberalismo español decimonónico residía en su moderación; y el consentimiento a pactar y colaborar con fuerzas no republicanas había constituido la debilidad de las dos anteriores generaciones de republicanos. En discursos de 1930 y 1931, Azaña proclamaba su intransigencia republicana, describiendo su postura como «radical» y «sectaria». Así, desde la óptica de la izquierda, la república democrática no pretendía ser una democracia tolerante, con igualdad de derechos para todos, sino un proyecto de reforma radical que debía disfrutar de una total hegemonía sobre la vida española. En palabras de Nigel Townson, su objetivo no era alcanzar un «marco consensuado» para toda la sociedad española, sino, más bien, «dotar de esencia a los ideales seculares y modernizantes» [3], que, como observó Macarro Vera, «no fue identificada primordialmente con la democracia, sino con la reforma social, económica o política» [4].

La izquierda republicana ignoró el ejemplo de la vecina república portuguesa que había gobernado de manera calamitosa entre 1910 y 1926. Tal y como lo ha descrito uno de sus principales historiadores, Rui Ramos, la «Primera República portuguesa no fue nunca una democracia liberal, sino un estado regido por un movimiento revolucionario, el Partido Republicano Portugués (PRP), que privó del derecho al voto a la mayor parte del electorado y, aunque permitió que otras fuerzas estuvieran representadas en el Parlamento, nunca consintió una alternancia pacífica en el poder... Tan sólo el ejército fue capaz de derrotar al PRP» [5]. La república portuguesa había representado una continuidad con el radicalismo decimonónico más que un avance hacia la democracia del siglo XX.

Además, la izquierda republicana pretendía excluir permanentemente a la derecha del gobierno. Creían que su posición sería coherente con la democracia porque estaban convencidos de que la coalición republicana gobernante representaba a la gran mayoría de la opinión pública española. A primera vista, esta conclusión derivaba de su aplastante victoria en las elecciones parlamentarias de junio de 1931. La oposición de derechas estaba tan confusa y desorganizada como intimidada y carente de liderazgo y obtuvo una representación muy escasa en las primeras Cortes republicanas.

La izquierda republicana tan sólo conformaba el centro-izquierda en la nueva alianza de gobierno, cuya ala izquierda era el Partido Socialista. Fundado en 1879, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), era el clásico movimiento nacido de la Segunda Internacional y, durante décadas había sido uno de los más débiles partidos socialistas europeos. Cuando en 1910 su líder, Pablo Iglesias, fue elegido diputado por primera vez lanzó, en su discurso de toma de posesión, un cruel ataque al gobierno reformista de Canalejas que había sido, durante más de dos décadas, la administración española más progresista, al tiempo que declaraba legítimo el asesinato del líder del Partido Conservador. Junto con los anarcosindicalistas, los socialistas habían convocado la huelga general revolucionaria de 1917 con el fin de instaurar una república constituyente, huelga que se saldó con un balance de setenta y un muertos y cientos de heridos.

Tratados siempre con indulgencia por el gobierno español, los socialistas habían seguido, en la mayoría de las ocasiones, políticas más moderadas, participando en las elecciones y construyendo poco a poco una base sindical. Los profundos cambios estructurales que tuvieron lugar en los años veinte y la llegada de la democracia permitieron que el sindicato socialista, la UGT, se extendiera como movimiento de masas y alcanzara, hacia 1932, más de un millón de afiliados. La Segunda República ofreció a los socialistas su primera oportunidad de tomar parte en un gobierno (algo que todavía no habían conseguido los socialistas franceses), la cual aceptaron sin haber resuelto por completo la dicotomía entre reformismo y revolucionismo en su doctrina. La tendencia dominante era adoptar la postura de que la República produciría cambios decisivos, abriendo paso, pacíficamente, a un sistema socialista que se alcanzaría sin violencia revolucionaria. Al comienzo del nuevo régimen, el dirigente de UGT Francisco Largo Caballero declaraba que, gracias a ello, la revolución violenta «no echaría nunca las raíces en España». Igualmente, los socialistas contemplaban los cambios en España dentro de un contexto más amplio, como una nueva marea de democracia y progresismo que haría retroceder la tendencia hacia el fascismo iniciada por Mussolini en la década anterior.

Con la excepción de los principales moderados, Alcalá Zamora y Lerroux, los nuevos líderes republicanos poseían una escasa experiencia política práctica y marcaron una brusca ruptura con las antiguas élites del sistema parlamentario precedente. Desde su punto de vista, esto suponía una ventaja pues los libraba de la corrupción de las «viejas políticas», pero su inexperiencia y su aproximación doctrinaria, combinadas con su mala interpretación del sentimiento nacional en general, les privaron del contacto con amplios sectores de las clases medias, moderados y conservadores.

De hecho, esa extensa alianza perduró menos de un año. A finales de 1931, aprobada la nueva Constitución y con el ascenso de Alcalá Zamora a la presidencia, los radicales exigieron que los socialistas abandonaran el Gobierno para que éste quedara en manos de una coalición exclusivamente republicana, lo que resultaba perfectamente factible en términos de mayoría parlamentaria. Los radicales argumentaban que la continuada participación de los socialistas era una contradicción dado que tanto los partidos republicanos como la Constitución se basaban en la propiedad privada. Así la amplia alianza se censuró por antinatural y por desviar la política española hacia la izquierda.

Esta valoración sobrestimó la moderación de la izquierda. Para el nuevo presidente del Gobierno, Manuel Azaña, así como para la mayoría de sus socios en el poder, la alianza con los socialistas resultaba necesaria, primero para garantizar la fortaleza del nuevo sistema, otorgándole una base entre los trabajadores y, en segundo lugar, para garantizar el carácter específicamente izquierdista y radicalmente reformista de la República. Estaba claro que la izquierda republicana prefería los socialistas a los radicales y, así, hasta septiembre de 1933, Azaña presidió una coalición izquierdista de la que ya se había retirado el centro democrático republicano.

Azaña permanecería como líder clave de la izquierda e incluso, con posterioridad, serviría como valiosa figura representativa. Su mayor talento fue verbal y retórico. Imponente orador, ningún otro líder de la izquierda podía igualar sus elocuentes y lapidarias definiciones de la política republicana o su claridad y vigor a la hora de definir las prioridades del nuevo régimen. Esto, junto con su personalidad fría y dominante, le otorgó una incomparable autoridad no sólo entre la izquierda republicana sino también entre ciertos socialistas. Su enfoque era doctrinario y opuesto al consenso. Azaña tenía poca capacidad para el análisis empírico, ya que su orientación se basaba más en el rechazo del conservadurismo y la tradición españoles que en el cuidadoso estudio del carácter de la sociedad del país. Resulta sintomático que su único análisis político extenso versara sobre la política militar francesa, no la española, e incluso este estudio resulta incompleto. Como él mismo admitía [6] su formación básica era subjetiva y estética, y escasa su capacidad de autocrítica política. Aunque era conocido en los círculos culturales y literarios madrileños, nunca publicó una obra verdaderamente relevante y sus escritos sólo despertaron un limitado interés; él mismo admitía ser «un autor sin lectores» [7].

Su personalidad constituía a la vez una fortaleza y una debilidad, ya que era frío, áspero y arrogante en extremo. Más tarde, su más moderado colega, Miguel Maura, escribiría: «El Azaña que yo conocí en 1930 carecía del más elemental trato de gentes. Cuando quería ser amable, era adusto. Cuando alguien le era indiferente, resultaba el prototipo de la grosería». Demostraba «desdén por todo y por todos, nacido de la convicción que le poseía de ser un genio incomprendido y menospreciado...», siendo a menudo «despectivo, soberbio, incisivo sin piedad y sin gracia, reservado para cuantos fuesen sus habituales contertulios, despiadado en los juicios sobre las personas y los actos ajenos; en una palabra, insoportable» [8]. También su falta de experiencia política práctica supuso una limitación, aunque no desarrolló un mayor tacto o prudencia conforme trascurrieron los años de la República, llegando a ser incluso más extremado.

Su fortaleza residía en sus ideas firmes y claras que cristalizaron los objetivos de la izquierda moderada en una disposición a gobernar sin un mínimo de compromiso serio o sin cualquier atisbo de corrupción y en su irresistible habilidad para la oratoria. Su lengua y su intelecto le hicieron a la vez respetado y temido, aunque su retórica fuese en ocasiones contraproducente. Como observó Maura [9]:

Sus famosas frases incisivas e hirientes contribuyeron, no poco, al terrible odio que las derechas llegaron a dedicarle... Las lanzaba con auténtico regodeo y, sabiendo su alcance, como un verdadero masoquista, perseguidor de la enemistad y del odio hacia su persona.

Una vez le pregunté la razón de esta manía de herir por herir, que hacía que no perdiese ocasión de desprestigiar al adversario, y me contesto: «Lo hago porque me divierte». Estoy seguro de que era cierto. Positivamente gozaba pensando en lo que contra él desencadenaba. Reconozcamos que no era un carácter corriente y vulgar.

Y como muchos de los intelectuales en el mundo de la política, también se caracterizó por una profunda ambivalencia. Físicamente tímido y por su constitución enemigo de la violencia, estaba también decidido a no transigir jamás. Sus innegables y enormes energía política y ambición no eran ilimitadas, pues carecía de la paciencia, la tolerancia y el nervio para la política menor, necesarios en un largo periodo de liderazgo, sufriendo periódicamente de bajos estados de ánimo caracterizados por el alejamiento y el anhelo por retirarse. Al día siguiente de la derrota electoral de 1933, uno de sus seguidores se escandalizó al encontrar a Azaña leyendo con placidez una historia esotérica acerca del imperio bizantino, alejado mil años de su tiempo y lugar.

Las reformas republicanas de 1931-1933

Para los republicanos de izquierda y los socialistas, la República no iba a consistir tan sólo en un sistema político democrático abierto a la representación de todos los intereses sociales y culturales sino, más bien, en una matriz institucional para una serie de reformas de largo alcance incluso aunque ambos sectores estuvieran en desacuerdo, en ocasiones de forma profunda, acerca del carácter y la extensión de tales reformas. Aquellas que se aprobaron entre 1931 y 1933 afectaron ante todo a siete áreas: 1) la Iglesia y el Estado; 2) la expansión de la educación; 3) el ejército; 4) la autonomía regional; 5) las relaciones laborales; 6) la reforma agraria; y 7) la ampliación de las obras públicas.

Durante varias generaciones, el principal odio de la izquierda española se había dirigido con mayor frecuencia hacia la Iglesia católica, tanto o más que contra los intereses políticos y económicos conservadores. Al completarse la revolución cultural del siglo XIX, los principales objetivos de los republicanos de izquierda fueron la laicización y un cierto concepto de modernización cultural que sostenía que España nunca podría llegar a ser del todo moderna y armónica sin que se produjera la auténtica subordinación de toda la influencia de la Iglesia.

Conforme aumentaba la secularización, el anticlericalismo se convirtió en el principal denominador común de la izquierda. En 1930, España había llegado a ser un país en parte secularizado y así había penetrado en la «zona peligrosa» del cambio cultural en el que el conflicto religioso sería más intenso. Una sociedad generalmente secularizada ya no discute demasiado acerca del papel de la religión tradicional, mientras que en una sociedad cuya secularización es limitada, como en la España decimonónica, los intereses seculares y anticlericales sólo podían presentar un reto limitado. Como de hecho ocurrió, las guerras de religión, que nunca afectaron a la España de los siglos XVI y XVII, llegaron en su forma moderna en la década de los treinta en forma de venganza. Es probable que en ningún otro país tantas ideologías diferentes hubiesen tomado parte al mismo tiempo en una competición directa, política y cultural como ocurrió en España en los años treinta. Las propias ideologías seculares más radicales funcionaron si no a modo de «religiones políticas» sí al menos como sustitutos políticos e ideológicos de la religión.

Sólo es posible comprender la intensidad del conflicto entre lo clerical y lo anticlerical a modo de una guerra de religión. Gran parte de la doctrina anticlerical procedía de Francia [10], y condenaba al catolicismo por toda clase de maldades: la excesiva posesión de riquezas de muy diversos tipos, la opresión de los pobres, el mantenimiento de una estructura interna autoritaria, la supuesta posesión de una arrogante influencia política, la prédica de doctrinas políticas desde los pulpitos, la perversión y los abusos sexuales y el encadenamiento de las gentes corrientes a la ignorancia y la pobreza. También se culpó a la Iglesia de abusos históricos y de los fracasos de España y su imperio.

De igual forma, los anticlericales parecieron presentar un reflejo exacto de aquello que denunciaban, haciendo exhibición de una extrema intolerancia y un deseo de dominación que podría haber estimulado una respuesta equivalente entre los católicos. El anticlericalismo también mostró una pronunciada tendencia a sustituir el papel litúrgico y de sacrificio de la Iglesia, invirtiendo la Pasión de Cristo en rituales y orgías anticlericales al tiempo que la izquierda obrera avanzaba sus propios conceptos del papel redentor y de sacrificio de las gentes corrientes [11].

De hecho, a principios del siglo XX y a pesar de su fidelidad, el Vaticano no tenía a la Iglesia española en muy alta estima. Siempre se sintió más impresionado por todo aquello que se escribía acerca de la doctrina y la teología católicas en francés, y España estaba dispuesta a aceptar la separación formal entre Iglesia y Estado siempre que existiera una mínima aceptación quid pro quo del principio de existencia de una Iglesia libre en un Estado libre. Esto era algo que los anticlericales no estaban dispuestos en modo alguno a conceder, argumentando que semejante libertad permitiría a la Iglesia demasiado poder e influencia. Rechazaron la alternativa del «secularismo negativo», que dejaba en libertad a todas las religiones e ideologías, a favor del «secularismo positivo» a modo de fe alternativa que exigía la subordinación de la religión. Los anticlericales no hicieron esfuerzo alguno por restringir la ordinaria libertad religiosa dentro de los confines de la Iglesia, pero insistieron en la importancia de controlar y restringir todos los aspectos de su expresión pública, sobre todo en la educación. Finalmente, se aprobaría una legislación que denegaría a todos los clérigos el derecho a impartir enseñanza —una de las más fundamentales violaciones de la libertad religiosa y de los derechos civiles—. Azaña reconoció que la persecución de los intereses católicos era antiliberal y antidemocrática pero la declaró una cuestión vital de «salud pública». La actividad económica de la Iglesia fue otra de las limitaciones, prohibiéndose también la pública manifestación de la religión. Se disolvió la Compañía de Jesús; en ocasiones, los sacerdotes fueron multados por pronunciar «sermones políticos»; y algunos de los ayuntamientos más entusiastas llegaron a multar a las mujeres que lucían crucifijos en torno al cuello. Muy al comienzo del nuevo gobierno, las iglesias católicas y los edificios religiosos pasaron a ser objetivos de incendios provocados y destrucción a manos de las masas en la famosa «quema de conventos» del 11-12 de mayo de 1931, en la que se incendiaron y saquearon más de cien edificios en Madrid y en varias otras ciudades del sur y el este, destruyéndose de paso bibliotecas de valor incalculable así como obras de arte. Las autoridades dieron entonces el primer ejemplo de la costumbre republicana de izquierda de «culpar a la víctima», arrestando a los monárquicos y conservadores más que a los autores de la destrucción. Más tarde, durante la primavera de 1936, los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga pasarían sencillamente por alto las incautaciones ilegales de edificios y propiedades religiosas. Ninguno de los partidos izquierdistas adoptó en ningún momento la posición de que los intereses y propiedades de la Iglesia merecían, en un Estado de Derecho, una absoluta protección.

La izquierda española estaba obsesionada con la convicción de representar la irresistible marcha de la Historia y de que la correlación de las fuerzas políticas se había inclinado de manera decisiva a su favor. No negaba que los sectores conservadores de la sociedad todavía existían pero juzgaba que habían alcanzado un estatus irremediablemente minoritario que no merecía reconocimiento alguno en la legislación y el gobierno de España. Aunque era cierto que, en aquel momento, el voto a aquellos grupos políticos que de forma abierta apoyaban al catolicismo se había reducido a la mitad, no dejaban de representar a una gran minoría de la población. La izquierda consideró este último hecho como irrelevante, ya que la opinión católica no sería capaz de movilizarse y desempeñar un papel importante en los asuntos públicos una vez que se enfrentara al poder de la izquierda.

Mientras tanto, el nuevo gobierno se embarcó en la mayor de las ampliaciones de instalaciones educativas en la historia de España, con el objetivo de proporcionar educación pública y gratuita a todos los niños en el plazo de una década o menos. Sin embargo, a corto plazo, la planificada eliminación de la mayor parte de la educación católica sólo incrementaría el déficit existente, lo que requirió en el futuro una expansión todavía mayor de las instalaciones estatales.

Como ministro de la Guerra en el nuevo gobierno, Azaña inició la más seria reforma del ejército que hubiese tenido lugar en dos siglos, con el doble campo de actuación de su modernización técnica y su reforma política o «republicanización». El principal objetivo fue la hipertrofia del cuerpo de oficiales, cuyos 21.000 miembros daban como resultado la mayor proporción a nivel europeo entre oficiales y tropa. Azaña hizo extensiva una generosa oferta de retiro inmediato, conservando la paga íntegra, que aceptaron unos 8.000 oficiales. Así, por primera vez en más de un siglo, el cuerpo de oficiales se redujo de modo significativo aunque con un gran coste y dejando apenas dinero para la reforma técnica, donde los logros fueron limitados. Apenas se consiguió más en cuanto a la «republicanización», ya que desde el principio, el áspero Azaña estableció gratuitamente una relación de enemistad con el ejército, al que prefería censurar e insultar en las ocasiones públicas, despertando un fuerte sentimiento de antipatía entre un grupo que, anteriormente, se había negado a alzarse en armas en defensa de la monarquía.

En septiembre de 1932 se aprobó un estatuto autonómico para Cataluña, que proporcionaba un amplio autogobierno pero que no llegaba a alcanzar la completa autonomía. Los nacionalistas vascos y gallegos comenzaron a preparar proyectos similares, aunque la división interna del País Vasco y el apoyo limitado en Galicia frustraron estas iniciativas.

Las ocho leyes que integraron la reforma laboral emprendida por Francisco Largo Caballero, ministro socialista de Trabajo, tuvieron un largo alcance. La más importante fue la que dio inicio a un sistema nacional de «jurados mixtos» (comités conjuntos de arbitraje) con el fin de negociar contratos de trabajo, nuevas regulaciones técnicas muy favorables para los trabajadores organizados, esfuerzos por estimular la creación de empleo y nuevas medidas para promover los seguros de accidentes laborales y la seguridad social. De entre todas las reformas socialdemócratas republicanas fueron éstas las que obtuvieron un mayor éxito y durante los siguientes dos años dieron como resultado aproximadamente un 10 por ciento de aumento en los salarios pese a la depresión internacional y a una estructura de precios en cierto modo deflacionista. Desde luego, la desventaja fue que la repentina alza en los salarios tendió a intensificar el desempleo, empeorando los efectos de la depresión.

Las nuevas obras públicas se dedicaron sobre todo a la construcción de pantanos y a la expansión hidroeléctrica, así como a mejorar los ferrocarriles, que continuaban en manos privadas. No obstante, la depresión y el hecho de que la deuda heredada de la dictadura fuera técnicamente la mayor de la historia de España (en cifras absolutas, no en tamaño proporcional) restringieron de forma severa la financiación. Con todo, la República logró lanzar el más extensivo programa de construcción de pantanos de la historia española hasta aquella fecha.

La reforma agraria constituyó uno de los más controvertidos programas republicanos. Durante más de una generación, se había fomentado la opinión de que la existencia de lo que se había convertido en casi dos millones de agricultores sin tierra, concentrados sobre todo en la mitad sur del país, era el más grave problema social de España; a pesar de ello, no existía acuerdo alguno acerca de cómo remediarlo. Los socialistas exigían una tajante reforma para crear colectivos agrarios, los republicanos de izquierda pretendían cambios más moderados y los moderados preferían una reforma comparativamente limitada. La opinión conservadora se oponía a la intervención estatal y, en su lugar, buscó expandir la economía urbana y la modernización general para solventar la situación.

El resultado fue un compromiso muy complicado que disgustó a la mayoría de los grupos sociales y políticos. La reforma final de septiembre de 1932 hizo que grandes cantidades de tierra fueran potencialmente susceptibles de expropiación, incluso en el caso de ciertos pequeños propietarios. La gran mayoría de los 80.000 terratenientes que quedaron en potencia sometidos a la expropiación parcial o casi total eran propietarios medios o minifundistas mientras que, a través de tecnicismos, gran parte de la propiedad de los latifundistas escapó a esta medida. Casi todas las incautaciones serían compensadas a través de una compleja escala móvil pero había tan poco dinero disponible que a lo largo de los años sólo cambiaría de manos una pequeña cantidad de tierra. Lo que es más, apenas existía financiación para el desarrollo técnico, de forma que gran parte de las nuevas reformas casi no significarían otra cosa que la distribución de la pobreza.

En general, las reformas en el terreno laboral, de obras públicas, de la autonomía regional y la expansión educativa resultaron impresionantes pese a que los patronos se quejaban de que el nuevo sistema de arbitraje laboral era parcial e incrementaba los costes de forma exorbitante. Parte de las reformas militares fueron generosas y estuvieron bien concebidas, aunque el estilo de gobierno de Azaña, destacadamente hostil y de confrontación, tuvo como efecto alejar a gran parte del cuerpo de oficiales. La reforma de la relación Iglesia-Estado resultó ser un desastre cívico, restringiendo los derechos civiles de los católicos y estimulando una intensa reacción contra la República por parte de los católicos de derechas. La reforma agraria enemistó con éxito a la derecha y la izquierda, intensificando el clima de hostilidad política.

Los retos de la República

El nuevo sistema se vio por primera vez cuestionado por los enemigos de la extrema izquierda, la CNT anarcosindicalista fue quien lanzó el principal ataque. El anarcosindicalismo de masas constituyó quizá la fuerza más anómala en la España de principios del siglo XX. Anteriormente, el anarquismo había ejercido un cierto atractivo en Italia y Rusia, donde había desempeñado algún papel en las revoluciones de 1905 y 1917. No obstante, sólo en España llegó a constituir una principal fuerza de la izquierda revolucionaria, al menos antes de 1934. Guy Hermet ha calculado que su apoyo popular, puesto de parte de la revolución, constituyó el mayor obstáculo singular para la consolidación de la democracia y la socialdemocracia en España.

Los mortificados marxistas atribuyeron la fortaleza del anarcosindicalismo al atraso y al pequeño tejido industrial españoles, que no generaba una concentración de obreros tan densa como en los países más avanzados o incluso en la subdesarrollada Rusia, con todo, dado que el marxismo obtuvo la adhesión de las masas en algunos países más atrasados que España y dado que el anarcosindicalismo nunca alcanzó tanto éxito en otras sociedades menos avanzadas que la española, el argumento del absoluto atraso resulta demasiado simplista. En la Europa del Este, por ejemplo, los anarquistas obtuvieron la mayor parte de sus apoyos entre los campesinos ucranianos y los obreros y artesanos judíos, ambos residentes en pueblos y ciudades pequeñas pero que, al mismo tiempo, representaban a algunos de los sectores más individualistas de la sociedad. En apariencia, Lenin temió que los anarquistas rusos estuvieran ampliando su base en la víspera de la toma bolchevique del poder.

Durante el siglo XIX y principios del XX, el Estado español era débil, de hecho mucho más que en otros países subdesarrollados. Todavía más, su neutralidad en la Primera Guerra Mundial había desalentado el crecimiento de la administración del Estado y la regulación económica en un grado similar al de la mayoría de los países europeos, y no fomentó la «nacionalización» de los obreros hasta el mismo punto que en otros lugares. La falta de penetración del Estado español hizo que para los anarquistas fuera más fácil concebir el Estado como un factor nulo o negativo y estuvieran más dispuestos a prescindir del mismo al no constituir una fuente de progreso y ni siquiera de poder decisivo. Además, la sociedad española poseía una larga historia de localismo y particularismo; era pactista y confederal a nivel nacional, mientras que a menudo disfrutaba de un autogobierno de facto a nivel local. El anarcosindicalismo echó raíces tanto en el sur agrario y atrasado como en la Cataluña moderna e industrializada. En cada caso, es probable que el proceso se viera estimulado por un ambiente más liberal. En Andalucía occidental, donde el anarcosindicalismo obtuvo un considerable apoyo, las clases medias-bajas y los obreros urbanos se habían sentido atraídos desde mediados del siglo XIX por un republicanismo radical que era sumamente individualista, igualitario y anticlerical, creando un entorno, propicio para un movimiento libertario entre las clases obreras. Aún más, los anarquistas andaluces no apelaron tan sólo a los más pobres sino también a una en cierto modo más amplia sección representativa de la sociedad. La Cataluña de principios del siglo XX abundaba en individualismo y particularismo político a nivel burgués, una situación quizá no del todo desconectada del creciente libertarismo de los trabajadores.

En España el éxito del anarcosindicalismo se había basado en parte en el fracaso socialista. La UGT se fundó originariamente en Barcelona, pero la cúpula madrileña del socialismo pronto la trasladó a la capital española. En comparación, los anarquistas demostraron ser más imaginativos y flexibles, desarrollando una amplia red de propaganda que, a principios de siglo, obtuvo el apoyo de algo más que unos cuantos intelectuales. Prestaron mucha atención a los campesinos, al tiempo que hallaron una fórmula para movilizar con mayor facilidad a los obreros de las ciudades. Mientras la UGT se atenía a un restrictivo sindicato de obreros especializados, en 1919 la CNT adoptó la estrategia del sindicato único, maximizando su potencial organizativo. Al tiempo que la UGT mantenía su rigidez estructural, la CNT hacía hincapié en la flexibilidad, lo que le permitió pasar a la clandestinidad y reconstruirse tras periodos de represión. También su fanático anticatolicismo encontró una respuesta popular en los recién secularizados y alienados sectores de las clases bajas que lamentaban la identificación de la Iglesia con el orden establecido.

En último término, los anarcosindicalistas obtuvieron el apoyo de las masas en parte porque eran más radicales y también mas violentos, incluso llegando a practicar la violencia contra los trabajadores que se negaban a afiliarse. La violencia anarcosindicalista y la revolución llegaron a perpetuarse a sí mismas, creando una autorradicalización de las relaciones entre patronos y obreros que, con frecuencia, forzó la cuestión y provocó una polarización que nunca hubiese adoptado la misma forma a través de un sindicalismo pacífico como el que practicaron los socialistas de manera habitual. El anarcosindicalismo demostró así una capacidad para la autogeneración revolucionaria de la que, hasta entonces, carecieron los socialistas, más moderados y disciplinados. Fue la principal fuente de violencia política en la España de principios del siglo XX [12] y su denominado «pistolerismo» pasó a ser uno de los factores que contribuyeron a precipitar la dictadura en 1923, como correctamente denunciaron los socialistas.

Para mantener un enfoque consistente con la revolución, los militantes habían organizado una Federación Anarquista Ibérica (FAI) en 1927, que serviría a modo de vanguardia revolucionaria. Durante la fase final de la monarquía y el primer año de la República, la CNT fue capaz de reconstituirse, logrando una vez más un millón de miembros. Sin embargo, ya no era mayor que la UGT, a la que los anarquistas acusaban de haber creado los jurados mixtos a modo de monopolio del Estado. Los militantes anarquistas juraron que nunca se verían forzados a participar en las instituciones estatales para negociar los contratos de trabajo y declararon que la República había llegado a ser más coercitiva que la monarquía. A finales de 1931, la CNT estaba bajo la dominación de militantes revolucionarios que predicaban una doctrina de insurrección violenta para lograr la utopía del «comunismo libertario». La FAI-CNT promovió cientos de huelgas, en ocasiones con muy poco interés por las soluciones prácticas, y lanzó tres insurrecciones revolucionarias diferentes, las llamadas «tres ochos», sublevaciones que comenzaron el 8 de enero de 1932 y el 8 de enero y 8 de diciembre de 1933. Cada una de ellas supuso un intento de huelga general revolucionaria e insurrecciones violentas en varias regiones, pero sobre todo en Cataluña y Andalucía. Cada una fue un fracaso total en su intento por movilizar una rebelión más amplia y fue pronto sofocada, cada vez con un coste de veintenas de vidas y una severa represión para la CNT.

El otro movimiento revolucionario violento que se enfrentó a la República fue el pequeño Partido Comunista (PCE) que, hasta 1936, fue una fuerza minúscula. Perseguía la línea habitual de la Komintern del «frente único», una vana estrategia que apelaba a todos los trabajadores a apoyar a los comunistas en el derrocamiento de la república burguesa y en la formación de soviets. Aunque en ocasiones los comunistas secundaron los esfuerzos anarquistas, eran demasiado débiles para desplegar una ofensiva revolucionaria propia.

El llamado Partido Comunista Español era, de hecho, el Partido Comunista Soviético en España, controlado por Moscú de forma implacable. Lo más próximo a un Partido Comunista Español genuino e independiente fue una organización diferente, el exiguo Bloque Obrero y Campesino (BOC) de Joaquín Maurín, centrado en Barcelona. Los miembros del BOC se consideraban a sí mismos los auténticos marxistas-leninistas, no corrompidos por el estalinismo. Denunciados por la Komintern, soñaban con atraer a la CNT al marxismo-leninismo revolucionario.

También los grupos monárquicos comenzaron a conspirar contra el nuevo régimen, aunque los alfonsinos tendían a dividirse entre los moderados y aquellos que se habían desplazado hacia la derecha radical y autoritaria. A finales de 1931, estos últimos habían comenzado a publicar una nueva revista, Acción española, dedicada a propagar una nueva doctrina de la futura instauración, y no la simple restauración, de una monarquía católica, autoritaria y centralizada, de nuevo cuño. Los tradicionalistas carlistas se reorganizaron como Comunión Tradicionalista y pronto comenzaron a entrenar a su propia milicia en la provincia de Navarra.

No obstante, la única revuelta derechista fue la llamada «sanjurjada» del 10 de agosto de 1932, que adoptó la forma de un malogrado pronunciamiento llevado a cabo por un puñado de oficiales del ejército en Madrid y Sevilla, alentados por los monárquicos y por otros elementos. Sólo en Sevilla tuvo éxito durante unas pocas horas y el general retirado José Sanjurjo tomó el control por un breve espacio de tiempo de las guarniciones y la ciudad antes de verse forzado a huir. Esta revuelta fue incluso más débil que cualquiera de las insurrecciones anarquistas y se reprimió con facilidad. Diez personas resultaron muertas y Sanjurjo fue rápidamente arrestado, juzgado y sentenciado a reclusión mayor.

El gobierno republicano se ocupó con vigor de cualquier oposición, aprobando una draconiana Ley para la Defensa de la República, que contemplaba tres categorías de suspensión de los derechos constitucionales, siendo la más grave el estado de guerra (o ley marcial). Posibilitaba el arresto preventivo sin cargos, el cierre arbitrario de publicaciones y la deportación a las colonias. Conscientes de las quejas de que el cuerpo especial de policía nacional, la Guardia Civil, sólo disponía de fusiles Mauser y carecía de entrenamiento en el moderno control de masas, las autoridades republicanas se dispusieron a organizar una nueva policía urbana, armada con porras y pistolas y, en teoría, preparada para un control de las masas más humano. Su mismo nombre, Guardia de Asalto, indicaba la vigorosa política que abrazaba el régimen republicano. Proliferaron los incidentes conforme las huelgas, manifestaciones e insurrecciones producían una considerable violencia que, a su vez, provocó una cruel represión por parte de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Tras dos años y medio, se habían producido casi 500 bajas en tales confrontaciones, siendo la mayoría de las víctimas anarcosindicalistas, y la suspensión de las garantías civiles se hizo más frecuente que durante la monarquía constitucional anterior a 1923.

La censura en prensa llegó a ser tan severa que el 19 de febrero de 1932, Miguel de Unamuno y varios diputados moderados solicitaron a las Cortes que el gobierno retornara a la antigua Ley de Prensa monárquica de 1833 del Partido Liberal, que proporcionaba ciertas garantías contra el periodismo incendiario y la calumnia, pero más libertad que la nuevas y draconianas leyes republicanas. Azaña replicó con frialdad (y, en cierto modo, erróneamente) que «el régimen de prensa es de absoluta libertad. Todo el mundo puede decir lo que quiera, siempre que no ataque a la República en los actos definidos por la ley» [13], una fórmula que la mayoría de las dictaduras hubieran estado dispuestas a suscribir. Azaña se parecía más a Salazar en Lisboa que al jefe de gobierno de un régimen democrático en Madrid. Posteriormente, el 9 de marzo, Lerroux, Unamuno y otros instaron al gobierno a que al menos no suspendiera de modo arbitrario a aquellos periódicos que no hubieran sido objeto de condena debido a la existencia de pruebas judiciales específicas, como venía siendo habitual. Azaña admitió que este último poder era «extraordinario» pero, como siempre, culpó al anterior régimen de todos los excesos del gobierno, la excusa habitual del gobierno español hasta la Constitución de 1978. El gobierno, exclamó, sólo estaba defendiendo la libertad, añadiendo su tan citada y desdeñosa frase: «Ladran, luego cabalgamos». Era esta la clase de gesto que había llevado a Mussolini a declarar en una ocasión, con su acostumrada extravagancia, que, en España, lo único similar al fascismo era Azaña, debido a su firme liderazgo. La comparación de la coerción del nuevo Estado republicano con el del fascismo italiano repitió en otras ocasiones, sobre todo por parte de la oposición católica durante 1931-1932.

En 1932, y por primera vez en la historia española, esta última había comenzado a crear un movimiento político católico de masas que emergió como la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y que pronto se convertiría en el mayor partido político del país. Al contrario que la izquierda revolucionaria y la derecha radical, la CEDA se comprometió con la legalidad y el parlamentarismo en interés de una drástica reforma de las instituciones políticas españolas para proteger los intereses católicos y conservadores. Pretendió servirse de la movilización política pacífica a fin de transformar el régimen en una República católica y corporativa más que en un sistema parlamentario multipartidista y competitivo, similar al «Nuevo Estado» republicano, corporativo y autoritario, que Salazar estaba construyendo en Portugal. Conforme la CEDA incorporaba a una considerable parte de la población católica, el joven catedrático de Derecho José María Gil Robles le proporcionó un liderazgo elocuente y efectivo, y en las siguientes elecciones superó a cualquier otro partido único [14].

Éste fue un desarrollo fatídico porque, aunque la CEDA era legalista, evolutiva y opuesta a la violencia, también representaba el alejamiento de la Democracia Cristiana que asumieron los partidos católicos en algunos países en aquellos años. El corporativismo antiliberal se había convertido en el credo político católico dominante en una gran parte del continente, estimulado por el mismo Papado. Si la CEDA hubiese sido un partido democratacristiano, podría haber sido capaz de estabilizar la democracia republicana, pero su propia minoría democratacristiana era demasiado débil para liderar la organización.

Así, la CEDA se convirtió, en algunos aspectos, en el gemelo opuesto del PSOE. Hacia 1934 también los socialistas se hallaban comprometidos con las tácticas legales y parlamentarias, pero con el objetivo de convertir el sistema en un régimen socialista. Cada uno de los dos partidos nacionales mayores —los socialistas a la izquierda, la CEDA a la derecha— tuvieron ulteriores motivaciones y la mayoría del resto de la sociedad política española les manifestaba una profunda desconfianza. De momento, ambos apoyaron el legalismo —los socialistas hasta 1934, la CEDA hasta 1936— pero ninguno de ellos se comprometió con la democracia republicana como valor y objetivo últimos. Se pudo haber controlado a las más extremas izquierda y derecha pero la ambigua posición de los dos partidos parlamentarios mayores resultó mucho más seria. Y esto constituyó una mala señal para la estabilidad del nuevo régimen.

CAPÍTULO 2 -
EL PUNTO DE INFLEXIÓN DE LA REPÚBLICA: 1933

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e considera, convencionalmente, que el inicio del colapso de la Segunda República viene señalado por la insurrección revolucionaria de 1934, que marcó el comienzo de la total polarización entre la derecha y la izquierda. Esto es de una lógica innegable, pero soslaya el hecho de que el punto de inflexión inicial de la República, el surgimiento de la polarización y el comienzo de la interferencia sistemática con el Parlamento y los procesos políticos, empezó en 1933.

La alianza entre los socialistas y la izquierda republicana, encabezada por Azaña, había gobernado desde finales de 1931 cuando Alcalá Zamora, el primer jefe de Gobierno, fue elevado a la presidencia de la República. Durante 1932, el Gobierno de Azaña tuvo la oportunidad de hacer cumplir la nueva Constitución y continuar con el desarrollo legislativo de las reformas republicanas que, en el mejor de los casos, no quedarían completadas hasta junio de 1933.

La alianza izquierdista utilizó con vigor la Ley para la Defensa de la República y contra los anarcosindicalistas insurrectos. Cientos de ellos fueron arrestados y algunos deportados y enviados a las colonias africanas para cumplir sus condenas. No obstante, la política de mano dura se volvió contra el propio Gobierno durante la insurrección de enero de 1933, cuando unos guardias de asalto agotados por el exceso de trabajo ejecutaron sumariamente a una docena de campesinos en el pueblecillo de Casas Viejas (Cádiz). Esto constituía precisamente la clase de atrocidad policial que se pretendió evitar con la creación de los Guardias de Asalto, y dio lugar a una clamorosa protesta política por parte de los conservadores, los moderados y la extrema izquierda que, por primera vez y de forma seria, debilitaba el prestigio del Gobierno de Azaña.

Las elecciones municipales especiales que se celebraron en abril en las provincias del norte infligieron un daño todavía mayor. Durante dos años, esas provincias habían sido gobernadas mediante comisiones gestoras designadas por nombramiento, y las elecciones supusieron la primera derrota clara del gobierno ya que los republicanos liberales de centro y la derecha obtuvieron casi tres cuartos de los votos. Este revés vino acompañado por el alejamiento público de algunos de los destacados intelectuales que habían apoyado con vigor al nuevo régimen, tales como Unamuno u Ortega; durante la primavera, este último pronunció varios discursos criticando al gobierno y exigiendo un cambio de política más moderado y constructivo.

A pesar de todo ello, el Gobierno de Azaña continuó adelante, aprobando en mayo la nueva Ley de Congregaciones Religiosas que especificaba las restricciones de sus actividades y la absoluta prohibición de dedicarse a la enseñanza. Con ella se formalizaba y completaba la política religiosa de la izquierda iniciada en 1931 a la que, en mayo y junio, acompañó la quema de edificios religiosos en más de una veintena de localidades diferentes.

La ley fue firmada el 2 de junio por un poco dispuesto presidente Alcalá Zamora, quien, desde el otoño de 1931, estaba convencido de que la alianza republicana había virado demasiado hacia la izquierda, por lo que era necesario introducir cambios para «centrar la República». El presidente criticaba en gran medida la Constitución, debido a sus defectos técnicos y su sectarismo, y escribió que «invitaba a la guerra civil». En 1936, publicó un libro titulado Los defectos de la Constitución de 1931, en el que declaraba que las primeras Cortes republicanas, elegidas en 1931 «adolecían de un grave defecto, ...que no lo eran, como cabal ni aproximada coincidencia de la estable, verdadera y permanente opinión española» al rechazar el consenso o la coexistencia política entre puntos de vista contrapuestos. Pretendió aprovechar la primera oportunidad que se le presentó para intentar cambiar el gobierno situándolo en una posición más centrista; a ello le animaba la debilidad de la alianza gubernamental durante la primavera de 1933, los signos de divergencia entre los republicanos de izquierdas y los socialistas y, sobre todo, la disidencia interna y la falta de acuerdo en el seno del mayor de los grupos de la izquierda republicana, los llamados radicalsocialistas, algunos de los cuales habían comenzado a arrepentirse de su inicial radicalismo tras haber adquirido cierta experiencia en el gobierno. Conforme se desplazaban hacia el centro, hubo quienes empezaron a reclamar una alianza puramente republicana, insistiendo en que a los socialistas les había llegado la hora de abandonar el Gobierno. Azaña se resistió a esa alianza con vigor pues su política sectaria requería el rechazo total del republicanismo centrista.

Sin embargo, en este punto, la autoridad del presidente pondría un temporal y brusco punto y final a su gobierno. De acuerdo con el artículo 75 de la Constitución, Alcalá Zamora disfrutaba de un poder excepcional para interferir en los procesos políticos. Dicho artículo, elaborado sobre las prerrogativas de la Corona, otorgaba al presidente una autoridad en cierto modo mayor que la existente en otros sistemas parlamentarios constitucionales. Ostentaba el poder de nombrar y deponer al presiente del gobierno, así como a otros ministros a propuesta de aquel. De manera específica, se le requería que disolviera cualquier gabinete al que las Cortes hubieran negado su voto de Alianza, aunque este poder no estaba necesaria y únicamente vinculado por tal requerimiento. Así, la Segunda República estaba gobernada por un sistema «semipresidencial en el que el presidente era libre para nombrar y deponer presidentes de Gobierno sin necesidad de la aprobación parlamentaria» [1] al menos en principio, aunque ningún jefe de Gobierno pudiera permanecer en el poder durante largo tiempo sin dicha aprobación. Esta prerrogativa presidencial se convertiría en el factor dominante en el gobierno español entre junio de 1933 y febrero de 1936, y el modo en que Alcalá Zamora hizo uso de ella dañaría profundamente el sistema parlamentario.

El presidente halló su primera oportunidad para interferir tras la promulgación de la Ley de Congregaciones Religiosas, cuando Azaña tuvo que sustituir a su ministro de Hacienda, Jaume Carner, que se estaba muriendo de cáncer. Pese a la disidencia de algunos radicalsocialistas, Azaña todavía disfrutaba de la mayoría parlamentaria, así como de un gabinete ministerial coherente y dispuesto a continuar. Sin embargo, en lugar de permitirle nombrar a un nuevo ministro de Hacienda, Alcalá Zamora aprovechó la vacante como si de una especie de crisis gubernamental se tratase, lo que desde luego no era, y abrió una ronda de consultas con vistas a la formación de un nuevo gobierno.

La intención de Alcalá Zamora era «centrar la República», mediante una coalición de gobierno más moderada y con la cual comenzarían a cambiar las políticas sectarias existentes. Aunque el objetivo final era loable, los medios escogidos resultaron arbitrarios y torcieron los procedimientos del gobierno parlamentario; al final, semejante manipulación desembocaría en las desastrosamente polarizadas elecciones de 1936. El presidente estaba en lo cierto al considerar que la legislación sectaria de 1931-1933 estaba dividiendo España de modo abrupto, pero hubiera resultado preferible permitir que la mayoría suficiente agotara su mandato antes que interferir en su funcionamiento, ya que una República democrática no podría alcanzar la estabilidad y mantener su legitimidad a menos que se siguieran escrupulosamente los procedimientos del gobierno parlamentario.

El Gobierno de Azaña no deseaba forzar una crisis constitucional: se sometió con docilidad al presidente y todos sus miembros presentaron su dimisión. Quizá hubiera sido más juicioso atacar la posición de Alcalá y clarificar el uso de sus poderes, pero, en este punto, la práctica totalidad de los partidos estaban más interesados en favorecer la estabilidad del nuevo sistema y aceptaron la autoridad del presidente.

Alcalá Zamora todavía no se atrevió a disolver el Parlamento, en el que había una mayoría suficiente cuyo mandato legislativo no había finalizado pero, en última instancia, pretendió arrastrar a los radicales y a otros republicanos moderados hacia un nuevo gobierno que, de manera automática, devendría más conservador y que podría suponer la restauración de la amplia coalición de 1931, incluso si ello requería el liderazgo por parte de un socialista. Por esta razón, entre aquellos a los que el presidente consultó para que encabezaran un nuevo gobierno se encontraba el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, el más flexible de entre los socialistas más relevantes. No obstante, Alcalá Zamora le dejó claro que su cargo tendría como objetivo conformar una coalición extensa, y Azaña, dispuesto a cooperar con Prieto, accedió a participar aunque los radicales se negaron a colaborar con los socialistas al tiempo que otros líderes socialistas vetaban la participación de los radicales.

Parecía no existir una alternativa a Azaña, pero el presidente insistía en que, a la hora de formar un nuevo Gobierno, debía restaurar la amplia alianza de 1931. El esfuerzo de Azaña por llevarlo a cabo supuso la rápida repetición del doble veto con el que Prieto había tropezado de tal manera que, finalmente, Alcalá Zarnora no tuvo más alternativa que autorizar una coalición de republicanos de izquierdas y socialistas idéntica a aquella cuya renuncia había forzado.

Por muy deseable que fuera la meta del presidente, toda la maniobra constituyó un anticipo de que lo peor estaba por llegar. Era correcto considerar que, en ese momento, la restauración de la alianza original hubiera sido lo mejor para el país, pues los radicales hubieran moderado la política oficial. El obstáculo lo constituía la brecha abierta entre el centro republicano y los socialistas; lo que es más, los radicales comprendieron que, al apoyar la celebración de nuevas elecciones, podrían emerger, en un clima más moderado que aquel de 1931, como el partido republicano dominante capaz de capitalizar el resentimiento de los sectores moderados de las clases medias y de los intereses mercantiles. Éste había sido su objetivo desde finales de 1931, pues entendían que cuanto más se pospusieran las nuevas elecciones al Parlamento, mayor probabilidad tendrían las fuerzas conservadoras de reorganizarse con efectividad, como de hecho sucedió. Con todo, los socialistas cometieron un error todavía mayor al negarse a moderar su propia posición; estaban decididos a mantener la República de izquierdas pura, y éste sería su objetivo fijo pese a que no contaban con la fuerza suficiente para alcanzarlo por medios democráticos.

En junio de 1933, la posición de Azaña era más moderada de lo que lo sería en años posteriores. Creía que su administración debía continuar durante más o menos otro año, hasta completar la legislación constituyente y consolidar el nuevo régimen. Estaba decidido a trabajar con los radicales e incluso prometió superar la negativa socialista a colaborar con ellos. En ese momento, no se encontraba por completo vinculado al «socialazañismo» que, a partir de 1934, se convertiría en su política fija sino que aceptaba que los socialistas abandonarían eventualmente el gobierno una vez que la tarea de esta administración inicial hubiera concluido y tras lo cual España sería gobernada con toda probabilidad por una alianza de todos los partidos republicanos [2].

La ambivalencia de los socialistas

El compromiso de los líderes socialistas con el Gobierno de coalición de Azaña aumentó durante los años 1932 y 1933, aunque no ocurrió lo mismo con su compromiso hacia el concepto de República que entonces sostenía Azaña y mucho menos hacia el de los republicanos moderados. Aunque la actitud de una parte del partido pudiera describirse como socialdemócrata, nunca adoptó un programa simplemente reformista. De manera oficial, continuó siendo un partido marxista, posición a la que no renunciaría hasta mucho después, en 1979. El partido se comprometió a colaborar sólo con una República de izquierdas pura, que estimulara el rápido progreso por la senda del socialismo. En el decimotercer congreso del partido, en octubre de 1932, el comité encargado de formular la política a corto plazo, declaraba que «el ciclo revolucionario que ha significado plenamente la colaboración socialista... va rápidamente a su terminación. Se aproxima y se desea, sin plazo fijo pero sin otros aplazamientos que los que exija la vida del régimen, el momento de terminar la colaboración ministerial... Estabilizada la República, el Partido Socialista se consagrará a una acción netamente anticapitalista... y encañonara los esfuerzos a la conquista plena del Poder para realizar el socialismo» [3]. El compromiso de colaboración con el gobierno sólo alcanzaba hasta la consolidación inicial del nuevo régimen aunque, en la práctica, los dirigentes del partido no se apresuraron a dar por finalizada esa fase.

El ala izquierda disidente estaba en principio representada por las Juventudes Socialistas (JS), en cuyo congreso de febrero de 1932 se había aprobado la virtual eliminación del presupuesto de defensa nacional, la retirada de todas las tropas de Marruecos y la drástica reducción de las fuerzas armadas. Del mismo modo, solicitaron a la cúpula del partido que comenzara a formar órganos gubernamentales socialistas paralelos que, más tarde, pudieran reemplazar a los ministerios del existente «régimen burgués». Sin embargo, incluso en la primera mitad de 1933, ningún sector importante del movimiento socialista había formulado una recomendación concreta acerca de cómo efectuar la transición de una república parlamentaria a un régimen socialista y las tácticas dependían de la posterior evolución del sistema republicano.

Con todo, a principios de 1933, la evolución de las aspiraciones crecientes que había acompañado a la instauración de la República se estaba transformando, en algunos sectores socialistas, en desilusión e incluso en ira y amargura bajo el impacto conjunto de la depresión económica y la resistencia patronal. La primera, junto al aumento de los costes de mano de obra, produjo un incremento del desempleo, aunque en general no tan grave como en los países más industrializados, y hacia finales de 1932 en el campo español aumentaban las quejas de que el sistema de jurados no resultaba tan beneficioso para los trabajadores como se había esperado. Los salarios eran más altos, pero se cultivaba menos tierra, había menos trabajo y resultaba difícil aplicar ciertos reglamentos nuevos. A nivel local, los socialistas estaban bien representados en los ayuntamientos aunque todos los gobernadores provinciales eran republicanos de clase media. Éstos eran los encargados de aplicar las nuevas leyes y fue por ello que las tensiones entre los dos sectores surgieron en el ámbito local y provincial. Incluso al más alto nivel, los líderes del partido empezaron a proteger su posición, con Largo Caballero declarando que el PSOE «no es (puramente) reformista ni lo es el espíritu de sus miembros. Y ahí está la historia del partido para demostrar que la legalidad se ha roto cuando ello convenía a nuestras ideas... Nadie intenta someter a revisión nuestra doctrina. Se trata ahora únicamente de una cuestión de táctica» [4]. Incluso en la cumbre de la alianza entre la izquierda republicana y los socialistas, parte de la cúpula socialista dejó claro el limitado compromiso del movimiento con la propia República democrática, el cual dependería de si servía a los intereses del socialismo y se encaminaba hacia el mismo.

Aunque alrededor de dos tercios de los acuerdos que los jurados mixtos negociaron en 1933 seguían considerándose favorables a los trabajadores [5], la actividad huelguística creció de manera importante. Ese año, su total se duplicó hasta 1.127 huelgas (comparado con 681 en 1932) y el número de trabajadores en huelga pasó de 269.104 a 843.303. Lo que es más, la patronal informó que, durante la primera mitad de 1933, las huelgas y los conflictos políticos arrojaron un resultado de 102 muertos y la pérdida de 14,5 millones de días de trabajo [6]. La colaboración socialista en el gobierno y la significativa legislación reformista parecían haber conducido tan sólo a un mayor malestar laboral. Uno de los problemas consistía en que un gran número de los nuevos contratos negociados en 1931 eran sólo por dos años, a renegociar en 1933; otro, la constante instigación por parte de la CNT, decidida a que la fuerza de los socialistas colaboracionistas no continuara creciendo. De ahí la paradoja de que la depresión y el aumento del desempleo tuvieran en España un efecto contrario al de la mayoría de los otros países. Mientras que en otros lugares estas condiciones generalmente desalentaban la actividad obrera, en el caso español el creciente poder de los trabajadores organizados, estimulado por la República, trajo consigo la aceleración de su actividad militante y el número de días de trabajo perdidos a consecuencia de las huelgas aumentó en más de un 400 por ciento en 1933.

En España, la radicalización de los trabajadores en Madrid en 1933 mostraba el dilema al que se enfrentaban las relaciones entre empleados y empleadores en general y los socialistas en particular. El desempleo en la construcción, uno de los principales sectores económicos de la capital, había alcanzado el 30 por ciento o más y, por primera vez, la CNT realizó un importante esfuerzo para organizar a los obreros en un sector laboral significativo en Madrid, apelando sobre todo a los peones sin trabajo que recientemente habían emigrado desde el campo. En septiembre, el Sindicato Único de la Construcción, perteneciente a la CNT, convocó a 5.000 trabajadores a una huelga que se extendió con rapidez y duró tres semanas, pese a los enérgicos esfuerzos de la UGT por desarticularla. Hasta ese momento, el sistema republicano de jurados había logrado importantes mejoras salariales y beneficios para los trabajadores madrileños de la construcción, pero la depresión había forzado tantos despidos que miles de ellos estaban ya maduros para la radicalización. La CNT, prescindiendo de los jurados oficiales, alcanzó iguales derechos de negociación colectiva que la UGT, con lo cual se demostraba que las tácticas legalistas y reformistas de este último sindicato habían sido superadas por la acción directa de los anarcosindicalistas. Ahora, los jóvenes trabajadores y los representantes sindicales de la UGT ejercían una fuerte presión para emular las mismas tácticas, lo que produjo como resultado que el sistema de arbitraje mediante jurados nunca se recuperase del todo en la capital [7].

Durante aquel año, el papel de los socialistas en el gobierno fue sumamente defensivo, pretendiendo, en primer lugar, mantener la situación existente. Para el venerable Julián Besteiro, el profesor de filosofía que quizá fuera el único teórico marxista serio en el partido y líder de lo que pronto se conocería como la «derecha socialista», esto significaba que había llegado el momento de retirarse del Gobierno y reforzar el movimiento desde la oposición hasta que se convirtiera en algo mucho mayor. Para el más pragmático y no marxista Indalecio Prieto, el partido debía continuar en el poder con una política todavía más práctica y apoyar a la coalición existente. No obstante, para Largo Caballero y otros importantes elementos de la UGT, significaba una aproximación más ambigua, apoyando a la coalición en el poder mientras fuera posible, estando, al mismo tiempo, dispuestos a adoptar una política revolucionaria y de oposición si las circunstancias futuras así lo indicaban. En un importante discurso pronunciado en Madrid el 23 de julio, Largo insistió una vez más en que «el Partido Socialista va a la conquista del poder dentro de la Constitución y de las leyes del Estado», pero también advirtió del peligro del «fascismo», es decir, el aumento del poder de la derecha, que, en 1933, constituía una preocupación esencial aunque no lo hubiera sido dos años antes y que podría requerir la toma del poder por medios violentos. Recordó a su audiencia que Marx había declarado categóricamente que la dictadura del proletariado era inevitable para consolidar una sociedad socialista y que, incluso aunque todavía fuera posible obtener el control del Gobierno por medios parlamentarios, la democracia liberal en solitario nunca sería por completo suficiente. La dictadura final del proletariado debía ejercerse con la menor violencia posible pero ello dependería del grado de resistencia [8].

En el mes siguiente, los principales líderes socialistas tuvieron la oportunidad de definir sus preferencias políticas en los discursos pronunciados en la escuela de verano de las Juventudes Socialistas en Torrelodones. En primer lugar intervino Besteiro y fue recibido con frialdad. En julio había señalado la responsabilidad de los socialistas italianos y alemanes al provocar que la burguesía de sus respectivos países se inclinara hacia el fascismo debido al uso prematuro del poder socialista, aunque en Alemanía esto hubiera revestido la forma de participación en el gobierno parlamentario. Todavía peor, la introducción de un régimen socialista en España a través de la dictadura y la violencia de tipo bolchevique desembocaría simplemente en un baño de sangre, «la República más sanguinaria que se ha conocido en la historia contemporánea» [9]. Besteiro, como Casandra, estuvo extrañamente acertado en sus predicciones, siendo la suya una visión correcta de la situación que se desarrollaría en la zona republicana durante los seis primeros meses de la Guerra Civil en 1936, donde la proporción de ejecuciones políticas superaría con mucho las llevadas a cabo por los bolcheviques durante la guerra civil rusa. En Torrelodones, una vez más, advirtió de la locura del extremismo, cuyos resultados diferirían bastante de los que sus partidarios imaginaban: «Si un estado mayor envía su ejército al combate en condiciones desfavorables, se hace totalmente responsable de la consiguiente derrota y desmoralización», y añadió que «a menudo es más revolucionario resistir a la locura colectiva que dejarse arrastrar por ella» [10].

Prieto resultó mucho menos provocador, pero también advirtió de la existencia de límites definidos a lo que el socialismo español podía lograr dado su nivel de desarrollo y las cambiantes relaciones entre las fuerzas políticas tanto en Europa como en España. Destacó la falacia de las comparaciones fáciles que el ala izquierda del movimiento había establecido entre la Rusia de 1917 y la España de 1933. En Rusia, las instituciones clave ya se habían derrumbado con anterioridad a la toma comunista del poder, mientras que en España, el gobierno, la Iglesia y las Fuerzas Armadas permanecían intactas y la burguesía era más fuerte.

Desde finales de 1932 Largo había sido cada vez más consciente de la radicalización del sentimiento obrero, pero en su alocución de Torrelodones defendió de nuevo la participación en el gobierno, a la que denominó marxismo ortodoxo. Se refirió a una carta de Engels a Kautsky, fechada en 1875, en la que el primero destacaba que una república democrática era la forma específica que conduciría a la dictadura del proletariado. «Yo mismo he tenido siempre fama de hombre conservador y reformista. Han confundido las cosas», declaró, subrayando que «hoy estoy convencido de que es imposible llevar a cabo una tarea socialista dentro de una democracia burguesa», y añadió: «Vamos a suponer que llega el momento de intentar la instauración de nuestro régimen. No sólo fuera de nuestras filas, sino en ellas mismas, hay quien teme fuera preciso implantar una dictadura. Si esto ocurre, ¿cuál sería nuestra situación? Porque nosotros no podemos renunciar ni podemos realizar acto alguno que tienda a impedir el logro de esta aspiración».

Volvió a citar a Marx en el sentido de que la definitiva transición hacia el socialismo no podría producirse por medios distintos a la dictadura del proletariado. Respecto al único modelo existente, la Unión Soviética, declaró que pese a no simpatizar con su política exterior estaba plenamente de acuerdo con su política interna [11] y todo ello en el momento álgido de la campaña genocida contra el campesinado soviético, lo cual revelaba que, probablemente, Largo ignoraba en gran medida de qué estaba hablando. El viejo líder sindicalista había entrado en aguas políticas profundas que sus facultades mentales y emocionales no le permitían navegar, pero contó a los jóvenes militantes lo que deseaban oír y se supone que, en ese momento, se escucharon los primeros gritos de «¡Viva el Lenin español!» [12].

El final del gobierno de Azaña

La supervivencia del reorganizado Gobierno de Azaña dependía cada vez más del apoyo menguante de los radicalsocialistas. En un crítico congreso del Partido Radical Socialista celebrado en junio, una de sus principales figuras, Félix Cordón Ordás, se refirió en público a Azaña como «dictador», aunque, por el momento, el partido todavía apoyaba a su Gobierno. Finalmente, los radicalsocialistas se escindieron en tres partidos diferentes: la izquierda, el centro y la derecha, y lo mismo ocurrió con el diminuto Partido Republicano Federal. Los socialistas insistían en el avance a toda máquina, pero el Partido Radical presionaba a favor de la dimisión del gobierno y los propios republicanos de izquierda parecían tener más dudas. En la votación para elegir de manera general a los quince miembros del nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales en septiembre, los partidos republicanos sólo obtuvieron un tercio de los puestos y, de la misma forma, los conservadores vencieron en las nuevas elecciones a colegios profesionales claves, tales como el Colegio de Abogados, la Academia de Jurisprudencia y el Colegio de Médicos.

Ni los republicanos de izquierda ni los socialistas deseaban abandonar la coalición, ya que el resultado inevitable sería un gobierno más conservador y/o nuevas elecciones, cuyo resultado, probablemente, debilitaría a la izquierda. Por tanto, el gobierno solicitó y obtuvo un voto de confianza en las Cortes, aunque muchos radicalsocialistas estuvieron a punto de retirársela. Pese a la reafirmación de una mayoría suficiente, al menos temporal, Alcalá Zamora decidió interferir cuando, según era costumbre, debería haberse abstenido de actuar. El 7 de septiembre pidió la dimisión del gobierno y autorizó al jefe del Partido Radical, Lerroux, a formar una coalición puramente republicana, lo que fue capaz de hacer en cinco días, provocando el anuncio por parte de la comisión ejecutiva socialista de una ruptura total con los partidos republicanos.

El Gobierno republicano puro de Lerroux sólo duró tres semanas. Cuando, el 2 de octubre, el nuevo presidente compareció por primera vez ante el Parlamento quedó claro que lo que había obtenido de Alcalá Zamora era más una promesa de celebrar nuevas elecciones que un Gobierno regular. A renglón seguido, Acción Republicana retiró su confianza, lo que supuso la inmediata caída del nuevo gobierno. El partido de Azaña había estado dispuesto a prestar su apoyo a una amplia coalición de Gobierno encabezada por Lerroux, pero no aceptaría que éste ocupara la presidencia hasta las nuevas elecciones. Más espectacularmente, Prieto declaró en la misma sesión de las Cortes: «Yo declaro, en nombre del grupo parlamentario socialista, absolutamente seguro de... interpretar el criterio del Partido Socialista Obrero Español, que la colaboración del Partido Socialista en gobiernos republicanos cualesquiera que sean sus características, su matiz y su tendencia, ha concluido definitivamente»; una ruptura que calificó de «indestructible e inviolable». La estrategia de Azaña había seguido su camino y ya no era factible ni siquiera una coalición republicana pura, debido a la insistencia de los radicales en celebrar elecciones. Se habían intentado las tres fórmulas —la gran alianza de 1931, la alianza de republicanos de izquierda y socialistas entre 1932 y 1933 y, ahora, la alianza puramente republicana— y ninguna había resultado viable. En una tentativa final, Azaña instó de nuevo la formación de una gran alianza que ejerciera la presidencia hasta las elecciones, pero ya no fue posible. Tras el veto a Lerroux, Alcalá Zamora nombró un gobierno interino presidido por Diego Martínez Barrio, el más liberal de los líderes radicales, hasta que se convocaran elecciones. Martínez Barrio intentó convertir esta situación en una alianza republicana pura pero Azaña sólo tomaría parte en ella si los socialistas también lo hacían, lo que resultaba imposible.

La alternativa más simple podría haber consistido en una extensa coalición de republicanos puros centristas, que continuara gobernando durante un tiempo sobre la base del Parlamento existente. No hay certeza de que una coalición centrista hubiese pervivido, pero hubiera resultado muy recomendable, al introducir políticas más moderadas e intentar la conciliación de la opinión pública católica y conservadora. Esta opción hubiera sido muy complicada, al requerir abundante tacto y cooperación. Quizá sobrepasase la capacidad de los políticos republicanos de clase media, ambiciosos, vanos y sumamente personalistas y que, en cierto modo, exhibieron, de forma exagerada, más los vicios tradicionales de la política española decimonónica que las nuevas políticas que invocaban con retórica regularidad. Pese a sus pocas posibilidades de éxito, tal alternativa pudo haber sido la mejor posibilidad de consolidar un sistema democrático-liberal durante la década de la depresión [13].

Como observa Ángel Alcalá [14], uno de los rasgos sorprendentes del nuevo régimen era la forma en que reprodujo con rapidez las debilidades más evidentes del antiguo sistema monárquico, demostrando que, en realidad, el problema no era la elección entre monarquía y república, sino la cultura política española a principios del siglo XX, que resultaba ser insoluble. De la misma forma en que la izquierda obrera revolucionaria había presionado a la monarquía, intentaba ahora múltiples insurrecciones violentas contra la República. Tal y como la antigua «izquierda dinástica» había pretendido apaciguar a aquellos republicanos que rechazaban el sistema establecido, la izquierda republicana prefería ahora gobernar con los socialistas quienes se habían negado a aceptar una República democrática como modelo definitivo. Mientras que el antiguo sistema se había visto amenazado por la extrema izquierda, el nuevo lo estaba siendo, mediante la subversión y la violencia, tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda. Si los partidos monárquicos habían estado demasiado divididos internamente para gobernar, éste parecía ser ahora el caso de los partidos republicanos. En 1917, los socialistas intentaron convocar una huelga general revolucionaria contra la monarquía; en 1934, intentarían otra contra la República.

Más tarde, durante la Guerra Civil, Azaña escribiría que «la discordia interna de la clase media y, en general, de la burguesía, fue el verdadero origen de la guerra civil» [15] y, en gran medida, tenía razón. Las clases medias se estaban fragmentando en una derecha católica, un centro liberal y una izquierda republicana. Lo que Azaña no añadió, con su típico enfoque autojustificativo, fue que las principales fuerzas de la derecha católica y del centro liberal estaban dispuestas a colaborar en una coalición de centro-derecha, mientras que, después de 1933, los republicanos de izquierda de Azaña tenderían de modo creciente a rechazar una coalición de centro-izquierda hasta que, en 1935, sólo estuvieron dispuestos a aliarse con la izquierda revolucionaria, iniciando así la subversión del propio sistema a cuya creación tanto habían contribuido. Al final, la brecha abierta entre los republicanos liberales y de izquierda resultaría insuperable. La creciente escisión en los partidos republicanos, donde sólo los liberales querían aceptar la lógica y las normas de un sistema liberal y democrático, puso en duda el futuro del nuevo régimen. Si todos los partidos republicanos no aceptaban su propio sistema, cuánto menos podía esperarse de los partidos no republicanos.

Las elecciones de noviembre de 1933

Tanto la derecha como la mayor parte del centro esperaban ilusionadas las nuevas elecciones. El presidente Alcalá Zamora las convocó como parte de su continuo esfuerzo por «centrar la República». En muchos aspectos, el presidente estaba dolorosamente decepcionado con el nuevo régimen y su Constitución; su concepto de República era el de una democracia liberal y constitucional, con igualdad de derechos para todos, no sólo para los anticlericales. Aprobaba con entusiasmo metas tales como la laicización del Estado y la creación de un sistema democrático que se ocupara de los apremiantes problemas sociales; sin embargo, imaginaba la República, sobre todo, como un Estado de Derecho objetivo y no sujeto a arbitrarios caprichos políticos. Respaldaba la separación entre Iglesia y Estado, pero, como sincero liberal y católico practicante, creía que un Estado democrático y laico sólo resistiría en el seno de una democracia igual para todos, incluidos los católicos y la Iglesia. Primer jefe del Gobierno de la República, había dimitido tras la aprobación de la primera legislación limitativa de los derechos de la Iglesia y, no obstante, aceptó la Presidencia con el propósito de reformar el nuevo sistema y estimular una orientación política más liberal entre los católicos en defensa de una República genuinamente democrática.

Alcalá Zamora también criticaba otros aspectos de la nueva Constitución: la ausencia de una segunda cámara en las Cortes republicanas similar a la existente en la mayoría de los sistemas democráticos y una ley electoral sumamente desproporcionada que otorgaba una considerable prima al partido que obtuviera la mayoría en cada distrito dejando a las minorías grave y antidemocráticamente infrarrepresentadas y que tenía el potencial de crear mayorías artificiales e inmensas oscilaciones en la representación. De manera más general, creía que gran parte de la Constitución se había redactado con mucha rapidez y poca reflexión, prestando una inadecuada atención a las cuestiones económicas. Además, era un distinguido jurisconsulto y sus críticas eran compartidas por algunos de los más destacados intelectuales del país como Ortega y Gasset, Unamuno, Marañón, Madariaga y Menéndez Pidal.

Alcalá Zamora también se preocupaba por el fuerte crecimiento de los conflictos sociales, la violencia política y los delitos comunes. En 1930, el retorno a políticas policiales más liberales había supuesto un gran incremento en el número de delitos, sobre todo atracos a mano armada, y, con la República, la situación se había deteriorado todavía más. Se esperaba que un gobierno más moderado y responsable fuera capaz de reducir la conflictividad.

El proceso constituyente había sido iniciado por unas Cortes muy sesgadas en las que la corriente más conservadora no había estado representada, debido tanto al entusiasmo y la presión política que los partidos gobernantes generaron durante la campaña de 1931 como a la desorganización y la abstención parcial de los sectores derechistas que, en muchos casos, no habían realizado un esfuerzo serio por participar. Las Cortes de 1931-1933 constituyeron una especie de convención de izquierdas, dando la impresión de que era inevitable que el cambio de régimen surgiera del aplastante poder de la izquierda. De hecho, la República se había instaurado con rapidez y de forma pacífica gracias a la aquiescencia y la cooperación de la derecha, que renunció a luchar por la monarquía, colaboró con el nuevo gobierno y, en ciertos casos, incluso votó por los candidatos republicanos en abril de 1931.

También la oposición se encontraba debilitada por el hecho de que el centro estaba dividido en facciones y personalidades, siendo los radicales el único gran partido centrista. Los pequeños grupos liderados por Miguel Maura, Melquíades Álvarez, el propio Alcalá Zamora y otros tenían pocos escaños y, en ocasiones, se negaron a colaborar entre sí. De manera similar, el más moderado y responsable de los dirigentes socialistas, Julián Beseiro, había abandonado el liderazgo activo de su partido para ocupar la Presidencia de las Cortes.

En 1933 se había ido gestando en la prensa una ola creciente de críticas a la situación política con tonos que iban desde el liberal al conservador y a la extrema derecha. Durante ese año apareció una larga serie de libros que presentaban quejas y acusaciones de todo tipo, de las razonables a las injustas, de los detallados análisis de las diversas prebendas y emolumentos de que disfrutaban los diputados en Cortes a las categóricas diatribas ideológicas.

Las elecciones se celebrarían según la ley electoral que, en parte, estaba basada en la italo-fascista Ley Acerbo de 1923. En julio de 1933 el segundo Gobierno de Azaña había aprobado una nueva enmienda que aumentaba la gran desproporción de la ley con la esperanza de facilitar todavía más la victoria de la izquierda en las siguientes elecciones. Así, en cada distrito, las listas plurales recibirían el 67 por ciento de los escaños, sin importar cuan débil fuera esa pluralidad, mientras que a una lista que obtuviera la mayoría se le garantizaba el 80 por ciento de los escaños en ese distrito. Con razón, el liberal Ossorio y Gallardo bautizó a la ley electoral como «mussoliniana», mientras que el dirigente de la CEDA, Gil Robles, observó que, con una ley semejante, Hitler podría haber alcanzado el poder en Alemania nada menos que en 1930.

En las elecciones de 1933, la ley demostró ser un bumerang para la izquierda, porque el veto socialista a la colaboración con los republicanos «burgueses» de izquierda imposibilitó otra extensa alianza. Estos últimos serían quienes más sufrieran, pues también los liberales centristas se negaron a aliarse con ellos. A diferencia de lo ocurrido en las elecciones precedentes, la campaña estuvo acompañada de una mayor violencia, sobre todo por parte de los socialistas, y del uso de un lenguaje grosero en los dos principales y ambiguos partidos semileales, los socialistas y la CEDA. En algunos momentos, los primeros invocaban la revolución, mientras que los dirigentes cedistas, en ocasiones, hacían referencia a la necesidad de «un Estado fuerte» y «una política totalitaria» y, como era de rigor en la República, se produjeron estallidos de violencia anticlerical y quema de iglesias.

La violencia más intensa no provino de los socialistas, sino del partido valenciano Unión Republicana Autonomista (PURA), fundado por el novelista Vicente Blasco Ibáñez y, en ese momento, liderado por su hijo, que se hallaba en estrecha alianza con los radicales. Alarmados por el auge de los cedistas en Valencia, militantes del PURA asesinaron a dos de ellos durante la campaña, así como a un interventor de la CEDA el mismo día de las elecciones. Se produjeron otros ataques y una gran y violenta interferencia en las votaciones [16].

En general, el día de las elecciones transcurrió en calma, salvo en la región de Valencia, y aunque se informó de varias muertes sólo se pudieron comprobar tres. Las condiciones electorales fueron las más libres y justas de la historia española hasta esa fecha y para cuando hubo finalizado la «segunda vuelta», los triunfadores habían sido la CEDA y los radicales, quienes, con frecuencia, se habían coaligado con vistas a esa segunda vuelta. La CEDA, al capitalizar el voto católico de la clase media-baja que en anteriores elecciones se había abstenido parcialmente, surgió como el partido único más importante, con 115 diputados, mientras que los radicales, que habían entrado en el juego con mayor efectividad, eran el partido en proporción más suprarrepresentado al obtener 104 escaños. Aislados, los socialistas sólo obtuvieron 60 escaños aun conservando a casi todos sus votantes. La mayor derrota la sufrieron los republicanos de izquierda, que prácticamente desaparecieron excepto en Cataluña.

Estaba claro que se había producido un desplazamiento de la opinión pública hacia el centro y el centro-derecha, junto con una movilización mucho más intensa del voto derechista, aunque el cambio real de opinión fue menor de lo que la drástica alteración en la composición del Parlamento hacía suponer. La tasa de abstención fue del 32 por ciento, no demasiado alejada del promedio observado en las tres elecciones republicanas, y aunque superaba con creces la tendencia en Europa occidental no resultaba sorprendente en un país con un 25 por ciento de adultos analfabetos y un amplio movimiento anarcosindicalista que abogaba por la abstención. En conjunto, los republicanos centristas habían obtenido más de dos millones y medio de votos, la derecha moderada más de dos millones, los socialistas casi 1,7 millones y los republicanos de izquierda menos de 1,2 millones, concentrados de manera especial en Cataluña. La extrema derecha se hizo con casi 800.000 votos, mientras que los comunistas y otros partidos de la extrema izquierda consiguieron menos de 200.000 [17].

La ley electoral produjo una oscilación. Era inevitable que se diera un ajuste básico en la representación, dados los resultados artificiales de 1931, pero el desplazamiento hubiera sido considerablemente menor con un sistema más responsable. Aún más, la discontinuidad en la experiencia parlamentaria que había sido tan marcada en las Cortes Constituyentes iba a continuar: en 1931 sólo 64 diputados repitieron escaño, mientras que el 55,6 por ciento de todos los elegidos aquel año nunca llegarían a formar parte de un segundo Parlamento. De los diputados electos en 1933, el 46 por ciento carecía de experiencia y el porcentaje de recién llegados a las siguientes Cortes de 1936 sería casi tan alto. De los 115 diputados de la CEDA, tan sólo diez tenían experiencia parlamentaria previa [18].

El aspecto más constructivo de las nuevas Cortes era el aumento de la fortaleza del centro democrático, el cual había obtenido una pluralidad de votos entre todos los sectores liberales. El número de radicales era casi igual al de cedistas, mientras que los Republicanos Progresistas de Alcalá Zamora y los Republicanos Conservadores de Miguel Maura habían conservado la mayoría de sus escaños (aunque su número total había descendido de 28 a 21). Los demócratas liberales de Melquíades Álvarez habían aumentado de 2 a 8.

En general, las elecciones habían sido justas (con posterioridad los resultados fueron impugnados en ciertas provincias, especialmente en Andalucía). Allí tanto la derecha como la izquierda cometieron fraude, aunque quizá fuera más evidente el caso del fraude derechista en la provincia de Granada, donde, en 1931, la izquierda también había procedido mal [19].

El intento izquierdista de anular los resultados electorales

La derrotada izquierda reaccionó con ira, temerosa de que un gobierno más conservador deshiciese muchas de las reformas republicanas. Se encontraban mucho menos dispuestos que la derecha en 1931 a aceptar una derrota temporal, aunque ellos mismos habían redactado una ley electoral muy artera y calculada, pensaban, para servir a sus propios intereses específicos. La respuesta inicial de la izquierda no fue prepararse para actuar como leal oposición, sino embarcarse en manipulaciones destinadas a cancelar los resultados electorales. Para sorpresa de Alcalá Zamora, quien primero se lo propuso no fue otro que el ministro titular de Justicia, Juan Botella Asensi, quien, cuando comprobó que el centro-derecha estaba a punto de ganar la «segunda vuelta», urgió al presidente a cancelar el proceso electoral incluso antes de que aquella concluyera. Poco después, el ministro de Industria, Gordón Ordás, presentó una propuesta similar [20].

El siguiente intento no fue llevado a cabo por los ministros liberales de izquierda del gabinete, sino por el propio Azaña. El 4 de diciembre, día posterior a la finalización de la segunda vuelta, no se reunió con el presidente de la República, quien se había opuesto a la falsificación del proceso electoral, sino con el jefe interino del gobierno, Martínez Barrio, para sostener que los resultados deberían cancelarse dado que existía una gran desproporción con el total real de votos, obviando el hecho de que Azaña y sus aliados habían redactado esa ley electoral no representativa precisamente para garantizarse beneficios desproporcionados. Martínez Barrio, al igual que el presidente, rechazó la propuesta de Azaña de un «pronunciamiento civil», aunque éste no se desanimó en sus esfuerzos por subvertir el proceso constitucional. Al día siguiente, repitió su propuesta en una carta que también firmaron Marcelino Domingo y Santiago Casares Quiroga (ex ministro de Gobernación y principal dirigente de la izquierda republicana gallega), en la que Azaña instaba al jefe del Gobierno a tomar la iniciativa organizando, de manera inmediata, una nueva coalición gubernamental puramente izquierdista, para entregar el poder en manos de la izquierda antes de que el nuevo Parlamento tuviera oportunidad de reunirse. Dicho gobierno podría evitar la convocatoria de las Cortes celebrando unas nuevas elecciones tan pronto como fuera posible [21].

La más extraña de todas estas propuestas para subvertir el proceso constitucional la realizaron los socialistas, quienes enviaron a Juan Negrín, diputado socialista y profesor de fisiología, a interceder ante Alcalá Zamora. Hablando en nombre de Fernando de los Ríos y del grupo parlamentario socialista, Negrín instó al presidente a cancelar de forma inmediata los resultados electorales y a formar un nuevo Gobierno liderado por republicanos de izquierda, que prepararía una nueva ley electoral. Dado que ya habían fracasado en su primer intento de redactar dicha ley no representativa que favoreciera a la izquierda, lo que ahora se planteaba era la elaboración de un segundo conjunto de reglamentos con los que, esta vez, se garantizara favorecer sólo a la izquierda. Puesto que con este plan no habría Parlamento durante un tiempo, sería la Diputación Permanente de las disueltas Cortes, reunida al efecto, la que reconociera la dudosa legalidad de semejante ley artificialmente amañada, tras lo cual se produciría una nueva ronda de votaciones. El Presidente rechazó por completo la absurda propuesta socialista y, más tarde, escribiría que, primero la izquierda no aceptaba una legislatura bicameral y ahora rechazaba una honesta legislatura unicameral [22].

Toda esta tétrica maniobra ponía de relieve lo que había llegado a ser la inamovible posición de la izquierda en la República: sólo aceptarían el gobierno permanente de la izquierda y cualquier elección o gobierno no dominado por ella no era «republicano» ni «democrático», lo que bien pudo tener como efecto el hacer imposible la existencia de una República democrática. Hasta septiembre de 1933 la izquierda había gobernado por medios legales, en parte a través de su draconiana Ley para la Defensa de la República, reproducida en la también severa Ley de Orden Público de julio de 1933 con la que se facilitaba la restricción de los derechos civiles de los oponentes. Cuando incluso sus propias regulaciones, tendenciosas e injustas, resultaron inadecuadas para otorgarles la victoria electoral en 1933, la izquierda prefirió ignorar la misma Constitución a cuya redacción habían contribuido materialmente. De ahí en adelante, la izquierda comenzó a incumplir la legalidad de manera cada vez más sistemática, reduciendo finalmente el orden legal a escombros, lo que preparó el terreno para la guerra civil.

La insurrección anarcosindicalista de diciembre de 1933

Mientras la izquierda moderada pretendía subvertir el orden legal mediante la manipulación política, la izquierda revolucionaria lo atacó con violencia e incendios provocados. El año 1933 había sido de declive para la CNT, pero sus líderes consideraron que había llegado el momento de un gran arranque revolucionario antes de que se pudiera reunir el nuevo Parlamento. Su pensamiento no difería del de la izquierda moderada; sin embargo, su enfoque era mucho más directo. Como era la última de los «tres ochos», esta insurrección estuvo considerablemente mejor organizada que sus predecesoras de enero de 1932 y enero de 1933 y, de hecho, fue la única que obtuvo la aprobación oficial de los dirigentes nacionales de la CNT. Aunque demostró ser más del mismo «jugar a la revolución», típico de los anarquistas, el concepto era que, con la CNT debilitándose en Barcelona, la iniciativa sería secundada en Aragón y otras regiones y, de algún modo, haría estallar una insurrección en toda España [23].

El 1 de diciembre estallaron dos grandes bombas en Barcelona; un día después, tras la petición formulada por el Gobierno autonómico catalán, Madrid declaró el estado de prevención en toda Cataluña y, cuarenta y ocho horas más tarde, en toda España. La policía empezó a cerrar los centros de la CNT y, por añadidura, aquellos de los carlistas y los del nuevo partido de la derecha, Falange. La principal insurrección se produjo el 8 de diciembre, con estallidos y explosiones en ocho ciudades; en la mañana del día 9, todo el país se encontraba bajo el estado de alarma. Los enfrentamientos más importantes tuvieron lugar en las provincias de Zaragoza y Barcelona, aunque se produjeron incidentes violentos en otras nueve del norte, sur y este, incluyendo actos de terrorismo indiscriminado. Se hicieron descarrilar varios trenes, la voladura de un puente en Valencia produjo el despeñamiento de varios vagones en el que, según los informes, murieron entre dieciséis y veinte pasajeros y, en Villanueva de la Serena (Badajoz), tuvo lugar otro espectacular episodio cuando el sargento encargado de la Caja de reclutas se amotinó en la propia Caja junto con varios soldados y quince anarquistas civiles. A la mañana siguiente, se enviaron tropas para tomar al asalto el edificio y murieron siete rebeldes, incluido el sargento.

En Zaragoza, la insurrección estalló con todo su vigor, extendiéndose a cuatro provincias vecinas. Momentáneamente, la FAI-CNT tomó el control de varias pequeñas ciudades en Huesca, Álava y Logroño, declarando el «comunismo libertario» de forma oficial, quemando archivos y aboliendo el dinero. El 12 de diciembre las autoridades habían recuperado el control en su mayoría y, un mes más tarde, el Ministerio de Gobernación anunció que la insurrección había costado la vida a 11 guardias civiles, tres policías y 75 civiles, aunque es probable que las estadísticas estuvieran incompletas; se arrestó a cientos de activistas de la CNT [24].

En tres años se habían producido seis intentos por subvertir el orden legal en España: el malogrado pronunciamiento militar republicano de diciembre de 1930, tres insurrecciones revolucionarias instigadas por la CNT, el fallido pronunciamiento militar derechista de agosto de 1932 y el fracasado «pronunciamiento civil» izquierdista entre noviembre y diciembre de 1933; y después de finales de este año, la plena normalidad constitucional y los derechos civiles eran comparativamente escasos. Se continuaba viviendo bajo el estado bien de alarma, bien de prevención, y se declaró el primero durante la mayor parte del mes de marzo. Abril de 1934 comenzó bajo el estado de prevención, que pasó a ser de alarma el día 17, estuvo acompañado de censura en prensa hasta finales de mayo, antes de que concluyera junio revirtió al estado de prevención y así sucesivamente [25]. El republicanismo había abierto una nueva era de convulsiones, casi todas procedentes de la izquierda, como indica el anterior listado.

El gobierno de la minoría: Alcalá Zamora desbarata el Parlamento

El gobierno había frustrado la subversión de la izquierda, pero subsistía la cuestión de si se permitiría que el Parlamento, elegido democráticamente, conformara un gobierno mayoritario liderado por el partido más votado, la CEDA. En esta ocasión, fue el propio presidente Alcalá Zamora quien decidió ignorar el normal sistema parlamentario. Mientras que en 1933 había procurado socavar a la izquierda, durante el nuevo año continuaría persiguiendo su objetivo de «centrar la República», esta vez impidiendo el acceso a la derecha legalmente elegida.

En circunstancias normales de práctica parlamentaria, se hubiera ofrecido a Gil Robles, líder del partido más votado, la oportunidad de formar un Gobierno mayoritario de coalición. Pese a que la CEDA había manifestado su determinación de obedecer la ley con todo rigor, nunca se había declarado «republicana» y, como todas las fuerzas políticas españolas, se encontraba internamente dividida. Una minoría de izquierda era democratacristiana y pretendía convertir la República en una auténtica democracia liberal [26]; un ala derecha más numerosa tenía su mirada puesta en el corporativismo católico y, por tanto, en una República corporativista, no del todo parlamentaria, similar a los nuevos regímenes católicos que se estaban instaurando en Austria y Portugal. Gil Robles y la mayoría de los principales dirigentes se declaraban «accidentalistas», dispuestos a trabajar con la República a fin de someterla a una drástica reforma, supuestamente de acuerdo con la línea corporativista. Por tanto, Alcalá Zamora considero que tenía el deber moral y político de mantener al partido mayoritario fuera del gobierno, sin importar cuánto pudiera chocar semejante veto con la normal práctica democrática. La Constitución otorgaba a Gil Robles el derecho a solicitar que se le permitiera formar una coalición de gobierno, pero, durante un optó por no ejercerlo. En principio, adoptó la posición de que, siendo un partido muy nuevo, de apenas un año de antigüedad, la CEDA necesitaba algo más de tiempo para consolidarse y prepararse para gobernar, aunque estaría dispuesta a tomar parte en una coalición más amplia. Quizá esto constituyó un error táctico pues cedió un principio que ya no podría volver a recuperar. Se puede sostener que, antes de empezar a aceptar la exclusión, la CEDA se encontraba en su posición más fuerte, emocionada con el triunfo electoral. Al mismo tiempo, Gil Robles reconocía que los votantes españoles no se habían declarado contrarios a la República sino a las políticas de la izquierda y era probable que la actitud colaboradora de la CEDA, más que su enfoque moderado, fuera uno de los factores determinantes a la hora de obtener tanto apoyo.

Alcalá Zamora estaba decidido a mantener a la CEDA fuera del poder, al menos hasta que fuera un partido más maduro y digno de confianza; creía que los radicales, segundo partido en el Parlamento y ahora más que nunca la principal fuerza del centro democrático liberal, constituían su mejor alternativa. Los radicales también tenían desventajas: el suyo era el más antiguo y mayor de los principales partidos republicanos, pero se había ganado una reputación de oportunista y corrupto cuando, a principios de siglo, había gobernado en la ciudad de Barcelona. Bajo el nuevo régimen, se había convertido en un amplio partido liberal de clase media que apelaba a una sección representativa de liberales seculares y progresistas pero moderados atraídos por el pragmatismo y la defensa de los intereses de las clases medias y por un republicanismo que no se rendiría ante los socialistas. Los radicales siempre habían sido oportunistas y personalistas y habían incorporado nuevos elementos, algunos de ellos relativamente conservadores pero deseosos de progresar dentro de la República. Se habían desarrollado tras varios años de oposición como partido local o municipal con una fuerte orientación hacia el clientelismo, que caracterizaba, en cierta medida, a casi todos los partidos españoles pero que con los radicales había alcanzado mayores cotas debido a su gran pragmatismo.

Lerroux había adoptado el atrayente eslogan «Una República para todos los españoles», pero ya tenía setenta años y sus fuerzas comenzaban a declinar. En teoría, la democracia liberal y práctica de los radicales y su filosofía de «vive y deja vivir» debería haber resultado atractiva en una democracia nueva y sujeta a grave polarización, aunque esto sólo fue así en cierta manera. Inmersos en la creciente polarización, los radicales cultivaron algo más que una pequeña ambigüedad programática, la cual fue considerada oportunismo inmoral tanto por la derecha como por la izquierda. El estandarte de la simple democracia no resultaba tan sugestivo en una atmósfera cada vez más cargada ideológicamente, en la que había amplios sectores de izquierdas y derechas que apenas manifestaban interés en la democracia per se, que dependía de los intereses que se vieran favorecidos por ella. Durante la primera vuelta de las recientes elecciones, los radicales se habían aliado con los pequeños partidos republicanos moderados, pero cuando en la segunda observaron la posibilidad de obtener importantes avances a través de su asociación con el gran voto conservador, este partido, que una vez fue virulentamente anticlerical, se unió a la CEDA y obtuvo numerosos escaños. En el proceso había fracasado a la hora de presentar un programa completamente definido en todos sus puntos, aunque en ese momento esto pudo haber constituido una fuente de fortaleza. La capacidad de los dirigentes radicales era, en el mejor de los casos, incierta y parecían carecer de representantes fuertes, experimentados y enérgicos capaces de enfrentarse a los grandes problemas. El suyo continuó siendo un partido muy localista, compuesto de diversos grupos que Lerroux mantenía unidos. Uno de los diputados de CEDA observó: «Esta minoría radical me recuerda a un viaje barco: personas de toda edad y condición, reunidas únicamente a hacer el viaje» [27]. Con todo, la diversidad de los radicales podría haberles fortalecido. En ciertos aspectos, a finales de 1933, se habían convertido en la principal fuerza política de la vida española, incluyendo en sus filas a varios alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales, especialmente en el sur y en Levante. Pese a que algunos de los radicales más liberales se mostraban cautelosos a la hora de colaborar con la CEDA, Lerroux anunció el propósito de «ampliar la base de la República», domesticando a la principal fuerza de la derecha para, de esa manera, estabilizar «una República democrática y liberal» [28].

El 19 de diciembre, Lerroux presentó su nuevo Gobierno ante las Cortes. Constaba de siete radicales (incluido él mismo), dos republicanos independientes, un miembro de los republicanos progresistas de Alcalá Zamora, otro de los demócratas liberales de Melquíades Álvarez [29] y otro por parte de los agrarios, más conservadores. La nueva administración prometió apoyar la Constitución republicana y las reformas positivas introducidas en el primer bienio, al tiempo que corregir los abusos previos, proporcionando un Gobierno igual para todos (lo que difícilmente podía decirse del Gobierno de Azaña). El problema radicaba en que los partidos de la coalición apenas representaban un tercio de los votos de la Cámara y no podían sobrevivir sin la aquiescencia de la CEDA, algo que Gil Robles estaba decidido a darles, pese a sus, en ocasiones, agresivos y amenazantes discursos.

Ese mismo día presentó ante las Cortes el programa legislativo de la CEDA, que incluía una amnistía total para los presos políticos (a pesar de que, en la mayoría de los casos, estaban condenados por delitos objetivos contra la Constitución y la sociedad), la revisión de la legislación religiosa y la anulación de ciertas reformas económicas. Atacó a los jurados mixtos, así como el programa que exigía un cultivo más intensivo y el aumento en la contratación de trabajadores del campo, al tiempo que presionó para obtener una reducción de la cantidad de tierra sujeta a expropiación en aplicación de la reforma agraria. Al mismo tiempo, Gil Robles declaró la necesidad de emprender una acción más intensa contra el desempleo y a favor del aumento de las obras públicas, que se sufragarían a través de subidas impositivas. Difería públicamente del líder falangista Primo de Rivera en el tema de la dictadura nacional, al decir que «la deificación del Estado y la anulación de la personalidad individual» iban en contra de sus principios. Gil Robles comenzó a utilizar expresiones como «en deferencia a», «disposición a trabajar dentro de la» y «respeto por» la República [30]. Mientras tanto, los agrarios fueron más allá, reorganizándose bajo el estandarte del reconocimiento oficial de la República, a pesar de que esto provocó la renuncia de cinco de sus diputados más conservadores.

Lerroux estaba convencido de que los radicales, al iniciar la domesticación de la derecha en el seno de la República, estaban rindiendo un importante servicio a la Patria. La recompensa más inmediata que obtuvo la CEDA fue que el nuevo gobierno ignoró la Ley de Congregaciones Religiosas que se había aprobado seis meses antes, y pasó a permitir que las escuelas católicas funcionaran con normalidad. En enero de 1934, el nuevo ministro de Estado, Leandro Pita Romero, fue enviado a Roma a iniciar las negociaciones para la firma de un nuevo concordato y, más tarde, el 4 de abril, una ley autorizaba al Gobierno a continuar pagando los salarios de aquellos sacerdotes rurales mayores de cuarenta años, el cual equivaldría a las dos terceras partes del sueldo que percibían en 1931. Por primera vez en tres años, la Semana Santa se celebró en su integridad y los viejos radicales anticlericales pudieron avergonzarse al ver cómo el ministro radical de Gobernación tomaba parte en una procesión sevillana.

Este compromiso entre el centro y la derecha que, en aquellas circunstancias inmediatas constituía la única opción viable, produjo nuevas tensiones tanto en la derecha como en la izquierda. Martínez Barrio, número dos del Partido Radical y jefe interino del anterior Gobierno, se mostraba cada vez más afligido por el giro derechista de su partido; además, también era Gran Maestre del Gran Oriente español y, en ese sentido, líder del liberalismo anticlerical y masón. En una entrevista publicada el 4 de febrero se declaraba «un hombre de izquierda» y, a finales de ese mes, renunció a su cartera como ministro de la Guerra, junto con el ministro de Hacienda, también radical. Dos meses y medio más tarde abandonaría por completo el partido, secundado por varios de los diputados radicales más izquierdistas y por un sector del partido en Valencia, uno de sus baluartes [31], lo que requirió la reorganización del Gobierno de Lerroux después de tan sólo dos meses, aunque se reformó sobre las mismas bases.

A la inversa, la disposición de la CEDA a apoyar a un gobierno de centro-derecha enfureció a sus antiguos aliados electorales, la extrema derecha, quienes adoptaron una posición completamente subversiva. Los monárquicos españoles buscaron el respaldo directo del régimen fascista de Mussolini en Roma, negociando el apoyo italiano a un derrocamiento de la República por medios violentos: representantes de Renovación Española y de los caretas de la Comunión Tradicionalista se encontraron en Roma con el ministro de Aviación italiano, Italo Balbo y firmaron un cuerdo secreto en el que se prometía a los rebeldes españoles un apoyo financiero de 1.500.000 pesetas, 10.000 fusiles, 200 ametralladoras y otras formas de ayuda, incluida la oportunidad de entrenar voluntarios en Libia [32]. Al día siguiente se pagó el primer medio millón de pesetas, y pronto viajaron a Libia unos cincuenta voluntarios carlistas. Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo antes de que todo el acuerdo se convirtiera en papel mojado porque los monárquicos fueron incapaces de conseguir la fortaleza y la unidad necesarias para aprovecharlo. Nunca se llegaron a enviar armas a España, y el propio Mussolini canceló todo el proyecto un año más tarde, después de que los monárquicos apenas hubieran dado señales de vida [33]. No obstante, las publicaciones españolas de extrema derecha comenzaron a discutir abiertamente la doctrina de una insurrección armada justificada [34] y, en mayo, los carlistas se inclinaron todavía más hacia la derecha. Su Junta, que había estado dispuesta a cooperar con los monárquicos «alfonsinos», fue disuelta y se nombró a Manuel Fal Conde como nuevo secretario general. Fal Conde pretendía promover una restauración carlista manu militan, alentando la instrucción de sus milicianos.

En 1934, los diversos gobiernos encabezados por presidentes radicales se comprometieron a mantener casi todas las reformas republicanas, a excepción de la legislación que discriminaba a los católicos. En cuanto a las reformas sociales y económicas, sin embargo, estos gobiernos fracasaron a la hora de hacer cumplir los nuevos reglamentos de manera que, a pesar de que su política general era centrista y, en ese sentido, la más justa en cualquier periodo de la República, su efecto sobre la administración económica fue más conservador y adverso para los intereses laborales, incrementando las ya de por sí graves tensiones sociales.

El 23 de marzo, el gobierno cumplió su promesa de legislar la amnistía, a propuesta del ministro de Justicia Ramón Álvarez Valdés, del Partido Demócrata Liberal, quien pronto tuvo problemas al declarar su oposición a cualquier intento de alcanzar el poder por la fuerza, ya fuera el de los derechistas en 1932 o el de los anarcosindicalistas un año más tarde. El hábil Prieto, observando una fisura que podría debilitar al gobierno, exigió saber si Álvarez Valdés también repudiaba a los militares republicanos rebeldes de diciembre de 1930. Dicho sea en su honor, el ministro de Justicia mantuvo una posición coherente, observando que eran las elecciones de abril de 1931 las que habían instaurado la legítima República. Su negativa a aprobar la conducta de Galán y García Hernández, los militares rebeldes pro republicanos ejecutados en 1930, provocó una reacción incendiaria entre los diputados izquierdistas que clamaban que Álvarez Valdés había difamado a los sagrados mártires de la República. Pronto dimitió el desventurado ministro, cuya posición personal fue en verdad irreprochable, y, el 17 de abril, fue sustituido por Salvador de Madariaga, quien, durante un tiempo, ocupó dos ministerios. Madariaga estaba convencido de que era vital hacer todo lo posible para lograr la reconciliación nacional antes de que la polarización se volviera demasiado extrema. Cuando los socialistas objetaron que el nuevo proyecto de ley garantizaba la amnistía sólo a aquellos actos cometidos hasta el 3 de diciembre de 1933 y que, por tanto, excluía a los cientos de cenetistas arrestados tras su reciente insurrección, la fecha se amplió hasta el 14 de abril de 1934, tercer aniversario de la instauración de la República. La ley se aprobó el día 20 por 269 votos a favor y uno en contra.

A nivel presidencial, pronto se llegó a un punto muerto. Alcalá Zamora se oponía a la ley por considerar que debilitaba a la República, dejando a sus enemigos en libertad, y prefirió devolver el proyecto al Parlamento, a lo que le autorizaba el artículo 83 de la Constitución. Sin embargo, para ello el artículo 84 exigía que obtuviera el refrendo de al menos uno de los ministros y ninguno quiso prestarse. Lerroux, como era su costumbre, propuso un compromiso. Se promulgarían dos decretos adicionales junto con la amnistía, uno especificando que no se devolvería ninguna parte de la tierra expropiada a los Grandes en 1932, o a los que se habían visto envueltos en la sanjurjada, y otro señalando que ninguno de los oficiales amnistiados podría retornar al servicio activo. La amnistía, aprobada el 20 de abril, se publicó de manera oficial el 2 de mayo. Se permitió entonces, y por primera vez desde agosto de 1932, la reapertura de las sedes de Acción Española y el líder monárquico José Calvo Sotelo (condenado por haber formado parte del Gobierno de la dictadura) regresó a España dos días más tarde.

Deliberadamente, Alcalá Zamora provocó entonces una crisis artificial, al incluir, junto con su firma en el nuevo proyecto de ley, un pedante memorándum de varias páginas que revestía la forma de mensaje a las Cortes y en el que detallaba todos sus argumentos jurídicos y políticos en contra de dicho proyecto [35]. Gil Robles prometió a Lerroux el apoyo de los diputados de la CEDA en caso de un voto de confianza, pero éste dimitió el día 25. Al día siguiente, ya se extendía el rumor de que los radicales y sus amigos en el ejército, algunos de ellos oficiales de alto rango, estaban preparando un golpe. El estado de alarma se declaró en toda España, mientras Azaña y muchos otros republicanos de izquierda pasaban la noche en alerta y aliviados por que el presidente había, en efecto, vetado la continuidad de Lerroux como jefe del gobierno.

Un día más tarde, Alcalá Zamora solicitó al principal lugarteniente de Lerroux, Ricardo Samper, que formara gobierno. Calvo, feo y carilargo, Samper era un veterano radical valenciano y antiguo seguidor del novelista Blasco Ibáñez, perteneciente a la facción más liberal del partido. Aunque el veto de facto interpuesto por el presidente contra Lerroux enfureció a muchos radicales, éstos constituían el partido del compromiso por excelencia, y Lerroux les aconsejó cooperar. El nuevo gabinete de Samper estaba formado por ocho radicales, un agrario, un miembro de los republicanos progresistas, otro de los demócratas liberales y un independiente, mientras Madariaga (que no era diputado) regresaba a sus responsabilidades diplomáticas ante la Sociedad de Naciones. La impresión general de que era éste un gobierno de nulidades manipulado por el presidente era en esencia correcta y Azaña observó con ironía que eran una colección tal de mediocres que hubiera preferido verse gobernado por la monarquía.

La crisis sacó a la luz el que sería el mayor problema del Gobierno de la República en los dos años siguientes: el rechazo general a permitir que el sistema constitucional y parlamentario funcionara con normalidad. Una vez más, se trataba de una crisis artificial y personal, creada por el propio presidente, quien había vetado el acceso a la jefatura del gobierno a los líderes de los dos partidos mayoritarios en el Parlamento. En ese punto, su interferencia y manipulación fue más extrema que la que se imputó al rey, quien pocas veces intentó sortear el liderazgo establecido de los principales partidos. Es probable que la España de 1934 hubiera disfrutado de un Gobierno parlamentario más regular si Alfonso XIII hubiera continuado reinando. Ahora, Alcalá Zamora veía a Lerroux como un rival corrupto y peligroso y estaba convencido de que éste había sido informado del malogrado pronunciamiento de Sanjurjo, aunque no hubiera tomado parte directa en el mismo. Cada vez más, el presidente aspiraba a sustituir a Lerroux como líder del centro democrático español, aunque, al carecer de un gran partido propio, sólo podía intentarlo interfiriendo y manipulando el normal proceso gubernativo y, con esta actitud, se las arreglaría para alejar a casi todos. Se había mostrado incapaz de bloquear el generoso proyecto de ley de amnistía puesto por el centro y la derecha, quienes estaban cada vez más molestos con él, mientras que la izquierda pedía mucho más: una especie de pronunciamiento presidencial que bloqueara los procesos constitucionales y le concediera la inmediata oportunidad de regresar al poder. En los dos años siguientes, Alcalá Zamora repitió estas maniobras cuantas veces pudo, en cada ocasión para mayor descrédito y debilitamiento del sistema parlamentario, hasta que, al final, consiguió exactamente lo contrario a lo que se había propuesto y se vio enfrentado a la total polarización del Estado.

CAPÍTULO 3 -
LA INSURRECCIÓN REVOLUCIONARIA DE 1934

A

lgunos historiadores han argumentado que el acontecimiento aislado más decisivo en la historia de la República, anterior a 1936, fue el viraje de la política socialista entre 1933 y 1934, aunque no existe acuerdo en lo referente a sus causas. Ciertos comentaristas lo achacan al peligro procedente de la derecha, como resultado del ascenso de la CEDA; otros apuntan a la influencia de los acontecimientos en Centroeuropa tras la consolidación del régimen hitleriano y la imposición de una dictadura derechista en Austria, que marcaron la derrota de los dos movimientos socialistas europeos más fuertes. En otras ocasiones, se cita la relativa profundización de la depresión entre 1932 y 1933, e incluso se apunta al comienzo de la radicalización socialista en el verano de 1933, un fenómeno que no está directamente relacionado con la cronología ni de los asuntos exteriores ni de la derrota electoral nacional, pero que, en apariencia, deriva del debilitamiento de la coalición entre socialistas y republicanos de izquierda, la creciente frustración sufrida por las iniciativas reformistas republicanas y la amenaza de la pérdida del poder por parte del Gobierno [1]. Como se muestra en el capítulo anterior, desde 1932, algunos dirigentes habían hecho hincapié en que el PSOE no era tan sólo un partido reformista, mientras que el argumento del «colismo», es decir, que la creciente radicalización de las bases empujaba a sus líderes, no resulta convincente. Desde el verano de 1933, los dirigentes hablaban cada vez con más frecuencia de un cambio en la política, pero, cuando llegó el momento, no tuvieron dificultad en ignorar las exigencias radicales de la FNTT, el sindicato de trabajadores de la tierra que, con mucho, conformaba el mayor de los sindicatos socialistas.

La persistente competencia con un movimiento anarcosindicalista revolucionario de masas no fue el menor de los factores ya que siempre se había situado a la izquierda de los socialistas y pretendía arrebatarles su apoyo obrero. A ello se añadía la profunda debilidad del comunismo español, que, en otro caso, pudiera haber establecido un agudo límite marxista-leninista a la izquierda de los socialistas. Conforme aumentaban los problemas, existía una gran tentación de intentar llenar el vacío de marxismo revolucionario en España y, como ha escrito Santos Juliá: «De hecho, inmediatamente que perdieron su posición en el Gobierno, los dirigentes de la UGT adoptaron a su vez la práctica de la huelga general revolucionaria cuyo objetivo manifiesto no era ya la simple obtención de mejoras para la clase obrera sino la destrucción de la República y la toma del poder [2]».

Juliá explica: «Quizá convenga recordar en este contexto que las primeras manifestaciones de dirigentes socialistas sobre la necesidad de adueñarse de todo el poder o de conquistarlo por los medios que fuese —lo que no excluía naturalmente el empleo de la violencia— no guardan relación alguna con un presunto temor a la amenaza del fascismo. Los socialistas comenzaron a elaborar el discurso de la conquista del poder inmediatamente después de que fueran excluidos del Gobierno y ante la perspectiva de que fuesen los radicales quienes se hicieran con la presidencia. En estos momentos nadie identificaba a Lerroux con el fascismo y nadie, ni siquiera Lerroux, pensaba que a los dos meses tendría que gobernar apoyado parlamentariamente por la CEDA. A los socialistas les bastó sentirse excluidos, expulsados de la responsabilidad de gobernar para anunciar sus nuevas intenciones políticas: «Ese cambio, todavía incipiente, es incomprensible si no se tiene en cuenta que todos consideraban a la República como una criatura propia y todos creían gozar de un derecho, anterior a las elecciones y al voto popular, para gobernarla [3]».

Existía una innegable marea creciente de descontento entre los trabajadores de UGT. Al hacerse más profunda la depresión incrementaron las cifras oficiales de desempleo, de 446.263 trabajadores en junio de 1932, a 618.947 en diciembre de 1933 y a 703.814 en abril de 1934 [4]. Los principales intereses económicos en especial los grandes terratenientes, habían pasado a la ofensiva en 1933, mientras el Estado español, relativamente débil, demostraba carecer del aparato administrativo necesario para hacer cumplir la totalidad de las nuevas reformas, en especial en el campo. En ciertas provincias, algunos de los nuevos reglamentos se estaban convirtiendo en papel mojado y Largo Caballero señaló que, durante su último mes como ministro de Trabajo, había recibido con regularidad a delegaciones de trabajadores de provincias que instaban al partido a pasar a la acción [5]. El 18 de junio de 1933 se había reunido el comité nacional de la UGT para hacer frente al problema de su decreciente afiliación; a finales de año y en determinadas zonas, la afiliación había descendido en una tercera parte y la FNTT afirmaba que en las provincias rurales del sur los salarios se habían reducido hasta en un 60 por ciento (probablemente una exageración) y que, en algunas zonas, sólo se ofrecía trabajo a quienes estuvieran dispuestos a renunciar a su pertenencia al sindicato.

En este clima, en agosto de 1933, Largo Caballero celebró la perspectiva de una revolución directa en la escuela de verano de las Juventudes Socialistas, sentimiento del que se hizo eco de nuevo, aunque en términos más discretos o equívocos, en varias alocuciones durante el siguiente año. La influencia de la izquierda socialista aumentó durante su liderazgo de facto, aunque todavía no estaba claro con qué nuevas políticas se reemplazaría el colaboracionismo. La izquierda dura del PSOE siempre se había opuesto a la participación en el gobierno, pero Largo y los otros dirigentes no contaban con ninguna alternativa clara que proponer. Incluso después del colapso de la coalición, los jefes del partido habían apoyado el malogrado esfuerzo de Felipe Sánchez Román líder de los republicanos moderados de izquierda, por reorganizarla una vez más sobre unas bases más moderadas.

Como se indica en el capítulo anterior, la primera respuesta ante el desastre electoral había sido instar a Alcalá Zamora a cambiar la ley electoral, a disolver el Parlamento y a celebrar nuevas elecciones en condiciones mucho más favorables para la izquierda. Esta noción no era tan revolucionaria como reaccionaria, una vuelta a las elecciones manipuladas del siglo XIX. Al mismo tiempo, en una reunión conjunta de las comisiones ejecutivas del partido y de la UGT celebrada el 25 de noviembre, se acordó que si los «elementos reaccionarios» llegaban al poder, los socialistas «tendrían que alzarse enérgicamente» [6], aunque no estaba claro lo que esto significaba. Cuando el 8 de diciembre la FAI y la CNT emprendieron su última miniinsurrección, la comisión ejecutiva del partido emitió de manera inmediata un manifiesto en el que negaba cualquier conexión con la misma.

A pesar de que en ciertas esferas se habló mucho de insurrección y abundaron las ridículas comparaciones con las condiciones en Rusia en 1917, la única estrategia que los líderes del partido pudieron concebir fue una cierta clase de acción semidefensiva e indefinida para impedir que la derecha formara gobierno, pese a que esta última tenía todo el derecho a intentarlo en aplicación de las normales reglas parlamentarias. Mientras tanto, el Gobierno de Lerroux puso punto y final a la mal concebida Ley de Términos Municipales que restringía las oportunidades de contratar trabajadores agrícolas fuera de los distritos locales, a tiempo que el funcionamiento de los jurados mixtos se había tornado mucho menos favorable para los obreros organizados. La legislación reformista continuó en vigor, pero una parte de ella no se hacía cumplir y el desempleo mantenía su inexorable censo. La respuesta de los dirigentes socialistas fue tan provocativa como contradictoria. Dado que, por primera vez, un sector creciente del movimiento había empezado a abrazar un proceso de activismo revolucionario al que denominaban «bolchevización», Largo Caballero declaró en un bien publicitado discurso que pronunció el 31 de diciembre que, respecto a los comunistas, «la diferencia entre ellos y nosotros no es más que de términos» [7]. El 3 de febrero bramaba El Socialista: «¿Armonía? ¡No! ¡Lucha de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal!» Con todo, cinco días más tarde una delegación de la FNTT visitó al ministro de Trabajo para urgirle a continuar con la aplicación de la legislación vigente. Sin embargo, la CEDA anunció planes para alterar drásticamente la normativa laboral y agrícola y para aumentar los efectivos de la Guardia Civil con el fin de controlar la disidencia.

El propio Azaña expresó su alarma ante la «bolchevización» de los socialistas, y el 2 de enero anotó en su diario que hablar de revolución resultaba absurdo y que «una derrota electoral y sus desastrosas consecuencias deben repararse en el mismo terreno». Aunque estaba claro que el Gobierno de Lerroux había rechazado cualesquiera reformas ulteriores y ni siquiera estaba exigiendo el cumplimiento de aquellas que habían sido aprobadas, no constituía un gobierno de reacciones rígidas y no justificaba «una respuesta violenta». Como señaló Azaña, «el país no secundará una insurrección, porque en sus cuatro quintas partes no es socialista», evaluando con exactitud la cantidad de votos que los socialistas habían obtenido. Un gobierno socialista revolucionario no sería legítimo excepto por la fuerza. «Su poder alcanzaría hasta donde alcanzasen las pistolas. Tal situación, insoportable a mi pensamiento político e insostenible en la realidad, daría pretexto a una reacción espantosa», una profecía que demostraría ser por completo correcta.

Julián Besteiro y parte de los líderes veteranos de la UGT todavía se oponían a la radicalización (y el primero tenía una comprensión mucho más clara de la situación que la mayoría de sus colegas). En primer lugar, se dio cuenta de que era probable que la coalición inicial entre los liberales y la izquierda no estuviera en condiciones de mantener una permanente hegemonía sobre la política republicana, al menos de momento, y, por tanto, instaba a sus compañeros socialistas a atemperar sus iniciativas y ambiciones. En segundo lugar, entendió que la sociedad española había entrado en una especie de zona peligrosa entre el simple subdesarrollo por un lado y las condiciones ya maduras para establecer un socialismo próspero y pacífico por otro. El verano anterior había declarado en una importante alocución que los trabajadores españoles todavía mostraban una reacción destructiva contra los primeros estadios de la industrialización, rechazando la disciplina y la moderación; aunque, al mismo tiempo, la economía española había alcanzado un nivel de desarrollo lo bastante complejo como para que no pudiera ser rápidamente «conquistada» por los socialistas revolucionarios. De forma correcta, advirtió que en 1920, atravesando Italia por similares circunstancias, la ocupación de las fábricas por parte de los sindicalistas socialistas no había sido sino el preludio de una reacción triunfal del fascismo. La sociedad española todavía no se encontraba preparada para una auténtica hegemonía socialista, que, en la definición de Besteiro, debería ser democrática. Su conclusión inalterable era que una vez implantada una democracia basada en el sufragio universal para ambos sexos, como en España, la «dictadura del proletariado» quedaba reducida a un concepto anticuado y por completo destructivo.

A principios de enero, se celebraron reuniones entre el partido y los líderes de la UGT para decidir una línea de acción. Besteiro intentó aplicar tácticas dilatorias, insistiendo en que cualquier iniciativa drástica debería ser aprobada por un congreso general de la UGT y debería fijar sus objetivos con total claridad. Para satisfacer esta objeción, la comisión ejecutiva del partido aprobó, el 13 de junio, un programa de diez puntos, redactado por Prieto, que exigía:

1. La nacionalización de la tierra.

2. Mayor prioridad para los proyectos de irrigación.

3. La reforma radical de la educación.

4. La disolución de todas las órdenes religiosas, con la incautación de sus riquezas y la expulsión de aquéllas consideradas peligrosas.

5. La disolución del ejército, que sería sustituido por una milicia democrática.

6. La disolución de la Guardia Civil.

7. La reforma de la Administración Pública, separando a los funcionarios antirrepublicanos.

8. La mejora de las condiciones de los trabajadores de la industria, aunque, de momento, ésta no se nacionalizaría.

9. La reforma impositiva, introduciendo el impuesto de sucesiones.

10. Todos estos cambios, iniciados por decreto, serían ratificados por una nueva legislatura elegida democráticamente.

Largo Caballero añadió a este programa cinco puntos tácticos, con el nuevo gobierno compuesto por todas aquellas fuerzas que hubiesen colaborado para llevarlo al poder. Besteiro y la comisión ejecutiva de la UGT respondieron presentando un extenso programa propio en el que demandaban la creación de una asamblea nacional corporativa especial que diera inicio a un gran programa contra el desempleo y comenzara una bien planeada nacionalización a largo plazo de la industria [8]. Comprendieron que, con la CNT en claro declive, bien podría la UGT extender su base sindical proporcional entre los trabajadores españoles si ponía más énfasis en políticas sindicales prácticas y constructivas que en la violencia política y desarrollara una hegemonía democrática social y pacífica. Sin embargo, los activistas se resistieron furiosamente a seguir esa orientación.

La vieja cúpula oficial de la UGT estaba perdiendo contacto con los dirigentes de inferior nivel y con gran parte de sus filas cada vez más influenciadas por la nueva militancia. Cuando el 27 de enero se reunió el comité nacional del sindicato, una considerable mayoría votó a favor de aceptar la propuesta más radical del partido, incitando a Besteiro y a sus compañeros moderados a dimitir de manera inmediata. El comité nacional eligió entonces una nueva comisión ejecutiva dominada por los caballeristas [9], y Largo se sintió libre para asumir de forma activa el puesto de secretario general de la UGT, para el cual se le había elegido en 1932 y él se había negado a ocupar mientras predominaran los besteiristas. Durante más de cinco años había sido el presidente del partido y ahora también encabezaba la organización sindical. Los caballeristas ya estaban al frente de varias federaciones individuales de UGT y, al día siguiente, se hicieron con la mayor de todas, la FNTT, asumiendo que también lideraban la esencial rama madrileña del partido [10]. A comienzos de febrero y bajo la dirección personal de Largo, se organizó un comité de coordinación revolucionaria compuesto por diez miembros en representación del Partido, la UGT y las Juventudes Socialistas. Las noticias procedentes del exterior sólo aumentaron su determinación: el 6 de febrero, veinte manifestantes murieron en París, en un disturbio desencadenado por la derecha radical que terminó con las tropas senegalesas patrullando la capital gala.

El comité revolucionario era responsable de la organización técnica y la financiación de una insurrección revolucionaria, así como de entablar negociaciones con posibles colaboradores. Como mandaba la tradición española, Prieto debía emprender contactos con cualesquiera elementos simpatizantes que pudiera hallar el ejército. El comité declaró que su insurrección debería presentar «todos los caracteres de una guerra civil» [11], y su éxito dependería de «la extensión que alcance y la violencia con que se produzca» [12]. El mapa de Madrid se organizó por barrios, marcando los puntos estratégicos y estableciendo listas de personas que debían ser arrestadas. El Comité planeaba emplear a miles de milicianos en la capital, con la complicidad de varios guardias de asalto y guardias civiles. Incluso, algunos de los insurrectos vestirían el uniforme de la Guardia Civil. Se hizo uso de un manual ya existente, preparado por el mariscal Tukhachevsky y otros oficiales del ejército rojo bajo el seudónimo de A. Neuberg, titulado La insurrección armada que se había publicado en español y en otros idiomas en 1932, como parte de la política revolucionaria del «Tercer Periodo» de la Komintern. Las Juventudes Socialistas (JS), que ocupaban tres puestos en el Comité, iban a desempeñar un papel dirigente en la que fue la más elaborada, si no la más eficientemente organizada, insurrección que tuvo lugar en la Europa de entreguerras, responsabilizándose de organizar a gran pare de la milicia socialista. Sus líderes estaban influenciados de modo más directo por sus lecturas sobre la revolución bolchevique y pensaban más en términos de violencia organizada que los antiguos dirigentes. También se sentían más atraídos por los pequeños pero revolucionarios grupos comunistas españoles, que los principales jefes del partido habían evitado hasta entonces debido tanto a su extremismo como a su insignificancia [13].

En estas circunstancias, llegaron noticias de un intento de revuelta protagonizado por los socialistas austríacos, contra el nuevo régimen autoritario de Viena, que fue aplastada por completo. La prensa católica española celebró este resultado, causando en la izquierda una fuerte impresión negativa, especialmente entre los socialistas, y provocando una breve huelga solidaria en Asturias.

La decreciente afiliación a las dos principales federaciones sindicales nacionales no conllevó tanto una reducción en la actividad huelguística como una febril preocupación por contrarrestar el declive y la presión ejercida sobre los trabajadores mediante un aumento del activismo. El paro laboral más intenso fue la huelga general convocada por la CNT en Zaragoza, que duró seis semanas y supuso el envío de 18.000 hijos de trabajadores a Barcelona para que los camaradas de allí les dieran de comer. Mientras tanto, la huelga de artes gráficas en Madrid ocasionó el cierre de los más destacados periódicos derechistas. El gobierno decretó el estado de alarma y el cierre de las sedes de las Juventudes Socialistas, los comunistas y la CNT. A su vez, las Juventudes de Acción Popular (JAP) —organización juvenil de la CEDA— se preocuparon de que El Debate, periódico católico, siguiera apareciendo y después de unos diez días pudieron publicarse otros diarios conservadores. Reprimida la huelga de artes gráficas, por fin el 20 de marzo se desconvocó la larga huelga de la construcción en Madrid gracias a una concesión del Ministerio de Trabajo por la que se reducía la jornada semanal a cuarenta y cuatro horas y se pagaba el equivalente a cuarenta y ocho horas de trabajo. Hasta el 1 de junio continuó en la capital la huelga de la metalurgia, que se desconvocó aplicando medidas muy parecidas —condiciones escasamente draconianas para los trabajadores—. Con todo, éstas habían sido unas disputas amargas, que suponían algo más que un pequeño desorden; es más, en algunas zonas existió una creciente tendencia entre los ugetistas y los cenetistas a hacer causa común en algunos de estos conflictos.

Ya en Barcelona, Joaquín Maurín al frente de su independiente y marxista-leninista Bloc Obrer i Camperol (BOC) había asumido la iniciativa de intentar organizar una más amplia y unida izquierda revolucionaria centrada en Cataluña. El BOC se había desarrollado a partir de la Federación Comunista Catalano-Balear (FCCB), sección catalana del originario Partido Comunista Español (PCE), que había sido expulsada del partido en 1928, tras haber rechazado la línea impuesta por Moscú. En un momento dado, había reunido a casi la mitad de los miembros del PCE y, en marzo de 1931, en vísperas de la República, se había fusionado con el Partit Comunista Català (PCC), un diminuto grupo comunista disidente, para formar el BOC. La posición de Maurín corría paralela a la del Partido Comunista oficial en su rechazo de la República y del reformismo parlamentario. Era lo más próximo a un teórico marxista revolucionario que existía en España y había argumentado intensamente que la postura política originaria de los socialistas era errónea porque la República per se no había constituido el comienzo de una revolución democrática burguesa total. En la España decimonónica había tenido lugar una revolución capitalista y burguesa de clases en el seno de una burguesía débil e incompetente que no había traído la democracia. Hacia los años treinta, la burguesía española estaba agotada; ya no era progresista, sino activamente reaccionaria y, por sí solas, las clases medias no podían ni completar la revolución democrática ni servir como aliadas efectivas en la marcha hacia la revolución socialista. Por ello, la política socialista era descabellada en su totalidad. No obstante, en España se había desarrollado una sociedad lo bastante avanzada como para cristalizar en torno a dos fuerzas sociales: la burguesía derechista y los trabajadores de izquierdas y correspondía a estos últimos completar la revolución Socrática y progresar hacia una revolución socialista, con el propósito de llevar a cabo, según la formulación única de Maurín, una «revolución democrática y socialista» de forma simultánea. Se rechazó a los socialistas por su compromiso y su reformismo y al pequeño Partido Comunista por su estalinismo y por estar dominado por los soviéticos, pero, mientras tanto los marxistas disidentes conformaron poco menos que sectas.

A principios de 1933, tras la llegada de Hitler al poder en Alemania, se había adoptado una nueva iniciativa cuando el BOC se unió al pequeño partido socialista catalán, la Unió Socialista de Catalunya (USC) [14], para formar la Alianza Obrera Antifascista (AOA), utilizando la terminología de la Alleanza del Lavoro, una alianza antifascista que, en 1922, agrupaba a gran parte de la izquierda italiana. Los objetivos de la AOA, que posteriormente cambiaría su nombre por el de Alianza Obrera (AO) a secas, eran triples: defender las conquistas de la clase obrera, derrotar al fascismo en España y preparar la revolución que daría lugar a una república socialista federal. Más tarde, al BOC y la USC se unirían los Treintistas, escindidos de la CNT, la Unió de Rabassaires de los aparceros catalanes, la Izquierda Comunista de Andreu Nin, un pequeño partido troskista y, en diciembre de 1933, la agrupación catalana del Partido Socialista y la UGT [15].

Maurín y los dirigentes barceloneses de la AO esperaban extenderla por toda España. En enero de 1934 se reunió en Madrid con Largo Caballero y otras figuras del socialismo y, al mes siguiente, Largo le devolvió la visita en Barcelona. Con todo, subsistía una divergencia fundamental: Maurín pretendía que la Alianza Obrera se convirtiera en el vehículo de una gran fuerza revolucionaria marxista-leninista de nuevo cuño, mientras que Largo y los líderes socialistas la concebían simplemente como una organización paraguas que abrigara una insurrección en la que el Partido Socialista desempeñaría el papel dominante.

El acostumbrado dilema a la hora de proponer cualquier acción unitaria por parte de la izquierda obrera era la colaboración entre la CNT y la UGT. Como era habitual, la CNT, en un gran mitin de representantes regionales celebrado en Barcelona el 10 de febrero, decidió en sentido negativo. Rehusaron unirse a cualquier acción revolucionaria que no estuviera directamente encaminada a lograr la meta anarquista del comunismo libertario. Sólo en Asturias se impuso una situación diferente. Allí, la grave depresión que sufría la minería, así como otros problemas, había contribuido a que se produjera, en proporción, el mayor número de huelgas de toda España. Los socialistas y los anarcosindicalistas habían colaborado por vez primera en la huelga general de 1917 y, durante la República, participaron en varias acciones conjuntas. Así, el 31 de marzo, las agrupaciones asturianas de la CNT y la UGT firmaron una inusual alianza por la que nacía una «Alianza Revolucionaria» conjunta con el fin de crear «un régimen de igualdad económica, política y social fundado en principios socialistas federalistas», un intento único de sintetizar las aspiraciones revolucionarias de socialistas y anarcosindicalistas [16].

El 5 de mayo, El Socialista anunciaba la formación de la Alianza Obrera en Madrid para «la lucha contra el fascismo en todas sus formas y la preparación de los movimientos de la clase obrera para el establecimiento de una República federal socialista», repitiendo con exactitud la fórmula empleada por la AOA en Barcelona un año antes. Dentro de la AO, cada organización miembro era libre de llevar a cabo su propia actividad y propaganda de manera independiente, pero iban a existir comités regionales en cada zona, encargados de la coordinación mutua y serían éstos, en último termino, quienes elegirían un comité nacional. Sin embargo, la abstención de la CNT en todas partes excepto en Asturias, significaba que la AO estaría básicamente compuesta por socialistas y varios aliados pequeños, cuya significación quedaba, en su mayoría, limitada a ciertas partes de Cataluña. Tras un periodo de tiempo el USC catalán, cofundador originario de la alianza, la abandono en protesta por el dominio de los socialistas afincados en Madrid.

Durante la primavera de 1934, la federación de trabajadores del campo de la UGT, la FNTT, centrada en Extremadura y Andalucía, desempeñaría el papel más activo en cuestiones laborales. Mientras que las condiciones de los obreros urbanos apenas se habían deteriorado, existía un creciente sentimiento de desesperación entre los obreros del campo, cuyo desempleo había aumentado en más de un 50 por ciento en los dos años anteriores. El nuevo acuerdo ofrecido por la República parecía desvanecerse ya que los terratenientes se mostraban cada vez más obstinados y con frecuencia hallaban la forma de soslayar e incluso de ignorar la legislación reformista de 1931-1933. Sin prestaciones por desempleo ni otros fondos a los que recurrir, en ocasiones se decía a los obreros desposeídos «¡Comed República!». La sensación de que el Gobierno se había convertido en amigo del patrón y en enemigo del trabajador iba en aumento, aunque los hechos no la corroboraran al completo. Se habían revocado algunos de los reglamentos más excesivos, pero el gobierno intentaba mantener la mayoría de los mismos y administrar los «jurados» de modo equitativo. Los trabajadores todavía vencieron en algunas negociaciones y, de hecho, el gobierno radical se mostró bastante más neutral en esta materia que su predecesor. Lo que es más, en los diez meses que transcurrieron entre diciembre de 1933 y septiembre de 1934, se distribuyó tierra entre más familias campesinas que durante los diez últimos meses del Gobierno de Azaña. En la primavera de 1934 algunos de los grupos económicos organizados que habían prestado su apoyo a la campaña electoral de los radicales se consideraban traicionados. La reducción de los salarios de la que se quejaban los obreros agrícolas todavía era comparativamente limitada [17], aunque el paro aumentaba con bastante rapidez y ciertas disposiciones destinadas a restringirlo no se estaban aplicando con rigor.

El 3 de febrero, la nueva dirección «caballerista» destacó en su primera declaración a El Obrero de la Tierra: «¡Nos declaramos a favor de la Revolución!» Exigía la total socialización y encomiaba la colectivización soviética, en apariencia inconsciente de que esta última había provocado una hambruna general y millones de muertos. Sin embargo, al mismo tiempo, bombardearon al Ministerio de Trabajo con llamamientos prácticos y, con frecuencia, solicitaron al Ministerio de la Gobernación una mayor intervención policial para hacer cumplir las normativas y acuerdos laborales y anular los recientes cierres de las Casas del Pueblo en varios distritos. Estas protestas fueron particularmente frecuentes durante la tercera semana de marzo, y culminaron en una petición a Alcalá Zamora. La FNTT aducía que no se había dado contestación a cientos de demandas por impago de salarios (lo que bien pudiera haber sido cierto) y que sólo en la provincia de Badajoz habían sido encarcelados quinientos trabajadores. La prensa socialista aparecía llena de historias de terror acerca de la arbitraria reducción de los salarios (que es posible que fuera cierta en instancias individuales, pero no entre todos los patronos en general) y de la drástica intervención policial, que incluía a cuatro obreros muertos a disparos durante una huelga agraria.

Parecía que, en ciertos aspectos, el nuevo Gobierno de Samper, aunque había sido nombrado a dedo por Alcalá Zamora, se inclinaba más a la derecha que el precedente de Lerroux. Un decreto del 4 de mayo anulaba las disposiciones de la reforma agraria concernientes a la confiscación directa, garantizando una indemnización para todas las expropiaciones. El 24 de mayo, las Cortes aprobaron la abolición de la Ley de «Términos Municipales» por 254 votos a favor y 44 en contra, ley que había restringido la contratación de trabajadores foráneos, al tiempo que se estipulaba que no podría darse una reducción unilateral de salarios. El nuevo ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, pertenecía a la línea dura. Mientras que el titular de Gobernación con Azaña, Casares Quiroga, había intervenido para restablecer a un total de 270 alcaldes o corporaciones municipales en un periodo de dos años, Salazar Alonso se sirvió del sistema español altamente centralizado para separar a 193 en menos de siete meses, en especial, declaraba, para eliminar el atrincherado favoritismo socialista, sobre todo en las provincias de Badajoz, Cáceres, Alicante y Jaén [18].

Tras un llamamiento final al ministro de Trabajo el 28 de abril el comité nacional de la FNTT se reunió los días 11 y 12 de mayo para considerar la convocatoria de una huelga de trabajadores del campo a nivel nacional. No obtuvo el apoyo de la cúpula nacional de la UGT por considerar que una huelga agraria no era una buena idea, sino difícil y económicamente contraproducente debido a que la cosecha de primavera tenía lugar en diferentes momentos en varias regiones y, por ello, sería muy difícil de coordinar. Al mismo tiempo, una huelga general afectaría de modo todavía más negativo a los minifundistas y aparceros, que con frecuencia necesitaban contratar algunos trabajadores para la recolección, que a los grandes terratenientes. En esas condiciones, semejante huelga se consideraría provocadora y sería reprimida a la fuerza. El comité revolucionario de Largo Caballero quería reservar cualquier huelga general hasta el momento de máxima crisis política. Envió mensajes a sus agrupaciones provinciales subrayando que el movimiento revolucionario no prestaría su apoyo a una huelga agraria nacional mientras la UGT informó a la FNTT de que no contara con la cooperación de los obreros de las ciudades.

El comité nacional de la FNTT emitió un listado de diez exigencias de largo alcance pero no verdaderamente revolucionarias que incluían el «turno riguroso» (la contratación siguiendo el estricto orden de una lista de trabajadores proporcionada por el sindicato), la prohibición de utilizar maquinaria agrícola en muchas zonas, la creación en todos los distritos de comités de supervisión integrados por trabajadores agrícolas para garantizar el cumplimiento de los contratos así como otros cambios destinados a inclinar la balanza de las relaciones laborales a favor de los trabajores del campo. Estas exigencias pudieron haber sido prerrevolucionarias pero no fueron revolucionarias en el sentido de demandar un cambio en la propiedad de la tierra. El objetivo básico era establecer una nueva estructura de relaciones laborales más que lograr la eliminación del capitalismo agrario en sí mismo [19].

El Ministerio de Agricultura siguió siendo conciliador, mientras que el ministro radical de Trabajo, José Estadella, realizó gestos significativos. El 24 de mayo, el gobierno ordenó a los inspectores del Ministerio de Trabajo prevenir la discriminación en la contratación e instó a las juntas rurales de arbitraje a que aprobaran con rapidez contratos de recolección favorables a los trabajadores. El 2 de junio, el gobierno realizó nuevas concesiones, reforzando la legislación que obligaba a los propietarios a acudir en exclusiva a las oficinas locales de empleo para contratar trabajadores (aunque no necesariamente en el turno riguroso que requerían los socialistas) y autorizando a sus inspectores a asignar trabajadores adiciónales a cada propietario en aquellas zonas donde el desempleo era más grave. Mientras tanto, los contratos de recolección emitidos por las juntas arbitrales locales establecían salarios mínimos tan elevados como los que se habían percibido en época de Azaña [20]. Está claro que se realizaban progresos; sin embargo, en opinión de los dirigentes de la FNTT quedaban contrarrestados por la rigurosa política policial que Salazar Alonso llevaba cabo, quien consideraba cualquier mención de huelga intolerable subversión; declaró ilegales muchas reuniones encaminadas a la misma y arrestó a un número considerable de líderes locales. El gobierno no tenía ninguna intención de satisfacer las diez exigencias y, pese a las vigorosas objeciones de Largo Caballero y la UGT nacional, la FNTT convocó una huelga general agraria para el 5 de junio.

Mientras que el Boletín mensual del Ministerio de Trabajo contenía un listado de noventa y ocho huelgas agrarias durante los cinco primeros meses de 1934, la huelga general de la FNTT se declaró en un total de 1.563 municipios rurales y afectó a la mayor parte del país. Fue particularmente efectiva en las áreas latifundistas; se extendió por, más o menos, la mitad de los distritos en Córdoba, Málaga y Ciudad Real y la cuarta parte de los de Badajoz, Huelva y Jaén. También en la provincia de Sevilla la UGT apoyó la huelga con intensidad y allí duró más; se perpetraron más actos de sabotaje a la propiedad y las instalaciones que en ningún otro lugar y concluyó el 20 de junio. En general, ambas partes observaron un comportamiento relativamente moderado y el Gobierno no declaró la ley marcial. Se informó de un total de trece muertos, no tanto por participar en refriegas con la policía como en peleas entre los partidarios de la huelga y los contrarios a ella. La policía arrestó a unos siete mil participantes en lo que se había declarado una huelga ilegal, pero en su mayoría fueron puestos en libertad en menos de un mes. A la inversa, los tribunales de emergencia juzgaron y sentenciaron a varios líderes de la FNTT a penas de prisión de cuatro o más años. La huelga constituyó un fracaso total y dejó a una gran parte de los afiliados a la UGT debilitados y abatidos. Muchas Casas del Pueblo del sur de España no volverían a abrir sus puertas hasta febrero de 1936 [21].

Mientras tanto, en Madrid y otros puntos del país se desplegaba un drama mucho menor pero, proporcionalmente, más devastador entre las Juventudes Socialistas y otros activistas de izquierdas por un lado y los militantes de Falange Española por otro. Desde luego, durante la República, la violencia política fue endémica hasta tal punto de que la revista Historia Contemporánea habla de «la militarización de la política bajo la Segunda República» [22]. La habían empezado los anarquistas y comunistas en 1931, cuando la CNT se sirvió de la instauración de la República para llevar a cabo una extensa ronda de asesinatos por venganza en Barcelona [23], y alcanzó su clímax en dos ocasiones, en 1934 y 1936.

La militancia en la vida española se vio intensificada por el influjo de la mayor generación de jóvenes en toda la historia de España hasta ese momento. Durante los cinco años que transcurrieron entre 1921 y 1926 se incorporaron al trabajo 252.000 jóvenes. Las cifras equivalentes para el periodo entre 1931 y 1936, terminada ya la emigración, eran de unos 530.000 [24], más del doble. Tanto en la República española como en la alemana de Weimar, el potencial para el conflicto violento no se vio sino estimulado por la llegada de la mayor cohorte de jóvenes en la historia de ambos países. De esta forma, 1934 se convirtió en un año clave para la expansión de las milicias políticas entre los socialistas, comunistas, carlistas, falangistas y también entre los grupos nacionalistas periféricos de la Esquerra catalana y del Partido Nacionalista Vasco.

Uno de los principales focos de violencia política fue el peligro del fascismo. En 1933 resultaba cada vez más frecuente que los diferentes grupos tildaran a sus oponentes de fascistas; los comunistas eran quienes lo hacían de la forma más indiscriminada, en ocasiones llamaban a los socialistas «socialfascistas», al tiempo que etiquetaban de «fascista» o «fascistoide» a la República democrática y definían a los demócratas liberales del Partido Radical como «fascistas integrales». A la inversa, la CNT pagaba a los comunistas con la misma moneda, llamando «fascista» al comunismo estalinista y refiriéndose, en ocasiones, al «fascismo republicano» o al «socialfascismo» de los socialistas. A su vez, algunos católicos denominaron «fascista» al gobierno de mano dura de Azaña.

Todo ello planteó la cuestión de si, en realidad, existían en España genuinos fascistas, aunque, de hecho, algunos hubo. La primera organización rotundamente fascista del país, las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), creada en 1931, no había llamado demasiado la atención debido a su insignificancia, pero la formación de Falange Española por parte de José Antonio Primo de Rivera (primogénito del ex dictador), en octubre de 1933, atrajo un interés mucho mayor. El Partido Comunista Español (PCE) había sido la primera organización izquierdista que intentó maximizar el estandarte político del antifascismo creando un Frente Único Antifascista en el que se reunieron una serie de grupos comunistas encubiertos e inició la formación de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), que se convertirían en la organización básica de las milicias comunistas. Con todo, los comunistas no se encontraban en disposición de pasar a la acción directa en la misma forma que los anarquistas y socialistas.

Durante la campaña electoral de 1933, anarquistas y socialistas llevaron a cabo varios asesinatos y pronto jonsistas y falangistas se convirtieron en sus objetivos prioritarios. Ya por junio de 1934, diez de ellos resultaron asesinados, en principio, aunque no exclusivamente, a manos de los socialistas [25], quienes no tenían la menor intención de permitir que en España se desarrollara la clase de movimiento que había aplastado a los partidos socialistas en Italia, Alemania y Austria.

Dado que, al principio, los falangistas no se defendieron con efectividad, publicistas de la derecha ridiculizaron su organización tachándola de más «franciscana» que «fascista», sugiriendo que las iniciales FE querían decir «Funeraria Española» y que a su líder deberían llamarle «Juan Simón el enterrador» en lugar de José Antonio [26]. No obstante, los falangistas pronto formaron sus propios escuadrones de la muerte. Tras el décimo asesinato de un falangista en Madrid, el 10 de jumo de 1934, los falangistas devolvieron el golpe contra un grupo de las Juventudes Socialistas. Una joven, Juanita Rico, resultó muerta y otros dos heridos de gravedad. Rico tuvo un funeral multitudinario y durante los siguientes años se la saludaría en la memoria socialista como a «la primera víctima del fascismo en España», lo que resultó ser correcto, pues la preocupación de la izquierda por la violencia fascista se había convertido en una profecía autocumplida y Rico no sería la última víctima. Durante otros dos años continuaría la lucha permanente entre los falangistas y la izquierda (sobre todo, pero no exclusivamente, los socialistas), que alcanzaría su punto álgido en la primavera y a principios del verano de 1936, cuando se produjo el chispazo final que provocó el estallido de la Guerra Civil. Los socialistas sembraron vientos y recogieron tempestades.

Diez años después, revisando los acontecimientos de 1934, Indalecio Prieto se lamentaría:

Se había dejado adrede manos libres a las Juventudes Socialistas, a fin de que, con absoluta irresponsabilidad cometieran toda clase de desmanes, que al impulso del frenético entusiasmo, resultaban dañosos para la finalidad perseguida. Nadie ponía coto a la acción desaforada de las Juventudes Socialistas, quienes, sin contar con nadie, provocaban huelgas generales en Madrid, no dándose cuenta de que frustraban la huelga general, clave del movimiento proyectado, pues no se puede someter una gran ciudad a ensayos de tal naturaleza. Además, ciertos hechos que la prudencia me obliga a silenciar cometidos por miembros de las J.S. no tuvieron reproches, ni se les puso freno, ni originaron la llamada a la responsabilidad [27].

No obstante, tras el fracaso de la huelga agraria, que sólo reforzó a la derecha y al centro-derecha, «el ardor revolucionario de Prieto e incluso de Largo comenzó a enfriarse» [28]. En Madrid y durante el verano de 1934, la Alianza Obrera bloqueó cualquier propuesta de acción revolucionaria procedente del exiguo partido trotskista Izquierda Comunista basándose en que la UGT debía evitar acciones parciales. Largo subrayó que no deseaba que se repitiera la malograda huelga general de 1917 y que no seguiría a ciegas las tácticas leninistas [29].

Los conflictos catalán y vasco

Para los catalanistas, el mayor logro de la República fue la autonomía, que les trajo mayor libertad política y administrativa, así como la oportunidad de introducir cambios adicionales. La desventaja radicaba en las relaciones sociales, para las que, según insistían al principio los dirigentes de la izquierda catalanista, la autonomía abriría un capítulo completamente nuevo. Como se ha comprobado, no ocurrió nada nuevo; la democracia y la autonomía no causaron impresión alguna en la CNT, excepto para otorgarle mucha más libertad para la acción directa. Las relaciones sociales pronto se deterioraron hasta alcanzar cotas similares a las de 1917-1923, último periodo en que Cataluña había conocido un gobierno parlamentario. En 1933 los catalanes con frecuencia culpaban del aumento de la delincuencia y el desorden a la negligencia de la policía controlada por Madrid, que, además, no estaba precisamente entusiasmada por tener que servir a las órdenes de las autoridades autonómicas. Cuando en abril de 1934 tuvo lugar el «traspaso» de las funciones de seguridad a la Generalitat, una gran parte de los agentes dimitieron o fueron destinados a otros lugares. Se creó una nueva policía catalana, los Mossos d'Esquadra, encargada de patrullar por los pueblos y de auxiliar a la Guardia Civil (que en Cataluña era conocida como la Guardia Nacional Republicana).

Al contrario de lo que ocurrió con el nacionalismo vasco, el catalanismo se encontraba políticamente dividido entre una izquierda y una derecha moderadas. En las elecciones nacionales de 1933 la conservadora Lliga Catalana se había aprovechado de la dinámica de la nueva alianza para derrotar a Esquerra, el partido gobernante, por veinticinco escaños a diecinueve. Sin embargo, en las segundas elecciones regionales catalanas, celebradas en enero de 1934, Esquerra ganó de largo. La izquierda unida obtuvo 162.216 votos, contra los 132.942 de la Lliga. Fueron éstas las únicas elecciones que ganaron los republicanos de izquierda entre 1933 y 1934 y el motivo del eslogan que reconocía a Cataluña como el «último bastión» de la originaria República izquierdista.

La disensión interna en las filas catalanistas había aumentado durante los años 1932 y 1933 conforme los extremistas se rebelaban contra el eclecticismo y la creciente moderación de la dominante Esquerra. Los separatistas extremistas del originario Estat Català de Francesc Macià se quejaban del compromiso de la Generalitat con el gobierno español y formaron varios grupos disidentes. Los separatistas más de derechas conformaron el pequeño Partit Nacionalista Català, mientras que los de izquierdas adoptaron una orientación cada vez más socialista y marxista y dieron lugar al llamado pomposamente Estat Català (Força Separatista d'Extrema Esquerra) y al posterior Partit Català Proletari, que más tarde, cuando comenzó la Guerra Civil, se fusionaría con los comunistas catalanes y otros grupos para formar el nuevo partido comunista catalán, el PSUC. Debido a la tendencia hacia la disidencia del catalanismo político, el semanario satírico Be Negre publicó esta rima sardónica: «D'Estats Catalans / N'hi ha més que dits de les mans». («Hay más estados catalanes / que dedos en las manos» [30].)

Las juventudes de Esquerra eran la nueva fuerza más importante, formada junto con el partido en el gobierno en 1932 como la «Joventut d'Esquerra Republicana-Estat Català» (JEREC). La milicia de la JEREC adoptó el nombre de «Escamots»: vestían camisas de color verde oliva y, en ocasiones, se embarcaron en tácticas de mano dura contra la CNT, lo que dio lugar a que algunos los llamaran «fascistas catalanes». Los dirigentes de los Escamots, como el policía y antiguo oficial del ejército Miquel Badia y el médico Josep Dencàs, hablaban de preparar el camino para que Esquerra llegara a ser el «partit únic» del Estado catalán, al frente de un nuevo orden social corporativo, «nacional» y «socialista», aunque algunos comentaristas pensaban que sus metas se aproximaban más a las del México posrevolucionario o a las de los regímenes de la Europa del Este que a las de la Italia fascista [31].

El día de Navidad de 1933 el viejo Macià murió por causas naturales y le sucedió el dirigente más destacado del catalanismo de izquierdas, Lluis Companys [32]. El nuevo presidente de la Generalitat no intentó renovar las buenas relaciones que Macià había establecido con Alcalá Zamora y los catalanistas esperaban de él que completase el «traspaso» de los servicios gubernamentales que se había producido lentamente durante el año anterior y que fomentase un activo programa de reformas para el desarrollo de su región.

Aunque Cataluña era el centro industrial más importante de España, también poseía una significativa economía agraria. En general, la agricultura catalana era más moderna y la propiedad de la tierra estaba mejor distribuida que en el centro y el sur del país, pero no carecía de problemas. En el campo, la presión más intensa la ejerció la Unió de Rabassaires (UR), una organización de aparceros que cultivaban la mayor parte de la tierra en las zonas vinícolas y que Companys había contribuido a crear unos quince años antes. Aunque la UR devino cada vez más radical, el propósito de la mayoría de sus miembros era transformar la tierra que trabajaban en propiedad privada [33], lo que casaba a la perfección con los dogmas del republicanismo de izquierda y con la clase de reforma que los líderes catalanistas pretendían alcanzar con la autonomía.

En abril de 1934 la Generalitat aprobó su primera reforma socioeconómica importante, la Llei de Contractes de Conreu (Ley de Contratos de Cultivo), diseñada para otorgar a los rabassaires acceso a la propiedad de la tierra. En las zonas vinícolas y en aplicación de la rabassa morta (una especie de censo enfitéutico), los aparceros normalmente mantenían la tierra mientras durase el ciclo vital de las viñas (unos cincuenta años), dividiendo los beneficios al 50 por ciento con el propietario y retenían partes de la tierra hasta que unas tres cuartas partes de las cepas hubieran muerto. Las nuevas plantas que se introdujeron tras la epidemia de filoxera de los años ochenta sólo sobrevivieron veinticinco años, lo que, en ciertos aspectos, redujo los ingresos. La nueva legislación permitiría a los arrendatarios y aparceros comprar aquella tierra que hubiesen cultivado de forma directa durante, al menos, quince años y, en este sentido, era bastante similar a la propuesta Ley de Arrendamientos que el verano anterior no había logrado prosperar en las Cortes. También estipulaba un periodo mínimo de seis años para los contratos de arrendamiento, con lo que se pretendía resolver un conflicto existente en una parte clave del campo catalán a favor de lo que podría denominarse la clase media-baja, en oposición a la más adinerada. Muchos rabassaires y otros arrendatarios y aparceros catalanes ya eran pequeños capitalistas en el sentido de que poseían pequeñas cantidades de dinero, así como su propia maquinaria agrícola, y formaban una parte significativa del voto de Esquerra. Su militancia había aumentado y habían incumplido más y más los contratos vigentes de forma que, en 1934, se había acumulado mucha confusión legal.

El Estatuto catalán otorgaba a la Generalitat ciertos poderes para legislar en cuestiones civiles, pero la Constitución reservaba la legislación en materia social al gobierno central, mientras que la Ley de Bases de la Reforma Agraria reservaba al Parlamento nacional la jurisdicción sobre todos los contratos de cultivo. Tanto la Lliga como otras fuerzas conservadoras catalanas protestaron porque la nueva legislación era radical, injusta para los propietarios e inconstitucional y apelaron ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual declaró el 10 de junio la inconstitucionalidad de la Ley de Contratos de Cultivo [34].

Esto produjo grandes protestas en Barcelona y otros lugares de Cataluña. Cuando la Generalitat se reunió dos días más tarde, aprobó una legislación idéntica, desafiando al Tribunal, mientras que Esquerra y la minúscula Unió Socialista de Catalunya anunciaban su retirada de las Cortes. Ésta era una respuesta similar a la dada por la izquierda ante los resultados electorales del anterior otoño: siempre que ocurría algo de importancia que se oponía a sus intereses, su respuesta era intentar ignorar la nueva estructura legal que acababan de establecer. Asombrado, el jefe del gobierno, Samper, quiso saber por qué habían optado por una acción tan brusca sin ningún intento por discutir el asunto e indicó su predisposición para alcanzar un compromiso.

Durante el resto del verano, la disputa catalana continuó siendo el centro de atención. Toda la izquierda, así como los nacionalistas vascos, apoyaron a Esquerra. El 21 de junio, en una alocución típicamente extremista ante las Cortes, Azaña saludó a Cataluña como «el último bastión que le quedaba a la República», recalcando que «el poder autónomo de Cataluña es el último poder republicano que queda en pie en España» [35]. Ésta fue una tontería de la peor especie: se extendió el rumor de que Azaña y sus seguidores estaban hablando de retirarse a Barcelona para instalar allí un nuevo gobierno provisional ad hoc de la República. El líder de la Lliga, Cambó, apuntó que ignorar los términos del Estatuto de Autonomía y de la Constitución republicana al primer indicio de problemas era irracional por parte del gobierno catalán, sobre todo desde que los primeros responsables del contenido de la Constitución eran Azaña y la izquierda, «de manera que, si de algo ha de protestar Su Señoría es de sus propios actos» [36]. Igualmente, censuró la consideración de Cataluña como simple baluarte del izquierdismo, dado que una Cataluña democrática tendría que dar cabida y respetar a toda la ciudadanía. Mientras tanto, el doctor Josep Dencàs, el principal dirigente de la JEREC y de los Escamots, fue nombrado consejero de seguridad del Gobierno catalán y se puso a trabajar (con poca efectividad, como luego se comprobó) para desarrollar formas de resistencia armada en Barcelona [37].

En Madrid, el 26 de junio el gabinete votó la consideración de la última Ley de Cultivos catalana como nula de pleno derecho pues se limitaba a reiterar lo dispuesto en el anterior estatuto, que había sido declarado inconstitucional y a continuación anunció que planeaba obtener la autorización necesaria para gobernar por decreto a fin de solucionar las cosas directamente con la Generalitat, lo que fue objeto de denuncia tanto por parte de la derecha como de Azaña, quien lo tildó de «un verdadero golpe de Estado». Una vez que las Cortes dejaron clara su desaprobación, el Gobierno de Samper abandonó sus esfuerzos por alcanzar los plenos poderes, y el 4 de julio declaró que se limitaría a solicitar el voto de confianza para resolver el asunto por la vía legal y obtener después la autorización presidencial para suspender la sesión parlamentaria en curso, basándose en que los diputados estaban al borde del agotamiento y que el Gobierno necesitaba concentrarse en complicados asuntos económicos. Aquel día, en las Cortes, se produjo un estridente debate, cuando Gil Robles presentó la acusación de que la rebelión de la Generalitat tenía cómplices en el seno del propio Parlamento. Un diputado socialista que intentó acallarlo a gritos resultó agredido al tiempo que, según los informes, Prieto y otros empuñaban pistolas. En protesta, el presidente de las Cortes, Santiago Alba, abandonó la cámara durante diez minutos. El gobierno obtuvo el voto de confianza por 192 votos contra 62, aunque, de hecho, votaron a favor menos de la mitad de los diputados.

El 10 de julio la Generalitat aprobó treinta reglamentos que le permitirían hacer efectivos los términos de la controvertida legislación mientras se hacían diversos esfuerzos por encontrar una solución. Companys se veía lastrado por su fracaso a la hora de establecer aquellas buenas relaciones personales de que Macià había disfrutado con Alcalá Zamora, pero normalmente no era un extremista. La víspera de la aprobación de los nuevos reglamentos, La Publicitat, uno de los principales periódicos de Esquerra, declaraba que si en la disputa había implicado «algún error susceptible de ser corregido con dignidad», el asunto debería resolverse mediante la negociación. Poco después, el consejero de Justicia de la Generalitat se reunió con Samper mientras el gobierno catalán hacía saber de manera oficial su pretensión de adaptar la legislación a las «leyes básicas» de la República. Pese a que en los dos meses anteriores los tribunales republicanos habían sentenciado a prisión a los directores de dos periódicos catalanes por calumniar a la República y su sistema judicial, el gobierno central continuó cooperando en la transferencia de los poderes administrativos y fiscales a Barcelona, haciéndoles entrega de más competencias tributarias el 12 de julio.

Cuando parecía posible hallar una solución al conflicto catalán, se abrió una nueva controversia en las provincias vascas. Allí, a finales de 1933, había fracasado la tercera propuesta para obtener de la República un estatuto de autonomía debido a la oposición de Álava. Los tributos sobre el vino impuestos por el gobierno nacional hicieron estallar un nuevo conflicto. Los ayuntamientos vascos los impugnaron porque suponían una violación del «concierto económico» especial del que, durante largo tiempo, habían disfrutado esas provincias y representaban un duro golpe para las finanzas del gobierno local. Pese a las numerosas visitas a Madrid, no se logró ningún acuerdo; los representantes vascos comenzaron a exigir la celebración de elecciones provinciales lo más pronto posible, ya que durante la República no se había producido ninguna, y a planificar sus propias elecciones especiales para mediados de agosto, en las que se elegiría una comisión totalmente vasca que defendiera sus intereses.

El 10 de agosto, la víspera de la nueva iniciativa vasca, el Gobierno de Samper se comprometió a celebrar nuevas elecciones a las cámaras provinciales en todo el país en el plazo de tres meses, prometiendo también que se respetarían los términos del vigente «concierto económico». Mantuvo asimismo que la elección especial de una comisión ejecutiva vasca por parte de los ayuntamientos sería ilegal y, en el transcurso de una semana, procedió a arrestar a veinticinco alcaldes y treinta concejales en Vizcaya, y a quince alcaldes y veinticinco concejales en Guipúzcoa. No obstante, el 21 de agosto la comisión interina vasca, creada por los nacionalistas para supervisar las elecciones especiales, anunció que dichas elecciones ya se habían verificado. Ese mismo día, un importante incidente acaecido en San Sebastián condujo al arresto de ochenta y siete nacionalistas, incluyendo otros diez alcaldes. El 26 de agosto José Antonio de Aguirre, el dirigente nacionalista, se reunió con Samper, quien reiteró la promesa del gobierno de hallar una solución factible, promesa que se repitió en una nota oficial varios días más tarde y que incluía el compromiso de respetar los privilegios fiscales vascos, suspender cualquier exacción del impuesto sobre la renta en esas provincias y hacer cuanto estuviera en su mano para que la representación vasca en Madrid pudiera negociar estos asuntos de forma directa tan pronto como las Cortes reanudaran sus sesiones. Se preguntaba lastimeramente: «¿Qué más puede hacer el gobierno?» [38].

Mientras tanto, los nacionalistas vascos, a propuesta del socialista bilbaíno Prieto, continuaron con sus planes para celebrar en Zumárraga, el 2 de septiembre, una asamblea especial de sus recién elegidos representantes junto con los diputados en Cortes simpatizantes procedentes de las tres provincias. La policía acordonó la ciudad y sólo permitió la entrada a los parlamentarios. Unos quince diputados de Esquerra Catalana (llegados para manifestar su solidaridad), cinco diputados por Vizcaya, otros cinco por Guipúzcoa y uno por Álava se reunieron brevemente y, poco después, se decidió que los restantes miembros de los ayuntamientos vascos presentarían su dimisión el día 7. Esto supuso una ola de renuncias en las dos provincias vascas del norte, aunque en Álava sólo se produjeron en cinco de sus setenta y siete municipios. A continuación, los representantes de los nacionalistas vascos, los socialistas, la UGT, los comunistas y los republicanos de izquierdas se reunieron en San Sebastián. Por vez primera, los partidos izquierdistas pretendían formar un frente común con los nacionalistas vascos a fin de subvertir la estructura política y constitucional existente, pero el Partido Nacionalista Vasco no prometió más que oponerse «con todas sus fuerzas» a una restauración monárquica o a una dictadura de derechas, rehusando unirse a la izquierda en una gran conspiración subversiva.

Hacia el octubre rojo

La crisis política que tuvo lugar durante el verano y principios de otoño de 1934 se desenvolvió en un entorno de incipiente recuperación económica. La cosecha de aquel año fue una de las dos mejores de la historia española hasta ese momento y la producción industrial se estaba recuperando de la caída de 1932-1933 aunque el paro, como era habitual al comienzo de las recuperaciones, continuaba aumentando. Esta bonanza general no se tradujo en ninguna mejora significativa y específica en las condiciones económicas inmediatas de los trabajadores, pero sí subraya hasta qué punto los acontecimientos de septiembre y octubre de 1934 fueron ante todo políticos, a pesar de que estuvieran condicionados por un contexto general de depresión. Esta conclusión, ya expresada por Vicens Vives y otros historiadores, podría hacerse extensiva a la mayoría, aunque no a todos, de los conflictos sociopolíticos de la República. Aunque las circunstancias económicas desempeñaron un cierto papel, la motivación dominante continuó siendo la rivalidad política.

A comienzos del otoño, Alcalá Zamora pronunció uno de sus típicos discursos floridos en una ceremonia en Valladolid, en el que declaró que la República pronto tendría «... economía sana, presupuesto nivelado, poca deuda exterior, con una transformación política en paz y orden, compensado el antiguo desgaste de las guerras civiles. Por todo eso, al alcance de la España de nuestro tiempo se muestra un porvenir de grandeza y bienestar como jamás pudo soñarse... En el año 1935 y, si me apuráis, en los meses que quedan de 1934, el horizonte de la grandeza española puede parecer diáfano y sin nubes, si los españoles queremos que España sea uno de los paraísos relativos de la Tierra. La impaciencia y la inquietud española no tienen justificación» [39].

Aunque esto era explayarse demasiado, el presidente tenía mucha razón. En los años anteriores, España lo había hecho realmente bien, progresando tanto o más que cualquier otro país del mundo. Arriesgarlo todo en una orgía de violencia política resultaba irracional hasta el extremo. La amenaza de una crisis política era mucho más una cuestión de emociones, de quejas reprimidas y de puro sectarismo que producto de un cálculo racional. Tres días más tarde, cuando estaba a punto de asistir a unas maniobras militares en León, se advirtió a Alcalá Zamora de la existencia de serios rumores de que iba a ser secuestrado de manera inminente bien por la policía o por el ejército. Tal y como el presidente anotó en su diario: «Creía estar soñando o hallarme en un manicomio» [40].

El comité socialista revolucionario continuaba con sus planes de insurrección, pero no iba a apretar el gatillo de forma inmediata. La idea predominante era que la posible entrada de la CEDA en el Gobierno provocaría el levantamiento, aunque existe una considerable evidencia de que incluso Largo Caballero estaba convencido de que Alcalá Zamora nunca permitiría que ocurriera tal cosa. Paul Preston ha escrito a este respecto que «los socialistas intentaron preservar el carácter progresista de la República mediante amenazas de revolución, que esperaban no tener que cumplir jamás» [41].

La mayor justificación socialista de la acción violenta era el supuesto riesgo de fascismo. Este discurso se tornó especialmente habitual a mediados de 1934, pero ya antes Julián Besteiro había negado —y estaba en lo cierto— que existiera algún serio peligro de fascismo en España y en junio de 1933 Largo Caballero había comunicado a la Organización Internacional del Trabajo que «en España, afortunadamente, no hay peligro de fascismo» [42], señalando, con razón, la ausencia de un ejército desmovilizado, de una gran masa de desempleados urbanos, de fuertes programas nacionalistas o militaristas o de potenciales líderes populares. De igual forma, en la edición de abril de 1934 de la revista americana Foreign Affairs, Luis Araquistain, el principal ideólogo «caballerista», escribió que el verdadero fascismo de tipo italiano o alemán resultaba imposible en España, por las mismas razones que aducía Largo: la ausencia de numerosos veteranos sin trabajo, de jóvenes universitarios sin futuro o —haciendo una comparación con Alemania— de cualquier población totalmente desempleada, así como la falta de apoyo al nacionalismo o imperialismo español y la carencia de líderes efectivos.

Con ser todo esto cierto, para la izquierda la cuestión no era el fascismo en sí mismo sino lo que interpretaban con gran exageración como su equivalente funcional: la derecha en general y, de manera especial, la CEDA. El partido católico rechazaba la mayor parte del reformismo de la República y, dado el tinte radical e izquierdista de muchos republicanos, se negaba a adoptar la denominación oficial de «republicano», lo que difícilmente puede sorprender. Comparada con la retórica de algunos socialistas y líderes revolucionarios, la de la CEDA no era en especial extremada aunque, su agrupación juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP), empleaba un lenguaje propio del corporativismo autoritario y el propio Gil Robles pronunciaba discursos en los que señalaba el objetivo de «conquistar» y «someter» al Parlamento. Pese a que durante la República la CEDA no introdujo políticas de masas, sus grandes movilizaciones tendieron a intensificar este fenómeno. Así, la concentración de cincuenta mil jóvenes japistas en El Escorial el 22 de abril tenía toda la apariencia de un mitin fascista, llena de eslóganes de «antiparlamentarismo» y «el jefe (Gil Robles) no se equivoca nunca», y lo mismo se repitió en otra menor celebrada el 6 de septiembre en Covadonga, lugar de nacimiento nominal de la nación española. No obstante, tanto o más importante era el hecho de que la CEDA había cumplido escrupulosamente con su compromiso de obedecer la ley, la vigente Constitución republicana y los procesos políticos democráticos, repudiando por completo la violencia aun cuando la izquierda empleara con frecuencia esa violencia contra ellos. Para la izquierda en su conjunto, el pacifismo de la CEDA era una mera pantalla de humo porque su creciente fortaleza representaba la posibilidad de una toma del poder por parte de la derecha. La izquierda rechazaba lo que, décadas más tarde, la politóloga rusa Lilia Shevtsova definiría como «lo que realmente importa» en una democracia que en verdad funciona: «Reglas de juego definidas y resultados inciertos» [43]. La izquierda española insistía en un régimen permanente de izquierdas que pudiera ignorar las reglas del juego pero que garantizase resultados predecibles, no en una democracia que funcionase.

Aunque se invocaba con frecuencia la «amenaza fascista», los dirigentes de la Alianza Obrera dejaron claro que su meta era la revolución y la retórica de las Juventudes Socialistas excedió la de las JAP. El 29 de junio, Segundo Serrano Poncela, del FJA, escribió en El Socialista que el movimiento de la Alianza Obrera:

No tiene objetivos abstractos ni parciales. No se emplea en conseguir conquistas políticas obreras dentro de la democracia burguesa. En fin, es la preparación insurreccional para la conquista del poder... Las Alianzas Obreras son instrumento de insurrección y organismo de poder. Dentro de las diferencias radicales que tienen con los soviets rusos, se puede encontrar, sin embargo, una columna vertebral semejante. Los comunistas hacen hincapié en la organización de soviets que preparen la conquista insurreccional y sostengan después el Poder obrero. En definitiva, esto persiguen las Alianzas.

Y continuó diciendo que la diferencia entre la Rusia de 1917 y la España de 1934 radicaba en la ausencia en aquélla de grandes partidos proletarios bien organizados, lo cual había exigido la creación de los soviets. En España, los bien organizados socialistas y sus aliados de la Alianza Obrera ya estaban preparados para desempeñar ese papel.

En el primer número de su revista revolucionaria mensual, Leviatán (mayo de 1934), Araquistáin declaraba: «La República es un accidente», añadía que «el socialismo reformista está fracasado» y exhortaba: «No fiemos únicamente en la democracia parlamentaria, incluso si una vez el socialismo logra una mayoría: si no emplea la violencia, el capitalismo le derrotará en otros frentes con sus formidables armas económicas».

Voces como la de G. Munis (seudónimo de Manuel Fernández Grandizo) resultaban menos frecuentes. Era posible que éste fuera el segundo teórico, después de Andreu Nin, del exiguo partido trotskista Izquierda Comunista y pronto publicó un panfleto, titulado ¿Qué son las Alianzas Obreras?, en el que criticaba las tesis socialistas por «demasiado optimistas» al mantener que «el proceso ascendente de la revolución está siguiendo su curso». Munis recalcaba, con argumentos más sólidos, que la España actual difería de la Rusia de 1917 sobre todo en que la derecha española era mucho más fuerte, e instaba a las Alianzas Obreras a crear la unidad total entre todos los grupos de trabajadores y a construir una fuerza paramilitar unificada, pero no a lanzarse a la insurrección general. Según Munis, una opción más juiciosa sería trabajar a favor de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de nuevas elecciones generales para debilitar a la derecha y extender el poder de la izquierda por medios más políticos que violentos.

A pesar de que la izquierda republicana no aprobaba los planes de insurrección violenta de sus antiguos aliados socialistas, se reorganizaron y se inclinaron más hacia la izquierda con el fin de que les resultara más fácil mantener el contacto con los grupos obreros a los que Azaña, correctamente, consideraba indispensables a la hora de restaurar una República izquierdista plena. En un mitin celebrado entre el 1 y el 2 de abril, el Partido Acción Republicana de Azaña, el disidente Partido Radical Socialista Independiente y la mayor parte de la izquierdista Organización Regional Gallega Autónoma (ORGA) se unieron para dar lugar al nuevo y unificado Partido de Izquierda Republicana cuyo programa económico abogaba por una mayor regulación estatal del crédito y las finanzas, el control de ciertas industrias por parte de agencias estatales e incluso su posible nacionalización, la ampliación de las obras públicas, la continuación de la reforma agraria —aunque con una mayor exención de los pequeños y medianos propietarios—, la creación de un Banco Nacional de Crédito Agrícola, la revisión de los aranceles, la reforma progresiva del impuesto sobre la renta, la ampliación de la seguridad social y la creación de un Consejo Económico dependiente del gobierno central [44]. El programa reconocía la necesidad de modernizar y mecanizar la agricultura, y ampliar la industria moderna. Ponía énfasis en el fortalecimiento del Estado republicano, reformando y modernizando su burocracia e incluso sugería la creación de una cámara nacional corporativa que representase los intereses productivos. Más tarde, a finales de junio, las recién constituidas Juventudes de Izquierda Republicana celebraron su primer congreso, en el que proclamaron a sus miembros «izquierdistas, demócratas y parlamentaristas, por este orden». Con más estridencia que su partido matriz, los jóvenes dejaron claro que, si era necesario, los objetivos izquierdistas predominarían sobre la democracia legalitaria, en función de las circunstancias [45].

En mayo, el número dos del Partido Radical, Diego Martínez Barrio, que anteriormente había dimitido del Gobierno de Lerroux, abandonó también el partido formando un disidente Partido Radical Demócrata, más a la izquierda del antiguo. Como Gran Maestre del Gran Oriente Español, se llevó consigo a casi un tercio del considerable número de masones que militaban en el Partido Radical [46]. En apariencia, Alcalá Zamora le instó a no abandonar el partido, sugiriéndole que podría ser ese líder más liberal que en su día pudiera necesitarse para sustituir a Lerroux y hacer de un Partido Radical más liberal «la base de la República» [47]. Durante el verano, los radicales sufrieron otras pérdidas: un grupo de radicales valencianos se pasaron a Azaña y otros en Alicante siguieron a Joaquín Chapaprieta a una nueva formación independiente. Las pérdidas del ala izquierda del partido debilitaron el Gobierno de Lerroux de manera específica y al centro democrático más en general, reduciendo el grupo parlamentario radical a 85 diputados, menos de los que había tenido en el primer Parlamento republicano. Todavía más, la fragmentación de los sectores más moderados del republicanismo de izquierda continuó; aunque el nuevo grupo de Martínez Barrio pronto se fusionó con lo que quedaba del Partido Radical Socialista para conformar una nueva Unión Republicana, la otra figura destacada del centro-izquierda, Felipe Sánchez Román, se negó a unirse a ellos. En lugar de eso, en julio, organizó su propio y pequeño Partido Nacional Republicano, situado ligeramente a la derecha de Unión Republicana.

Ahora Azaña se aferraba más claramente que nunca a la doctrina del «republicanismo» antes que a la práctica democrática o a una estricta adherencia a la Constitución que había contribuido a redactar. En un discurso de febrero avanzó la idea de que la República y su Constitución habían sido legitimadas por un «impulso popular», que constituía la verdadera base del régimen y que no debía verse estorbado por tecnicismos legales. Esto constituía una vuelta al discurso radical democrático decimonónico, todavía popular en España, un residuo de la época de los pronunciamientos que reclamaba una especial «hiperlegitimidad» para la izquierda, separada, si fuera preciso, de la constitucionalidad o del respaldo electoral. De abril a julio, los líderes de la izquierda republicana mantuvieron una serie de conversaciones entre sí y con elementos de centro. Azaña esperaba presionar a Alcalá Zamora para manipular la formación de una nueva coalición de centro-izquierda que desbaratase tanto a Lerroux como a la CEDA, empleando una versión diferente de la estrategia que el presidente había utilizado durante el verano anterior, cuando había procurado superar a Azaña con una nueva coalición de centro. Lo que los republicanos de izquierdas tenían en mente era un gobierno minoritario de centro-izquierda que Alcalá Zamora no pudiera tolerar, porque carecería de respaldo parlamentario [48].

La alternativa era forzar la mano del presidente con un «pronunciamiento civil». Parecía que lo que Azaña tenía en mente a finales de junio era una entente entre los republicanos de izquierda, Esquerra y los socialistas. Con ellos podría formarse un gobierno alternativo de centro-izquierda en Barcelona que, apoyado por una huelga general socialista y pacífica, pudiera convencer al presidente de que se les debía permitir tomar el poder. El 1 de julio Azaña declaraba que «Cataluña es el único poder republicano que hay en pie en la península... Vamos a colocarnos en la misma situación de ánimo en que estábamos frente al régimen español en el año 1931... Unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República y la República fructificó. Antes que la República convertida en sayones del fascismo o del monarquismo... preferimos cualquier catástrofe, aunque ríos toque perder» [49]. Según el asociado militar de Azaña, el comandante Jesús Pérez Salas: «Se daría a conocer al pueblo el nuevo Gobierno formado. Simultáneamente, en Madrid y en el resto de España habría de estallar una huelga general, como adhesión al nuevo Gobierno». Con todo, «no existió completo acuerdo entre los partidarios ni entre las personas que habían de formar ese Gobierno» [50].

El principal problema era la reserva de los socialistas a participar en un proyecto «burgués». El 2 de julio, en una reunión de los comités ejecutivos conjuntos del PSOE y la UGT, Prieto y De los Ríos recomendaron encarecidamente apoyar el esquema de la izquierda republicana, pero la mayoría puso reparos. Se decidió enviar una comisión especial, encabezada por Largo Caballero, a reunirse con Azaña y otros líderes republicanos de izquierda para conocer qué clase de régimen tenían éstos en mente, indicando que no apoyarían otro gobierno meramente «burgués» [51].

Mientras tanto jugando en ambos campos, Azaña continuaba presionando a Alcalá Zamora. El 7 de julio se envió a Martínez Barrio ante el presidente para instar el nombramiento de un gobierno de centro-izquierda que preparase nuevas elecciones con el fin de revertir los resultados del año anterior. En otro caso, los republicanos de izquierda se considerarían, en palabras de Martínez Barrio, «fuera de toda solidaridad» con la forma en que Alcalá Zamora gobernaba la República [52]. El presidente lo rechazó, observando que no había base para disolver un Parlamento que apenas si había existido seis meses y que estaba gobernando adecuadamente. Más tarde escribiría que, tras esa visita, no pudo dormir por la noche ya que entonces cayó en la cuenta de que la izquierda republicana nunca aceptaría el normal funcionamiento de su propia Constitución si eso suponía una pérdida de poder y que, a su vez, esta actitud parecía hacer casi inevitables bien una revuelta armada, bien una caída del gobierno o ambas [53].

Una semana más tarde se celebró una conferencia general de los líderes de la izquierda republicana, incluidos uno o más representantes de Esquerra y Largo Caballero en nombre de los socialistas. De nuevo, Azaña intentó promover un amplio gobierno liberal e izquierdista que pudiera restaurar la alianza de 1932-1933 en su tentativa de alcanzar el poder. Los catalanistas se mostraron entusiastas, pero los socialistas se negaron a apoyar otra coalición «burguesa» [54], rechazando el nuevo programa económico de Izquierda Republicana como simple reformismo.

Los preparativos socialistas para la acción directa apenas eran un secreto. El 6 de junio, la policía madrileña descubrió un alijo de 616 pistolas y 80.000 cartuchos cuyos custodios declararon que iban destinados a un diputado socialista, mientras que en casa de éste se encontraron otras 54 pistolas. Sin embargo, tras reprimir la huelga agraria, la única medida directa del gobierno contra los socialistas fue una censura más frecuente sobre la cada vez más incendiaria prensa socialista, tratando de mantener la imparcialidad ante la creciente violencia entre socialistas y falangistas. Ocho de éstos fueron arrestados en la sede madrileña de Falange el 11 de julio, a lo que siguió un decreto del Ministerio de Gobernación ilegalizando cualquier reunión en la que se produjeran saludos fascistas brazo en alto o revolucionarios con el puño cerrado. A mediados del verano hubo más marchas públicas protagonizadas por las Juventudes Socialistas —quienes, como era habitual, superaban el comportamiento de estilo fascista de las JAP— y, el 1 de agosto, el comité nacional de la UGT emitió una declaración en la que denunciaba al desventurado Gobierno de Samper como «un régimen del terror blanco», nada menos. Con mayor exactitud, apuntaba que de los 315 días de «Gobierno Lerrouxista», 222 habían transcurrido bajo el estado bien de prevención bien de alarma y sólo 93 fueron días de plena normalidad constitucional y derechos civiles, 60 de los cuales correspondieron al periodo electoral [55].

El principal escándalo en lo que concierne a los descubrimientos de armas antes de la insurrección tuvo lugar en la costa asturiana el 10 de septiembre, referente a un cargamento de armas que el Gobierno de Azaña se había procurado dos años antes como parte de su política intervencionista a favor de los rebeldes izquierdistas contrarios al régimen en el vecino Portugal. Las armas nunca se entregaron y, finalmente, el comité revolucionario socialista consiguió comprarlas al Consorcio de Industrias Militares a través de intermediarios y fueron transportadas desde un almacén en el sur a un barco llamado La Turquesa, que comenzó a descargarlas por la noche en la costa asturiana, hasta que fueron descubiertos por los «carabineros» (guardia aduanera). De forma inmediata, La Turquesa volvió a hacerse a la mar con la mayor parte de las armas todavía a bordo y continuó hasta Burdeos, donde el barco y su cargamento fueron confiscados por el cónsul español. Indalecio Prieto, que se ocupaba de la dirección general de la operación, se encontraba cerca del lugar pero logró abrirse paso entre la policía y pronto huyó a Francia, donde permanecería los siguientes diecisiete meses [56]. El día 11 la policía registró la Casa del Pueblo de Madrid, alzándose con un considerable número de armas, 107 cajas de munición y 37 paquetes de granadas de mano. En la capital y en otros lugares se descubrieron varios pequeños alijos de armas en posesión de los socialistas, mientras que, unos días más tarde y en su búsqueda de armas en la autovía Madrid-León, la Guardia Civil mató por error a un conductor inocente [57].

Durante todo el verano hubo una creciente actividad huelguística. Se produjeron numerosos enfrentamientos con disparos así como frecuentes incendios provocados en diversos lugares de España. Cuatro moderados y conservadores fueron asesinados, como lo fueron algunos obreros. Las muertes más publicitadas fueron el asesinato del jefe provincial falangista de Guipúzcoa en San Sebastián, seguido ese mismo día del asesinato en represalia de Manuel Andrés Casasús, ministro de Gobernación en el último gobierno izquierdista.

El mayor de los paros laborales del verano fue una huelga general convocada por la UGT en Madrid respondiendo a una gran reunión de protesta de las asociaciones de terratenientes de provincias celebrada en la capital. En esta ocasión seis personas encontraron la muerte. Al día siguiente aparecía en el editorial de El Sol:

Arma que se emplea demasiado en menesteres impropios termina por mellarse hasta no poder ser usada cuando llega el momento propicio, porque no solamente se embota ella y cansa su filo, sino que además aquellos menesteres van produciendo la reacción adecuada para contrarrestarla y perfeccionar el arma contraria...

Empleándose todos los resortes revolucionarios con desmedida frecuencia para combatir un fascismo que no existe, sino como pálido remedo, lo que en definitiva puede ocurrir es que produzca todas las condiciones necesarias, el suelo, el clima, para que surja el fascismo. No ese fascismo enclenque, señoritil, que tenemos por razón de moda sino el verdadero, el temible, contra el cual no valen las armas que se arrojan contra el Estado liberal. No de distinta manera se ha engendrado en otros países.

Pensando que seguían las enseñanzas de la Historia, los socialistas, de hecho, estaban cada vez más confusos conforme avanzaba el mes y terminaron ignorando por completo la auténtica lección histórica.

Mientras tanto, septiembre trajo nuevas series de crisis legales menores entre Madrid y Barcelona, que alcanzaran su clímax con la resolución fundamental de la disputa agraria catalana. El 9 de septiembre, un abogado catalán que estaba siendo juzgado por desobediencia grave al presidente del tribunal fue «rescatado» a la fuerza por una multitud y, cuando el fiscal trató de poner fin a esta interferencia el jefe de la policía catalana, Miquel Badía, simplemente lo hizo arrestar. Escandalizado, el gobierno de Madrid inició el 10 de septiembre la aplicación de medidas constitucionales para intervenir directamente y restaurar la integridad del tribunal, dado que éste no era sino uno más en una serie de ultrajes en cárceles y tribunales. De forma apropiada, la Generalitat respondió forzando la dimisión de Badía, que se produjo el día 12. Los grupos catalanistas de izquierda celebraron una serie de mítines multitudinarios, pero cuando los carlistas catalanes recibieron permiso para reunirse en uno, noventa y nueve de sus miembros fueron arrestados por la policía. Para frenar mayores abusos al procedimiento judicial, el gobierno español emitió una nueva normativa que delimitaba los poderes de la Generalitat sobre el personal de los tribunales. La respuesta de Companys del día 25 fue tan excesiva que el gobierno presentó ante el Tribunal de Garantías Constitucionales una querella por injurias y desacato contra la Generalitat.

Con todo, esta secuencia de venganzas de opereta concluyó con un compromiso suficiente acerca del conflicto agrario. El 13 de septiembre la Generalitat había publicado una larga serie de nuevos reglamentos que modificaban ligeramente los términos originales en la línea pretendida por Madrid y cuando las Cortes dieron comienzo a las sesiones el 1 de octubre, el jefe del gobierno anunció que dicha modificación suponía una «refundición» de la Ley de Contratos de Cultivo que tenía «carácter y fuerza de ley» de manera que, ahora, la consideraba constitucional y así se resolvía la disputa.

El Partido Comunista Español sale de su aislamiento

Si el fascismo resultaba nuevo en España, el comunismo era relativamente antiguo. En 1920 la Komintern soviética había fundado el Partido Comunista Español en Madrid, provocando un cisma en el FJS. No obstante, el comunismo español no prosperó, con la posible excepción de un pequeño núcleo en Bilbao, y continuó siendo una diminuta secta aislada. El grupo más activo y militante, el sector barcelonés liderado por Joaquín Maurín, fue condenado al ostracismo en 1930-1931 y, a renglón seguido, éste fundó el pequeño Bloque Obrero y Campesino (BOC), todavía más riguroso que el PCE. El BOC reivindicaba ser el auténtico partido comunista español dado que era independiente, exclusivamente español y no estaba bajo las órdenes de Moscú.

De repente, el interés de la Komintern por España revivió durante los últimos meses de la monarquía. Celebró la instauración de la República como la apertura de un nuevo mapa hacia la revolución al tiempo que denunciaba que la democracia republicana era un fraude capitalista manipulado por monárquicos encubiertos que pronto acabaría en un fascismo total salvo que fuera derrocada por la revolución obrera. Desde 1928 la Komintern venía declarando que la situación mundial había entrado en su Tercer Periodo desde la revolución rusa y que, en breve, el sistema capitalista se enfrentaría a una crisis fatal. Las condiciones eran propicias para el rápido avance de la revolución mundial, cuyo enemigo más extremo era el fascismo, sobre todo en la atrasada Europa meridional y del Este. A pesar de que en 1928 España, junto a Japón y otros países menos modernizados, había sido incluida en la categoría de países de segunda fila en los que todavía no se habían desarrollado las condiciones previas para la revolución, este análisis se modificó tras la instauración de la República. Ahora se declaraba a la nación lista para la revolución y los dirigentes del PCE recibieron instrucciones para «formar soviets» como en Rusia, que liderasen la inminente revolución. No se clarificó en qué forma podría alcanzarse esta meta, dado que la organización obrera estaba dominada por la UGT y la CNT. Los líderes de la Komintern en Moscú y Berlín fueron testigos del rápido crecimiento del poder de la izquierda española en general y de las violentas oleadas de huelgas e insurrecciones armadas emprendidas por la CNT en 1932 y 1933 y quedaron insatisfechos por completo con el fracaso de los dirigentes del PCE a la hora de hacer uso de su potencial revolucionario. Estimaban que la calidad revolucionaria de los obreros españoles era igual o superior a la de los rusos en 1917 y, finalmente, purgaron a la cúpula del PCE en octubre de 1932. Los nuevos jefes nombrados por Moscú —José Díaz, Jesús Hernández, Vicente Uribe, Dolores Ibárruri Pasionaria y otros— estaban subordinados por completo a la Komintern y dirigirían el partido a través de los dramáticos años por venir [58].

Durante toda la primera mitad de 1934 y de forma constante, la Komintern siguió de manera coherente su estrategia del Tercer Periodo, aunque en Alemania sólo había producido desastres, contribuyendo materialmente al triunfo de Hitler. En cualquier caso, en España, el PCE continuó con sus exigencias revolucionarias, su constante fomento de las huelgas y sus esfuerzos por constituir nuevos «comités de fábricas y campesinos» como antecámara de la creación de soviets. Las tácticas enfatizaban lo que se denominaba «el frente único por abajo» que rehuía cualquier alianza formal con otros partidos y, en su lugar, pretendía atraer a sus miembros a la cooperación con las organizaciones comunistas. El 16 de mayo de 1934 las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), comunistas, que habían nacido de forma muy modesta el año anterior, hicieron un llamamiento a la organización de una gran milicia antifascista obrera unificada para preparar la revolución. A pesar de todo, el aislamiento propio del Tercer Periodo revolucionario había impedido que el PCE se integrase en la Alianza Obrera, de tal manera que las Juventudes Socialistas, en general bien dispuestas hacia los comunistas, acusaron a estos últimos de mostrar interés tan sólo en «actividades parciales y no seriamente revolucionarias». De modo retórico, las tornas se habían vuelto contra los comunistas y algunos de ellos se encontraban cada vez más molestos por la situación. La cúpula del PCE siguió denunciando lo que llamaba la falsa «izquierdización» de los socialistas, quienes, ya desde 1928, habían sido tachados de manera ritual como «socialfascistas» [59].

La línea de la Komintern se alteró por primera vez en Francia, donde la creciente fortaleza de la derecha radical y los tumultos parisinos del 6 de febrero habían espoleado el interés de socialistas y comunistas por igual hacia la genuina unidad de acción contra el fascismo. Hasta ese momento, los socialistas franceses nunca se habían inclinado tanto hacia el reformismo como lo habían hecho sus homólogos españoles en 1931-1933. Ya en 1925, el dirigente francés Léon Blum había definido su teoría del «ejercicio del poder» que rechazaba la participación en un gobierno no liderado por los socialistas, pero aceptaba el liderazgo de un Gobierno de coalición que incluyera a no socialistas. La primera de esas coaliciones democráticas encabezadas por socialistas respetaría la legalidad y no trataría de acabar con el capitalismo sino que se concentraría en aquellas medidas legislativas esenciales que ayudasen a los trabajadores. El partido francés tenía fuertes tendencias pacifistas, pese a apoyar al Gobierno durante la Primera Guerra Mundial y sus dirigentes eran profundamente antisoviéticos. Tanto Blum como otros creían que el régimen soviético sería incluso capaz de provocar una gran guerra para promover sus propios intereses; no obstante, los líderes socialistas y comunistas franceses estaban cada vez más convencidos de que sus dos partidos debían trabajar juntos contra el fascismo y la derecha radical en Francia. Una vez que Hitler suprimió el sector alemán, el Partido Comunista francés era ahora el más influyente sector nacional de la Komintern, cuyos jefes comenzaban a poner de manifiesto ciertas dudas acerca de la política exclusivista del Tercer Periodo. En consecuencia, a finales de junio se permitió a los dirigentes comunistas franceses negociar su primer acuerdo con los socialistas, el cual, finalmente, condujo a la firma el 27 de julio de un pacto formal de unidad contra el fascismo. Aún así debe señalarse que algunos de los más destacados socialistas franceses siguieron mostrándose cautos respecto a sus homólogos comunistas. Paul Faure, secretario general del Partido Socialista entre 1920 y 1940, detestaba a los comunistas a quienes consideraba bárbaros, poco franceses y «agentes de Moscú», y el 13 de noviembre llegó a informar a la prensa de que «quizá el peligro fascista no sea tan real... El fascismo en Francia se encuentra en retroceso» [60], lo cual era cierto.

En el verano de 1934 la Sección Latina de la Komintern se mostraba entusiasmada con las posibilidades que se abrían en España, donde la situación se estaba inclinando más a la izquierda que en Francia. El reciente éxito a la hora de captar a la intelectualidad liberal de izquierdas, entre la que operaba una variedad de organizaciones encubiertas [61], era una fuente de estímulo. Todavía más importante, por supuesto, era la militancia de los socialistas y otras organizaciones obreras. El 2 de julio la Komintern informó a los líderes del PCE de que, en ese momento, la radicalización en los asuntos españoles les proporcionaba la oportunidad de alcanzar la hegemonía sobre la izquierda obrera. Aunque la Alianza Obrera era todavía objeto de rechazo, la meta era utilizar a los elementos pro comunistas dentro del PSOE para persuadir a éstos de que adoptaran el programa comunista y, si tal cosa ocurría, el PCE podría entonces entrar en la Alianza Obrera como parte de su propia estrategia revolucionaria [62].

El 12 de julio los dirigentes del PCE propusieron a los socialistas españoles un acuerdo similar al que habían llegado con sus homólogos franceses, aunque continuaban negándose a militar en la AO e insistían en que los socialistas se unieran en una alianza separada junto con los comunistas. Tras el rechazo de su propuesta, los comunistas la reiteraron de nuevo —su sexto llamamiento a los socialistas en lo que iba de año—. Se denunció con vigor que la AO era exactamente lo contrario a un frente único por la base, aunque en los dos llamamientos que tuvieron lugar en julio los comunistas se refirieron a los socialistas por primera vez en público como «camaradas» [63].

Los líderes del PCE se mostraban cada vez más interesados en un cambio de táctica y Díaz encabezó una delegación que llegó a Moscú el día 31 y permaneció en la capital soviética durante doce días. Los jefes soviéticos protestaron y se impacientaron, pero no aceptaron un cambio básico de táctica en España, al cual, y en apariencia, Stalin no les animaba. No obstante, en agosto el PC cesó en sus ataques directos a la AO y pocas veces se refirió públicamente al «socialfascismo». El funeral de un miembro del comité central comunista que había resultado muerto en una escaramuza con los falangistas y que tuvo lugar en Madrid el 29 de agosto se convirtió en la primera gran ocasión pública para que comunistas y socialistas confraternizaran. Unos días más tarde, los dos partidos celebraron su primer mitin conjunto en protesta por un nuevo decreto del Ministerio de Gobernación que prohibía la participación de los menores de edad en grupos políticos.

Al final, a mediados de septiembre, la Komintern decretó un cambio de táctica y el día 15 el PCE anunció en Madrid que se unía a la Alianza Obrera. El mensaje completo de la Komintern, que no llegó hasta el día siguiente, establecía ciertas condiciones. Insistía en que la AO pasara a denominarse Alianzas Obreras y Campesinas (siguiendo la terminología comunista), que adoptara todos los puntos del programa del PCE y que utilizara el eslogan «Todo el poder para la Alianza». El PCE no tenía que renunciar al objetivo de formar soviets tan pronto como fuera posible, pero debía participar en cualquier AO local o gobierno resultante de la AO que aceptase su programa. Estas directrices llegaron demasiado tarde, porque los tipógrafos de Mundo Obrero, portavoz oficial del PCE, ya tenían listo el texto completo del anuncio que se publicó el 17. Esto apresuró la formación de soviets revolucionarios, de comités de fábrica y campesinos y de un gobierno obrero-campesino. De cualquier forma, como han señalado Elorza y Bizcarrondo [64], la unión con la ya revolucionaria AO no supuso ningún cambio drástico en las tácticas comunistas; simplemente reunió un nuevo frente único por arriba, con los habituales objetivos revolucionarios. El anuncio del PCE según el cual el movimiento revolucionario de la AO conduciría de forma directa a la formación de soviets originó un debate muy similar. Todo esto se acompañó de un gran mitin conjunto de las Juventudes Socialistas y Comunistas en el Stadium de Madrid el día 16, a fin de sentar las bastes de una milicia revolucionaria unificada [65].

La insurrección

Antes de la apertura de las sesiones de las Cortes el 1 de octubre, Gil Robles anunció en nombre de la CEDA que el partido católico no continuaría respaldando a un gobierno minoritario, tal y como había hecho durante nueve meses, sino que exigiría formar parte de una nueva coalición. Los jefes de la CEDA eran plenamente conscientes de que esto podría disparar la insurrección con la que se había estado amenazando durante largo tiempo, pero calcularon que podrían combatirla con mayor efectividad formando parte de la coalición de gobierno [66]. De forma parecida, los líderes del Partido Radical se reunieron el 29 de septiembre y acordaron no ceder a más presiones de Alcalá Zamora o de la izquierda para mantener a Lerroux fuera de la Jefatura del Gobierno. Así cuando Samper procedió a la apertura de las sesiones, el único representante que contestó al discurso en que aquél anunciaba la resolución de la disputa agraria catalana fue Gil Robles, quien se limitó a decir que debía producirse un cambio en el gobierno que condujera a la inmediata dimisión del gabinete.

Al presidente no le quedaban muchas opciones, dado que una coalición «cedorradical», encabezada por Lerroux y que de hecho incluía a tres «cedistas», era la única fórmula para conseguir la mayoría parlamentaria. La alternativa era la disolución, permanentemente exigida por la izquierda, pero era comprensible que Alcalá Zamora se mostrase reacio a dar un paso tan drástico. El régimen naciente necesitaba con desesperación la estabilidad, el Parlamento tenía menos de un año de antigüedad y estaba claro que una coalición mayoritaria era viable; por tanto, aplicando las reglas normales de los regímenes parlamentarios, la disolución no se justificaba en modo alguno. Aún más, el propio presidente podría quedar sometido a la revisión parlamentaria y a una moción de censura por haber convocado dos elecciones en el mismo año, pues así lo exigía la Constitución en caso de que tuviera lugar más de una disolución durante el mismo mandato presidencial. Nunca se había planteado la cuestión de si la disolución de las Cortes Constituyentes —que podrían considerarse más como una asamblea constitucional que como unas verdaderas Cortes— debía contar como una disolución ordinaria.

Los tres ministros cedistas fueron escogidos con toda cautela de entre los sectores moderados y democratacristianos del partido y cuidadosamente excluidos de las carteras más sensibles, como las de Guerra y Gobernación. El último gran cambio surgió de la insistencia de Alcalá Zamora en sustituir a Salazar Alonso, representante de la línea dura, al frente del Ministerio de Gobernación, puesto que asumiría el más liberal Eloy Vaquero, autodidacta, maestro y abogado cordobés y compinche de Lerroux [67].

Se podía entender que la izquierda estuviera afligida por la entrada en el gobierno de un gran partido cuyo objetivo último era la transformación de la República en un régimen corporativo católico, pero los republicanos de izquierda, por ejemplo, apenas se habían disgustado por la anunciada intención de los socialistas de transformar la República en un régimen socialista revolucionario. Azaña y sus aliados pudieron haber considerado que los socialistas jamás serían lo suficientemente fuertes para conseguirlo, pero, si tal fuera el caso, la continuada participación de los republicanos de izquierda en la política democrática quizá podría garantizar que tampoco la CEDA llegara a cumplir sus metas. La verdad es que en ningún momento se reconoció ni discutió el carácter de este doble rasero.

El nuevo Gobierno constituyó la «provocación» durante tanto tiempo aguardada por el comité revolucionario socialista. El 25 de septiembre ya había declarado en El Socialista: «Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica; bendita sea la guerra», y dos días más tarde añadía:

Las nubes van cargadas camino de octubre. Repetimos lo que dijimos hace meses: ¡Atención al disco rojo! El mes próximo puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y de sus cabezas puede ser enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado. Y nuestra política internacional. Y nuestros planes de socialización.

Nada de lo anterior parecía preocupar mucho a los republicanos de izquierda, quienes sólo se sentían ultrajados por la minoritaria participación derechista en un gobierno constitucional. En un discurso pronunciado el 30 de agosto, Azaña declaró que la izquierda republicana respetaría los resultados de las nuevas elecciones, pero sólo si dichas elecciones eran dirigidas por la izquierda. En caso de que la CEDA entrase en el gobierno «habríamos de conquistar a pecho descubierto las garantías» [68], un lenguaje marcadamente belicoso para alguien como Azaña, conocido por su cobardía física. El periódico republicano de izquierdas Heraldo de Madrid concluía en la mañana del 4 de octubre: «La República del 14 de abril se ha perdido tal vez para siempre. La que hoy inicia su vida no nos interesa. A nuestra República la conceptuamos ya exánime», una conclusión pasmosa y apocalíptica sólo posible dentro de los procesos de pensamiento exaltados de la izquierda republicana.

Cuando el 4 de octubre se filtró la noticia de la nueva coalición, los dirigentes republicanos de izquierda intentaron alcanzar una fórmula común de protesta, pero fracasaron. Hasta cierto punto, estaban impedidos por el hecho de que la formación del nuevo gobierno no era consecuencia de una acción en parte extraparlamentaria, como ocurrió en Italia en 1922, ni de un acuerdo clandestino, como en Alemania en 1933, sino el resultado de los procesos parlamentarios normales, una coalición escrupulosamente constitucional de los dos partidos mayoritarios que habían sido elegidos hacía menos de un año mediante sufragio democrático en elecciones libres. La tarde del 5 de octubre, la Izquierda Republicana de Azaña emitió esta declaración: «Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es ya una traición; rompe toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios de defensa de la República». Declaraciones en cierto modo similares, que podrían interpretarse con facilidad como la alineación de los republicanos de izquierdas con la emergente insurrección revolucionaria, fueron hechas públicas por la Unión Republicana de Martínez Barrio, el Partido Nacional Republicano de Sánchez Román, el Partido Republicano Conservador de Miguel Maura (quien dijo que el nuevo gobierno amenazaba con desembocar en una «guerra civil»), la Izquierda Radical Socialista y el Partido Federal Autónomo. Desde luego, el problema surgía de la insistencia de los republicanos de izquierda en identificar a la República no con la democracia o la norma constitucional, sino con un conjunto específico de políticos y acciones políticas y considerar desleal cualquier cambio en unos u otras. La mañana del 6 de octubre Martínez Barrio envió a su secretario personal al despacho de Alcalá Zamora para insistirle en que el único modo de evitar una gran sublevación armada era formar un nuevo gobierno de izquierdas [69].

La insurrección de la Alianza Obrera comenzó la noche del 4 de octubre. Durante meses se había puesto en marcha una extensa planificación junto con un masivo almacenamiento de pistolas y fusiles, hasta el punto de que Moa la ha denominado, y es probable que esté en lo cierto, «la mejor armada» de todas las insurrecciones izquierdistas en la Europa de entreguerras [70]. Con todo y pese a que la planificación fue extensa, los preparativos no estuvieron cuidadosamente coordinados e integrados; algunas partes del plan nunca se llevaron a cabo y aquellas que sí, lo fueron en forma muy inconexa. Tampoco se anunció un programa o un conjunto de objetivos; el programa que se acordó en enero de 1934 no se publicó hasta transcurridos veinticuatro meses [71].

Se hizo un llamamiento a la huelga general a nivel nacional, que comenzó el 5 de octubre en Madrid, Barcelona y en todas aquellas zonas donde los socialistas eran fuertes. Excepto en dos provincias, los planes para tomar los centros de poder con la ayuda de milicianos armados apenas se pusieron en práctica y, cuando lo fueron, las autoridades los reprimieron con facilidad. También fracasaron por completo los proyectos para subvertir a la policía y al ejército; la gran mayoría de los simpatizantes de la izquierda presentes en estas instituciones se negaron a unirse a los rebeldes y, en su lugar, apoyaron al Gobierno de modo casi unánime. No existía ni una remota comparación entre el ejército ruso de 1917 —desmoralizado después de tres años de derrotas, mal liderado y con millones de bajas— y el modesto pero disciplinado ejército español de 1934 —descansado, relativamente unido y con la moral intacta—. Rápidamente, los planes para tomar los principales centros en Madrid se transformaron en escaramuzas débiles y sin éxito. La propia huelga fue al principio bastante efectiva, pero la mayor parte de los trabajadores y sus líderes permanecieron en sus casas en lugar de formar barricadas. Dos días de ataques callejeros por parte de las Juventudes Socialistas (iniciados con unos cuantos disparos vengativos contra la casa de Besteiro, jefe socialista enemigo de la violencia) lograron muy poco. En los distritos obreros se levantaron algunas barricadas, pero en general, no se logró que las masas trabajadoras se unieran a la sublevación.

Lerroux, nuevo jefe del Gobierno, no había creído que los socialistas fueran a cumplir sus amenazas [72], de modo que la ley marcial tardó en imponerse más de veinticuatro horas y finalmente se declaró la mañana del 6 de octubre. El radical Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, había ocupado este puesto desde diciembre de 1933. Pese a proceder de uno de los sectores más liberales del Partido Radical y, de hecho, haber sido uno de los más fervientes defensores de la reforma agraria, desconfiaba de Masquelet, el jefe del Estado Mayor Central del ejército, por ser demasiado pro izquierdista y, posiblemente, simpatizar con los rebeldes. Por ello, Hidalgo ya había seleccionado un asesor especial, el general Francisco Franco, que siete años antes se había convertido en el general más joven de cualquier ejército europeo, era un héroe de las campañas de Marruecos y una de las más prestigiosas figuras en el ejército español. Durante este periodo, casi todos los sectores hablaban bien del carácter y la capacidad de Franco —los moderados y conservadores con admiración, los izquierdistas con una mezcla de respeto y aprensión—. Hidalgo le había concedido la primera promoción a general de división que quedó disponible, invitándole a asesorar al ministro de la Guerra durante las recientes maniobras militares en León, para regresar después con él a Madrid. Poco después de que se iniciara la revuelta, Hidalgo encargó a Franco la coordinación de la represión, y éste durmió en una habitación del Ministerio de la Guerra durante las siguientes dos semanas [73].

En Barcelona, la Alianza Obrera encontró un aliado clave en el gobierno de la Generalitat, el cual había trazado planes de resistencia armada contra Madrid que dependerían del resultado de la crisis autonómica del verano y de la lucha por el poder en la capital. Había sido una de las principales piezas del pronunciamiento izquierdista que el propio Azaña había considerado en junio y julio. El anterior proyecto había incluido la potencial formación de un gobierno alternativo de los republicanos de izquierda en Barcelona, respaldado por una huelga general convocada por la UGT, como alternativa más blanda a una insurrección izquierdista. Tras celebrar negociaciones en Madrid y Barcelona, el plan se había abandonado debido a la negativa de los líderes socialistas clave, inclinados a tomar el poder por sí mismos, a apoyar a otro gobierno dirigido por los republicanos de izquierda [74]. Parece que en aquel momento Azaña se retiró de tales proyectos, aunque se trasladó a Barcelona la víspera de la sublevación a esperar allí los acontecimientos, al tiempo que la Generalitat se comprometía a cooperar plenamente con los revolucionarios.

El 5 de octubre la Alianza Obrera dio comienzo a su huelga general en la capital catalana con cierto éxito, considerando que la mayor parte de los trabajadores organizados estaba dominada por la CNT. Al día siguiente, se hizo un esfuerzo por extender la huelga por toda Cataluña, con la asistencia de los Escamots de Esquerra. La policía catalana arrestó a los principales líderes anarquistas, por temor a que pudieran sabotear la operación y, a las ocho de la tarde del día 6, desde el balcón del Palacio de la Generalitat, Companys anunció: «Catalanes: los monárquicos y los fascistas han asaltado el poder... La república democrática se halla en gravísimo peligro» [75]. Afirmó que todos los auténticos republicanos se habían sublevado y que la Generalitat asumía plenos poderes en Cataluña. Proclamó la formación del «Estado catalán dentro de la República Federal española» e invitó a otros republicanos de izquierda (tal y como había planeado Azaña) a establecer un nuevo gobierno provisional de la República en Barcelona. La Generalitat contaba con el respaldo de los grupos republicanos de izquierda «catalanistas» y de los pequeños partidos de trabajadores de la Alianza Obrera.

Durante meses, Companys se había visto presionado por los radicales catalanistas. Los preparativos para la sublevación se habían dejado en manos del consejero de Seguridad, el extremista Dencàs quien, sobre el papel, había organizado a unos siete mil Escamots y podía distribuir armas a algunos de ellos, pero, como ocurrió con los socialistas en Madrid, no estaban preparados para la lucha seria. La respuesta popular en la capital catalana no fue tanto similar al activo entusiasmo de 1931 como a la pasiva ansiedad por la amenaza de guerra que se respiraba entre las gentes de Berlín en septiembre de 1938: relativo silencio, sin multitudes llenando las calles, gente apresurándose para volver a casa.

El capitán general de Cataluña era el general Domingo Batet, cuya ascendencia catalana había impulsado a ciertos rebeldes a asumir o esperar que permanecería como un espectador pasivo. De hecho, Batet era un oficial leal y disciplinado que demostró ser enérgico y absolutamente decisivo. A las nueve de la noche, sólo una hora después del anuncio de Companys, declaró la ley marcial en toda Cataluña y hacia las once y media un pequeño destacamento armado había desplazado la artillería ligera para bombardear la Generalitat. Incluso antes, dos asaltos a la sede del CADCI, el sindicato ultracatalanista de dependientes de comercio y de industria, habían concluido con la muerte de su dirigente, Jaume Compte, y la posterior rendición, al tiempo que la Comandancia General de Somatenes (sede de la milicia catalanista) se rendía con igual rapidez. Justo antes del anochecer comenzó el bombardeo del Ayuntamiento de Barcelona, el otro centro rebelde, izándose una nueva bandera blanca. Companys entregó la Generalitat a las seis de la mañana y Batet le sermoneó acerca de los peligros de recurrir a la violencia, instándole a anunciar la rendición por la radio. Dencàs esperaba el apoyo de la milicia catalanista de fuera de Barcelona, pero, por el contrario, muchos de sus propios policías desertaron. Huyó por el sistema de alcantarillado, una vía de escape obviamente preparada con antelación y que dio lugar a mucho regocijo. En total, en la malograda sublevación de Barcelona, murieron cuarenta y seis personas: ocho soldados y treinta y ocho civiles [76].

Los días 6 y 7 de octubre se produjeron escaramuzas menores en diferentes zonas de Cataluña cuando los grupos locales de la Alianza Obrera tomaron varias ciudades, incluidas, por breve tiempo, parte de Gerona y Lérida. El ejército y la policía los redujeron con rapidez [77], aunque no antes de que hubieran cometido varios asesinatos que incluían el de, al menos, un sacerdote.

Como se ha indicado, Azaña había viajado a Barcelona con ambiguas intenciones. Era obvio que no intentaba desempeñar el papel de leal oposición al gobierno constitucional, al cual no hizo intento alguno de advertir. En efecto, el anuncio de su partido podría interpretarse con facilidad como apoyo a la rebelión. Azaña había salido de Madrid el 27 de septiembre, llevándose una sola maleta, para asistir al funeral de su antiguo ministro Jaume Carner y pasó los días 3 y 4 de octubre asistiendo a una serie de entrevistas con los dirigentes del catalanismo izquierdista. Se ha conjeturado que una de sus metas era disuadir a Companys de declarar el separatismo cuando se rebelase. Más tarde, Azaña escribiría que el día 4 los catalanistas le ofrecieron un lugar en el nuevo gobierno provisional que estaban planeando, puesto que rechazó. A última hora del día 6, abandonó su habitación en el Hotel Colón y se trasladó a casa de un amigo catalán, donde fue arrestado tres días más tarde y, posteriormente, enviado a un barco prisión [78].

En conjunto, la insurrección afectó a más de veinte provincias. En teoría, el Comité Revolucionario de Largo Caballero había nombrado comisiones rebeldes para cada capital de provincia, pero los socialistas del sur todavía se encontraban agotados tras el fracaso de la huelga agraria. En puntos aislados del sur se produjeron huelgas y desórdenes, con varios muertos, pero sin que llegara a arraigar la insurrección general [79]. En Aragón, algunos grupos anarquistas, por su cuenta, tomaron parte en estallidos y en Zaragoza se convocó una huelga general que perduró del 6 al 9 de octubre, mientras que, por un breve lapso de tiempo, se proclamaba el comunismo libertario en varias pequeñas ciudades.

Aparte del caso asturiano, las únicas revueltas socialistas serias tuvieron lugar en las dos provincias vascas industrializadas de Vizcaya y Guipúzcoa, así como en Palencia y León. En la zona industrial de Vizcaya la huelga general fue efectiva durante varios días, mientras que en Guipúzcoa los socialistas tomaron durante un tiempo el control de Mondragón y Éibar, proclamando la revolución social de manera oficial y asesinando a dos rehenes en la primera ciudad. Se desplazaron tropas desde otras regiones y hubo una cierta lucha antes de que la zona pudiera ser pacificada [80]. En Palencia, la insurrección de los mineros socialistas comenzó el día 5 y supuso el control de parte de la provincia durante varios días. Al día siguiente estalló la sublevación en León (parte de cuya guarnición había sido enviada a otros lugares) y, por varios días, tres cuartas partes de la provincia estuvieron en poder de los insurrectos, hasta que los destacamentos militares recuperaron el control.

El gran drama de la insurrección de 1934 tuvo lugar en Asturias, donde una Alianza Obrera revolucionaria unida, con base sobre todo en las zonas mineras y fuertemente apoyada por la CNT local, fundó la primera comuna revolucionaria al oeste de Alemania desde la de París en 1871. En una región en la que casi el 70 por ciento de los trabajadores estaban sindicados, la izquierda obrera estaba unida por completo. Pese a que en los años veinte la fortaleza de los obreros organizados en Asturias había sufrido un serio declive como consecuencia de la competencia extranjera, la República hizo posible su retorno. Debido a la depresión al descenso de la productividad y a la escasa inversión, la renovada movilización obrera sólo había aumentado la frustración y la militancia, inflamando en especial a los trabajadores más jóvenes. El hecho de que la mano de obra siguiese siendo en parte rural no redujo la radicalización en ningún sentido [81], de manera que, en proporción, Asturias encabezó la actividad huelguística en toda España durante la República, con la UGT y la CNT haciendo causa común cada vez con más frecuencia [82], lo que condujo a su «Alianza Revolucionaria» asturiana del 31 de marzo, a la que también se unieron pequeños grupos obreros y, con el tiempo, los comunistas con el objetivo propio de alcanzar un régimen «federal socialista».

En Asturias la sublevación comenzó la noche del 4 al 5 de octubre. Con rapidez, se tomaron las zonas mineras; sólo tres de las mayores comisarías de policía resistieron hasta el segundo día. El plan de defensa de las autoridades locales era puramente pasivo: esperaban que la policía resistiría en sus puestos como habían hecho en otros lugares durante las miniinsurrecciones anarquistas. La fuerza de la insurrección era mucho mayor en Asturias, donde más de veinte mil milicianos se organizaron con celeridad y, aunque al principio algunos carecían de armas, enseguida las obtuvieron en cada uno de los puestos de policía que tomaban, así como en la Fábrica de Armas de Trubia, donde, además, consiguieron veintinueve cañones. Los mineros de la milicia desarrollaron también una innovación: el empleo de cartuchos de dinamita encendidos a modo de granadas de mano, un artilugio que, al principio, resultó terrorífico. El día 6 se trasladaron a Oviedo, una ciudad de ochenta mil habitantes defendida por novecientos soldados y trescientos policías. Los jefes locales de la policía y el ejército, en cierta manera débiles y divididos, asumieron otro sistema de defensa pasiva, organizado de manera exclusiva en torno a nueve puntos fuertes en la ciudad. Ocho mil milicianos revolucionarios se hicieron con la mayor parte de Oviedo, incluyendo el centro. En la «zona liberada» proclamaron de forma oficial la revolución proletaria, abolieron el dinero y —dada la predilección por la violencia propia de la izquierda española— instalaron un régimen de terror revolucionario que se cobró más de una veintena de vidas, la mayoría de clérigos. Conforme continuaba la lucha, partes de la ciudad quedaban destruidas por los bombardeos y la dinamita, produciéndose muchos casos de vandalismo, saqueos y destrucción deliberada. La falta de coordinación privó a los revolucionarios del apoyo de los contingentes vecinos de la UGT de León y Palencia, pero también al principio el gobierno fue incapaz de proporcionar refuerzos a la resistencia. En los primeros días, el único auxilio para los defensores llegó de los escuadrones de la fuerza aérea, que intentaron bombardear las posiciones rebeldes y que el día 10 mataron a diez personas con una bomba arrojada sobre la plaza principal de la ciudad.

Pronto se enviaron tropas de refuerzo a la región, para la que se había nombrado un nuevo capitán general. Más tarde, Lerroux observaría que, a la hora de nombrar a Eduardo López Ochoa inspector general del ejército para encabezar la principal columna de socorro, escogió entre la minoría liberal de los jefes militares. López Ochoa era un republicano liberal y masón que, en 1930, había sido uno de los líderes de la conspiración pro republicana del ejército. La tarde del día 6 voló a Galicia y, al día siguiente, comenzó a avanzar hacia el este con una modesta tropa de unos 360 soldados transportados en camiones, la mitad de los cuales tuvieron que quedarse en el camino para mantener abierta la ruta. Mientras tanto, en Gijón, la principal ciudad costera de Asturias, resistía una guarnición de 460 soldados y policías, a la que el día 7 llegaron los primeros refuerzos por mar, seguidos el día 10 por grandes unidades procedentes del Protectorado de Marruecos [83], de manera que el día 11 la principal columna de socorro avanzó hacia el sur desde Gijón. Esto también supuso el histórico primer empleo militar de un helicóptero (un invento español, al menos en parte) en tareas de reconocimiento para la columna. La ciudad fue ocupada de nuevo los días 12 y 13 de octubre.

El comité regional de los revolucionarios decidió abandonar Oviedo el día 11, pero el pequeño contingente comunista elevó sus protestas, culpando a las otras fuerzas obreras de «deserción» hasta que, al final, tuvieron que admitir que no quedaba más alternativa. Al día siguiente, 12 de octubre, los comunistas y un grupo de las Juventudes Socialistas improvisaron su propio comité regional en la próxima ciudad de Sama, con el fin de impedir la retirada. Algunos milicianos que habían abandonado sus posiciones fueron arrestados y después se les permitió volver a la lucha. Con retraso, los comunistas asturianos intentaron dar forma a un nuevo y disciplinado «ejército rojo» al estilo soviético, e incluso se empezó a hablar, de modo fantasioso, de una intervención soviética, pero su iniciativa pronto se convirtió en desesperada [84]. La lucha más encarnizada tuvo lugar entre los días 14 y 17 para controlar las zonas aisladas del sur y el este que daban acceso a la cuenca minera. En ese momento, ya había llegado otra columna militar desde el este y López Ochoa contaba con un total de quince mil soldados y tres mil policías en la zona, número que igualaba al de milicianos revolucionarios. Tras parlamentar el día 18, éstos se rindieron y al día siguiente se dio inicio a la ocupación de la cuenca minera.

Entre el moderado López Ochoa y su lugarteniente, el teniente coronel Juan Yagüe, adscrito a la línea dura y que comandaba las unidades de élite de la Legión y los Regulares de Marruecos, se estaba agudizando la tensión. Yagüe, un colega íntimo de Franco, se quejó de que López Ochoa había expuesto a sus tropas a riesgos innecesarios durante el avance y de que había accedido a las peticiones del comité regional para que las fuerzas de élite no pudieran entrar en las principales zonas mineras [85]. Se alegó también que el comandante en jefe era demasiado blando con los rebeldes, a quienes no había exigido la entrega de todas sus armas. El día 20, un camión lleno de soldados hizo explosión causando veinticinco bajas, según informó el ejército, y esto provocó que, de modo inmediato, López Ochoa decretase que cualquiera a quien se le encontraran armas en su persona o en su casa sería sometido a juicio sumario ante una corte marcial y, caso de ser hallado culpable, inmediatamente ejecutado. Parece que también aprobó algunas ejecuciones sumarias en aplicación de la ley marcial, cuyo número oscila entre 19 y aproximadamente 50. Hubo otros ataques a las tropas y a la policía y no todas las armas se recuperaron —pequeñas acciones guerrilleras (o lo que algunos denominan terrorismo) que habrían de continuar hasta principios de 1935—. Nunca se ha podido determinar con precisión el número exacto de muertos; las estimaciones más precisas sugieren 1.300 bajas entre los rebeldes, 1.100 de ellas en Asturias [86]. En apariencia, las muertes entre los soldados y la policía sumaron unas 450, de nuevo la mayor parte en Asturias [87], donde los revolucionarios llevaron a cabo al menos cuarenta ejecuciones y es probable que más, igualadas por el número de ejecuciones sumarias decretadas por el ejército. Un total de 107 personas fueron asesinadas en Cataluña (de las cuales 78 murieron en Barcelona), aproximadamente 80 en Vizcaya y Guipúzcoa, 34 en Madrid, 15 en Santander, 10 en León, 7 en Albacete, otras tantas en Zaragoza y en el resto del país el número fue mucho menor. La Dirección General de Seguridad anunció la recuperación de 90.000 fusiles, 30.000 pistolas y 41 cañones, así como varias armas automáticas, aunque estas cifras pueden estar infladas. Cerca de 15 millones de pesetas fueron saqueados de los bancos, de los que sólo se recuperó un tercio —la mayoría del dinero restante se utilizaría para financiar futuras actividades izquierdistas— y hubo mucha destrucción de la propiedad.

Tras la ocupación militar, tuvo lugar un concienzudo barrido policial de la zona minera con el resultado de miles de arrestos. Algunos presos fueron golpeados y, en ocasiones, incluso torturados, sobre todo bajo la represión especial que llevó a cabo el comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval [88]. En toda España, se practicaron más de quince mil arrestos, aunque la izquierda afirmaba que el número de ellos era por lo menos el doble [89].

En el seno de las fuerzas armadas también se produjeron numerosos arrestos y procesos; los primeros fueron los de seis oficiales superiores de las guarniciones del ejército y la Guardia Civil en Asturias, todos ellos sentenciados a prisión. Un oficial de menor rango y un soldado recibieron severas sentencias por haberse unido a los revolucionarios. Entre las filas inferiores de la Guardia Civil se condenó a nueve hombres a prisión, incluidos un oficial de menor rango y cuatro suboficiales; como los oficiales de mayor rango, fueron acusados, en su mayoría, de abandono del deber, excepto uno de los guardias, que fue procesado por haberse unido a los revolucionarios. Los casos de deserción o amotinamiento fueron raros entre las tropas de tierra, pero los marineros constituyeron un caso aparte. La actitud de éstos en 1934 presagiaría acontecimientos de la Guerra Civil. Entre los marinos había algo más que unas pocas células izquierdistas organizadas. Tenían una identidad común más cerrada debido al carácter físicamente restringido de la vida naval. Aunque ninguna de las supuestas tramas para amotinarse llegó a fructificar, se arrestó y procesó a setenta y dos marineros y, a la inversa, los únicos militares castigados de forma directa por crímenes o excesos cometidos en la subsiguiente represión fueron cuatro regulares de Marruecos, ejecutados sumariamente por su comandante.

En los dieciocho meses siguientes, España se llenaría de historias de atrocidades. La derecha ponía el énfasis en la violencia de los revolucionarios y en sus asesinatos de sacerdotes y otros civiles (incluidos los de treinta y cuatro clérigos y seminaristas y el de un diputado conservador, Marcelino Oreja, en Mondragón) [90]. La izquierda hacía hincapié en las ejecuciones de cuarenta personas o más, con o sin consejo de guerra, las atrocidades del ejército contra las familias de los mineros y los continuados y brutales malos tratos sufridos por algunos presos [91]. Resulta innecesario decir que hubo considerables hipérboles por ambas partes, aunque la realidad ya fue suficientemente mala. Como escribiría Gabriel Jackson treinta años más tarde: «De hecho, todas las formas de fanatismo y crueldad que caracterizarían a la Guerra Civil ocurrieron durante la revolución de octubre y sus secuelas; la revolución utópica echada a perder por el esporádico terror rojo; la sistemática represión sangrienta por las “fuerzas del orden”; la confusión y desmoralización en la izquierda moderada; la venganza fanática por parte de la derecha» [92].

Para la izquierda, el resultado fue catastrófico, con muchas muertes y miles de militantes arrestados que se sumaban a los que ya estaban en prisión, la huida o detención de la mayoría de sus líderes, el cierre de muchas (aunque no de todas) de las sedes locales del Partido Socialista y la UGT, y la eliminación general de la izquierda como fuerza política y parlamentaria durante los dieciséis meses siguientes. El fiasco total se había justificado en aras de las siniestras y fascistas intenciones de la CEDA; si tales intenciones hubieran sido tan peligrosas como insistía la izquierda, la CEDA hubiera tenido en ese momento su mejor oportunidad para golpear. La realidad de la cuestión fue que, como escribiría el intelectual genuinamente fascista Ledesma Ramos, algunos meses después, gran parte de la derecha española era «aparentemente fascista, pero, en muchos casos, esencialmente antifascista» por su legalidad y rechazo de la violencia, mientras que gran parte de la izquierda española era «aparentemente antifascista, pero en muchas de sus características y objetivos, esencialmente fascista», debido a su uso de la violencia y su rechazo de la legalidad democrática [93].

Casi siempre, los historiadores se han mostrado unánimes a la hora de ver la insurrección revolucionaria como el principio del declive de la Segunda República y del Gobierno y el consenso constitucionales en España. Mientras que los anarquistas nunca habían sido parte de la corriente principal republicana, los socialistas y republicanos de izquierda sí habían sido esenciales para el nuevo sistema y gobernaron el país durante dos años. Ahora, por el contrario, los socialistas habían intentado una revolución violenta, y los republicanos de izquierda les habían proporcionado una especie de apoyo pasivo, como de hecho continuarían haciendo en el futuro. Historiadores tan diversos como Gerald Brenan, Salvador de Madariaga, Sir Raymond Carr, Gabriel Jackson, Richard Robinson, Carlos M. Rama, Carlos Seco Serrano y Ricardo de la Cierva la han descrito como «el preludio de» o «la primera batalla» de la Guerra Civil. Quizá la evaluación citada en más ocasiones haya sido la de Madariaga:

La rebelión de 1934 es imperdonable. La decisión del presidente de llamar a la CEDA para que participase en el gobierno no sólo era inobjetable, no sólo era inevitable, sino más que tardía. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba traer el fascismo era a la vez hipócrita y demostrablemente falso... En lo que respecta a los mineros asturianos, su rebelión se debió totalmente a una prepotencia doctrinaria y teórica. Si se hubieran alzado en una rebelión los hambrientos campesinos de Andalucía, ¿quién no habría comprendido su desesperación? Pero los mineros asturianos estaban bien pagados y, de hecho, aquella industria entera, debido a la connivencia de los patronos y los obreros, se mantenía funcionando a un ritmo artificial mediante subsidios estatales muy por encima de los que se merece una economía sana. Por último, el caso catalán no estaba más justificado [94].

Edward Malefakis ha escrito:

La tragedia de la izquierda española y, en último término, de la propia España, fue que en 1934 carecía de confianza en sí misma para salir de la crisis que estaba atravesando como la derecha había salido de su propia crisis en 1931-1933.

Y Sir Raymond Carr observa:

Los socialistas podrían haber pensado que, al igual que la CEDA, tenían su propia forma de accidentalismo. Eran un partido en teoría comprometido con los grandes cambios sociales que debían destruir la sociedad burguesa, pero habían estado dispuestos a cooperar en un gobierno parlamentario burgués.

La revolución de octubre es el origen inmediato de la Guerra Civil. La izquierda, sobre todo los socialistas, habían rechazado los procesos legales de Gobierno; el Gobierno contra el que se rebelaron estaba electoralmente justificado. La izquierda, más tarde, iba a sacar mucho partido del argumento de la «legalidad» para condenar la sublevación de los generales en julio de 1936 contra un gobierno elegido [95].

Richard Robinson lo dice más claro:

Ambos, los socialistas y la CEDA, tenían ideales incompatibles con la democracia liberal pero mientras la táctica evolutiva era un dogma para la CEDA, no lo era para los socialistas. Éstos habían acusado a los primeros de ser fascistas en 1933, pero mientras Largo Caballero venía amenazando con usar la violencia desde el otoño de 1931, Gil Robles no amenazó a su vez hasta el otoño de 1933. Fueron los socialistas, no la CEDA, quienes volvieron la espalda al sistema democrático [96].

Aunque los socialistas nunca hicieron una autocrítica oficial —y en el siglo XXI siguen sin hacerla—, el asunto de la revolución violenta y la insurrección les conduciría finalmente a la escisión dentro del partido. De todos los principales dirigentes socialistas —excepción hecha de Besteiro que siempre reconoció el desastre que acarrearía una insurrección— quien comprendió con mayor rapidez la magnitud del error y se arrepintió de él fue Indalecio Prieto. Años más tarde, el 1 de mayo de 1942, confesaría en un discurso que pronunció en México DF:

Me declaro culpable, ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en el movimiento revolucionario de 1934. Lo declaro como culpa, como pecado; no como gloria. Estoy exento de responsabilidades en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo... Y yo acepté misiones que rehuyeron otros, porque tras ellas asomaba no sólo el peligro de perder la libertad, sino el más doloroso de perder la honra. Sin embargo, las asumí... [97]

Aunque los líderes izquierdistas jamás admitirían públicamente ninguna culpa en el giro socialista hacia la violencia de masas, aceptaron el hecho de que, en un futuro inmediato, no podrían recuperar el poder por semejantes medios. Desde entonces en adelante, el objetivo de los republicanos de izquierda y del ala «prietista» de los socialistas sería restablecer la acción política y electoral reunificada, no revolucionaria, para superar los desastres gemelos de 1933 y 1934.

CAPÍTULO 4 -
¿UNA REPÚBLICA CONSERVADORA?
EL GOBIERNO DE CENTRO-DERECHA
1934-1935

E

l discurso a la nación que Lerroux pronunció por la radio el 7 de octubre apelaba a la calma y el respeto a la Constitución. El jefe del gobierno expresó su confianza en que la mayoría de los catalanes respetarían el orden establecido y prometió que el gobierno «conservaría las libertades que les había reconocido la República», asegurando a todos que triunfaría «el imperio de la ley». Aunque todavía se oían en Madrid ocasionales disparos de francotiradores, las Cortes volvieron a abrirse el día 9 para aplaudir a Lerroux, quien se enfrentaba a la tarea de derrotar la insurrección y ejercer la presidencia durante la represión resultante con tanta imparcialidad como fuera posible. Esto último no sería fácil porque, al igual que la sanjurjada había fortalecido a la coalición republicana de izquierda, la malograda insurrección había dado energías a la derecha e incluso había incitado a algunos liberales moderados a exigir un rigor extremo. La prensa derechista estaba cargada de espeluznantes historias de atrocidades y aseguraba a sus lectores que los revolucionarios culpables de semejantes hechos no podían ser seres humanos. El 19 de octubre incluso El Sol salmodiaba: «Para las fieras capaces de hechos monstruosos que ni un degenerado es capaz de imaginar, pedimos castigo tremendo, implacable, definitivo. A los hombres, como hombres; a las fieras, como fieras». Como se establecía en la Ley de Seguridad, los tribunales militares pronto comenzaron a actuar en procesos sumarísimos aplicando la ley marcial para procesar a los líderes. Un tribunal de Barcelona dictó seis sentencias de muerte, empezando por las del comandante Pérez Farras y otros dos ex oficiales del ejército que habían ostentado la jefatura de la nueva policía catalana (Mossos d'Esquadra) y de la milicia (Somatén), implicadas en la insurrección.

Las condiciones de la represión se convirtieron en el drama político central de los siguientes tres meses. Las Cortes, que se habían negado a restaurar la pena de muerte tras la última insurrección anarquista, ahora deseaban volver a introducir la pena capital. La derecha al completo exigía severidad, pero el presidente Alcalá Zamora, el cardenal Vidal i Barraquer, Cambó, otros dirigentes de la Lliga catalana y varios moderados recomendaban encarecidamente la indulgencia y la conmutación de las sentencias de muerte. Aunque al principio el nuevo gobierno se opuso de manera unánime a la conmutación (excepción hecha del caso del capitán Federico Escofet, cuya implicación fue limitada) [1] se encontró manteniendo una serie de largas reuniones.

El 18 de octubre, Alcalá Zamora, en lo que se había convertido en una extensión habitual de sus prerrogativas, hizo una de sus largas exposiciones al gabinete, citando el artículo 102 de la Constitución que establecía que «en los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del gobierno responsable» y dejó claro que insistiría en hacer uso de su autoridad, incluso si el gobierno rehusaba proponerle los casos [2].

La tensión resultante alimentó el rumor, del que se hizo eco Radio Toulouse, de que el gobierno iba a ser sustituido por un régimen militar encabezado por el general Franco, pero, en ese punto, no existen indicios de la existencia de una conspiración militar. En apariencia, Alcalá Zamora no tenía intención de darse por vencido, pese a que su presión y el procedimiento con que amenazaba eran inconstitucionales. El 31 de octubre se celebraron dos consejos de ministros y otros dos el 1 de noviembre, en los que el presidente amenazó directamente con retirar la confianza y forzar bien una reorganización del gobierno, bien nuevas elecciones. Aunque el informe del Tribunal Supremo no recomendaba la conmutación, en último término Lerroux tomó la decisión de capitular, a fin de firmar la paz con el presidente y aplacar a los moderados y, tras otro consejo de ministros que tuvo lugar el día 5 de noviembre, anunció que de las primeras 23 sentencias de muerte, 21 serían conmutadas.

Las Cortes también se reunieron en sesión ordinaria el 5 de noviembre y Lerroux expresó su satisfacción a la derecha:

Y moriré satisfecho de haber prestado a mi patria el servicio de haberos arrancado a vosotros, los monárquicos, todos estos elementos que hoy constituyen la derecha de la República... Se nos acusa de fascistas y haber alterado el espíritu de la República. ¿Qué proyectos se han aprobado contrarios al espíritu y la letra de la Constitución?... No habrá modificación de leyes fundamentales, si no es siguiendo el curso prescrito en la misma Constitución.

Melquíades Álvarez, el veterano republicano y jefe de los demócratas liberales, observó que había sido un líder en el movimiento de protesta popular de 1917, pero que tanto él como sus socios habían evitado escrupulosamente la comisión de delitos y los asesinatos políticos, e invocó el ejemplo de los fundadores de la Tercera República francesa, que en 1871 ejecutaron a los comuneros en masa, para concluir que: «Con aquellos fusilamientos se salvó la República y las instituciones y se mantuvo el orden». Calvo Sotelo pronunció un discurso todavía más enérgico, en el que decía de los socialistas españoles que «su técnica discrepa de la de todos los partidos socialistas solventes de Europa, puesto que ninguno patrocina la lucha de clases de forma violenta». En tal situación, el ejército pasaba a ser «la columna vertebral» de España.

El gobierno obtuvo con facilidad el voto de confianza, con 233 diputados a favor, ninguno en contra y la abstención de la extrema derecha. A pesar de que, en principio, ninguno de los diputados de la izquierda y del centro-izquierda volvió al Parlamento, Martínez Barrio y Miguel Maura regresaron el día 9, seis días más tarde les siguieron los diputados catalanistas de izquierda y, una vez que a principios de noviembre el gobierno puso fin a la censura temporal en los debates parlamentarios, otros regresaron a sus escaños. Mientras tanto, la CEDA consiguió que se aprobara (por 161 votos a favor y 13 en contra) una moción en la que se declaraba la pérdida del derecho a sus escaños para todos aquellos diputados personalmente implicados en la insurrección y ordenaba que se investigaran todos los sindicatos y se asegurase la disolución de aquellos que hubieran tomado parte, confiscándose sus bienes para compensar los daños a la propiedad. Esta medida, como muchas de las propuestas durante la represión, nunca se llevaría a efecto.

El primer conflicto de la nueva sesión fue el ataque a dos miembros del gabinete, Samper e Hidalgo, por su presunta irresponsabilidad durante el anterior gobierno, al no ser capaces de prevenir la insurrección. Sin el respaldo de la CEDA, presentaron su dimisión el 16 de noviembre y el gobierno fue reorganizado. En el transcurso de esta minicrisis, los rumores de una conspiración militar, que se habían extendido durante varias semanas, adquirieron una forma más concreta cuando dos generales de la línea dura, Goded y Fanjul, instaron a Gil Robles a adoptar una política más firme, prometiéndole el apoyo del ejército. Parece ser que Gil Robles les respondió que la CEDA no se opondría a una imposición por parte del ejército, pero que ella misma no iniciaría ninguna acción extraparlamentaria. Tras dos días de sondear la opinión de los militares, los dos generales regresaron para advertir que se habían precipitado; la CEDA debía continuar colaborando con el gobierno de coalición, ya que los jefes militares no estaban dispuestos a asumir ninguna responsabilidad política y unas nuevas elecciones repentinas podrían devolver a la izquierda al poder [3].

Se nombró una comisión de cuatro ministros del gabinete para formular recomendaciones sobre cómo proceder respecto a la autonomía catalana. El 28 de noviembre, esta comisión presentó un proyecto de ley en el que se suspendía la autonomía de manera temporal, aunque asegurando que se restaurarían todos los derechos en un plazo no superior a tres meses una vez que en España en su conjunto se hubiesen recuperado las plenas garantías constitucionales. Se nombraría un gobernador general interino en Barcelona, al tiempo que un nuevo comité determinaría de cuánta autonomía iba a disfrutar el gobierno catalán en ese intervalo de tiempo. La CEDA presentó enmiendas para suspender la autonomía de forma indefinida hasta el momento que las Cortes y el gobierno consideraran adecuado para reintegrarla gradualmente, paso a paso enmiendas que se aprobaron el 14 de diciembre. Trece días más tarde, el gobierno nombró a Manuel Portela Valladares gobernador general. Un anciano, veterano del antiguo Partido Liberal monárquico, Portela se había ganado en 1923 una positiva reputación como último gobernador constitucional de Barcelona; nombró alcalde de Barcelona a José Pich y Pon, un veterano político radical, y entregó el Ayuntamiento a los radicales.

La controversia acerca de la represión no disminuía. La derecha enfatizaba la violencia de los revolucionarios y sus asesinatos de sacerdotes y otros civiles, mientras que la izquierda ponía el acento en el comportamiento brutal de las tropas en las zonas mineras, las ejecuciones sumarias, las supuestas atrocidades que los soldados cometieron contra las familias de los mineros y los malos tratos violentos y continuados a los que se vieron sometidos algunos presos. Mientras la extrema derecha condenaba la «contemporización» del gobierno, al conmutar la mayoría de las sentencias de muerte, las protestas de la izquierda se centraban en los brutales procedimientos policiales en Asturias. Da la impresión de que en Cataluña y en el resto del país las condiciones de la represión fueron relativamente moderadas, pero la jurisdicción de la Guardia Civil en Asturias, donde el brutal comandante Lisardo Doval estaba al frente de las investigaciones, parecía haber constituido en sus inicios una ley en sí misma. Las palizas salvajes continuaron siendo habituales y murieron varios presos. En la mejor publicitada de estas atrocidades un periodista de investigación liberal, que escribía bajo el seudónimo de Luis Sirval, fue arbitrariamente arrestado y, de modo inesperado, un oficial búlgaro de la Legión, llamado Ivanov, le disparó en prisión causándole la muerte. Al principio, la continua censura sobre la ley marcial hizo prácticamente imposible presentar informes independientes, de manera que una comisión, formada por socialistas y republicanos de izquierda, llevó a cabo sus propias investigaciones. El que tal comisión, compuesta por participantes y partidarios indirectos de la insurrección, fuera capaz de funcionar indica hasta qué punto eran limitadas las condiciones generales de la represión. Gracias a su informe se pudieron descartar las más extremas historias de atrocidades por ambas partes, pero presentaba evidencias de palizas continuadas y torturas en Asturias.

El 7 de diciembre, Lerroux dio un nuevo destino al infame comandante Doval, pero ni aún así se moderó por completo la práctica policial en Asturias. En enero, 564 presos firmaron una carta colectiva en la que protestaban por la tortura que se ejercía en la prisión de Oviedo, seguida de otra carta de protesta destinada a Alcalá Zamora, que incluía las firmas de lumbreras moderadas y conservadoras como Unamuno y Valle Inclán. Para entonces, la protesta había alcanzado dimensiones internacionales, un periodo de depresión equivalente a la campaña de Ferrer en 1909, con la izquierda atrayendo una gran atención en toda Europa occidental y la Komintern invirtiendo considerables recursos. La insurrección había captado la imaginación de la izquierda europea y gozaba de una extensa publicidad en el extranjero. El joven Albert Camus escribió un drama titulado Révolte dans les Asturies; se permitió que una comisión de diputados laboristas británicos visitara Asturias y, en febrero de 1935, el socialista francés Vicent Auriol se entrevistó con Lerroux, ya que su partido había recogido en Francia miles de firmas solicitando la amnistía. Los consejos de guerra continuaron, pero todas las sentencias de muerte fueron conmutadas, a excepción de las de dos presos a quienes se ejecutó en febrero, el sargento del ejército y desertor Diego Vázquez, que había luchado junto a los revolucionarios y un obrero conocido como El Pichilatu, condenado por varios asesinatos.

Aunque el gobierno había intentado ser razonable y, en la mayoría de los casos fue, de hecho, moderado, no cabía duda de que la represión se había gestionado de forma incorrecta. La justicia no era imparcial y, al principio, en Asturias se permitió que la administración policial actuara sin control. Aunque sólo tuvieron lugar dos ejecuciones —ambas de hombres condenados por delitos de sangre— los malos tratos a los presos eran muy frecuentes. Todavía más, la rebelión del gobierno de Esquerra no era motivo suficiente para suspender la autonomía catalana sin hacer distinción entre los excesos de un grupo político y los derechos constitucionales de la región [4]. Tras la sublevación, el gobierno reemplazó en sus puestos a más de una octava parte de los alcaldes de toda España [5]. La continuidad de la censura era contraproducente y al final incluso los diputados monárquicos iniciaron un debate en las Cortes acerca de su innecesaria prolongación. En la mayor parte del país se puso fin a la ley marcial el 23 de enero de 1935, aunque subsistió en las provincias de Madrid, Barcelona y otras seis en el norte. Tres semanas más tarde, Calvo Sotelo señalaría que en los casi cuatro años transcurridos desde el inicio de la República, España sólo había disfrutado de 23 días de «plenitud constitucional» en todo el país.

Los excesos cometidos en Asturias y la extensa propaganda derechista acerca de las atrocidades resultaban todavía más contraproducentes, pues aumentaban la simpatía hacia la izquierda entre los sectores más moderados del centro y el centro-izquierda y lo mismo podría decirse de la negativa del gobierno a liberar a los líderes izquierdistas que tenían ninguna o muy poca responsabilidad. El encarcelamiento de Azaña y los esfuerzos realizados para procesarle también resultaron perjudiciales, pues le atrajeron nuevas simpatías y prestigio entre la izquierda e incluso entre parte de los centristas. Un nuevo ejemplo lo constituye la política de utilizar la situación para cerrar numerosas sedes de la CNT y arrestar, fuera de Asturias, a cientos de anarcosindicalistas que nada tenían que ver con la sublevación, práctica que estimuló la mutua simpatía entre anarquistas y socialistas y mejores perspectivas para la unidad izquierdista que las existentes antes de la rebelión. La insurrección había resultado desastrosa para los socialistas, pero los errores de la represión tuvieron como efecto el devolver a la izquierda gran parte de su fortaleza. Lo que es más, la controversia tendía a debilitar al propio gobierno, dividiendo al centro y a la derecha.

Desde otro punto de vista, se puede decir que la represión, aunque al principio resultó severa en la cuenca minera, fue, en general, muy limitada y nada efectiva. Los gobiernos de centroderecha que ejercieron sus funciones en España entre octubre de 1934 y diciembre de 1935 siguieron una política socioeconómica derechista y contrarreformista, manteniendo a miles de presos encarcelados pero apenas hicieron esfuerzos por suprimir las organizaciones revolucionarias que habían protagonizado la insurrección. En consecuencia, estas últimas volvieron a las andadas en 1935.

La represión que se produjo con la República en 1934-1935 no tiene precedentes en cuanto a su moderación en la moderna historia de Europa occidental; fue la más moderada impuesta por cualquier Estado liberal o semiliberal que se haya visto amenazado por una gran subversión revolucionaria y violenta en la Europa de los siglos XIX o XX. En 1871, la Comuna de París fue ahogada en un mar de sangre que incluyó miles de ejecuciones arbitrarias. La represión zarista de la revolución rusa y el estallido del terrorismo de masas de 1905-1907 fue, en proporción, más moderado que el caso francés, pero igualmente grave, suponiendo, al menos, 3.000 ejecuciones. El Freikorps y otros elementos que reprimieron los desórdenes revolucionarios de 1919-1920 en Alemania actuaron con mucho más rigor de lo que lo hizo la República española, y lo mismo sucedió en la Estonia democrática donde, pese a ser un país tan pequeño, tuvieron lugar numerosas ejecuciones tras el intento comunista de tomar el poder en diciembre de 1924. La respuesta ante el socialismo maximalista y la revolución comunista en Italia y Hungría fue el inmediato renacimiento de fuerzas autoritarias en nuevos regímenes que perpetuaron la represión.

En España, la República mantuvo un gobierno constitucional relativamente ininterrumpido, con una derecha que en su mayoría continuaba acatando la Constitución, un mínimo apoyo al fascismo que no aumentaba y la recuperación de numerosas libertades civiles, seguida en 1935 de su total restitución tras la cual se dio a los revolucionarios una muy destacada y generosa oportunidad de volver al poder por medios electorales. Comparada con otros países europeos la liberalidad del sistema español fue asombrosa. Los líderes centristas se negaron a ser empujados por la derecha hacia una represión más violenta y el presidente de la República intervino de forma directa para asegurar una política más benigna. Como en el caso de Alemania en 1932-1933, una represión más auténtica hubiera sido el único medio para salvar la República, ya que, una vez que la izquierda regresó al poder, tanto el orden constitucional como la legalidad comenzaron a desaparecer. Así, el fracaso a la hora de castigar a los revolucionarios no supuso ningún beneficio permanente para la democracia liberal en España, pero pudo haber acelerado su muerte. Terrible como fue la represión de los comuneros parisinos en 1871, por ejemplo, pudo haber contribuido a la temprana estabilización de la República francesa de las clases medias durante los años setenta y ochenta.

El caso de Finlandia proporciona una interesante comparación. En 1918 Finlandia sufrió una breve pero cruel guerra civil entre revolucionarios y contrarrevolucionarios repleta de atrocidades. Al principio, la derecha victoriosa instauró una vigorosa represión que causó numerosas víctimas mortales. En proporción, el número de izquierdistas que perdieron la vida fue incluso mayor que el de aquéllos a quienes ejecutaron los nacionales de Franco durante la Guerra Civil española. No obstante, los contrarrevolucionarios finlandeses eran, en esencia, liberales y parlamentarios, un producto del civilizado siglo XIX más que del extremista siglo XX. Los elementos que, en principio, tuvieron una mayor responsabilidad en el derramamiento de sangre, los comunistas, fueron ilegalizados por completo, pero, de manera casi inmediata, se instituyó un sistema parlamentario democrático. Con rapidez los socialistas se reagruparon bajo un nuevo liderazgo socialdemócrata que eliminó a los bolcheviques residuales y emergieron en las elecciones de 1920 como el mayor partido único de Finlandia, convirtiéndose en un pilar de la democracia finlandesa y contribuyendo a liderar la subsiguiente guerra de independencia contra la Unión Soviética.

Las diferencias entre los casos finlandés y español resultan instructivas: a) La represión finlandesa fue mucho más rigurosa que la española de 1934 e incluso al principio más destructiva de vidas que la franquista de 1936, pero estaba dirigida con mayor precisión y pronto llegó a su fin; b) Los revolucionarios del núcleo duro, los comunistas, fueron privados de sus derechos civiles de forma permanente (aunque pronto regresaron bajo una denominación diferente). En España hacia finales de 1935 se concedió la plena libertad a muchos revolucionarios, incluyendo a todas sus organizaciones; c) En Finlandia, la mayor parte de la izquierda obrera respondió de modo responsable, volviendo a constituirse como un movimiento plenamente social y democrático. En España la izquierda obrera continuó siendo mucho más revolucionaria, utilizando las elecciones como un medio para acelerar la adopción de medidas extraconstitucionales; d) En Finlandia, en el plazo de dos años ya fue posible instituir una democracia liberal y funcional, abierta a todo el espectro de fuerzas políticas nacionales. Esto resultó imposible en España, donde la derecha era mucho más extremista y gran parte de la izquierda seguía tácticas revolucionarias.

Quizá la más clara voz de la razón que se alzó en las Cortes de 1935 fue la del centrista catalán Francesc Cambó. Contestó al discurso de Calvo Sotelo del 13 de febrero dos días más tarde, expresando su firme negativa a creer que la democracia en sí misma fuera responsable de los infortunios de la sociedad española contemporánea o incapaz de producir progreso y concordia. Los mayores horrores del momento actual, declaró, no estaban ocurriendo en la Europa occidental democrática sino en las nuevas dictaduras de la Europa Central y del Este y señaló otra fuente de deterioro de la condición de España: «Asistimos a un periodo de debilidad del poder público, como quizá no lo habíamos vivido nunca, y esta debilidad que nace en el sistema colectivo, se refleja en la Cámara, pues yo he de decir que no he pertenecido a ninguna tan insensible a las heridas que se infieren al interés público como la Cámara actual».

Durante la mayor parte de 1935 continuarían los procesamientos de algunos de los implicados en la insurrección. De todos los encausados, el más conocido era Azaña, quien había sido puesto en libertad el 28 de diciembre por decisión del Tribunal Supremo. El 15 de febrero de 1935 se presentaron en las Cortes los resultados de la investigación judicial sobre el papel que desempeñó en la rebelión, así como los hechos de su procesamiento por anteriores actividades ilegales, al ayudar a proporcionar armas a los exiliados portugueses, aunque el debate sobre estas últimas no comenzó hasta el 20 de marzo. Pronto quedó claro que no existía prueba alguna que permitiera conectar a Azaña ni con la planificación ni con el estallido de la insurrección y que el sacar a la luz los hechos concernientes al acuerdo armamentístico con los portugueses ponía bajo amenaza un área delicada de las relaciones exteriores. Alcalá Zamora había dicho a Lerroux que no existía base legal para el procesamiento de Azaña, aunque pudo haber estado circunstancialmente implicado en los márgenes de la insurrección y haber pretendido hacer uso de la misma si hubiera triunfado, intentando restaurar el gobierno de 1932-1933 [6]. Es probable que el criterio del presidente fuera correcto, ya que entre noviembre de 1933 y agosto de 1934, Azaña tomó parte en varias maniobras fuera de la legalidad con las que intentaba anular la victoria electoral democrática de la CEDA y, de manera indirecta, incluso había amenazado con la violencia en sus discursos, pero no estaba implicado de modo directo en la propia insurrección. En 1934, y en sus relaciones con los socialistas, había ido más lejos de lo que fue Gil Robles en sus relaciones con los militares, porque, en apariencia, Azaña había planeado utilizar una huelga general pacífica y no revolucionaria como arma política, a modo de «pronunciamiento civil», no de revolución violenta. El 6 de abril, el Tribunal Supremo lo absolvió de cualesquiera cargos relacionados con la insurrección. Con posterioridad, el 20 de julio, se sometió a votación en el Parlamento la posibilidad de juzgarlo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, por sus esfuerzos a la hora de proporcionar a los exiliados portugueses armas con las que derrocar a su gobierno, pero los radicales boicotearon la sesión y los 189 votos a favor (frente a los 68 en contra) no alcanzaron la mayoría absoluta (222) necesaria para proceder a su encausamiento.

En los siguientes consejos de guerra se dictaron sentencias de muerte nominales para algunos de los principales líderes socialistas de Asturias, incluyendo a Ramón González Peña, posiblemente la más importante figura regional, y al más moderado Teodomiro Menéndez, quien, en realidad, siempre se había opuesto a la sublevación [7]. En este caso, el Tribunal Supremo recomendó la conmutación de la pena para González Peña y otros, recomendación que el 29 de marzo dividió al gabinete cuando se reunió: Lerroux, con el respaldo de otros seis ministros radicales propuso que se conmutara la pena a González Peña y a otros veinte, incluido Menéndez, a lo que se opusieron los tres ministros cedistas, el agrario y el demócrata liberal [8]. Esta votación bastó para decidir la cuestión, pero escindió al gobierno y, al día siguiente, Alcalá Zamora dio comienzo a las consultas para formar una nueva coalición.

Constituir de nuevo la coalición no resultó viable porque tanto la CEDA como los agrarios exigían mayor representación y competían por los ministerios clave. Alcalá Zamora seguía decidido a excluir a los cedistas de cualquier puesto de poder que pudiera corresponderles por su fortaleza parlamentaria y se aferró a la solución improvisada de invocar el artículo 81 de la Constitución que le otorgaba el poder de suspender las sesiones parlamentarias durante treinta días y nombrar un gobierno interino que estaría encabezado por Lerroux y compuesto en su mayor parte por radicales, aunque también por dos representantes de su pequeño Partido Republicano Progresista y por el independiente Portela Valladares (que no era diputado) como ministro de Gobernación, en reconocimiento a su reciente labor como gobernador general de Cataluña. Alcalá Zamora definió hiperbólicamente a este llamado «Gobierno de expertos» como «el mejor Gobierno de la República», pero estaba compuesto en su mayoría por compinches de los presidentes tanto de la República como del Gobierno. Un sorprendente número de sus miembros provenía de la facción de García Prieto del antiguo Partido Liberal monárquico y, por vez primera durante la República, un general y un almirante ocuparon las carteras de Guerra y Marina. Finalmente, el 9 de abril, este gobierno puso término a la ley marcial y presidió el aniversario de la República, una celebración bastante triste; comparada con ella, la Semana Santa de aquel año resultó incluso festiva, pero sus días estaban contados. Buscando dar una nota positiva e identificarse con prestigiosas lumbreras, el gobierno concedió a Ortega y Gasset una condecoración de nueva creación, la Banda de la República, que él rehusó aceptar alegando que ya no tenía relación alguna con la política y, al hacerlo, expresaba el desencanto de muchos moderados.

El logro más positivo de este gobierno interino fue reintegrar las funciones de la autonomía, salvo en lo concerniente al orden público, a una Generalitat reconstituida a mediados de abril. El nuevo presidente era Pich y Pon, destacado político radical de la región, que cooperaba con la Lliga. En el transcurso de la primavera, la situación se deterioró. Por un lado, Pich y Pon situó a varios de sus compinches en altos cargos; por otro, finalizada la ley marcial, la CNT devino más activa. Aumentaron los pequeños desórdenes, tales como la quema periódica de tranvías, y también la violencia contra las personas. El 29 de junio se volvió a implantar la ley marcial en la provincia de Barcelona [9].

En el transcurso del mes de abril, los líderes de los partidos de la anterior coalición —Lerroux, Gil Robles, Melquíades Álvarez y Martínez de Velasco— comenzaron a alcanzar un nuevo acuerdo según el cual el único gobierno viable sería una restauración de la coalición, en especial entre los radicales y la CEDA. El partido católico celebró una serie de mítines multitudinarios para exigir una mayor representación, algo que Lerroux estaba dispuesto a conceder. Alcalá Zamora carecía de alternativas y, por tanto, el 6 de mayo nació una nueva coalición encabezada por Lerroux. Gil Robles, el primero entre cinco ministros de la CEDA, ocupó el Ministerio de la Guerra, uno de los claves, y Federico Salmón, uno de los dirigentes más progresistas de ese partido, pasó a ser ministro de Trabajo. Sin embargo, el demócrata-cristiano Manuel Giménez Fernández que, formando parte de la coalición del otoño-invierno, había perseguido una continuada política reformista como ministro de Agricultura, fue vetado, por esa misma razón, por la mayoría conservadora de su propio partido y sustituido por el ultraconservador Nicasio Velayos, del Partido Agrario. El «inevitable» Rocha (a quien apodaban Miss Ministerios por haber sido tantas veces ministro con los más diversos gobiernos) permaneció al frente del de Estado. En conjunto el nuevo gabinete contaba con cinco cedistas, cuatro radicales (incluido el presidente), dos agrarios, un demócrata liberal y un independiente, Portela Valladares, que continuó como ministro de Gobernación. El mayor logro de Alcalá Zamora en este nuevo acuerdo fue la continua exclusión de la jefatura del gobierno del líder del mayor partido, un cargo que Gil Robles había desistido —sin duda erróneamente— de conseguir al menos de momento.

Pese a que había concluido la ley marcial (salvo en Barcelona), dieciséis provincias siguieron de hecho bajo el estado bien de alarma, bien de prevención. El 6 de junio, el gobierno obtuvo la aprobación para prorrogar esta situación durante otros treinta días; fue ésta la octava prórroga del estado de excepción que se producía en la República, y proporcionó a Calvo Sotelo la oportunidad de declarar en las Cortes que «la Constitución no es viable». Los gobiernos de Lerroux de principios de 1935 habían hecho tentativas intermitentes de resolver el dilema de la continuidad de la censura y presentado dos nuevos proyectos de ley para regular la prensa (en febrero y en mayo). Al final hubieron de rendirse, incapaces de alcanzar un equilibrio efectivo entre los derechos civiles y la necesidad de contener la incendiaria y subversiva agitación.

Ya no se producirían más ejecuciones y el reciente gobierno decretó una serie de indultos que también incluían a delincuentes comunes. De entre los nuevos procesamientos el más importante fue el de Companys y otros ministros de la rebelde Generalitat. Se decidió que correspondía al Tribunal de Garantías Constitucionales la competencia para procesar a los líderes de un Gobierno regional autónomo y el 6 de junio se pronunció el veredicto: todos eran hallados culpables de «rebelión militar» y sentenciados, cada uno de ellos, a treinta años.

Los tribunales militares continuaron juzgando los casos de violencia durante la insurrección. En junio se dictaron otras nueve sentencias de muerte, aunque no era probable que ninguna se ejecutara, así como numerosas condenas de reclusión mayor. En este punto, sin embargo, finalizada la ley marcial, hubo muchas más protestas por parte de la izquierda. Los mineros asturianos convocaron su primera huelga de solidaridad y varios jueces recibieron anónimos amenazándoles de muerte.

En mayo y junio tuvieron lugar grandes mítines políticos. Azaña inauguró su regreso con uno enorme que llenó el estadio de Mestalla, en Valencia. Al principio la CEDA era el partido más activo y, el 30 de junio, Gil Robles se dirigió a una audiencia casi tan numerosa como la de Azaña en Mestalla. Para no ser menos, Lerroux celebro un mitin del Partido Radical una semana más tarde, y en el mismo lugar, en el que se anunciaba: «¿Quién ha evolucionado? Ellos (la derecha); así y en otras cosas... yo os profetizo que la República está definitivamente instaurada en España» [10].

En ese momento los líderes monárquicos, intensamente resentidos por el «oportunismo» de la CEDA, tendían a estar de acuerdo con Lerroux. Aunque subsistía una considerable tensión entre los radicales y la CEDA, el jefe del gobierno tenía el convencimiento de que había salvado la República al domesticar a la mayor fuerza de la derecha. Parece que pensaba que si los republicanos de izquierda se estabilizaban y se fusionaban en un partido opositor grande pero responsable, la función de los radicales sería mantener el equilibrio de poder entre una izquierda y una derecha católica, ambas republicanas, de tal manera que pronto podría retirarse con honores [11].

La «rectificación» de la reforma republicana

La coalición estuvo de acuerdo en la necesidad de «rectificar» y revisar las reformas acometidas en el primer bienio, pero apenas existía consenso acerca de su alcance. Los radicales deseaban mantener casi todas las reformas, moderando sólo ciertos excesos, mientras que la CEDA pretendía una contrarreforma en aspectos clave, sobre todo en política religiosa, militar y socioeconómica, así como una modificación básica de la Constitución.

El contenido de las relaciones entre empleados y empleadores ya había comenzado a cambiar durante el primer Gobierno de Lerroux entre 1933 y 1934, 1o que había sido uno de los factores de la posterior radicalización obrera. Los «jurados» habían pasado a ser más neutrales, menos favorables a los trabajadores, mientras que algunos de los nuevos reglamentos simplemente no se habían llegado a aplicar. No obstante, con anterioridad a la insurrección de octubre, no había existido retroceso legal en lo que respecta a las reformas básicas, ni los sindicatos habían perdido, en modo alguno, todos los acuerdos contractuales de 1934. La situación varió mucho más en los momentos posteriores a la insurrección. Aunque los sindicatos de UGT no fueron disueltos de manera general (el gobierno fue incapaz de probar su responsabilidad en la sublevación), se hicieron desaparecer cientos de «jurados mixtos», en especial en las zonas industriales, mientras que en el campo ya se habían debilitado. El 1 de noviembre de 1934, un decreto gubernamental establecía la figura legal de la «huelga abusiva» que, de ahí en adelante, se aplicaría a todas las huelgas convocadas por motivos no laborales o que incumplieran las regulaciones legales. En tal situación, los patronos quedarían en libertad para rescindir los contratos y despedir a los trabajadores.

En mayo de 1935, Federico Salmón, el nuevo ministro cedista de Trabajo, representaba al ala «social-católica» de su partido y pretendía conseguir que los «jurados» fuesen más neutrales y más efectivos nombrando presidentes de los mismos a funcionarios, pero la UGT y la CNT se negaron a participar y, en última instancia, Salmón tuvo que admitir que los trabajadores ya no estaban representados de forma equitativa. En muchas zonas, los jurados dejaron de funcionar con efectividad mientras, de manera oficial, se suprimían algunos beneficios concretos. Por ejemplo, volvieron las jornadas de cuarenta y ocho horas semanales a la construcción y a las industrias metalúrgicas, el desempleo seguía aumentando y miles de trabajadores habían sido despedidos por participar en huelgas políticas o de otro tipo, aunque se instó de modo oficial a los patronos para que no tomasen represalias. En 1934-1935, el auge de la producción industrial, el aumento de la confianza empresarial y, con el centro-derecha, la inversión pudieron haber reducido el paro en 1935, pero, desde luego, fracasaron a la hora de hacerlo descender ya que los empresarios pretendían limitar el empleo de unos trabajadores que, en general, todavía disfrutaban de unos salarios más altos que en 1931. Las estadísticas del paro para 1935 (véase la tabla «Desempleo entre 1934 y 1936») mostraban una caída significativa a mediados de año debido al incremento estacional del empleo en la agricultura, pero, en su conjunto, el problema continuaba empeorando.

Por ello, Salmón dio prioridad a la reducción del desempleo. De modo inmediato introdujo un nuevo plan para invertir 200 millones de pesetas en construcción y obras públicas, con subsidios e incentivos para las Cajas de Previsión destinados a impulsar un volumen total de inversión privada al menos cuatro veces mayor. Este plan, dirigido al sector privado y también a nivel local, quedó aprobado en junio de 1935 y supuso el primer proyecto directo a favor del empleo, diseñado para que el Gobierno republicano desarrollase nuevas instalaciones productivas. De hecho, el dinero fue invertido poco a poco en pequeñas proporciones y nunca se desencadenó el volumen de nuevas construcciones y de empleo que se había previsto. Posteriormente, en septiembre, Luis Lucia, uno de los dos líderes democratacristianos más importantes de la CEDA, obtuvo el Ministerio de Obras Públicas y puso los cimientos de un nuevo programa de obras públicas que se presentó a las Cortes la víspera del colapso final de la coalición. Todas estas iniciativas bien intencionadas, la segunda de las cuales no llegó a tiempo de ser aprobada, fueron una cuestión de «demasiado poco y demasiado tarde» y fracasaron a la hora de reducir el creciente desempleo.

La revisión de la reforma agraria resultó más controvertida. El republicano progresista Cirilo del Río, ministro de Agricultura durante gran parte de 1934, había buscado la continuación de la reforma básica, corrigiendo ciertos abusos. Así, se desahució a los aparceros que en 1931-1932 habían ocupado tierra sin cultivar; se anuló la Ley de Términos Municipales; se suspendió la revisión de las rentas y se aceleraron los procedimientos para desalojar a los arrendatarios insolventes; sin embargo, se continuó con la normal reforma agraria y, en 1934, se instalaron más familias sin tierra que durante 1932-1933.

El ministro de Agricultura del primer gobierno cedorradical de octubre de 1934 fue el avanzado social-católico y democratacristiano Manuel Giménez Fernández. Su primera y gran actuación amplió durante otro año más (hasta el 31 de julio de 1935) la ocupación continuada de la tierra antes inculta que desde 1932-1933 venían trabajando los «yunteros» en Extremadura. Aunque la cuestión dividió a la CEDA (Gil Robles le dio su apoyo), se aprobó el 20 de diciembre de 1934. La segunda gran actuación de Giménez Fernández fue un decreto fechado el 2 de enero de 1935 que, de alguna manera, modificaba las condiciones de administración de la reforma agraria. Durante el resto del año no se producirían más expropiaciones forzosas, se otorgaría preferencia a las familias sin tierra que poseyeran sus propios aperos de labranza y se establecería para ese año el objetivo de asentar en nuevas áreas cultivables a diez mil agricultores sin tierra. Esto no constituyó, como insistía la izquierda, un intento de destruir la reforma, sino un simple esfuerzo por hacerla menos costosa y más eficiente. El número total de campesinos sin tierra a asentar igualaba al que había propuesto Azaña para 1933, mientras que el fin de las expropiaciones forzosas estaba diseñado, al menos en parte, para ahorrar dinero hasta que se ideara un sistema de compensaciones más flexible. De hecho, los reasentamientos en aplicación de la reforma agraria continuaron a ritmo normal hasta mayo de 1935.

Giménez Fernández tuvo que hacer frente a una intensa oposición a sus propuestas de beneficiar a los arrendatarios agrícolas. Se aferraba a la posición social-católica de que la propiedad privada era un derecho básico pero no absoluto, quedando su usufructo sujeto a una regulación basada en las necesidades objetivas de la comunidad. Ampliando un plan previo de del Río, propuso que se permitiera a los arrendatarios adquirir la tierra que hubieran trabajado durante doce años como mínimo a un precio que se establecería de mutuo acuerdo con los propietarios o se fijaría mediante arbitraje independiente. En otro caso, se les garantizaría el arrendamiento durante seis años, recibirían compensaciones por las mejoras que hubiesen introducido, se les daría la oportunidad de que los tribunales de arbitraje fijaran sus rentas y sólo se verían desahuciados en caso de impago de las rentas. Giménez Fernández argumentaba que, sencillamente, el gobierno carecía de fondos para indemnizar a los propietarios en caso de expropiación legal como no fuera a un ritmo lento y, por tanto, la alternativa más apropiada era posibilitar a los arrendatarios a largo plazo que fueran productivos la compra de sus explotaciones a precios de mercado. Esta constructiva propuesta se encontró con un torrente de críticas al ser considerada como una subversión de la propiedad privada: con crueldad, se tachó al ministro de ser un «bolchevique blanco» y éste tuvo que renunciar a sus principales condiciones. Al final, la legislación aprobada entre febrero y marzo de 1935 sólo garantizaba arrendamientos por cuatro años y ciertas compensaciones por mejoras, dejando el arbitraje en manos de los tribunales ordinarios [12].

Cuando en mayo de 1935 la CEDA volvió al gobierno, el ultraconservador Nicasio Velayos de los agrarios se hizo cargo del ministerio. En los meses que siguieron, muchos propietarios, es posible que «varios miles» [13], se aprovecharon de una reciente disposición legislativa que les permitía desalojar a los arrendatarios con el fin de trabajar la tierra directa y, en muchos casos, fraudulentamente pero no realizaron ningún esfuerzo tendente al cultivo directo. El número de los desahuciados de forma ilegal puede haber alcanzado las decenas de miles, pero Velayos se negó a intervenir para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Su propuesta para una nueva Ley de Reforma de la Reforma Agraria fue presentada a las Cortes en julio. En ella se establecía el principio de que no se produciría expropiación alguna sin una completa indemnización y las condiciones para calcularla se modificaron de modo sustancial a favor de los propietarios. Quedaba anulado el inventario de las propiedades técnicamente sujetas a expropiación, haciendo posible que los propietarios de una octava parte de las tierras incluidas en esa categoría pudieran venderlas a terceros, legarlas a sus hijos o tomar otra serie de medidas para obtener la exención. Ciertas clases de tierras quedaron excluidas por completo y se prohibieron todos los experimentos de colectivización. También se revocaron las disposiciones del «ruedo» (uno de los aspectos más dudosos del primer proyecto de ley) y los acuerdos para la expropiación de las propiedades arrendadas. El aumento de los costes de aplicación de la reforma redujo de forma drástica el número de asentamientos de nuevos campesinos, al tiempo que aumentaron en gran medida los requisitos de elegibilidad. Al final, como compensación para los moderados y los democratacristianos, el proyecto de ley otorgaba al Estado el derecho de hacerse con cualquier propiedad por razones de «utilidad social», aunque sin el menor plan para lograrlo. Al año siguiente, una vez que la izquierda recuperó el poder, esta disposición tendría el inesperado «efecto bumerán» de permitir que la izquierda sometiera a expropiación considerables cantidades de tierra.

El nuevo proyecto de ley de Velayos fue denunciado con vehemencia por toda la izquierda y parte del centro. El líder falangista José Antonio Primo de Rivera hizo público el cálculo de que, a ese ritmo, la reforma agraria tardaría más de 160 años en quedar terminada y advirtió que el proyecto enmendado sólo subsistiría «hasta el próximo movimiento de represalia», como en verdad ocurrió. Cuando el 25 de julio la medida fue aprobada, los republicanos de izquierda se retiraron una vez más del Parlamento por un tiempo.

En general, 1935 fue un año de severas represalias en los campos del centro y el sur del país, con numerosas expulsiones y despidos, reducciones de salarios y cambios arbitrarios en las condiciones de trabajo. El principal historiador conservador de este periodo juzga que la táctica de los terratenientes en el sur «alcanzó proporciones... de auténtico ensañamiento», y fue acompañada de bastante violencia así como de la muerte de varios socialistas y campesinos. Concluye que «la actuación de las derechas y los derechistas en el campo... en el segundo semestre de 1935 fue uno de los principales determinantes del odio de la Guerra Civil y, probablemente, de la Guerra Civil misma» [14].

Otra de las áreas básicas de reforma para el gobierno cedorradical era la política militar, aun existiendo una divergencia de intereses e intenciones entre los dos socios principales de la coalición. En conjunto, entre septiembre de 1933 y diciembre de 1935, se sucedieron siete ministros de la Guerra, pero los dos cuyo liderazgo resultó importante fueron el radical Diego Hidalgo (ministro entre enero y noviembre de 1934) y Gil Robles (que lo fue entre mayo y diciembre de 1935). El objetivo de los radicales había sido pacificar el ejército —al que Lerroux consideraba relativamente liberal en el fondo— tras la supuesta «trituración» impuesta por Azaña, con el fin de que los militares se sintieran más felices con la República. A todos los procesados con anterioridad y después amnistiados por la ley de abril de 1934 —excepción hecha de los cabecillas de la sanjurjada— se les ofreció la opción de retirarse, pasar a la reserva conservando la totalidad de la paga o regresar al servicio activo. Muchos se inclinaron por las dos primeras posibilidades pero algunas figuras, como el general Emilio Mola (último jefe de la policía con la monarquía), el general Andrés Saliquet, el coronel José Millán Astray y varios otros escogieron retornar al servicio activo. Franco había sido ascendido a general de división y, el 19 de julio de 1934, Hidalgo había publicado un decreto prohibiendo todas las actividades políticas en el seno del ejército. Lerroux asumió el ministerio cuando Hidalgo se vio forzado a abandonarlo e intentó ser equitativo a la hora de establecer una política de personal que equilibrase las preocupaciones tanto de los altos mandos conservadores de la línea dura como de los pro republicanos.

Cuando Gil Robles se hizo cargo del ministerio en mayo de 1935, los izquierdistas profetizaron lo peor: se temían la preparación de un golpe de Estado. Calvo Sotelo y su ultraderechista Bloque Nacional, que contaban con un escaso apoyo de la población civil, buscaron abiertamente el respaldo militar. Calvo consideraba al ejército «la espina dorsal de la patria». Gil Robles se burló de la idea de un golpe, diciendo que, por un lado, la dictadura nunca podría resolver los problemas del país y, por otro, que la CEDA contaba con un soporte legal adecuado para triunfar. «El pueblo» era la «espina dorsal», mientras que el ejército era el «brazo armado» del Estado, a disposición de toda la ciudadanía y no debería verse envuelto en política [15]. No obstante, él lo hizo para que los cuerpos de oficiales y los jefes del ejército volvieran al conservadurismo y mejoraran su preparación para el combate ante cualquier subversión futura.

Los nombramientos de jefes militares realizados por Gil Robles fueron muy derechistas. El general Joaquín Fanjul, en otro tiempo diputado agrario y simpatizante de la extrema derecha, pasó a ser su subsecretario en el ministerio y Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central. Gil Robles se quejaba de la «influencia masónica» entre los jefes del ejército, y unos cuarenta altos mandos liberales y nombrados por Azaña fueron separados y en ciertos casos pasaron a la reserva. Se recuperaron la antigua nomenclatura militar y los servicios religiosos como lo fueron también los «méritos de guerra» que, en algunos casos, habían sido anulados por Azaña. Se bloqueó un proyecto para disminuir en dos años la edad para pasar a la reserva, debido a una intensa oposición por parte del presidente y de los generales pro republicanos, algunos de los cuales hubieran quedado afectados por el mismo.

No había dinero para mejorar los salarios; sin embargo, en diciembre las Cortes aprobaron una ley por la que se ascendía a todos los subtenientes creados por Azaña a tenientes, ampliando el cuerpo de oficiales en 3.500 hombres, de tal manera que su número total alcanzó los 14.000. Entre los nuevos reclutas, la proporción de voluntarios aumentó en un 8 por ciento, y en julio, otra ley exigió a todos los candidatos a ingresar en la policía al cumplimiento de tres años de servicio militar activo.

Pese a la escasez de fondos, se diseñó un plan trianual de rearmamento que proyectaba un presupuesto extraordinario al que se haría frente con ahorros y con un sistema impositivo más progresivo; este último fue estrangulado por el gobierno. Se crearon dos nuevas brigadas y se prepararon planes para conseguir nuevos aviones de guerra, tanques, artillería y ametralladoras aunque, en realidad, se pudieron adquirir muy pocos [16]. El más turbio de todos estos planes fue una propuesta de Cándido Casanueva, el ministro cedista de Justicia, para conseguir proveedores alemanes para la expansión militar, cuyo excedente iría a parar a las arcas del partido y se destinaría a sus campañas [17]. En apariencia, de este plan nunca más se supo.

Desde finales de 1933 se había desarrollado en las guarniciones españolas una asociación semiclandestina de oficiales llamada la Unión Militar Española (UME), una especie de variante, en cierto modo más derechista, del antiguo movimiento de juntas militares que había florecido entre 1917 y 1919. Gil Robles despreciaba a la UME, pues no deseaba tener relación alguna con una política corporativa en el ejército a diferencia de unas fuerzas armadas más fuertes y conservadoras. Su meta principal era modificar por completo las reformas políticas y de personal de Azaña. La UME estaba organizada y dirigida por monárquicos, en particular por el capitán Bartolomé Barba Hernández y el teniente coronel Valentín Galarza, oficiales del Estado Mayor, pero se trataba de una organización inconexa, que atraía a los oficiales de las guarniciones principalmente por cuestiones profesionales más que por un programa político. Fanjul y otros altos cargos nombrados por Gil Robles pudieron haberla estimulado y protegido.

También varió la política educativa. Los logros más positivos se alcanzaron con el demócrata liberal Filiberto Villalobos, quien ocupó el cargo de ministro de Instrucción Pública durante ocho meses, entre abril y diciembre de 1934, antes de que la CEDA le forzase a abandonar [18]. Entre el 29 de diciembre de 1934 y el 30 de diciembre de 1935, la cartera ministerial se convirtió en una pelota, cambiando de manos siete veces entre seis ministros diferentes, incluyendo al ubicuo y persistente Rocha durante un mes y finalizando con un breve retorno de Villalobos. Los iniciales gobiernos radicales no recortaron los gastos en educación sino que los aumentaron hasta un límite sin precedentes: el 7,08 por ciento del presupuesto total del Estado, antes de quedar reducidos al 6,6 por ciento en 1935. El número de nuevas aulas construidas disminuyó hasta las mil trescientas en 1934, pero dado que ya no se cerraban las escuelas católicas el déficit fue mucho menor. En julio de 1934 se estandarizaron los requisitos y exámenes en todos los niveles de educación secundaria y en agosto se reorganizó el curriculum de bachillerato en ciclos sucesivos, una reforma que, en general, fue bien recibida. Al mismo tiempo se puso fin a la coeducación en los ciclos de primaria y, durante 1935, el aparato de inspectores de escuelas nacionales que desarrolló la izquierda fue suprimido en su mayoría. Ese mismo año, la política con el centro-derecha se hizo cada vez más conservadora. Tras la insurrección de octubre, se abolió la representación estudiantil en las universidades, al tiempo que los grupos católicos de educación incrementaban su actividad.

De todos los cambios, el que la CEDA consideraba fundamental era la reforma constitucional. Básicamente la táctica consistía, en primer lugar, en contrarrestar la legislación anticatólica e introducir aspectos del programa social de la CEDA para reforzar las instituciones conservadoras y, a continuación, acometer la reforma constitucional fundamental. Aunque este objetivo resultaba crucial, la cúpula del partido no tenía una prisa inmediata, ya que cualquier enmienda constitucional que se adoptase antes del 9 de diciembre de 1935 (cuarto aniversario de la Constitución), requeriría una mayoría de dos tercios, en tanto que, con posterioridad a esa fecha bastaría con una mayoría parlamentaria simple. Además la ley exigía que, una vez aprobada la reforma, se disolviera el Parlamento y se convocaran nuevas elecciones que harían las veces de referéndum sobre la misma. En otro caso, no hubiera sido necesario que la mayoría en las Cortes de la CEDA se enfrentara a unas nuevas elecciones hasta noviembre de 1937 y por ello la cúpula procedió con cautela en esta área crítica.

También Alcalá Zamora hizo hincapié en la necesidad de una reforma constitucional, aunque sus propósitos diferían en aspectos clave, ya que simplemente deseaba que la Ley Fundamental republicana deviniera más moderada y eficiente, pero que continuara siendo, en esencia, liberal y democrática. En enero de 1935 realizó una larga exposición ante el primer gabinete cedorradical, en la que proponía la reforma de la totalidad de los cuatro artículos referentes a los estatutos regionales, los artículos 26 y 27 relativos a la religión y el artículo 51 sobre la «cámara única» con el fin de crear una legislatura bicameral. También sugirió modificar la declaración acerca de la socialización de la propiedad e introducir cambios en otros 27 artículos, lo que en conjunto suponía la redacción de una nueva Constitución [19]. El gobierno nombró una comisión parlamentaria presidida por el demócrata liberal Joaquín Dualde para preparar el borrador de las propuestas, aunque el trabajo avanzó con lentitud, en parte debido a que tanto la CEDA como otros no veían la necesidad de proceder hasta diciembre.

Al propio tiempo se consideró de modo más serio la reforma de la Ley Electoral. El 16 de junio se reunieron por primera vez los representantes de los partidos y de nuevo lo hicieron poco después. La CEDA respaldaba la representación proporcional, mientras que los radicales y la mayoría del resto de partidos republicanos sólo pretendían suprimir el quórum del 40 por ciento y dividir por la mitad los mayores distritos electorales. Anunció Lerroux que él mismo se haría responsable de redactar una nueva ley electoral que «satisficiera a todo el mundo», basada en un sistema mayoritario para los distritos más pequeños y reservando la proporcionalidad para los cuatro o cinco mayores. Sin embargo, sus energías estaban en franco declive y nunca llegó a aparecer tal propuesta. Los radicales estaban convencidos de que se las arreglarían con la ley existente e incluso los pequeños partidos estuvieron de acuerdo [20]. Como señaló Alcalá Zamora más tarde, a políticos como Martínez de Velasco y Melquíades Álvarez esta posición les costaría primero sus escaños y después la vida.

El 5 de julio Lerroux presentó ante el Parlamento las propuestas de la Comisión Dualde, en cuyo preámbulo se declaraba con orgullo:

Por primera vez en la historia de España, una revisión se realiza aprovechando las posibilidades jurídicas que otorga la misma Constitución vigente. Los regímenes preconstitucionales y las Constituciones han tendido a la inmutabilidad, con lo cual no tuvo más trámites que los de la violencia.

La propuesta contenía las líneas maestras de la revisión de no menos de 41 de los 125 artículos de la Constitución. Esencial sería la revisión de las disposiciones concernientes a la autonomía regional para salvaguardar el orden público y la unidad, la democratización de los artículos de contenido religioso con una disposición para la negociación de un concordato, la revisión del artículo 44 que había permitido la expropiación sin indemnización, la creación de un Senado, así como la revisión de las prerrogativas presidenciales para otorgar al presidente mayor libertad a la hora de disolver el Parlamento pero para reducir su autoridad sobre la conducta ordinaria del gobierno. Estas reformas obtuvieron el respaldo de la coalición gobernante pero contaron con el vehemente rechazo de toda la izquierda. De manera inmediata se procedió al nombramiento de una comisión compuesta por veintiún diputados, encargados de estudiar la propuesta y realizar nuevas recomendaciones que se discutirían en las Cortes en los últimos meses del año.

Estas propuestas fueron mucho más moderadas que las que la CEDA y en particular las estridentes JAP, su agrupación juvenil, habían presentado con anterioridad. Las publicaciones de las JAP habían reclamado un Ejecutivo mucho más fuerte y limitaciones al poder del Legislativo [21], en tanto que en sus mítines se pedía una nueva Constitución de tipo corporativo. En varias ocasiones a lo largo de 1935 Gil Robles pretendió disociarse de la retórica autoritaria y nacionalista de las JAP, que algunas veces estaban más próximas al Bloque Nacional de Calvo Sotelo que a la CEDA, aunque no hizo intento alguno por acallarlas. El líder de la CEDA dio alguna indicación de que valoraba la importancia del Parlamento, pese a creer que sus poderes y funciones deberían verse reducidos [22].

El presupuesto constituía un problema más inmediato. Los gobiernos republicanos encontraban cada vez más dificultades a la hora de preparar los presupuestos, no porque el gobierno se encontrase al borde de la bancarrota —lo contrario se acerca más a la verdad— sino debido a los enfrentamientos políticos. Los acuerdos se veían lastrados por el continuado (aunque apenas abrumador) aumento del déficit, las siempre lentas condiciones económicas (pese a que la depresión ya había tocado fondo) y, sobre todo, por la inestabilidad del gobierno [23]. A mediados de 1935, el problema fue trasladado a las expertas manos de Joaquín Chapaprieta, un rico abogado y hombre de negocios, ex miembro del ala de Alba del antiguo Partido Liberal y último ministro de Trabajo antes de la Dictadura. Elegido como republicano independiente en 1933, Chapaprieta ya contaba con una cierta reputación como experto en administración y finanzas. Sus primeras propuestas, presentadas el 29 de mayo, preveían la reducción en un tercio, y a lo largo del año, del déficit del año anterior que ascendía a 750 millones de pesetas y alcanzar el total equilibrio presupuestario a finales de 1936 o en 1937 mediante una combinación de reducciones en ciertas categorías, modestos aumentos en la presión fiscal y revisiones y mejoras en la recaudación. Sus reducciones apuntaban al recorte de los gastos de administración y personal del Gobierno, conservando los necesarios programas sociales y de obras públicas. Señalaba que: «En política económica no veo que los gobiernos de izquierdas hayan tenido una política distinta de los de centro y derecha» [24], y estaba convencido de que, con una gestión más sensata, la economía pronto disfrutaría de una considerable inversión tanto nacional como extranjera. Chapaprieta reflotó una gran parte de la deuda pública, pero sus propuestas clave atrajeron una intensa oposición desde la izquierda, el funcionariado y ciertos grupos económicos de presión. Uno de los rasgos más importantes de sus planes de reorganización administrativa y recorte presupuestario era la supresión de tres ministerios, con el reparto de sus funciones entre los restantes [25].

El general desinterés por estimular la economía a través del gasto público, en un país que se estaba modernizando rápidamente y que carecía de una aplastante carga de deudas, fue un rasgo sorprendente que caracterizó a todos los gobiernos republicanos, de izquierdas o de derechas y, cuando menos, uno de los factores menores que influyeron en su fracaso. En parte esto derivaba del ejemplo del gasto público en la Dictadura, que condujo a la noción de que era antidemocrático e irresponsable. Como resultado las propuestas más firmes de déficit público provenían sólo de la extrema izquierda o de la extrema derecha, aunque la CEDA también estaba dispuesta a hacer un pequeño avance en este campo. Sin embargo, la reticencia general no fue sino otro ejemplo de la falta de imaginación o de comprensión claras por parte de los líderes republicanos, aunque, para ser justos, debería reconocerse que siguieron la ortodoxia de principios del siglo XX, de forma similar a como lo hicieron muchos otros gobiernos durante la depresión.

Tan pronto como la reforma de Chapaprieta fue aprobada por el gobierno el 19 de septiembre, los dos ministros agrarios dimitieron de forma inesperada, primero porque se oponían a devolver a la reconstituida Generalitat catalana más competencias administrativas (en este caso, las obras públicas) y después debido al impacto potencial que la nueva reforma tendría sobre sus ministerios. No había motivo alguno para que estas dimisiones precipitaran una crisis generalizada, dado que ninguno de los principales partidos de la coalición resultaba implicado y ambos estaban preparados para continuar en ella pero, al día siguiente, siguiendo escrupulosamente el precedente político, todo el gabinete presentó su renuncia formal como paso previo a la reorganización de la coalición. Alcalá Zamora, sin embargo, tenía otras ideas y estaba decidido a poner fin a la tendencia hacia una República conservadora manipulando un nuevo giro hacia el centro.

CAPÍTULO 5 -
EL COLAPSO DE LOS RADICALES
Y LA FRUSTRACIÓN DEL SISTEMA PARLAMENTARIO

L

a reorganización del gobierno en septiembre de 1935 fue otro asunto rutinario similar al experimentado por el Gobierno de Azaña en junio de 1933. Existía una coalición mayoritaria estable y viable, de tal manera que resultaba posible adjudicar las carteras vacantes con presteza y sin mayores incidentes. Sin embargo, con la República, nada era tan sencillo ya que el menor acontecimiento era aprovechado por el presidente como oportunidad para interferir. Alcalá Zamora lo consideró una nueva brecha para debilitar a la coalición «cedorradical» e intentar que el gobierno se inclinase con más decisión hacia el centro. Como era habitual, en lugar de hacer lo que era normal y autorizar la reconstitución de la coalición de los dos partidos mayoritarios —como hubiera sucedido en cualquier democracia que funcionase— abrió otra ronda de consultas para determinar todas las posibles alternativas y llevó al radical Rafael Guerra del Río a decir con desesperación que «estamos en un manicomio». El plan inicial de Alcalá Zamora era solicitar al distinguido presidente de las Cortes, antiguo jefe del Partido Liberal y ahora radical converso, Santiago Alba que formase una nueva coalición en la que quedaría incluido todo el centro-izquierda, incluidos los republicanos de izquierda e incluso el ala más moderada de los socialistas, el pequeño grupo encabezado por Besteiro (pese a la notoria oposición de este a participar en un gobierno). Alba asumió la responsabilidad pero descubrió que Gil Robles no aceptaba coaligarse con elementos que estuvieran situados más allá del centro y presentó su renuncia [1].

Negándose a llamar a cualquiera de los líderes de los dos partidos mayoritarios, Alcalá Zamora volvió su mirada hacia el independiente ministro de Hacienda, Chapaprieta, y le pidió que reorganizara la coalición, una decisión que garantizaba que el nuevo gobierno sería lo más débil posible, lo cual no parecía preocupar al presidente. Una vez más Lerroux y Gil Robles cedieron y Chapaprieta formó rápidamente un nuevo gobierno ampliándolo un poco hacia el centro con la inclusión de un miembro de la Lliga Catalana como ministro de Marina. Un hombre diminuto, que apenas superaba el metro cincuenta de alto, Chapaprieta era inteligente, firme y enérgico. En línea con el planeado presupuesto de austeridad redujo el número de ministerios de trece a nueve, combinando varios de sus cometidos. La CEDA continuaba en posesión de tres carteras: Gil Robles estaba al frente de la de Guerra, Lucia en Obras Públicas y Salmón en Trabajo y Justicia. El desmañado papel del presidente, al que la Constitución autorizaba a designar a cada jefe de gobierno (teniendo este último el poder de seleccionar sus propios ministros del gabinete) era dolorosamente obvio.

El 1 de octubre se presentó el nuevo gobierno ante las Cortes donde, de inmediato, se enfrentó al ataque verbal de Calvo Sotelo. El líder monárquico lo definió como «una crisis patológica», la decimotercera o decimocuarta en cuatro años y medio de República, en los que el gobierno había soportado setenta ministros diferentes; algunos ministerios habían conocido diez ministros distintos, existían ministros que habían ocupado al menos cuatro carteras y gobiernos de tan corta duración como treinta días, todo ello acompañado de interminables declaraciones presidenciales que eran a la vez «difusas y profusas, de prosa fraygerundiana y gongorina». El modo en que Alcalá Zamora manipulaba a los gobiernos «desconoce y oscurece la llamada egregia soberanía del Parlamento». Calvo acusó a Alcalá Zamora no sólo de determinar personalmente y casi en cada caso quién sería jefe de gobierno sino también de interferir en la selección de los ministros, lo que, en puridad, era inconstitucional. Así, «el jefe del Estado dirige en la actualidad la política española. A mí no me parece mal que el jefe del Estado tenga un poder dirigente fuerte. Todo lo contrario. Si España hubiera de vivir de manera definitiva en régimen republicano, yo votaría cien veces mejor por una República presidencialista que por una República parlamentaria». A juicio de Calvo, el fallo residía, primero, en el hecho de que el sistema republicano estaba dividido sin remedio contra sí mismo y, segundo, en que «el jefe del Estado no apoya a la contrarrevolución», lo que en verdad era cierto, en un momento en que «la revolución está más viva hoy que hace un año».

Las principales tareas de la nueva administración eran las financieras, con Chapaprieta planeando completar su reforma fiscal y administrativa lo antes posible. El ministro cedista de Obras Públicas, el democratacristiano Luis Lucia, estaba al mismo tiempo diseñando un programa para beneficiar a las pequeñas comunidades rurales con mejores carreteras, comunicaciones y un servicio ferroviario, mientras se mantenía el programa de construcción de pantanos. Además de comenzar a equilibrar el presupuesto, el nuevo Gobierno también confiaba en preparar una reforma electoral que introdujera un cierto grado de proporcionalidad, reduciendo el quórum del 40 por ciento y dividiendo los distritos más grandes. Enseguida obtuvo el voto de confianza, por 211 votos a favor y 15 en contra, obviamente con numerosas abstenciones. Los 17 decretos de Chapaprieta, destinados a reducir el presupuesto y que fueron publicados en la Gaceta el 30 de septiembre, suprimían cinco direcciones generales en el Ministerio de Agricultura, tres en el de Justicia e introducía también cambios en los niveles inferiores. Los salarios y gratificaciones gubernamentales superiores a mil pesetas quedaban, de modo automático, reducidos en un 10 por ciento; se suprimía la mitad de las vacantes de empleados del gobierno, así como 597 porteros de los ministerios y 300 coches oficiales. El 15 de octubre, Chapaprieta presentó una completa explicación ante las Cortes, en la que informó que ya había reconvertido una gran parte de la deuda del 5 al 4 por ciento y había reducido el presupuesto total en 400 millones de pesetas, al tiempo que se incrementaban los impuestos en una cantidad similar y la mejora en la recaudación en los cinco meses anteriores agregaba otros 172 millones de pesetas en ingresos. Así, aunque el gobierno planeaba invertir 400 millones más en obras públicas y 250 en defensa, el déficit previsto para 1936 descendería hasta los 148 millones y, a finales de ese año, quedaría eliminado por completo. Las Cortes se mostraron sorprendidas ante lo que parecía una proeza impresionante. La producción industrial había estado aumentando y en 1935 las cosechas fueron excelentes, planteándose el problema de cómo retirar del mercado el exceso de cereal para mantener los precios.

Un objetivo decisivo del nuevo gobierno era normalizar la vida política y, así, se permitió que todos los centros políticos en Barcelona volvieran a abrir sus puertas, a excepción del extremista Estat Català. Continuaron los mítines multitudinarios. Azaña batió el récord con una enorme concurrencia (200.000 personas o más) que le escuchó hablar durante más de tres horas —los políticos republicanos eran notoriamente prolijos— en la zona sur de Madrid. La CEDA anunció sus planes para celebrar un mitin de «medio millón» y se autorizó a los socialistas a realizar uno propio, así como un nuevo congreso nacional que nunca tuvo lugar.

La violencia política no había desaparecido en modo alguno, pero en 1935 su ritmo era el más lento de cualquier año de la República. Resulta curioso que el gobierno anunciara que tan sólo 140 personas habían resultado muertas a causa de la violencia política desde el principio del régimen, cuando las cifras reales eran más de diez veces superiores. Todo ello mientras los «consejos de guerra» continuaban con sus tareas represivas, dictando numerosas condenas a penas de reclusión mayor, así como más sentencias rituales de muerte que nunca se ejecutarían. El 6 de octubre se produjo la única condena por excesos en la represión, cuando uno de los acusados en el caso Sirval, el teniente Dmitri Ivanov, que había apretado el gatillo, recibió una sentencia a seis meses de prisión por «homicidio por imprudencia». La última gran ronda de consejos de guerra tuvo lugar en los primeros días de 1936, cuando 34 líderes de la milicia socialista, incluyendo a los más activos militantes socialistas de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, fueron sentenciados a penas de diversa duración.

En este ambiente de mejora económica parcial, perspectivas de reforma constructiva y delicado equilibrio político, se produjeron, de manera repentina, los más relevantes escándalos de corrupción de la República. El primero estuvo relacionado con un dispositivo de juego, similar a la ruleta, conocido como el «Straperlo» [2], cuyos propietarios esperaban legalizar en España mediante negociaciones personales con diversos políticos, sobre todo radicales. En apariencia se distribuyó un cierto número de sobornos pero la legalización nunca llegó a producirse y los frustrados promotores finalmente buscaron compensación o venganza. David Strauss, un hombre de negocios holandés que era el socio principal, entró en contacto con el exiliado Prieto (quien, con su típico doble juego, se había trasladado por un tiempo a Holanda con el fin de escapar a una república democrática) y con Azaña, el cual instó a Strauss a escribir al presidente de la República, lo que hizo sin demora [3].

En lugar de entregar este material a los tribunales, Alcalá Zamora retuvo la correspondencia con fines políticos, presentándola primero a la atención de Lerroux justo antes de la crisis de septiembre. El dirigente radical la hizo a un lado, considerándola una trivialidad injustificada (lo que, en cierto modo, era). No obstante, a Alcalá Zamora le proporcionaba otra oportunidad para llevar a cabo una manipulación que desacreditara al principal partido centrista, su mayor competidor personal en el terreno político. A principios de siglo, los viejos radicales se habían ganado la reputación de corruptos en la política municipal barcelonesa, una reputación que el ampliado partido para todos de los años de la República nunca conseguiría sacudirse por completo. Aunque el presidente fue el primer responsable de las continuas crisis desde mediados de 1933, el espectáculo de numerosos ministros radicales —encabezados por el infatigable Rocha— jugando a las sillas musicales con los ministerios republicanos había dado lugar a la cínica convicción de que la principal motivación subyacente a tan frecuentes crisis era permitir que tantos de los más antiguos ministros radicales como fuera posible reunieran las condiciones necesarias para recibir la pensión ministerial. El partido se había ampliado entre 1931 y 1933, a modo de organización paraguas republicana y moderada, sin una ideología muy marcada, al menos en comparación con los grupos derechistas e izquierdistas, que discutían de política en términos de condena y salvación escatológicas. Como organización corriente y moliente, el patrocinio era muy importante para los radicales. Lerroux confiaba de manera especial en sus veteranos compinches dentro de la cúpula del partido, hombres que le eran leales a nivel personal, pero, en ciertos casos, no especialmente competentes y que a menudo daban la impresión de ser un grupo de peones del partido (y algunos, de hecho, lo eran) [4].

Sólo con posterioridad al 1 de octubre, informó Alcalá Zamora al jefe del gobierno de la correspondencia relativa al Straperlo, y Chapaprieta se alarmó ante las potenciales complicaciones. Aconsejó a Alcalá Zamora que no respondiera a Strauss, dejando que éste llevase el asunto ante los tribunales si así lo prefería; seguramente fue el consejo más sensato y apropiado. Ciertamente, Alcalá Zamora podría haber continuado por el sendero de la discreción si no hubiera sido por un pequeño incidente que tuvo lugar unos días más tarde. Los radicales habían organizado para Lerroux varios banquetes «de desagravio» después de la dudosa forma en que el presidente le había aliviado del peso de la jefatura del gobierno. El 9 de octubre se celebró un banquete en el lujoso Hotel Ritz de Barcelona, que contó con la llamativa presencia de un Gil Robles servil en su elogio de Lerroux. En respuesta, el líder radical añadió unas palabras en el sentido de que uno debería respetar siempre el cargo de jefe del Estado, sin importar la opinión que se tuviera de su ocupante [5]. Esto ofendió profundamente la vanidad enfermiza del presidente y antes de que transcurriese el siguiente día informó al jefe del gobierno de que iba a entregar la correspondencia referente al Straperlo al gobierno y no a los tribunales. El consejo de ministros se hizo cargo del tema de forma inmediata, tras recibir el aviso de que Azaña estaba a punto de hacer una referencia pública al mismo en un mitin multitudinario. Se decidió anunciar que se había recibido una queja de una fuente extranjera, en la que se alegaban irregularidades por parte de ciertos funcionarios españoles y que se la iba a poner en manos del fiscal del Tribunal Supremo para que la investigara.

Tan pronto como apareció el anuncio, el 19 de octubre, los diputados de la oposición, que «olfateaban la sangre», insistieron en llevar a cabo una completa investigación parlamentaria, a fin de obtener el máximo efecto político y se nombró la habitual comisión. Tras mucho arrastrar de pies parlamentario en los pasados dos años y medio, la «comisión del Straperlo» se movió con inusual velocidad y en cuatro días presentó su informe a las Cortes. Según los datos de que se disponía, David Strauss había intentado, primero, obtener la autorización para su dispositivo de juego en Barcelona a finales de 1933. Desairado, regresó a la capital catalana en mayo de 1934 donde fue presentado al dirigente radical José Pich y Pon (entonces subsecretario de Marina) y a Aurelio Lerroux, sobrino e hijo adoptivo del jefe del partido. Ambos convencieron a Strauss para formar una nueva empresa de la cual Pich y Pon y Aurelio Lerroux [6] recibirían un 50 por ciento de las acciones a cambio de obtener la autorización del gobierno. Consiguieron la aprobación del ministro de Gobernación, que en aquel momento era Salazar Alonso, y de su subsecretario Eduardo Benzo, aunque, aparentemente, estos funcionarios no recibieron soborno alguno. También era necesaria la aprobación del presidente del gobierno, Samper. Según se afirma, su íntimo asociado, Sigfrido Blasco Ibáñez, hijo del famoso novelista radical, prometió solucionar la cuestión a cambio de un soborno de 400.000 pesetas para el jefe del gobierno y otro menor para el ministro de Gobernación. Se obtuvo la autorización y en agosto de 1934 Strauss regaló a Alejandro Lerroux y a Salazar Alonso sendos relojes de oro valorados en 4.600 pesetas cada uno, el único dinero u objeto de valor que se sabe cambió de manos. El 12 de septiembre de 1934 Strauss abrió su casino en San Sebastián, pero en tres horas la policía lo clausuró, supuestamente debido a la incapacidad de Strauss para aparecer con los sobornos. Un airado Strauss exigió a Lerroux que devolviera todo cuanto se había invertido, pero se supone que este último le convenció de que sería posible montar la operación con éxito en Palma de Mallorca, siempre que se pagaran modestos sobornos a Juan José Rocha, a la sazón ministro de Marina, a Pich y Pon, Benzo y varios otros. Entonces, Strauss invirtió en la apertura de un nuevo casino en Formentera, para verlo clausurado en ocho días, es posible que debido a las presiones ejercidas por grupos empresariales locales de Baleares. Acto seguido, Strauss intentó salvar lo que pudiera de sus inversiones, exigiendo la devolución de 50.000 pesetas que, en apariencia, había abonado a Aurelio Lerroux y 25.000 que había entregado a Benzo. La empresa fue disuelta y Strauss reconoció el reintegro de 75.000 de las 450.000 pesetas que se supone había perdido [7].

Los radicales demostraron una extraordinaria ineptitud en su defensa. Una vez que Alcalá Zamora le había movido la silla, parece que Lerroux, de setenta y un años y con sus energías en serio declive, cayó en una profunda depresión, creyendo que su carrera política había tocado fondo. De manera apropiada, los radicales insistieron en que si alguien había cometido un delito debería ser procesado en los tribunales, que en este tema no estaba implicado el actual gobierno, el Parlamento o el Partido Radical en su conjunto, que los propios ministros radicales habían puesto fin a las operaciones del Straperlo y que cualesquiera irregularidades, se hubieran o no producido, no eran peores que las de otros políticos. La carta de Strauss estaba escrita en un español notablemente coloquial, lo que indicaba asistencia experta, y ya existía alguna evidencia de la connivencia de la oposición en todo el asunto. Sin embargo, ninguno de estos puntos se presentó con vigor y efectividad. Los líderes radicales parecían desconcertados y carentes de enfoque y energía.

El principal documento presentado por Strauss y su letrado estaba, de hecho, sin firmar y no iba acompañado por la menor prueba material así que su valor legal era, como mínimo, dudoso.

Podía ser casi imposible determinar la veracidad de las alegaciones; los dos relojes de oro eran los únicos objetos de valor que se sabía habían cambiado de manos. La legislación española no prohibía el empleo de dispositivos como el de Strauss, y cuando el informe fue discutido en las Cortes el 28 de octubre, Arranz, el presidente independiente de la comisión parlamentaria, declaró: «No me atrevería a afirmar que en los hechos enjuiciados pueda existir delito». Se descubrió que Strauss era un turbio vividor y algo parecido a un artista del timo que se había visto obligado a huir de México ocho años antes. No obstante, el informe de la comisión recomendó que todos los responsables que hubieran sido objeto de acusación —Salazar Alonso, que entonces era el alcalde de Madrid, Pich y Pon, gobernador general de Cataluña, Aurelio Lerroux, delegado del Estado en la Compañía Telefónica Nacional de España, Blasco Ibáñez, diputado en Cortes, Benzo, subsecretario de Gobernación y otras dos figuras menores— dimitieran de sus cargos, lo que hicieron de forma inmediata.

El informe causó sensación, compendiada en las palabras del líder falangista Primo de Rivera quien declaró en el Parlamento: «Aquí hay sencillamente un caso de descalificación de un partido político: que es el Partido Republicano Radical». Y algunos días más tarde y desde las tribunas de las Cortes, gritó a los diputados: «¡Viva el Straperlo!». Éste se convirtió en el perfecto símbolo para que los extremistas de izquierda o derecha satirizasen la supuesta corrupción del sistema parlamentario. También los diputados más moderados censuraron con severidad a los radicales, y sus aliados de la CEDA estaban cada vez más entusiasmados con el procesamiento. La cuestión no fue remitida de nuevo a los tribunales, que estaban para tales menesteres, sino que, inmediatamente, se transformó en una pelota política que, en principio, se decidiría mediante el voto parlamentario. Salazar Alonso se libró por tan sólo tres votos, pero todos los demás mencionados en el informe fueron sancionados por el Parlamento al procesamiento ordinario, pese a la ausencia de pruebas claras.

Al día siguiente, las dos principales figuras del Partido Radical en el gobierno, Lerroux y Rocha, dimitieron, pero esto no provocó otra «crisis presidencial», ya que Alcalá Zamora había quedado ahora arrinconado y no existía alternativa para reemplazar a Chapaprieta. El jefe del gobierno reorganizó su gabinete con el dirigente agrario Martínez de Velasco sustituyendo a Lerroux como ministro de Estado y dos figuras radicales menores para asumir los dos ministerios que el ubicuo Rocha había ocupado de manera conjunta.

En la investigación judicial oficial, que comenzó el 6 de noviembre, se descubrieron pruebas de que la mayoría de las acusaciones eran exactas y el impacto en los radicales fue profundo [8]. Lerroux se mostraba cada vez más apático y con menor liderazgo, al tiempo que una especie de parálisis se adueñaba del partido. Ahora, la reputación de corruptos de los radicales era considerada, de manera generalizada, como contundente. No cabía duda de que el partido contaba en su historial con cierta corrupción, en especial en Barcelona y Valencia, y existían pruebas de algunas irregularidades en el gobierno en los años anteriores. En menor grado, esto también había ocurrido en el primer bienio republicano, pero incluso Alcalá Zamora reconoció que la mayoría de los políticos radicales no eran más corruptos que los de cualquier otro partido. No existía distinción entre los radicales y otros grupos a este respecto, aunque pudo haber una cierta diferencia en cuanto al grado de corrupción. Si tal era el caso, era un pequeño precio a pagar por el único gran partido demócrata y liberal que había intentado construir una República para todos los sectores de la sociedad española.

El 28 de noviembre estalló otro escándalo cuando el antiguo inspector general de Colonias, un ex oficial del ejército llamado Nombela, presentó una protesta pública por un pago inapropiado de fondos realizado por Lerroux mientras fue presidente del gobierno, lo que había dado como resultado el despido de Nombela tras sus iniciales protestas. Este turbio asunto derivaba de la cancelación, algunos años antes, de un contrato naval para las colonias debido al incumplimiento de los servicios. En abril de 1935 el Tribunal Supremo se pronunció a favor del demandante, un anciano naviero catalán llamado Tayá, que exigía el pago de tres millones de pesetas en concepto de liquidación. El Tribunal dictaminó que una comisión de expertos determinara la suma final pero Tayá, que años antes había hecho negocios con Lerroux, consiguió un acuerdo a través del subsecretario de Presidencia, Moreno Calvo, en virtud del cual se le pagaría directamente con fondos de la administración colonial. Nombela había presentado una protesta y un subcomité del consejo de ministros había revisado la cuestión pero, de modo rutinario, el pago se aprobó el 11 de julio. Una vez más Nombela protestó, esta vez directamente ante Gil Robles y el 17 de julio el Consejo de Ministros canceló el pago, destituyendo a Nombela al mismo tiempo. Ahora reclamaba justicia y que su nombre quedase limpio.

Apenas existía duda de que habían tenido lugar algunas irregularidades, pero parecían de menor entidad. No obstante, tales problemas no se resolvían de manera habitual remitiéndolos al Parlamento y Nombela había llevado la cuestión ante el propio Alcalá Zamora [9]. Aunque de nuevo Chapaprieta vio la mano del presidente en el intento de convertir esta cuestión en una pelota política [10], Alcalá Zamora estaba ahora más falto de confianza en sí mismo. En ese momento, quien más presionaba para presentar la cuestión ante el Parlamento eran los cedistas, que desempeñaban un papel esencial en el Gobierno de Chapaprieta y consideraban que el nuevo escándalo podría debilitar lo que quedaba de la fortaleza radical y otorgar a la CEDA el control total del Parlamento. De manera inmediata las Cortes votaron el nombramiento de una comisión de investigación, presidida, como en el caso Strauss, por el conservador e independiente Arranz. La comisión descubrió que la única persona culpable era el subsecretario Moreno Calvo. El informe se discutió en una sesión nocturna de las Cortes que tuvo lugar entre el 7 y el 8 de octubre y se aprobó por 105 votos a favor y 7 en contra, con la CEDA votando la aceptación y la abstención de la mayoría de los diputados. La minoría monárquica presentó un «voto particular» contra Lerroux por prevaricación y falsificación, pero éste quedó técnicamente absuelto por 119 votos a favor y 60 en contra, aunque una votación similar contra Moreno Calvo desembocó en su condena.

Este segundo escándalo —aunque, en último término, no se había producido ningún pago incorrecto— completó el descrédito de Lerroux y los radicales, y todavía había más quejas acerca de la corrupción radical esperando entre bastidores. El propio partido presentaba una gran división interna acerca de la política y los compromisos recientes y estaba perdiendo apoyos, ya que algunos de sus seguidores se inclinaron de nuevo hacia la izquierda, mientras la CEDA adquiría una posición más fuerte dentro de la derecha. Clara Campoamor, la única diputada radical y una de las tres presentes en las Cortes, había abandonado el partido el febrero anterior alegando que se había vendido a la derecha y su deserción fue sintomática. Los escándalos del Straperlo y Nombela se han comparado con el asunto Stavisky en Francia en 1933-1934, cuando se demostró que los políticos radicales franceses se habían beneficiado con la corrupción e incluso acabó con el asesinato del principal testigo. Ildefonso Bellón, juez de instrucción en el caso del Straperlo, fue uno de los primeros en reconocer de manera pública que, en comparación, el asunto español apenas tenía relevancia. Aunque la política francesa se vio sacudida por el asunto Stavisky, a la larga el Partido Radical francés, mucho más institucionalizado, sólo sufrió daños limitados y en el plazo de cuatro años volvería a ocupar la presidencia del gobierno. Sin embargo, en el sistema español, mucho más fragmentado, con una débil institucionalización y muy polarizado, el efecto combinado del escándalo del Straperlo y el de Nombela —aunque eran pequeñeces en sí mismos— fue devastador.

Mientras que el caso francés se manejó a través de los canales habituales, el asunto del Straperlo fue cuidadosamente elaborado por la oposición izquierdista en el exilio, dirigida por Prieto. En cualquier caso, apenas hubiera sido significativo de no haber sido explotado por el presidente español, pese a ser plenamente consciente de que Strauss había intentado chantajear a su jefe de gobierno. Habiendo expulsado a Lerroux del poder, Alcalá Zamora nombró jefe del gobierno a Chapaprieta y aunque éste en principio había reconocido que eran los tribunales quienes debían ocuparse del caso, su propia posición política era muy endeble; ésa era la razón primordial por la que el presidente le había nombrado. Así, sucumbió a la presión ejercida por Alcalá Zamora y otros y el caso se trató como si fuera una pelota política, con el Parlamento actuando a la vez como juez y jurado, un procedimiento inadecuado que violaba la separación de poderes. Importantes funcionarios españoles fueron obligados a dimitir por culpa de la palabra, ni comprobada ni ratificada, de un sórdido timador que ya había tenido que huir de un país de habla hispana. La comisión parlamentaria llevó a cabo una investigación sumaria y se negó a permitir que la mayoría de los acusados testificasen, de nuevo violando el procedimiento establecido. Mientras que la izquierda tan sólo pretendía debilitar al centro y a la derecha, esta vil maniobra también recibió el apoyo de la derecha moderada y de la extrema derecha: la CEDA erró el cálculo al creer que el debilitamiento de los radicales —que durante el año anterior había buscado con insistencia— reforzaría a su partido, mientras que la extrema derecha era un simple reflejo de las tácticas y objetivos de la izquierda y confiaba en debilitar al Gobierno parlamentario en su conjunto y forzar a la CEDA a desplazarse a la derecha.

Hubo otros dos motivos para tan extraordinario impacto. Uno fue que en España, al contrario de lo que ocurría en otros países de la Europa del Este o de Sudamérica, que también estaban intentando implantar la democracia, los funcionarios del gobierno eran relativamente honrados en los asuntos financieros por lo que, cuando se descubrían casos de corrupción, la clamorosa protesta resultante era, en consecuencia, mucho más intensa.

Una segunda razón fue que muchos de los grupos políticos españoles presentaban sus argumentos en escalofriantes términos de moralidad absoluta e ideología doctrinaria. En una atmósfera tan sobrecargada, el espectáculo de los radicales, un partido normal, democrático y para todos, entregado a la gama ordinaria de negocios sucios, e implicado en cierta corrupción a pequeña escala, atrajo una censura universal y la rápida descomposición de un partido que, internamente, ya se estaba desintegrando. Los radicales poseían una cohesión interna limitada: eran más fuertes a nivel local, ocupándose de asuntos populares y, para ellos, el patrocinio resultaba importante. De entre sus filas habían salido más alcaldes, concejales y diputados provinciales que de cualquier otra fuerza política, pero aun así estos pequeños notables no estaban en disposición de asumir el liderazgo a nivel nacional. La mayoría de sus miembros eran afiliados recientes con motivaciones pragmáticas y, conforme la organización nacional se iba a pique y un amargado y agotado Lerroux demostraba que había perdido su capacidad de liderazgo, muchos radicales comenzaron a buscar nuevos hogares políticos [11].

La crisis de diciembre

Durante todo este triste espectáculo, el diminuto y asediado jefe del gobierno luchó para llevar a cabo su reforma presupuestaria y financiera. En una ocasión pública, encargó a las Cortes que se ocuparan de las preocupaciones sectarias y partidistas de la mayoría de los diputados y de su falta de interés en los apremiantes asuntos económicos [12], en lo que llevaba razón. Con los radicales en desorden, la mayoría de Chapaprieta dependía de la CEDA, cuyos diputados, de hecho, se oponían a aspectos claves de su reforma. El asunto del Straperlo había requerido la reorganización del gobierno, que, de nuevo, quedaba conformado alrededor de la misma coalición de centro-derecha. Los principales líderes radicales se negaron a participar, pero dos figuras menores aceptaron los cargos de ministros sin la autorización del partido, lo que suponía un signo más de descomposición. Con todo, Lerroux no deseaba derribar la coalición de Chapaprieta, al menos de momento. Mientras tanto, el gobierno se debilitó todavía más debido a su gestión del gran excedente de cereal que se obtuvo en 1935. Una climatología excepcional y las mejoras técnicas habían producido la mejor cosecha de la historia, lo que dio como resultado el derrumbamiento de los precios. Se adoptó una larga serie de medidas parciales encaminadas a proporcionar alivio a los agricultores, pero fracasaron a la hora de hacerlo con efectividad y hubo muchas irregularidades locales.

La CEDA tenía razón al quejarse de las prioridades del jefe del gobierno, ya que equilibrar el presupuesto no era, sin duda, el más apremiante de los problemas de España. El partido católico tenía su propio programa social y económico y deseaba invertir más dinero en temas básicos como carreteras, irrigación, salud pública, vivienda y obras públicas e incluso, quizá, un poco más en la reforma agraria. No obstante, la principal preocupación de los intereses internos clave del partido era el propuesto aumento impositivo.

Cuando el consejo de ministros se reunió el 9 de diciembre, Gil Robles reiteró a Chapaprieta que la CEDA aceptaría el modesto incremento propuesto para el impuesto de sociedades pero debería votar contra otros aspectos de la reforma financiera, sobre todo contra el pequeño aumento en el impuesto de sucesiones. Para el presidente del gobierno, que carecía de partido o mayoría propios y era arrastrado de aquí para allá por todo tipo de presiones partidistas, esto fue la gota que colmó el vaso. Como preveía la CEDA, dimitió, apuntando en su nota de prensa que el fracaso del gobierno era equivalente a «una confesión de la incapacidad de esta Cámara para dejar terminado un solo presupuesto ordinario» [13]. Sin embargo, para la CEDA parecía que por fin había quedado despejado el camino para una coalición liderada por Gil Robles, dado que literalmente no existía otra alternativa. Los dirigentes católicos se felicitaron por su paciencia durante los pasados dos años, y ahora esperaban con ilusión su recompensa.

De nuevo la pelota se hallaba en el tejado del presidente, quien se había negado a permitir que los líderes de los dos partidos mayoritarios presidieran con normalidad un gobierno y, en el caso de Gil Robles, le había negado resueltamente la Jefatura del mismo. La visión de España de Alcalá Zamora se basaba en la cultura y los éxitos de la España liberal de las dos décadas entre 1914 y 1933. Durante ese periodo se puede decir que el país consiguió, en proporción, más logros que cualquier otro en el mundo. Su economía se había expandido con rapidez, mejorando de forma considerable su nivel de vida y estaba reestructurando su sociedad. Había evitado participar en la Primera Guerra Mundial; había vencido, con un cierto coste, en una importante guerra colonial y había progresado desde condiciones predemocráticas a una de las democracias más avanzadas del mundo. El país estaba experimentando un florecimiento cultural y la educación mejoraba con rapidez, pese al intento de destrucción de las escuelas católicas. Así, cuando a finales de septiembre de 1934, el presidente se vio enfrentado a la posibilidad de una insurrección revolucionaria y/o a un golpe de Estado procedente de la derecha, pudo decir, como hizo en sus memorias, que, de repente se sintió como si hubiera aterrizado en un «manicomio». Como liberal de toda la vida, sentía que el peligro que representaba la derecha era mayor que el que suponía la izquierda, aunque también reconoció la capacidad de esta última para el extremismo destructivo. Con todo, creía que sería posible recuperar a gran parte de la izquierda para la democracia, aunque no fuera posible lograrlo sin la presencia de un centro republicano fuerte y moderado, el cual, desde los acontecimientos de 1934-1935, estaba convencido que debía liderar.

Parece que hubo varios elementos en el grandioso proyecto de Alcalá Zamora. Uno consistía en impedir que la CEDA dominase el gobierno y un segundo en retirar a Lerroux del poder y mutilar al Partido Radical y ambos se habían conseguido. Al igual que la izquierda, el presidente estaba impaciente por celebrar nuevas elecciones que debilitasen a la derecha, aunque en este terreno se encontraba en una ambigua posición constitucional. Habiendo disuelto ya un Parlamento, aunque se tratase de una asamblea constituyente, la disolución de un segundo podría sentar las bases para la subsiguiente moción de censura, tal y como establecía la Constitución. El más positivo objetivo a corto plazo del presidente era realizar una reforma constructiva de la Constitución. Había confiado en mantener en funcionamiento el Gobierno de Chapaprieta bajo su arbitraje y manipulación hasta que al menos algunas reformas constitucionales, cuya discusión estaba programada para finales de año, pudieran ser aprobadas, posiblemente junto con una ley electoral más justa y representativa. Cualquier enmienda constitucional, aun siendo muy limitada, o un simple cambio en el procedimiento de reforma, podría disparar la disolución automática de las Cortes que hubieran votado a favor. De este modo, podría lograrse, a la vez, cierta clase de reforma constitucional y la liquidación del —desde la perspectiva del presidente y de la izquierda— odiado Parlamento de centro-derecha, sin que la disolución recayera sobre el propio Alcalá Zamora. La gran incógnita, no obstante, era cómo se mantendría el funcionamiento de las actuales Cortes para alcanzar la reforma, a la vista de la creciente hostilidad de la CEDA y el incipiente colapso de los radicales, que el propio y egocéntrico presidente había contribuido a precipitar, en parte por motivos egoístas. Igual que muchos otros políticos, Alcalá Zamora podía ser su peor enemigo.

Como era frecuente entre los dirigentes de la República, Chapaprieta tenía su propia visión independiente. No le preocupaba estimular la economía sino equilibrar el presupuesto, lo que, en circunstancias normales, hubiera sido una meta loable. Sin embargo, impuso sacrificios a corto plazo en una economía que apenas se estaba recuperando de la depresión, e inició inversiones a largo plazo cuyo efecto positivo no sería visible al menos durante un año, lo que, sin duda, no constituía la mejor receta para alcanzar la estabilidad y el éxito en un corto plazo de tiempo. Todavía más, al igual que muchos políticos españoles, no era demasiado flexible. Moderar su reforma impositiva, como era el deseo de la CEDA, no hubiera destruido su presupuesto, aunque lo hubiese desequilibrado en cierta manera, pero esto no hubiera constituido un precio imposible de pagar.

Por supuesto, los cálculos de Gil Robles eran diferentes. Pese a reconocer el carácter constructivo de algunas de las reformas financieras de Chapaprieta, no realizó el máximo esfuerzo por superar la oposición a las mismas dentro de su propio partido. Con los radicales en serio declive (en parte también gracias a la CEDA), la caída del Gobierno de Chapaprieta apenas dejaba otra alternativa que una coalición liderada por la CEDA. Tal gobierno continuaría con las contrarreformas conservadoras de 1935, fomentaría el propio programa socioeconómico cedista y, con posterioridad, daría inicio al proceso de reforma constitucional, siempre que lograse obtener el 51 por ciento de los votos, todo lo cual sería necesario después del 9 de diciembre. Ello daría lugar a una reforma mucho más derechista de lo que Alcalá Zamora deseaba, con un ejecutivo más poderoso y una estructura corporativa al menos en parte, pero el presidente apenas tendría otra alternativa, salvo disolver las Cortes por iniciativa propia —lo que supondría un nuevo salto en el vacío para España—. Esta conclusión era correcta, aunque no tenía del todo en cuenta la inagotable capacidad de manipulación del presidente ni la deliberada temeridad con la que estaba dispuesto a perseguir sus fines.

Alcalá Zamora comenzó las consultas el 10 de diciembre. En apariencia, su primer intento fue tratar de convencer al honesto y apreciado líder agrario Martínez de Velasco para que formase una nueva coalición de centro-derecha, a modo de maniobra dilatoria y con las sesiones de las Cortes suspendidas durante treinta días. No obstante, la vigorosa oposición de la CEDA y otros puso de manifiesto la imposibilidad de este plan, al tiempo que Chapaprieta se mantenía firme en su rechazo de cualquier intento de reorganizar el gobierno saliente.

En la tarde del día 11, Gil Robles se presentó una vez más ante el presidente, para ofrecerle un gobierno dirigido por la CEDA que pudiera equilibrar el presupuesto, aportando a la vez mayores fondos para obras públicas y para aliviar el desempleo, que pudiera finalizar los procesos derivados de la insurrección, fortalecer tanto la economía como las fuerzas armadas y también dar comienzo a la reforma constitucional. Alcalá Zamora permaneció inconmovible, dejando claro que nunca nombraría presidente del gobierno al líder de la CEDA, incluso aunque ello supusiera la prematura disolución de las Cortes [14]. Con más claridad que nunca, estaba adoptando una forma de gobierno semipresidencial lo cual, aunque no contradecía la letra de la Constitución, mostraba una extremada falta de juicio.

No resulta sorprendente que Gil Robles respondiera con una intensa explosión de rabia al comprobar que el presidente jamás permitiría a la CEDA capitalizar su victoria parcial en las pasadas elecciones. Afirmó que había dicho a Alcalá Zamora que al negarse a permitir que el Parlamento funcionase con normalidad estaba empujando al país, de modo inevitable, hacia «las soluciones violentas» y que, si en el actual estado de polarización se celebrasen unas nuevas elecciones inmediatas, el resultado final, sin importar quién las ganase, sería «la guerra civil» [15]. Como epílogo, comenzó a manifestar en privado que lideraría una campaña encaminada a retirar al presidente del poder y, de similar manera, Alcalá Zamora estaba decidido a forzar cuanto antes la salida de Gil Robles del Ministerio de la Guerra, ya que temía que este último se estaba sirviendo de su cargo para preparar un golpe de Estado. Al encontrarse con el curso normal del gobierno parlamentario bloqueado por completo, un golpe de Estado era, precisamente, la alternativa que Gil Robles comenzó a investigar con seriedad por primera vez. Las manipulaciones de Alcalá Zamora habían dado lugar a una profecía autocumplida. Gil Robles pidió a su subsecretario, el general Joaquín Fanjul, que consultara el asunto con Franco, a la sazón jefe del Estado Mayor Central, quien podría coordinar y unificar con mayor efectividad al ejército, y con otros militares de alto rango. Lo que Gil Robles proponía no era una toma del Gobierno por parte del ejército, sino una especie de «pronunciamiento legalitario» mediante el cual los líderes militares obligarían a Alcalá Zamora a nombrar un gobierno con mayoría parlamentaria, que, se suponía, estaría dirigido por la CEDA. Con ello, la derecha presentaba un sorprendente paralelismo con los proyectos seudolegalitarios y extraparlaméntarios de Azaña para con la izquierda durante 1933 y 1934. Con todo, a la mañana siguiente, Franco presentó su firme negativa, aduciendo que el ejército no se hallaba unido y en ningún caso podía asumir la responsabilidad de resolver una disputa entre políticos y partidos cuando España no se enfrentaba a una auténtica crisis nacional. Franco consideraba el actual punto muerto como otra simple y en su mayor parte rutinaria crisis política, lo que en cierto modo era verdad [16], y al hacer tal cosa mostró un mayor respeto por la Constitución republicana que el manifestado por Alcalá Zamora, Azaña o Gil Robles. No obstante, esto se hubiera convertido en un gran punto de inflexión, pues hubiera señalado el fin de cualquier genuino gobierno constitucional mayoritario en España. Franco estaba en lo cierto al considerar que la intervención militar no estaba técnicamente justificada, porque en diciembre de 1935, no existía, en realidad, una calamitosa crisis nacional, pero las consecuencias de permitir que el presidente se hiciera cargo por completo del gobierno, ignorando al Parlamento, a la larga hubieran sido catastróficas.

A continuación, Alcalá Zamora pidió a Miguel Maura que formase una amplia coalición de centro-derecha, pero tropezó con el inmediato veto de Gil Robles y Chapaprieta se negó a las repetidas peticiones de que lo intentase de nuevo. Ahora, la única alternativa a la disolución que el presidente estaba dispuesto a considerar consistía en una estratagema que, era evidente, había sido sugerida por un nuevo consejero, Manuel Portela Valladares, otro de los políticos del antiguo Partido Liberal monárquico que desempeñó diversos papeles durante estos meses. El ex gobernador general interino de Cataluña en 1935 era un independiente, sin escaño en las Cortes, que permanecía en Barcelona y que, en apariencia, sugirió al presidente la táctica de un «gobierno de gestión» compuesto por elementos centristas que construyera una nueva coalición de centro capaz de obtener el equilibrio de poder en las siguientes elecciones. Habiéndose arrinconado, Alcalá Zamora comprendió la estrategia, pensando en Maura y en el propio Portela como sus líderes. A los ojos del presidente, el que Portela no fuera miembro del Parlamento y no contase con el respaldo de un partido no constituía, necesariamente, una debilidad ya que le haría más dependiente de Alcalá Zamora y leal a la nueva coalición centrista que, de manera indirecta, estaría dirigida por el propio presidente. Con indignación, Maura se negó a participar en la más ambiciosa y escandalosa de las manipulaciones presidenciales, y el 13 de diciembre anunció a los periodistas que Alcalá Zamora estaba planeando un gobierno basado en una «vieja política del peor estilo», lo que, desde luego, era técnicamente cierto.

Así, el 14 de diciembre se formó un nuevo gabinete presidido por Portela con el claro (aunque todavía no anunciado) propósito de convocar nuevas elecciones en las que podía ser posible (en palabras del presidente) «centrar la República» eligiendo de 140 a 150 diputados del nuevo bloque centrista. Calculaba Alcalá Zamora que Portela, que ya casi tenía setenta años, precisaría de varios meses para llevar a cabo el plan y, de esa manera, se presentó el gobierno como una nueva coalición centrista minoritaria, compuesta por independientes y representantes de los partidos más pequeños que se estrenaría con la clausura del Parlamento durante treinta días, haciendo uso de la prerrogativa presidencial. Estaba formado por dos independientes (el propio Portela y Chapaprieta en Hacienda), dos radicales (a quienes Lerroux rechazó de manera inmediata), dos militares (un general y un almirante para los Ministerios de Guerra y Marina), un agrario, un demócrata liberal, un republicano progresista y un ministro de la Lliga Catalana. Se ha calificado toda la operación como un «cuadro fantasmagórico» y el principal biógrafo de Alcalá Zamora reconoce que era «una situación de tipo surrealista» [17].

El 16 de diciembre, Gil Robles distribuyó una larga nota de prensa en la que declaraba que el resultado de la crisis eliminaba cualquier posibilidad de alcanzar los objetivos económicos de la CEDA, tales como un importante programa de obras públicas, créditos para combatir el desempleo y mantener los precios del cereal o el fortalecimiento de las fuerzas armadas. A lo largo y ancho de todo el país, los representantes de la CEDA en los gobiernos municipales y provinciales dimitieron y los medios de comunicación afines al partido lanzaron una campaña masiva contra el nuevo gobierno y, en consecuencia, contra el presidente, a quien Gil Robles estaba ahora decidido a expulsar. A la inversa, la izquierda estaba exultante, ya que interpretaba correctamente el nombramiento del nuevo gobierno como el preludio de nuevas elecciones.

De manera inmediata, la izquierda calificó la labor del centro-derecha entre 1934 y 1935 como el «bienio negro», por su destrucción de las reformas republicanas, pero este enfoque propagandístico resulta demasiado simplista. En primer lugar, si existía algún culpable del cambio de la situación política, era la izquierda, que había abandonado la acción parlamentaria y mediante el uso de una violencia extrema había sesgado el espectro todavía más hacia la derecha; en segundo lugar, no se había anulado ninguna de las principales reformas republicanas. La noción de que los gobiernos de centro-derecha habían desafiado a la izquierda constituye una exageración considerable, puesto que en la mayoría de los aspectos su enfoque fue relativamente conciliador. Durante la mayor parte de 1934-1935, se invirtió más que nunca en educación: se construyeron más aulas, hubo más aumentos de sueldo para el profesorado y el presupuesto de educación sólo se redujo en la segunda mitad de 1935. El aumento de la tolerancia hacia la educación católica significó que el número total de escuelas y estudiantes fuera mucho mayor de lo que lo hubiera sido con las ignorantes políticas exclusionistas de la izquierda.

Con anterioridad a la insurrección izquierdista, Lerroux había incluso acelerado la reforma agraria, la cual continuó durante 1935 a un ritmo menor, prestándose una especial asistencia a los arrendatarios. Se produjo una reactivación de la actividad inversionista y mercantil y se introdujeron algunos nuevos tipos de obras públicas, mientras Chapaprieta iniciaba una importante reforma impositiva y financiera. Antes de la insurrección no se produjo ninguna reducción esencial en los salarios y, en general, podría haber aumentado el bienestar en ciertos aspectos. El número de muertes debidas al hambre, que había crecido entre 1930 y 1933, comenzó a descender en 1934 y 1935. Se había permitido que gran parte de la reforma laboral desapareciera en la práctica, se redujo en definitiva la reforma agraria y se puso fin a la discriminación contra el catolicismo, pero, en otro caso, la legislación reformista sobrevivió y, en conjunto, los Parlamentos de 1934-1935 aprobaron 180 nuevas leyes que, en muchos aspectos, complementaban las reformas originarias.

Pese a todo esto, la política social y económica había sido limitada en cuanto a su alcance y a veces inepta. Es probable que el gasto público debiera haber sido mayor para reducir el desempleo, pero éste era un fallo común en la época y entre los primeros gobiernos izquierdistas de la República. Lo que en el momento pareció ser decisivo, sin embargo, fue el veto impuesto a posteriores reformas izquierdistas y la determinación para limitar la mayor parte de lo que se había logrado. Los resultados temporales de ese tipo son normales en los sistemas representativos que, si gobiernan con honestidad, no están diseñados para garantizar el monopolio de una sola tendencia. Para la izquierda, todo ello significó dos años de reaccionarismo y esterilidad y, pese a las mejoras económicas y al crecimiento cultural, en verdad el bienio fue un momento de relativa esterilidad política. Ni la izquierda, ni la derecha ni el centro lograron sus principales metas, de lo cual fueron responsables tanto el presidente como los derechistas e izquierdistas. A la izquierda, el concepto de oposición leal le era ajeno por completo; los republicanos de izquierda identificaban, de forma exclusiva, el régimen con sus propios objetivos y negaban la representación efectiva o el reparto del poder con sus rivales. Los anarquistas y los socialistas todavía eran peores, confiados los primeros en la violencia y la insurrección para conseguir sus propios fines revolucionarios y los segundos, en un régimen socialista que habían pretendido imponer por la fuerza. En comparación, la CEDA, como grupo político, había observado por completo la legalidad, pese a que en ocasiones su postura fuera provocativa y amenazante. La política religiosa de la izquierda, desde luego, resultaba tan extremada que parecía excluir cualquier terreno común. La actividad de los monárquicos fue, en parte, conspiratoria y, ante todo, obstruccionista.

Pese a que se obtuvieron ciertos éxitos, los gobiernos de coalición de centro-derecha, constituyeron, en último término, un fracaso político y se quedaron sin el pan y sin la torta. Por una parte, fallaron a la hora de llevar a cabo una represión efectiva y, por otra, tampoco fueron capaces de seguir la lógica de su propia moderación de facto, haciendo pocos esfuerzos por conciliar a la izquierda o por animarla a unirse a cualquier consenso constitucional. Esta contradicción se debió a las diferencias básicas entre el centro y la derecha; mientras el centro hubiera podido, en otro caso, haber intentado conciliar a la izquierda, la derecha estaba interesada, en primer lugar, en alcanzar un mayor poder, resistiéndose a posteriores compromisos. De hecho, la represión se manejó políticamente de forma inepta y resultó ser contraproducente, sirviendo para estimular y unir todavía más a la izquierda, e incluso para granjearle simpatías entre los elementos moderados del centro.

Mientras continuó la represión, barrió a un cierto número de anarquistas que no habían tomado parte en la insurrección a su red de arrastre y, aunque no fueron capaces de llevar a cabo una meticulosa represión, los gobiernos de centro-derecha tampoco lo fueron de emprender una auténtica conciliación de los sectores más moderados de la izquierda, o estuvieron poco dispuestos a ello. Dado que la política oficial concluyó con una amplia rehabilitación de los revolucionarios, hubiera resultado aconsejable hacer de tal enfoque una mayor virtud, quizá llevando a cabo una investigación oficial acerca de los iniciales excesos de la represión en Asturias. El fracaso a la hora de adoptar con efectividad una u otra postura junto con la alteración, orientada hacia la derecha, de algunas de las primeras reformas socioeconómicas, presentó la imagen de un gobierno por completo hostil para con la izquierda, al tiempo que incapaz o poco dispuesto a reprimirla con coherencia. El resultado de la política gubernamental, pese a su relativa indulgencia, fue, por tanto, no conciliar a la izquierda ni alcanzar consenso constitucional alguno, sino continuar alentando la hostilidad de los izquierdistas que, a su vez, se negaron a repudiar de manera formal la violencia revolucionaria de 1934. En última instancia, la izquierda fue la responsable de su propio programa y de sus propias acciones, pero los gobiernos de centro-derecha lo fueron del fracaso para instaurar una política resuelta que se moviera con firmeza en una u otra dirección.

La CEDA se había mostrado paciente y moderada en su estrategia política, pero dicha estrategia, a menudo, no estuvo bien concebida. Hubiera sido más aconsejable haber insistido, desde el mismo principio, en una adecuada práctica parlamentaria y en un mayor protagonismo en el gobierno que el constante sometimiento a los caprichos del presidente. Semejante tardanza y moderación condujo, sencillamente, a una serie de retrasos, compromisos y frustraciones a manos de Alcalá Zamora. Mientras tanto, los elementos más conservadores de la CEDA dominaron en algunos momentos su política económica y, pese a la legalidad del partido, su movimiento juvenil experimentó el vértigo del fascismo adoptando un lenguaje y un estilo semifascistas, exceptuando el ingrediente clave de la violencia, que era mucho más propio de la izquierda. También la CEDA se mostraba remisa a otorgar a la reforma electoral la mayor prioridad y, a la inversa, no podía declararse «republicana» como exigía Alcalá Zamora, mientras por «republicanismo» se entendiera un régimen izquierdista y sectario que negaba a los católicos plenos derechos civiles.

El factor más relevante a la hora de desbaratar el gobierno fue el propio Alcalá Zamora. El presidente mantenía el loable objetivo de defender un régimen democrático, centrista y liberal, pero estaba poseído por una especie de complejo mesiánico, un ego enorme que le condujo a pensar que tenía derecho a manipular cualquier aspecto del gobierno tanto como quisiera. Siendo en sentido estricto un político de la vieja escuela, su enfoque era por completo personalista y nunca llegó a comprender que la democracia liberal dependía de una práctica democrática rigurosamente liberal, con una escrupulosa observancia de las reglas del juego. Su constante interferencia imposibilitó el normal funcionamiento parlamentario y constitucional. Nada se ganó con esa persistente manipulación y negativa a otorgar mayor acceso a la CEDA. Incluso la jefatura del Gobierno de Gil Robles, junto con la introducción de rasgos más conservadores y autoritarios en la República hubiera sido preferible al colapso total que pronto tuvo lugar, tras unas elecciones prematuras y contraproducentes [18]. De hecho, una vez que, en diciembre de 1935, Alcalá Zamora rechazó el principio de un gobierno constitucionalista mayoritario, la República ya nunca volvería a tener otro. La tentativa presidencial de colocarse por encima de la normal práctica parlamentaria no «centró la República», sino que, en último término, produjo el efecto contrario.

La decisión que Alcalá Zamora tomó a finales de 1935, de avanzar hacia unas nuevas elecciones en cuestión de meses, demostraría ser un desastre total. Desde octubre de 1934, el país había entrado en un momento de intensa polarización; las prematuras elecciones la reflejaban de forma inevitable. Sin duda, las intenciones del presidente, como las de la mayoría de las personas, eran buenas, pero eran de esa clase con las que está empedrado el camino del infierno. La noción de que, en una República democrática, todavía se estaba en disposición de manipular los resultados mediante un gobierno de compinches traicionaba una pésima falta de juicio, así como de fundamental respeto por el sistema democrático que siempre había dicho defender. En esencia, tanto Azaña como Alcalá Zamora eran personalidades decimonónicas, que no entendían el carácter de la democracia del siglo XX. Unas elecciones prematuras arrojarían, con toda probabilidad, uno de los siguientes resultados: o bien ganaba la izquierda, que ahora se había colocado con firmeza en el terreno de la insurrección, y procedía a hacer efectivas sus metas, creando un nuevo régimen de izquierdas puro o provocando una guerra civil; o bien ganaba la derecha y también se implantaba un sistema diferente. Por otro lado, permitir que el actual Parlamento y el gobierno mayoritario continuasen durante otros dos años abriría un lapso de tiempo para reducir o en parte disipar la polarización. Tal y como ocurrió, las nuevas elecciones tan sólo serían un plebiscito entre una izquierda y una derecha mutuamente excluyentes, seguido de un avance hacia un régimen menos democrático o una catástrofe total.

Sólo los partidos de centro se encontraban en verdad dispuestos a rechazar a las fuerzas no democráticas y a abrirse paso hacia una democracia constitucional. Así, un esfuerzo serio por ampliar el centro podría haber servido de ayuda, pero el presidente sólo intentaba reducir el centro a su propia área de manipulación y de ese modo casi lo destruyó. Todos los líderes responsables, excepto el presidente, reconocieron la importancia de mantener una coalición viable, de continuar con la labor del gobierno y de evitar la celebración de elecciones antes de tiempo que podrían dar como resultado otra oscilación. Si las elecciones se hubiesen retrasado hasta noviembre de 1937, hubiera existido al menos la esperanza de que la polarización se redujera, de que el centro pudiera fortalecerse un poco y de que la economía continuara creciendo, al tiempo que el aumento de la tensión internacional hubiera, de hecho, estimulado la moderación interna. En 1936 una amnistía para los presos políticos (aunque improbable con los cedistas) hubiera eliminado gran parte de la presión y la amargura de la izquierda y, en cualquier caso, una coalición liderada por la CEDA no hubiera sido peor que lo que al final ocurrió y podría haber gobernado hasta 1937. Lo que es más, un cierto grado de reforma electoral (en la dirección de una mayor proporcionalidad, como siempre pretendieron grupos tan dispares como la CEDA y la Lliga, así como el presidente) habría moderado la extrema polarización que se observó en los siguientes resultados electorales [19].

El único gran partido que apoyaba la democracia liberal eran los radicales. Su misma falta de doctrina y su propósito de transigir los convirtió en la quintaesencia de lo sospechoso a los ojos de los rígidos doctrinarios de la derecha y la izquierda, pese a ser la única gran fuerza que siempre había jugado según las reglas constitucionales y democráticas, sin importar cuan injustamente se les tratase. Los grupos extremistas de la izquierda y la derecha que censuraron la «inmoralidad» de los radicales pronto se verían ejemplificando sus propios conceptos de moralidad política, al aprestarse a matarse los unos a los otros a escala masiva, y la forma en que gestionaron la propiedad y las finanzas haría que los pecadillos de los desventurados radicales pareciesen una merienda parroquial. De este modo, se aprecia como los conceptos de moralidad política varían en gran medida. Dicho sea en honor de los radicales, en los buenos y los malos momentos continuaron siendo los principales defensores y practicantes de una República democrática para todos y por ello se les debe conceder un puesto significativo en la Historia de España [20].

Como he observado en otro sitio, el fracaso político de 1935 fue de lo más sorprendente si se compara con el éxito alcanzado por España en el deporte y las artes y, de modo más modesto, en la ciencia. La República coincidió con un alza en las publicaciones y, a la vez, las estimuló, editando numerosas colecciones de libros y traducciones de obras extranjeras. El teatro se encontraba en un momento fuerte, con antiguos autores como Jacinto Benavente y otros nuevos como Alejandro Casona, mientras Federico García Lorca, la más brillante de las jóvenes estrellas de un firmamento literario impresionante, estrenó tres obras diferentes en apenas doce meses, entre finales de 1934 y los últimos días de 1935. Otros importantes y novedosos poetas como Vicente Aleixandre y Jorge Guillen se estaban haciendo un nombre, al tiempo que los pintores españoles —Picasso, Gris, Miró y Dalí— se colocaban en la cima del mundo internacional del arte. El chelista Pau Casals ya tenía un renombre en el extranjero y los nuevos cineastas, como Luis Buñuel, comenzaban a atraer la atención. Ramón Menéndez Pidal estaba en la cumbre de su poder y ya era el decano de los historiadores españoles; acababa de empezar la edición de los 40 volúmenes de su Historia de España, quizá la historia nacional más detallada del mundo. En 1935, un entomólogo español de fama mundial acogió en Madrid el Congreso Internacional de Entomología y España triunfaba en los concursos de belleza: Alicia Navarro, «Miss España 1935», obtuvo en Londres el título de «Miss Europa». El país incluso podía presumir de su primera estrella internacional del deporte en el siglo XX, ya que el boxeador vasco Paulino Uzcudun había luchado (aunque no ganado) en el campeonato del mundo de los pesos pesados.

CAPÍTULO 6 -
HACIA EL FRENTE POPULAR

E

n general se preveía que un gobierno tan irregular como el de Portela Valladares sólo podría ser un «gobierno de gestión», que conformase el preludio de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de nuevas elecciones. Desde el punto de vista del presidente, era más deseable que tuviese una duración larga que una más corta, pero tal gobierno no podía mantenerse en el poder a expensas del Parlamento durante mucho tiempo. Según las memorias de Portela [1], el acuerdo inicial con Alcalá Zamora establecía que su gobierno continuaría durante al menos dos meses, dándole el tiempo necesario para obtener un control firme sobre las palancas de la administración y para construir una nueva y efectiva agrupación de centro. Las nuevas elecciones se anunciarían a mediados de febrero de 1936, y se celebrarían a principios de abril; sin embargo, todo el proyecto resultaba tan irregular que no sería posible completar tal calendario.

El alto y anciano Portela, con su cabeza coronada por una melena de cabello blanco como la nieve, se asemejaba, según algunos observadores, a un viejo mago o prestidigitador, nombrado para arrojar un hechizo que, de alguna manera, venciese la fragmentación cívica. Durante la segunda mitad de diciembre, se mantuvo ocupado con los numerosos cambios de personal que implicaban las sustituciones de gobernadores civiles y de otros funcionarios de los gobiernos locales en un gran número de provincias, para intentar construir un nuevo aparato de poder político a la mayor brevedad posible.

El nuevo gobierno restauró por completo las garantías civiles: fue una de las pocas ocasiones en la historia de la República en que se consiguió. La prensa izquierdista, que había vuelto a emerger con lentitud durante los meses anteriores, aparecía ahora en todo su esplendor, por un lado atacando al ejército y al gobierno del llamado «bienio negro» y por otro elogiando a los revolucionarios de 1934. No se repudió la política de la violencia, más bien todo lo contrario. La izquierda trató la fallida insurrección como una victoria, afirmando que había demostrado que no se tolerarían ni las fuerzas reaccionarias ni el «fascismo» y que había impedido que la República se inclinara por completo hacia la derecha. En esta propaganda irracional no se reconocía que, de hecho, el efecto de la insurrección había sido exactamente ése: la abrupta inclinación de la República hacia la derecha, cuyos efectos no habían sido en modo alguno desbaratados por la calamitosa insurrección, sino por las interminables manipulaciones del presidente centrista.

Al principio Chapaprieta fue el miembro más activo del nuevo gobierno; asumió la iniciativa de intentar formar una nueva y amplia coalición de centro-derecha, en la que quedaría incluida la CEDA, para las siguientes elecciones. Dado que se sabía que en los últimos meses la izquierda había estado muy ocupada reconstruyendo la alianza entre socialistas y republicanos de izquierda, quedaba claro para Chapaprieta que sólo podría ser derrotada por otra alianza de igual amplitud, antiizquierdista y antirrevolucionaria de la que formasen parte todas las fuerzas constitucionales y parlamentarias del centro y la derecha moderada. Aunque la CEDA había lanzado una furiosa campaña de prensa contra el Gobierno de Alcalá Zamora y Portela, Chapaprieta prosiguió sus negociaciones y el 19 de diciembre mantuvo una alentadora entrevista con Gil Robles [2].

El anunciado plan del gobierno para prorrogar por decreto los vigentes presupuestos otros tres meses más constituía un gran obstáculo. Algo así era preciso pues los presupuestos no se habían sometido a votación, pero la Constitución establecía que sólo las Cortes ejercían el control sobre los recursos económicos y cualquier prórroga presupuestaria. Alcalá Zamora y Portela asumieron la ingenua posición de que, dado que los anteriores presupuestos se habían votado en las Cortes, el gobierno estaba capacitado por ley para prorrogarlos de manera temporal, mientras las Cortes no estuvieran en periodo de sesiones, ignorando el hecho de que el Presidente, con toda intención, era quien las mantenía cerradas, desbaratando una vez más el gobierno parlamentario. El 17 de diciembre, Gil Robles protestó con vehemencia en una carta pública dirigida al presidente de las Cortes y el 23, los líderes de varias minorías parlamentarias mantuvieron una reunión para discutir el problema. El dirigente cedista se mostraba cada vez más impaciente. Consideraba, y era correcto, que los objetivos de Portela eran tan antiderechistas como antiizquierdistas y el 27 de diciembre la CEDA anunció que estaba planeando formar un «amplísimo frente contrarrevolucionario», en el que no se incluiría a partido alguno que continuara formando parte del Gobierno de Portela [3].

A renglón seguido, Alcalá Zamora decidió que había llegado el momento de hacer efectiva la propuesta de Portela de crear, directamente desde el gobierno, una nueva fuerza de centro y de abandonar la poco convincente pretensión de mantener una coalición operativa, incluso si ello significaba adelantar la celebración de las elecciones. Cuando el 30 de diciembre se reunió el gabinete, Portela Valladares se lanzó a una violenta diatriba, denunciando a sus miembros por negociar a espaldas del vigente gobierno, pese a que, con anterioridad, había dado su aprobación nominal a los esfuerzos de Chapaprieta por entrar en tratos con la CEDA. Dimitió la totalidad del gabinete, como se pretendía, de tal forma que Alcalá Zamora pudo, de forma inmediata, autorizar a Portela a sustituir a todos los ex ministros, lo que éste ya había hecho, quizá debido a una orden previa, a las siete de la tarde de ese mismo día. El nuevo gobierno no hizo esfuerzo alguno por conformar una coalición funcional, sino que estaba compuesto por amigos y compinches e incluía a dos radicales disidentes, un republicano progresista, un demócrata liberal y varios independientes. Sería éste el último y más catastrófico esfuerzo de Alcalá Zamora para soslayar al gobierno parlamentario. En una nota entregada a la prensa al día siguiente justificaba este nuevo proyecto como necesario para crear un centro republicano —más importante si cabe por cuanto el presidente había procurado con éxito destruir el centro existente— con el que se pudiera superar la polarización antes de que fuera demasiado tarde. El presupuesto fue, simplemente, prorrogado por decreto, a pesar de la dudosa constitucionalidad de tal procedimiento y, el 2 de enero, se publicó en la Gaceta un decreto presidencial de suspensión de las Cortes por otros treinta días. El motivo era, por supuesto, permitir que el nuevo gabinete se hiciera con el control total de los procedimientos político y administrativo para garantizar la máxima manipulación previa a la celebración de elecciones.

En ese momento los procedimientos gubernativos de la República española habían comenzado a asemejarse a algunos de los aspectos negativos de la República de Weimar durante sus últimos años en Alemania. En ambos casos, la autoridad presidencial había suplantado el normal funcionamiento del Parlamento. La justificación de este hecho era mayor en Alemania, donde la fragmentación había llegado a ser completa. En España estaba disponible una coalición operativa, pero fue vetada por el presidente. Aunque el gobierno parlamentario no fue suplantado de forma tan total como en Alemania, el nombramiento por parte de Alcalá Zamora de gobiernos de corta duración sin apoyo parlamentario apuntaba en idéntica dirección y facilitó, más que impidió, el comportamiento irresponsable de los partidos.

El 2 de enero, 46 diputados de la CEDA, junto con un cierto número de radicales y monárquicos, solicitaron al presidente de las Cortes la reunión inmediata de la Diputación Permanente (órgano que podía convocarse cuando el Parlamento no se hallaba en periodo de sesiones) a fin de acusar al jefe del gobierno y su gabinete de responsabilidades penales derivadas de la prórroga ilegal de los presupuestos y de la suspensión «inconstitucional» del Parlamento. Portela aceptó comparecer ante la Diputación Permanente, cuya reunión se fijó para el 7 de enero. Sin embargo, la víspera, acudió a ver al presidente y, de modo inmediato, éste mandó publicar un decreto de disolución del Parlamento, fijando la celebración de nuevas elecciones para el 16 de febrero y anunciando que en la Diputación Permanente estaría representado por su ministro de Agricultura.

En la reunión, Miguel Maura acusó al Gobierno de Portela:

Está pendiente una acusación contra el gobierno con todos los requisitos que la Constitución exige para que sea cursada. Y cuando está pendiente esa acusación motivada, el presidente de la República, de acuerdo con el gobierno, disuelve el Parlamento y no comparece siquiera ante la Diputación. Eso es veinte veces peor que lo de la monarquía y no tiene nada que ver ni de cerca ni de lejos con la República [4].

Portela se aprestó a confeccionar su nuevo Partido del Centro Democrático (una especie de ampliación del pequeño Partido Republicano Progresista de Alcalá Zamora), mientras la CEDA preparaba su propia y masiva operación electoral.

La izquierda marxista: de la insurrección al Frente Popular

Mientras que en países tan dispares como Finlandia y Alemania la perspectiva o la realidad de una guerra civil revolucionaria había tenido como efecto final moderar la posición de la mayoría de los socialistas, éste no fue necesariamente el caso español. Un importante sector de los socialistas, el llamado «centro» prietista del partido, se hallaba en verdad escarmentado por la experiencia de la fracasada insurrección, por lo que juró evitar, en el futuro, el sendero de la sublevación. Los prietistas nunca habían sido dados a la retórica acerca de la dictadura del proletariado, pero para otro gran sector del movimiento socialista, aquellos que tendían a apiñarse en torno al encarcelado Largo Caballero, era otra historia.

Los revolucionarios caballeristas predicaban el objetivo de la «bolchevización», de convertir al socialismo español en el mismo tipo de «instrumento revolucionario» que había sido el bolchevismo ruso en 1917. Aunque su alcance superaba a su comprensión, sus principales medios de expresión fueron la revista teórica mensual Leviatán, de Luis Araquistain, y el nuevo semanario caballerista Claridad, que comenzó a publicarse a finales de julio de 1935 gracias a la indulgencia del Gobierno republicano, demostrando en qué escasa medida la continuidad de la censura parcial afectaba a los movimientos revolucionarios. A diferencia de los prietistas, los caballeristas rechazaban por completo la colaboración con Azaña. En julio, Araquistain declaraba en Leviatán: «Hoy la CEDA está más cerca de Izquierda Republicana que de los monárquicos de Renovación Española, e Izquierda Republicana más cerca de la CEDA —en cuanto a su concepción final de la República— que del Partido Socialista». Profetizaba que la CEDA se uniría a los republicanos moderados y se presentaría a las próximas elecciones «con bandera francamente republicana». Concluía Araquistain que Azaña «y unos cuantos más como él» postulaban una democracia «utópica», por encima de las clases sociales, pero aseguraba a sus lectores que semejante proyecto quedaría destruido por los inevitables procesos históricos. Es probable que la declaración más extremada a favor de la «bolchevización» fuera el folleto Octubre - segunda etapa, escrito por Carlos Hernández Zancajo, presidente de la comisión ejecutiva de la sección madrileña de las Juventudes Socialistas, junto con varios de sus colegas. En él se instaba a expulsar del partido a los besteiristas moderados y se exigía la finalización de la revolución española de octubre mediante una segunda etapa en la que se construiría una organización leninista centralizada con un aparato secreto, un ejército rojo revolucionario y el eventual establecimiento de la dictadura del proletariado en todo el mundo [5].

Las organizaciones socialistas tenían que ocuparse de cuestiones relacionadas con las alianzas no tan sólo con los republicanos de izquierda —situados a su derecha— sino también, y a su izquierda, con el pequeño Partido Comunista que estaba creciendo con rapidez. La insurrección de octubre, a la que se unieron en el último momento los comunistas españoles con permiso de la Komintern, había supuesto un avance decisivo para ellos. Por primera vez, participaron con los socialistas, como sus plenos aliados, en una empresa revolucionaria y, lo que es más, mientras la línea socialista tras la insurrección en ocasiones sólo fue palabrería —Largo Caballero negó cualquier responsabilidad con el fin de evitar una sentencia de reclusión mayor—, los comunistas se envolvieron en la bandera de la insurrección y se identificaron por completo con ella, exagerando en gran medida su propio papel y granjeándose las simpatías de la izquierda.

Para la Komintern, las tácticas revolucionarias aislacionistas del llamado Tercer Periodo, introducido en 1928, estaban dejando paso, con lentitud, a una nueva táctica de alianzas izquierdistas y antifascistas más amplias. En la sede moscovita de la Komintern se recibieron con entusiasmo las noticias de la insurrección de octubre, a pesar de que, en principio, la prensa soviética adoptó la línea de que la sublevación española era una mera lucha defensiva contra el fascismo. Tan sólo con posterioridad a la derrota final, Izvestiya declaró que había sido un gran paso hacia la completa liberación revolucionaria del proletariado español. El año de la insurrección española había sido para la Komintern un momento de lenta realineación bajo la dirección del búlgaro Georgi Dimitrov. El movimiento hacia la cooperación con los socialistas y los demócratas burgueses se inició primero en Francia, preparando el escenario para una realineación táctica más amplia que se anunció en el séptimo congreso de la Komintern, celebrado en Moscú entre el 25 de julio y el 21 de agosto de 1935 y que introdujo la nueva táctica de formar extensos «Frentes Populares» de toda la izquierda. Por primera vez en años, la cúpula de la Komintern adoptó la posición de que el fascismo no debía ser considerado una forma de dominación idéntica a la democracia burguesa, sino claramente peor. El problema se hacía más serio debido a la habilidad del fascismo para generar el respaldo masivo de extensos sectores de la pequeña burguesía e incluso de algunos obreros.

Dimitrov anunció que se necesitaba un «amplio frente popular antifascista», aunque esto no iba a suponer ninguna variación en la estrategia fundamental de la Komintern. La base de cualquier nueva alianza seguiría siendo «el frente único proletario» que debía ajustarse a las condiciones en cualquier país dado. La referencia a los Frentes Populares seguía siendo ambigua, invocando el acento puesto por Lenin en la necesidad de considerar nuevas «formas de transición o aproximación a la revolución proletaria» y, en un momento dado, pareció sugerir que los comunistas sólo se unirían a un Frente Popular en condiciones prerrevolucionarias de crisis. Dimitrov hacía hincapié en que sería erróneo considerar un gobierno de coalición del Frente Popular como «un especial estadio intermedio democrático entre la dictadura de la burguesía y la dictadura del proletariado», lo que podría retrasar la transición hacia esta última. Semejante coalición no podía ser sino temporal, una táctica para derrotar al fascismo y fomentar «el entrenamiento revolucionario de las masas».

Dimitrov explicaba que en una situación de crisis como la que atravesaban varios países en ese momento, una coalición del Frente Popular podría resultar deseable e incluso podría conducir a un gobierno frentepopulista. Los requisitos previos que fijaba para la formación de tal gobierno de coalición eran tres: el propósito de rechazar las políticas y a los funcionarios de la burguesía, el compromiso de las masas con la lucha vigorosa contra el fascismo y la reacción y la intención de al menos una gran parte de los socialdemócratas de apoyar medidas severas contra el fascismo y otros elementos reaccionarios.

Un gobierno del Frente Popular sería una «democracia de nuevo cuño» que superaría la burguesa y apuntaría hacia una de corte soviético. Éste constituiría el segundo y más indirecto camino hacia el socialismo (cuyo primer ensayo fue la República Popular de Mongolia, instaurada en 1924, aunque no fuera un ejemplo útil en relación con la situación europea). Esta «democracia de nuevo cuño» no introduciría el socialismo, sino que daría comienzo a la nacionalización de sectores económicos seleccionados y distribuiría la tierra entre los campesinos pobres. Se trataba de una clase de gobierno que se formaría «la víspera y antes de la victoria del proletariado» y «en ningún caso» restringiría la actividad del Partido Comunista. El objetivo seguía siendo la toma insurreccionaría del poder y la dictadura del proletariado. Por tanto, la revolución proletaria continuaba siendo una parte importante de la agenda. Dimitrov enfatizaba: «Declaramos francamente a las masas: este gobierno (del Frente Popular) no puede traer la salvación definitiva... En consecuencia, ¡es necesario prepararse para la revolución socialista! ¡El poder soviético y sólo el poder soviético puede traer esa salvación!» [6].

Gran parte de las tácticas del Frente Popular continuaron siendo imprecisas, pero su aspecto de caballo de Troya, o lo que Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo han denominado su «rostro de Jano» [7], quedaba perfectamente claro. Tal y como lo han expresado Kevin McDermott y Jeremy Agnew, el Frente Popular supuso un cambio en las tácticas comunistas inmediatas, pero ninguno en la estrategia revolucionaria general [8].

La derrota en la insurrección de 1934 no había dejado a los líderes moscovitas de la Komintern deprimidos, sino entusiasmados por las perspectivas de una futura acción revolucionaria en España. La línea inicial de la Komintern era que la derrota se había debido al fracaso de la organización socialista, a la falta de apoyo por parte de la CNT y al fallo a la hora de adoptar la totalidad del programa comunista. Sin embargo, la comisión ejecutiva de la Komintern (ECCI) y en lo que afectaba a la aplicación de nuevas tácticas, mudaba a todos los vientos. Al principio disuadió a los líderes comunistas españoles de imitar a los comunistas franceses en su búsqueda de una alianza antifascista más amplia, previniéndoles contra la «deformación oportunista» y dejando claro que los partidos burgueses no debían formar parte del frente antifascista. Se ordenó al PCE que mantuviera el frente único con los socialistas, pero para reforzar la crítica hacia la anterior colaboración democrática de estos últimos y para evitar cualquier relajación en la lucha revolucionaria contra el capitalismo, al tiempo que desarrollaban órganos de autodefensa militar [9].

El 26 de noviembre de 1934, la cúpula del PCE había propuesto la formación de un «comité de enlace» orgánico con los socialistas. Durante los primeros nueve meses de 1935, envió más de diez comunicados oficiales al PSOE, proponiendo una variedad de grupos conjuntos y actividades, mientras se quejaba de la falta de respuesta socialista [10]. En enero de 1935 se publicó un número especial del comunista Bandera Roja, bajo el titular de «La unidad revolucionaria del proletariado», en el que se enfatizaba la necesidad de alcanzar la unidad orgánica entre los dos partidos para «el derrocamiento, por la insurrección armada popular, de la dictadura del bloque burgués terrateniente y la instauración del poder revolucionario de los obreros y campesinos bajo la forma de soviets». Los comités de enlace se formaron en aquellas pocas provincias donde los socialistas locales estaban dispuestos a hacerlo. Al mismo tiempo, se preparó una propuesta, en apariencia contradictoria, para que las Alianzas Obreras locales obtuvieran la soberanía sobre los partidos de los miembros locales, formando sus propias asambleas, lo que se concebía como la consumación última del frente único por abajo y como el instrumento que allanaría el camino a los soviets revolucionarios, operando junto a la fusión con los socialistas [11]. Semejantes maquinaciones continuadas, incluso tras la supresión de la sangrienta insurrección eran, desde luego, posibles porque España no se hallaba gobernada por «dictadura del bloque burgués terrateniente» alguna, sino por una democracia liberal, destacadamente tolerante, que mostró una extraordinaria paciencia incluso con aquéllos empeñados en intentar su destrucción violenta.

Al identificarse a sí mismos con la insurrección de un modo más completo que cualquier otro grupo y al llevar a cabo su mayor campaña de propaganda conocida en España hasta esa fecha, los comunistas habían podido aprovecharse de las secuelas de la rebelión para atraer a nuevos seguidores e incrementar su reputación entre la izquierda proporcionando ayuda a los presos y sus familias y a los refugiados. Un ente clave era el Comité Nacional de Ayuda a las Víctimas, fundado por la Komintern en París bajo el liderazgo nominal de Julio Álvarez del Vayo, una lumbrera socialista que cooperaba de manera estrecha con el PCE. Una comisión, compuesta por tres comunistas y tres socialistas, iba, en principio, a supervisar un fondo de tres millones de francos que se había recaudado en la Unión Soviética, pero los socialistas insistieron en tener cuentas separadas. Esta asistencia era importante para ellos ya que los socialistas apenas recibían apoyo por parte de la Segunda Internacional, que desaprobaba sus actividades revolucionarias. Además, alrededor de la cuarta parte de los refugiados españoles acogidos en la Unión Soviética eran socialistas, a pesar de que cuando regresaron un año más tarde, muchos de ellos se quejaron de haber recibido un trato mezquino [12]. Los comunistas también desarrollaron una serie de nuevos frentes surgidos de la insurrección, como el Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y la Asociación de Ayuda a los Hijos de los Trabajadores.

El cambio en las tácticas de la Komintern apareció por primera vez en España en diciembre de 1934, en un número especial de Bandera Roja en el que se anunciaba una nueva política —la formación de una Concentración Popular Antifascista (CPA) para la «lucha contra los partidos traidores a la República del Pueblo»—. Su meta sería la disolución en España de todos los partidos no izquierdistas y el inicio de un programa para instaurar una República Popular, con la distribución de tierra a los campesinos y la liberación de las minorías nacionales. Durante un año y medio la terminología a aplicar en España a esa nueva táctica siguió siendo múltiple y confusa y no se unificaría completamente hasta la primavera de 1936. Al principio, el término «Frente Popular» sólo era utilizado en España por la sección española de la organización encubierta Comité Mundial para la Lucha contra la Guerra y el Fascismo que, siguiendo la táctica habitual de las organizaciones encubiertas, buscaba una amplia alineación con los intelectuales izquierdistas pero no comunistas y los partidos republicanos de izquierda en apoyo a su propaganda [13]. Oficialmente la CPA se formó cinco meses más tarde, en mayo de 1935, con la inclusión de todas las organizaciones comunistas y varios grupos de compañeros de viaje como la Izquierda Radical Socialista, la Juventud de Izquierda Federal y la Unión Republicana Femenina y, quizá el más importante, la Juventud de Izquierda Republicana (la agrupación juvenil del partido de Azaña). A pesar del uso continuado de un lenguaje incendiario y revolucionario, ahora el énfasis se ponía en la lucha política y se condenó el insurreccionismo inmediato. Así, cuando en abril de 1935 La Lluita de los comunistas catalanes abogó por la completa destrucción del régimen burgués, sembró la confusión y tuvo que ser atemperada.

A mediados de 1935 el PCE estaba promoviendo tres tácticas aliancistas paralelas. La primera era fomentar la «unidad orgánica» y la eventual fusión con los socialistas (lo que, aseguraba la Komintern, pronto atraería al mucho más grande movimiento socialista bajo la dominación comunista); la segunda era la CPA (cuyo nombre se había cambiado en junio por el de «Bloque Popular»), concebida como una extensa alianza de la izquierda que incluía a ciertas fuerzas simpatizantes izquierdistas de clase media y como una especie de frente popular que trabajase en favor de los grandes objetivos políticos; y la tercera era que las Alianzas Obreras (AO) se desarrollaran y estrecharan hasta ser instrumentos revolucionarios conjuntos y efectivos de la izquierda obrera para preparar la transición final a los soviets revolucionarios. Así y todo, en ese año de realineación conceptual y táctica se gestó otro nuevo concepto, el de «pueblo laborioso», que puede definirse como una «comunidad de trabajadores», un término vago y ambiguo pero más amplio que podía ser utilizado, junto con la CPA, para atraer a los sectores izquierdistas de la clase media-baja a la unión con los obreros y campesinos. Todo esto suponía la habitual combinación comunista de tácticas en dos fases, una a corto plazo (que precisaba de un respaldo más amplio) y una segunda para la fase revolucionaria final, que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo [14].

El núcleo revolucionario de la CPA (BP) sería una Alianza Obrera adecuadamente organizada. En mayo de 1935 se lanzó un manifiesto dirigido a todos los trabajadores «anarquistas, sindicalistas, socialistas y comunistas» que lamentaba que, de acuerdo con la definición comunista, «la dirección del Partido Socialista nunca ha planteado seriamente el problema de organizar y preparar políticamente a las masas para la insurrección» porque temía a la auténtica revolución obrera. Por tanto, el manifiesto exigía la completa reorganización de las Alianzas Obreras (por supuesto bajo hegemonía comunista, aunque no se expresaba de modo tan directo) basándose en un programa de trece puntos cuyos aspectos más destacados eran:

1. La confiscación, sin indemnización alguna, de toda la tierra de los grandes propietarios, la Iglesia y el Estado, para ser distribuida gratuitamente a los campesinos bien de forma individual bien colectiva, «conforme a sus propias decisiones».

5. La confiscación y nacionalización de las grandes industrias, las finanzas, el transporte y las comunicaciones.

8. El reconocimiento de la plena autonomía para Cataluña, el País Vasco y Galicia, e incluso su consideración como Estados independientes.

9. La liberación inmediata e incondicional de los territorios del norte de Marruecos y de las restantes colonias españolas.

11. La disolución de las fuerzas armadas, y la entrega de armas a obreros y campesinos. La purga de los «enemigos del pueblo» (el término habitual empleado en las purgas leninistas y estalinistas) presentes en el Gobierno.

12. La creación de una «Guardia Roja Obrero-Campesina», con elección de sus oficiales.

13. «La solidaridad proletaria con los oprimidos del mundo y la alianza fraternal con la URSS».

Esta Alianza Obrera de nuevo cuño cooperaría con un Bloque Popular Antifascista más amplio (la nomenclatura alternativa y desconcertante de la CPA) con el fin de establecer un gobierno provisional revolucionario. El 2 de junio, el atractivo secretario del partido, José Díaz, reiteró estas propuestas revolucionarias, en cierto sentido confusas y solapadas, en un mitin multitudinario que tuvo lugar en el madrileño Cine Monumental, el mayor de los mítines comunistas desde la insurrección. Sólo ocho meses después del derramamiento de sangre era libre de presumir, de modo grandilocuente y falso, de que «nosotros somos los responsables del movimiento revolucionario de octubre», haciendo hincapié en que «el Partido Comunista de España recaba para sí toda la responsabilidad política que se derive del movimiento y de la insurrección victoriosa (sic) de Asturias», acentuando también la necesidad de un programa democrático basado en el Bloque o Concentración Popular Antifascista que sirviera como estandarte para las nuevas elecciones «que tendrán una clara significación antifascista y revolucionaria», elecciones que pronto darían paso a un «gobierno provisional revolucionario» [15].

En Francia se firmó el acuerdo inicial para el Rassemblement Populaire entre comunistas, socialistas y los radicales el 14 de julio de 1935, unas semanas antes de que la Komintern hiciera oficial la táctica del Frente Popular. En España, sin embargo, el proceso de ajuste fue mucho más lento debido al pequeño número y la falta de influencia de los comunistas y a la fachada revolucionaria de los caballeristas. No obstante, en 1935 el PCE obtuvo su primer éxito propagandístico significativo en dos dimensiones diferentes. El partido afirmaba haber sacado un total de 42 publicaciones distintas en España —la mayor parte legales, unas pocas ilegales—, y esta financiación testimoniaba la importancia que la Komintern otorgaba ahora a España. Gracias a la financiación soviética y a la vigorosa publicidad, podía darse a conocer mucho mejor que antes y gracias a la ayuda práctica que ofrecía y al aura revolucionaria soviética que exudaba, resultaba más atractivo que nunca para los socialistas. Aumentaban los apoyos, hasta tal punto que se puede decir que 1935 fue el primer año del ascenso del partido; es probable que la mayoría de los nuevos miembros que ese año se afiliaron a un partido marxista en España lo hicieran al PCE. En segundo lugar, aunque los comunistas no lograron convencer a la izquierda de que ellos eran la fuerza principal detrás de la insurrección, consiguieron ciertamente convencer a la derecha. A partir de ese momento la derecha española consideraría al Partido Comunista más fuerte e influyente de lo que era en realidad. Al igual que la izquierda gustaba de tildar de «fascista» a cualquier cosa situada a la derecha del centro, la derecha, cada vez más, se refería en general a los partidos obreros y revolucionarios como «comunistas» y esto no supondría sino acrecentar más una polarización ya de por sí intensa.

A mediados de 1935 se celebraron importantes mítines multitudinarios; el mayor de todos ellos celebrado hasta la fecha por el Partido Comunista en España fue el, ya mencionado, que tuvo lugar en Madrid el 2 de junio, testimonio elocuente de la debilidad de la represión. Sin embargo, fue Azaña quien reunió a las mayores multitudes, en particular en sus enormes mítines al aire libre del 26 de mayo en Valencia y del 14 de julio en Baracaldo. Los prietistas organizaron algunos mítines conjuntos con los republicanos de izquierda, y otros se celebraron bajo el estandarte de la Alianza Obrera o el Frente Antifascista, reflejo de las alianzas revolucionarias del año anterior.

La nueva y parcial moderación en las tácticas de la Komintern aumentó las posibilidades de que, ahora y por vez primera, el PCE se posicionara a la derecha de un Partido Socialista cuasi insurreccionario. Durante el verano, se desarrolló un debate entre Luis Araquistain, principal gurú revolucionario de los caballeristas, sirviéndose de las páginas de su revista mensual Leviatán, y Vicente Uribe, miembro del politburó del PCE, que escribía en Pueblo, un periódico subvencionado por la Komintern. Araquistain pregonaba la necesidad de introducir en España, y de manera inmediata, el modelo soviético a través de la revolución violenta, mientras que el líder comunista Uribe, siguiendo la nueva línea de la Komintern, recomendaba encarecidamente una política más comedida.

La única alternativa en la izquierda obrera surgió en julio de 1935, cuando se fusionaron el exiguo y leninista BOC de Joaquín Maurín y la diminuta y trotskista Izquierda Comunista de España (ICE), liderada por Andreu Nin para formar un partido comunista independiente y de nuevo cuño, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Este nuevo partido alcanzaría la fama dos años más tarde, no debido a sus logros sino a la forma en que fue suprimido por el poder soviético en la zona republicana durante la Guerra Civil. Su ardor revolucionario quedó ensalzado en el famoso testimonio de George Orwell, Homenaje a Cataluña. El análisis que el carismático Maurín realizó de la situación apareció en su libro Hacia la segunda revolución, publicado en abril de 1935. En él, afirmaba que España pronto alcanzaría unas condiciones propicias para la revolución, y entonces se hallaría en una mejor situación que la de Rusia en 1917, porque los trabajadores españoles, en un país europeo occidental, poseían una mayor tradición democrática y, por ello, podían aportar la democracia a la revolución, apoyados todavía más por el hecho de que existía una mayor conciencia revolucionaria entre la población rural (al menos en la mitad sur del país) de la que había habido en Rusia. Así, mientras Lenin había tenido que renunciar a cualquier posibilidad de mantener una dictadura de tipo democrático, el proletariado español era, en proporción, más numeroso y maduro. En España, el proletariado tendría como tarea completar con rapidez la fase final de la revolución democrática y llevarla, de manera casi inmediata, a la socialista, de modo que pronto se convertiría en una «revolución democrática socialista».

El mínimo programa de Maurín para completar la revolución democrática —bastante similar a la fórmula del PCE para la república democrática «de nuevo cuño» de un gobierno republicano provisional— apelaba a la creación de una Unión Ibérica de Repúblicas Socialistas, con derecho a una total secesión. Incluía la nacionalización y redistribución de la tierra, la nacionalización de las grandes industrias, los bancos, las minas, el transporte y el comercio exterior, la jornada laboral de seis horas y la distribución de armas entre los trabajadores, suponiendo que ello daría como resultado un gigantesco aumento de la producción. Los «órganos del poder» serían «elegidos democráticamente por los trabajadores», pero, advertía amenazador, que el estado socialista, a diferencia del estado «fascista», «carecerá de derechos: tendrá deberes». Lo que resulta sorprendente es cómo las doctrinas de Maurín coincidían con las de la Komintern, tal y como ésta las había reformulado en 1935. Sin embargo, para los comunistas se estaban realizando distinciones inadecuadas entre las dos revoluciones; consideraban las tesis de Maurín como una incoherencia heterodoxa de distinciones, formuladas de modo inadecuado e impropio en términos de peligroso aventurismo «trotskista» y, sobre todo, carentes de la tutela de la Komintern.

Maurín también amplió más su teoría del fascismo, definido al habitual modo marxista como el último paroxismo desesperado de un capitalismo en decadencia. Observaba que el fascismo dependía de un número de factores tales como la división del movimiento obrero, la derrota de la «democracia pequeñoburguesa», un clima que amenazaba con una guerra internacional y un todavía más amenazante estado de conflicto interno. El fascismo se enfrentaba a un difícil futuro en España, concluía, donde el recuerdo de la reciente dictadura había generado una aversión hacia el autoritarismo abierto. Lo que es más, en España la pequeña burguesía todavía estaba orientada hacia la democracia, mientras que el fascismo no contaba con el apoyo de los trabajadores (en contraste con lo que ocurría en Italia y Alemania) y ni siquiera tenía el respaldo de la pequeña burguesía industrial. El pequeño movimiento fascista se hallaba en sí mismo dividido y carecía de un líder significativo. La católica CEDA, aunque grande, no podía en realidad convertirse en un partido fascista pues a su jefe, Gil Robles, de hecho «le daba miedo el fascismo». De ahí que la única base real para el poder contrarrevolucionario fuera el ejército, como en Portugal, Europa del Este, Latinoamérica y Asia. Para concluir, el éxito del fascismo dependía de la previa derrota de una revolución izquierdista, que el fascismo podía pretender superar.

El único aspecto que fallaba en España, según Maurín, era una revolución democrática auténticamente «pequeñoburguesa», mientras que se suponía que la «revolución democrática socialista» iba obteniendo cada vez más apoyo. A pesar de ciertas inexactitudes, ésta era una valoración más razonable de las perspectivas del fascismo en España que la que era habitual entre los marxistas españoles. Al igual que en 1931, algunos socialistas habían considerado a la República española como el comienzo de una democratización más extensa en Europa con la que se iniciaría la caída del fascismo; Maurín estaba seguro de que el crecimiento de la «revolución democrática socialista» en España serviría como catalizador para la caída del fascismo en Italia, Alemania, Polonia y Portugal. Fantaseaba acerca de la posible unión de los estados socialistas resultantes con la Unión Soviética para formar los Estados Unidos de Europa. Maurín admitía que cualquier intento por introducir esta revolución en un país de la Europa occidental, con instituciones más avanzadas y clases medias más grandes, traería consigo en principio una guerra civil, pero aseguraba a sus lectores que dicha guerra civil sería mucho más breve en un país europeo occidental de lo que lo había sido en Rusia (1918-1921), en primer lugar porque, en ese momento, podía contar con el respaldo del proletariado internacional y quedaría protegida de la intervención contrarrevolucionaria extranjera por las condiciones de la rivalidad imperialista internacional y el peligro potencial de una guerra mundial. También Araquistain desarrolló este último punto en Claridad, pero ambos erraban por completo, como quedaría claro en algo más de un año, cuando los factores internacionales favorecieron, de manera predominante, la intervención contrarrevolucionaria.

La fundación oficial del POUM tuvo lugar en Barcelona el 29 de septiembre. Con 6.000 afiliados como mucho, el nuevo partido revolucionario se estructuraba oficialmente sobre la base del centralismo democrático leninista, pero apenas existe duda de que, en su fuero interno, era más democrático que el PCE. Aunque el POUM agrupaba a un pequeño aunque significativo núcleo de intelectuales era, en esencia, un partido obrero compuesto, sobre todo, por obreros manuales y del sector servicios. El catalán era la lengua nativa de la mayoría de sus miembros. El antiguo IEC trotskista había roto con Trotsky antes de unirse al POUM, que, de modo formal, rechazaba el trotskismo, pero, en cualquier caso, mantuvo una actitud amistosa hacia el político soviético. Sus integrantes denominaban los feroces y constantes ataques soviéticos a Trotsky una «incitación al asesinato» y, en ocasiones, publicaron artículos escritos por él, al tiempo que mantenían que la Komintern había fracasado como centro de la revolución mundial y funcionaba, simplemente, como un «instrumento al servicio del Estado soviético», lo que, por supuesto, era del todo correcto.

Los dirigentes del POUM denunciaron la nueva táctica frentepopulista de la Komintern, afirmando que no existía conflicto inherente alguno entre el fascismo y la democracia burguesa, porque ambos eran, en esencia, capitalistas, de tal manera que esa nueva táctica tan sólo era un reflejo del oportunismo del Estado soviético, alarmado ante el peligro procedente de la Alemania nazi. Se consideraba que la mera defensa de la democracia burguesa era «menchevista» (y resulta irónico que cuatro años antes la Komintern hubiera expulsado a Maurín, acusándolo de «menchevismo»). Se suponía que el Frente Popular representaba el aplazamiento de la lucha de clases, estando ante todo diseñado para la defensa de la URSS. No obstante, el POUM aceptó la necesidad de cierto tipo de alianza de cara a las próximas elecciones españolas, ya que éstas tendrían un «carácter marcadamente revolucionario», pero tal alianza debería limitarse con todo cuidado [16].

La forja de la alianza izquierdista

Todos los republicanos de izquierda, junto con muchos socialistas, reconocían que el motivo de su desastre electoral de 1933 había sido el fracaso de la alianza y, para los primeros, su restauración se convirtió en un objetivo fundamental. En abril de 1935 se alcanzó un acuerdo de unidad de acción entre la Izquierda Republicana de Azaña, la Unión Republicana, más moderada, de Martínez Barrio y el exiguo Partido Nacional Republicano. El 12 de abril de ese año, cuarto aniversario del derrocamiento de la monarquía, emitieron una declaración conjunta en la que especificaban los requisitos mínimos para la restauración de la democracia republicana tal y como la definían: restablecimiento de las garantías constitucionales (que ellos mismos con frecuencia habían negado a otros), liberación de quienes estaban presos a causa de la insurrección, abolición de la tortura policial, fin de toda discriminación contra los izquierdistas en la Función Pública, libertad para todos los sindicatos (que ellos mismos les negarían una vez que retornaron al poder), readmisión de los despedidos por motivos políticos desde octubre de 1934 y restauración de todas las corporaciones municipales expulsadas por el gobierno desde esa fecha [17].

Desde noviembre de 1934 Azaña e Indalecio Prieto habían mantenido correspondencia acerca de la necesidad de restaurar la alianza. Prieto, haciendo uso de su libertad en el exilio para convertirse en la figura más activa de la cúpula socialista, adoptó con celeridad la que llegó a ser la línea habitual entre los republicanos de izquierda y ciertos socialistas moderados: que la insurrección había sido una lucha en defensa de la democracia republicana más que una forma de imponer la revolución y que la completa restauración de la democracia republicana —lo que significaba la vuelta al poder de la izquierda— debía ser el objetivo.

En enero de 1935 acudió a un encuentro de inteligencias con Azaña. Los socialistas y los republicanos de izquierda debían restablecer su alianza en las nuevas elecciones, adoptando un programa conjunto dentro de los límites del constitucionalismo, y preparar un número considerable de candidaturas de republicanos de izquierda, de tal manera que éstos contaran con una fuerte base parlamentaria para un nuevo gobierno que, dada la posición caballerista, estaría compuesto, de modo exclusivo, por republicanos de izquierda [18]. Por tanto, y desde el principio, el plan consistía en crear un gobierno minoritario y débil, que estuviera agradecido al respaldo prestado por los socialistas revolucionarios —una fórmula inherentemente inestable—. El 23 de marzo de 1935, Prieto escribió a la comisión ejecutiva socialista, enfatizando la importancia de la alianza y mencionando también la necesidad de disciplinar a las Juventudes Socialistas [19]. A finales de mes, el aliado de Prieto, Juan Simeón Vidarte, secretario de la comisión ejecutiva, emitió una circular que acentuaba la importancia de las libertades republicanas (al menos en cuanto se aplicaban a los izquierdistas), la naturaleza defensiva de la insurrección y el carácter moderado y responsable del Partido Socialista [20]. El papel de Vidarte resultaba anómalo porque, aunque había sido miembro del comité revolucionario socialista, nunca había sido arrestado, un hecho que los caballeristas atribuían a su calidad de miembro activo de la masonería [21]. Como jefe de facto del aparato socialista, en 1935 estaba a cargo de articular la masiva campaña propagandística relativa a la represión [22], pero Vidarte era un prietista que también pretendía que disminuyera el fervor revolucionario. Más adelante, el 14 de abril de 1935, cuarto aniversario de la instauración de la República, tanto Prieto como el republicano de izquierda moderado Sánchez Román publicaron artículos en El Liberal acerca de la necesidad de la unidad de la izquierda.

Largo Caballero, todavía en prisión aunque disfrutando de una libertad de expresión casi completa, expresó su protesta ante cualquier alianza con la izquierda burguesa en una carta dirigida a la comisión ejecutiva, fechada el 29 de abril, un paso que Santos Juliá ha denominado el comienzo del caballerismo como facción separada dentro del partido [23]. Insistía en la naturaleza de clase revolucionaria del partido y la UGT. Desde este momento en adelante, y casi hasta el comienzo de la Guerra Civil, la prensa socialista estaría llena de amargas polémicas entre los tres sectores del partido —la «izquierda» caballerista, el «centro» prietista y los pequeños e impotentes supuestos «ortodoxos» o marxistas— kautskistas de la «derecha» besteirista. Así, el 28 de abril, un día antes de que Largo enviase su carta, Julián Besteiro pronunció su discurso de admisión en la Academia de Ciencias Políticas y Morales, titulado «Marxismo y antimarxismo», en el que afirmaba que Marx no había propugnado la dictadura del proletariado como un objetivo necesario en sí mismo y que el verdadero marxismo conducía al socialismo democrático. Todavía apuntó más, «un partido socialista fuera del poder que acentúe el culto a la violencia», como hacían los socialistas al elaborar el mito de la insurrección, «puede fácilmente degenerar en un reformismo revolucionario (sic) y violento de psicología y de actuación muy semejantes a la del fascio» [24], anticipándose a las posteriores observaciones del intelectual fascista Ramiro Ledesma Ramos, quien observaría que los socialistas eran antifascistas en teoría pero fascistas en la práctica.

El principal foro de Prieto en 1935 era su periódico bilbaíno El Liberal, en el que publicó a finales de mayo una serie de cinco artículos, que reprodujeron al menos otros ocho periódicos, sobre la necesidad de un programa práctico de unidad izquierdista. Apuntaba que cuando el incendiario portavoz de las Juventudes Socialistas aludía a aquellos que socavaban el socialismo debería dirigir sus palabras, en primer lugar, contra las acciones extremistas de las propias Juventudes Socialistas. Recogidos en un folleto, bajo el título Posiciones socialistas del momento, fueron contestados de manera inmediata por Las falsas «posiciones socialistas» de Indalecio Prieto, de Carlos de Baráibar, en el que argumentaba, entre otras cosas, que una nueva coalición electoral resultaría fútil porque, para el momento en que se celebrasen nuevas elecciones, el gobierno cedorradical habría modificado por completo la ley electoral, por lo que, de hecho, el sistema entero debía ser destruido.

Durante el verano de 1935 los líderes republicanos de izquierda comenzaron con la tarea de definir un programa electoral común, pero durante un tiempo no se produjo ningún avance en las negociaciones con los socialistas debido a la oposición caballerista. Los caballeristas retenían que la única unión necesaria era el renacimiento de la holgada Alianza Obrera que, por supuesto, excluía a los repúblicas de izquierda. La insistencia comunista en una acción conjunta y directa entre los dos partidos se atribuyó (y, en parte, era correcto) a las exigencias de la política exterior soviética, mientras que las multitudes que Azaña comenzó a atraer fueron, al principio, tildadas de mero sentimentalismo pequeño burgués. Pontificaba Araquistain que Azaña no debía olvidar cuál era en realidad su papel, queriendo dar a entender que era, en esencia, el de un Kerensky español puesto de parte de los bolcheviques/caballeristas.

De hecho, durante la segunda mitad de 1935, se produjo una gran oleada de azañismo cuando éste se convirtió en el gran símbolo nacional de la recuperación de la izquierda y no tan sólo entre las clases medias liberales de izquierdas. El 20 de octubre, Azaña celebró el mayor de todos los mítines multitudinarios que tuvieron lugar ese año, en el Campo de Comillas, a las afueras de Madrid. Al menos doscientas mil personas (los organizadores afirmaban que muchas más) asistieron al que pudo haber sido el mayor mitin político de la historia de España hasta el momento, encontrándose muchos socialistas y comunistas entre la audiencia. El discurso de Azaña fue moderado, invocando el constitucionalismo y el reformismo democrático y no respondió a los saludos puño en alto de muchos jóvenes revolucionarios [25]. Parecía que existía un significativo movimiento de opinión moderada desde el centro-derecha hasta el centro-izquierda, en repulsa contra las frustraciones del bienio cedorradical y en respuesta a la masiva campaña propagandística sobre la represión.

Todo el tiempo, los azañistas tuvieron que trabajar a ambos lados de su propuesta alianza, convenciendo a los líderes republicanos de izquierda más moderados, como Martínez Barrio y Sánchez Román, de que no cooperasen con Alcalá Zamora ni en una inmediata reforma constitucional ni en la formación de una coalición de gobierno centrista más extensa y, al mismo tiempo, seguían yendo tras los socialistas. Parece que Comillas impresionó incluso a los caballeristas y el 2 de noviembre su órgano, Claridad, se refirió por primera vez a la posibilidad de una alianza electoral temporal con los republicanos de izquierda, siempre que no quedaran incluidos sus sectores más moderados.

El 14 de noviembre Azaña envió una carta formal a la cúpula del Partido Socialista en la que proponía una alianza electoral con un programa común y recibió una respuesta sorprendentemente rápida y positiva. En este momento, Largo Caballero estaba llevando a cabo otro de los golpes de timón por los que su liderazgo se había caracterizado durante los pasados once años. Reunió de modo inmediato a las comisiones ejecutivas de los principales grupos socialistas (el Partido, la UGT y las Juventudes Socialistas), que aceptaron la propuesta de Azaña siempre que quedasen incluidos el Partido Comunista y su sindicato, la CGTU. Sin embargo, esta inclusión no formaba parte de la propuesta de Azaña, quien, en principio, no tenía intención de formar un Frente Popular al estilo francés —o de la Komintern— con un componente comunista importante.

La disposición de Largo a tomar en consideración una alianza electoral no reflejaba la menor moderación estratégica de sus objetivos revolucionarios, ya que la íntima asociación con los comunistas era para él tanto o más importante. Estos últimos seguían su programa de unidad a dos niveles, exigiendo, por un lado, una unión izquierdista más extensa y, por otro, pretendiendo expandir la Alianza Obrera como instrumento revolucionario, lo cual presentaba más dificultades de las previstas. Mientras que el partido afirmaba haber participado en dieciséis Alianzas Obreras provinciales en abril, se comprobó que muchas de ellas eran fantasmas y, dos meses más tarde, el número descendió a ocho. Otro de los trucos comunistas consistió en formar Alianzas Obreras en las fábricas, aunque sólo se organizaron algunas en Vizcaya y Sevilla [26].

En un gran mitin comunista celebrado en Madrid el 2 de noviembre, Díaz informó sobre el séptimo congreso de la Komintern, pero su discurso apenas mostraba la moderación del Frente Popular. Apeló a un nuevo y amplio Bloque Popular de democracia antifascista para «vencer definitivamente al fascismo», tras lo cual señaló la importancia de avanzar hacia un Gobierno de Obreros y Campesinos encaminado a la dictadura del proletariado. Díaz hizo hincapié en que:

Nosotros luchamos directamente por la dictadura del proletariado, por los soviets. Lo declaramos paladinamente, porque nosotros, como partido del proletariado, no renunciamos a nuestros objetivos. Pero en los momentos actuales comprendemos que la lucha está planteada, no en el terreno de la dictadura del proletariado, sino en el de la lucha de la democracia contra el fascismo como objetivo inmediato [27].

En ese momento, el término comunista en España para la táctica alternativa era Bloque Popular, y en diciembre el partido afirmó haber organizado comités del BPA en quince ciudades, aunque sólo cinco de ellas eran capitales de provincia [28]. Por primera vez los comunistas experimentaron un avance en Barcelona, donde su Partit Comunista de Catalunya superaba con éxito al nuevo POUM en sus relaciones con los otros pequeños partidos marxistas catalanes. El 12 de enero de 1936, el PCC estableció un acuerdo para formar un comité de enlace especial con la Unió Socialista de Catalunya y el Partit Català Proletari, que pretendía ampliar con la federación catalana del Partido Socialista y Estat Català [29].

Incluso en Francia, el durante mucho tiempo líder socialista Léon Blum se mostraba interesado en la línea de la Komintern acerca de la «unidad orgánica» entre los partidos socialista y comunista, aunque en apariencia fantaseaba con que si tal cosa se lograba, podría entonces convencerse a los comunistas franceses para que rompieran sus relaciones con Moscú. Si a finales de 1935 tal era el caso en parte de la cúpula moderada del socialismo francés, la Komintern esperaba mucho más de los socialistas españoles, en parte «bolchevizados». En noviembre, Largo Caballero que ante los tribunales había negado resueltamente tener la menor conexión con la insurrección que él mismo había estado planificando durante nueve meses, fue puesto en libertad por la «feroz represión» durante un breve tiempo, para visitar a su mujer enferma. Utilizó esta libertad, entre otras cosas, para reunirse con Vittorio Codovilla, el principal representante de la Komintern en España, quien enseguida envió un telegrama a Moscú en el que señalaba que «Largo está de acuerdo con lo esencial de las decisiones del Congreso y con su aplicación en España». Largo aceptó la propuesta comunista de una fusión de los dos movimientos sindicales, por la cual la pequeña CGTU comunista se enmarcaría dentro de la UGT (un proceso que comenzó poco después), pero insistió en que debería formarse un nuevo desarrollo de la Alianza Obrera sólo por arriba, por los propios partidos, y no mediante la fusión de los afiliados de base [30].

En ese momento, los comunistas españoles se preocupaban de manera más inmediata por la unificación con los socialistas y por una Alianza Obrera más extensa que por establecer un Frente Popular al estilo francés con los partidos de clase media, pese a que esta última opción se aceptó con presteza —e incluso se ambicionó— como una táctica electoral temporal. En diciembre, se envió a Madrid a Jaques Duclos que, además de ser un importante agente de la Komintern y líder del Partido en Francia, hablaba español, para que mantuviera, durante tres días, unas extensas conversaciones con Largo Caballero en la celda que éste ocupaba —un elocuente testimonio más del extremado liberalismo y la gran extensión de las libertades civiles de lo que los comunistas denominaban «la dictadura fascista» en el poder—. En ese momento los partidos franceses habían convertido su Rassemblement Populaire en lo que los comunistas denominaban el Frente Popular, una firme alianza electoral para las elecciones que tendrían lugar en Francia al año siguiente. La Komintern, entonces, comenzó a otorgar prioridad a la formación de un pacto similar en España y, en lo sucesivo, este esfuerzo se vería apoyado por Largo, quien insistía en que el PCE debería quedar incluido en cualquier alianza electoral más amplia y también debería participar en la aprobación del programa de la misma, pero, en los demás casos, adoptó una posición a la izquierda de la Komintern. En un artículo aparecido en Claridad el 23 de noviembre, el líder socialista, todavía en prisión, exigió una vez más la bolchevización del socialismo español y el establecimiento de la dictadura del proletariado, sin las distinciones y matices que la táctica frentepopulista había introducido en el discurso comunista. Era tal la debilidad de la persecución legal de la insurrección que, siete días más tarde, el «Lenin español» fue oficialmente puesto en libertad por «falta de pruebas».

El 16 de diciembre, en un mitin de su comité nacional, se hizo frente a las profundas diferencias existentes en el seno del Partido Socialista. Largo seguía insistiendo en que los comunistas participasen en la preparación del programa de una nueva alianza electoral, pese a que los líderes republicanos de izquierda se negaban a ello. En ese momento —con la clara intención de provocar y debilitar a Largo Caballero— Prieto, con habilidad, reintrodujo una vieja cuestión que había dividido a la cúpula del partido en vísperas de la insurrección. Propuso que la minoría parlamentaria socialista quedase vinculada en sus acciones por las decisiones de la comisión ejecutiva y el comité nacional, algo a lo que Largo Caballero se oponía con vehemencia, temiendo al poder de los prietistas en el aparato del partido; con anterioridad, este asunto le había llevado a renunciar temporalmente a la presidencia del comité nacional. Contemplaba la propuesta como un intento de los moderados por obtener una ventaja política y adopto la posición de que, en una organización revolucionaria, todas las decisiones importantes debían tomarse por unanimidad. Cuando el comité nacional aprobó la moción de Prieto por nueve votos a cinco, con dos abstenciones, Largo presento su irrevocable dimisión a la que se unieron con rapidez sus tres partidarios más próximos en la comisión ejecutiva. La creciente antipatía, ahora convertida en franco odio, entre Prieto y Largo Caballero había salido a la luz y comenzaba a escindir al partido. De ahí en adelante, tanto la comisión ejecutiva como el comité nacional del partido estarían dominados por los prietistas, mientras que la UGT lo estaría por la izquierda caballerista (a pesar de que dos de sus más importantes agrupaciones sindicales, la asturiana y la vasca, eran, en su mayoría, pro prietistas). Aunque los caballeristas afirmaban contar con el respaldo de la mayor parte de las filas socialistas, el aparato del partido se encontraban en manos de sus rivales y en esta situación la UGT tendió, cada vez más, a separarse del partido y a empezar a funcionar casi como su propio movimiento socialista separado [31].

Rápidamente se aceleraron las negociaciones entre los socialistas y los republicanos de izquierda una vez que Portela anunció las elecciones, aunque el pacto oficial de lo que (para disgusto de Azaña) pronto se conocería como el Frente Popular no se anunció hasta el 15 de enero de 1936. El apelativo de Frente Popular nunca constituyó su denominación oficial, pero el término pronto fue de uso corriente debido a que la propaganda comunista lo extendió con entusiasmo. Ni Largo ni la UGT participaron de manera directa en las negociaciones pero, aun así, lograron establecer ciertas condiciones: primera, la alianza lo sería por estrictos propósitos electorales (a diferencia del plan de Prieto de mantener una estrecha colaboración con el gobierno republicano de izquierda posterior a las elecciones); segunda, aunque el nuevo programa sería republicano y no revolucionario, los socialistas y otros partidos obreros dejarían claras las diferencias entre este programa electoral temporal y sus propios objetivos; y tercera, se debería permitir unirse a la alianza al resto de grupos y partidos obreros que deseasen hacerlo. Así, aunque el programa del Frente Popular fue negociado por los líderes de los republicanos de izquierda y del Partido Socialista, a la alianza resultante se unieron el Partido Comunista, el exiguo Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y el nuevo POUM [32].

Si Prieto se había enfrentado a considerables dificultades a la hora de obtener el acuerdo de la izquierda socialista, Azaña tenía dificultades continuas con los dos partidos más moderados de la izquierda republicana. Al principio, Martínez Barrio había buscado una unión en solitario entre los grupos republicanos de izquierda, pero Azaña lo convenció de lo indispensable del apoyo socialista. Una vez que lo aceptó, el dúctil Martínez Barrio no se resistió a la eventual inclusión de los comunistas y de otros elementos de la izquierda revolucionaria, aunque algunos en su partido sí lo hicieron. A la inversa, Felipe Sánchez Román, que estaba al frente del que se puede decir que era el más prestigioso bufete de abogados en España y lideraba el pequeño Partido Nacional Republicano (compuesto en su mayoría por profesionales y algunos pequeños industriales, progresistas), siempre había reconocido lo imprescindible de los socialistas, y desempeñó un papel esencial en la negociación de los términos definitivos del programa de la alianza, gran parte de los cuales, aparentemente, redactó él mismo. Sin embargo, la noche del 14 de enero, justo antes de que el programa se hiciera público, Sánchez Román retiró del Frente Popular a su pequeño partido. Era el líder más inteligente, uno de los más moderados y responsables de los republicanos de izquierda, y, probablemente, el más respetado por Azaña. Con frecuencia, su retirada se ha atribuido a su oposición a que los comunistas quedaran incluidos en el Frente Popular [33]. Tal y como se publicó en El Sol el 26 de enero, rechazaba los objetivos de todos los movimientos revolucionarios y había llegado a la conclusión de que, para los antiguos defensores de la Constitución de 1931, unir fuerzas con aquellos que pretendían destruirla era una flagrante contradicción [34]. Sánchez Román había insistido en que el programa contuviera «la expresa prohibición, incluso en la propaganda, de la táctica revolucionaria y la necesidad de suprimir las juventudes militarizadas» [35], pero cuando el propio Azaña se negó a defender su posición, Sánchez Román se retiró.

En principio los caballeristas y los comunistas habían preparado un programa electoral que exigía la confiscación de todas las grandes fincas rústicas sin indemnización (contraviniendo lo dispuesto en la legislación de 1933), la purga del ejército y la administración, la expulsión de la totalidad de las órdenes religiosas y una nueva legislación que proscribiese a todos los partidos conservadores y derechistas, alcanzándose así la república netamente izquierdista de «nuevo cuño» que exigía el séptimo congreso de la Komintern [36].

No obstante, el manifiesto oficial del Frente Popular español resultó muy diferente. Exigía el «imperio de la Constitución» (algo por lo que los propios partidos frentepopulistas no habían mostrado respeto alguno), pero, de modo contradictorio, demandaba la impunidad para la insurrección de 1934. Insistía en la concesión de una «amplia amnistía» para todos los delitos políticos, incluido el asesinato, cometidos con posterioridad a noviembre de 1933, y en que se volviera a contratar a todos los funcionarios que habían sido suspendidos, trasladados o despedidos «sin garantía de expediente o por motivos de persecución política», así como a todos los empleados despedidos por razones políticas. El manifiesto continuaba declarando: «Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y el castigo». En otras palabras, aunque se concedería la total amnistía para los delitos revolucionarios violentos, incluido el asesinato, no existiría, necesariamente, una similar impunidad para los acusados de reprimir esos delitos. De idéntica forma, seis meses más tarde, los militares rebeldes aplicaron la política de procesar por «rebelión armada» a aquellos que se hubieran negado a tomar parte en el levantamiento armado. Era natural que quienes se oponían al Frente Popular lo considerasen como una confirmación indirecta de la violencia revolucionaria.

El manifiesto requería la reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales «a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen», e incorporaba otros objetivos como la reforma de las Cortes para acelerar el trabajo de las comisiones parlamentarias, la reforma del procedimiento judicial y la purga de los jueces conservadores, la purga de los funcionarios de policía que se irían sustituyendo por izquierdistas («de reconocida lealtad al régimen»), y la revisión de la Ley de Orden Público (redactada por la propia izquierda), «para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, provea de una mejor garantía al ciudadano contra la arbitrariedad del poder».

En los asuntos económicos, «los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista». En su lugar, el manifiesto proponía la ayuda económica a la agricultura, una nueva Ley de Arrendamientos Rústicos más progresista y la estimulación de formas colectivas de producción. «La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática...» Por tanto, «no aceptarán los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del Partido Socialista», ni se mostrarían de acuerdo con la nacionalización de la banca o con el subsidio obligatorio de desempleo aunque sí prometieron la total restauración de la legislación social de 1931-1933 y, sobre todo, ayudas económicas para los salarios de los campesinos. El manifiesto prometía estimular y proteger la industria, y ayudar a las pequeñas empresas, subrayando la necesidad de seguir «un criterio estricto de subordinación al interés del conjunto de la economía» y se concedió la mayor prioridad a la expansión de las obras públicas. También exigía una reducción de impuestos más progresiva, pero sin proporcionar detalles, al tiempo que instaba una recaudación y administración más eficiente de los mismos [37].

El manifiesto no podía resolver las diferencias entre los republicanos de izquierda y los revolucionarios; era un simple listado de ellas. No podía proponer un gobierno de coalición mayoritario, fuerte y unido, incluso si el Frente Popular ganaba, porque los socialistas no se unirían a ese gobierno. Así, como mucho, podía prometer tan sólo un gobierno minoritario débil, sometido a toda clase de presiones y no un retorno al relativamente estable gobierno de 1931-1933. Pero Azaña estaba desesperado por recuperar el poder por encima de todo y, desde el principio, hizo hincapié en que ésta no era una simple alianza electoral sino una estrategia para crear un nuevo gobierno republicano de izquierda, aunque técnicamente se tratara sólo de un gobierno de minoría, que alcanzaría el poder con, esperaba, la ayuda de los revolucionarios.

Acerca del programa Azaña escribió a Prieto que «para llevarlo a cabo nos haría falta un Trajano; o si no, un Parlamento que trabajase durante seis años, día y noche, sin oposición, sin prensa enemiga, sin anarcosindicalismo, sin crisis comercial, sin baja de la moneda, sin conspiraciones, sin huelgas» [38]. A ese respecto, confesaba que el programa de la alianza era, virtualmente, un proyecto utópico, revelando así lo poco que su proyecto político tenía que ver con la realidad.

Los historiadores han señalado con frecuencia la relativa moderación de este programa, pese a que sus propuestas para la «republicanización» hubieran requerido una purga política a gran escala y, en las instituciones públicas, un personal por completo partidista, lo cual, como revelarían los acontecimientos, pronto conduciría a toda clase de abusos. Lo que es más, en realidad una gran parte del Frente Popular no apoyaba su programa, sino que pretendía soslayarlo de manera inmediata. Para los caballeristas, sólo se trataba de una alianza electoral y no de la base para el gobierno de larga duración de los sueños utópicos de Azaña. De esta manera, el programa frentepopulista no fue en realidad el programa de gran parte del Frente Popular, sino, más bien, de los republicanos de izquierda y, en cierta medida, de un sector de los socialistas. Lo que nunca se abordó o explicó era cómo se podría sostener este programa en contra de las presiones de los revolucionarios, dado que el gobierno dependería de sus votos.

El carácter del Frente Popular español puede comprenderse mejor comparándolo con su contrapartida europea, el Frente Popular francés. También este último representaba una heterogénea coalición entre socialistas, comunistas, liberales de clase media (sobre todo los radicales) y varios pequeños partidos izquierdistas. El objetivo que perseguía era aumentar el poder de la izquierda y defender la vigente democracia francesa de la amenaza del fascismo. También proponía reformas sociales, pero tan sólo incluía a un partido revolucionario significativo, los comunistas. Aunque los comunistas franceses tenían las mismas metas impuestas por la Komintern que el PCE, el entorno político francés, mucho más estable, hacía que les resultara imposible presentarse en términos tan agresivos como en España.

Tampoco puede establecerse un paralelismo entre los dos partidos socialistas, dado que sólo la diminuta ala izquierda del partido francés estaba interesada en el «bolchevismo». El objetivo de los socialistas franceses en su relación con los comunistas no era la autobolchevización, sino la conversión de los comunistas a la democracia social. El Frente Popular francés no exigió la amnistía para los revolucionarios violentos ni propuso importantes cambios institucionales para garantizar el futuro predominio político de la izquierda; por el contrario, hizo de la democracia un valor de pleno derecho. En último caso, los republicanos de izquierda españoles apenas eran el equivalente de los radicales franceses, un gran partido estable de clase media, que respetaba escrupulosamente el constitucionalismo y, en general, apoyaba principios económicos conservadores. Los radicales franceses lograron incluso imponer la denominación técnica de Rassemblement Populaire, dado que el término Frente Popular era objeto de una identificación demasiado estrecha con la Komintern, aunque su uso fuera más común. Los radicales franceses eran demócratas liberales, entregados al gobierno constitucional y parlamentario incluso cuando no se hallaban en el poder, lo que no puede decirse de los republicanos de izquierda españoles, más sectarios. Al menor soplo de «hispanización» real del Frente Popular francés, los radicales se hubiesen retirado, como de hecho llegaron a hacer. En España, el único líder republicano de izquierda que mantuvo principios equivalentes fue Sánchez Román. Junto con los socialdemócratas y no revolucionarios socialistas franceses, los radicales aportaron al gobierno una base más estable, ya que socialistas y radicales podían colaborar en la formación de una coalición democrática, parlamentaria y conforme a la ley. Así, el Frente Popular francés representaba más un consenso democrático y carecía del trasfondo radical de su contrapartida española [39].

De modo inherente, sin embargo, todos los Frentes Populares contenían fuerzas contradictorias, así que tan sólo un año después de alcanzar el poder la coalición francesa comenzó a desmoronarse y lo mismo podría haber ocurrido en España si no hubiera estallado la Guerra Civil, pese a la complacencia de Azaña con la extrema izquierda. De este modo, el Frente Popular español permaneció a la izquierda de su contrapartida francesa y esto, combinado con la dura posición contrarrevolucionaria y derechista de sus principales adversarios, contribuyó a una decisiva polarización nacional que nunca tuvo lugar en Francia. Para los republicanos de izquierda, la alianza con la izquierda obrera y revolucionaria era el único medio para volver a obtener el poder para sí mismos, pero debe cuestionarse por qué, para ellos, un poder tan exclusivo había llegado a dominar el resto de valores. Por ejemplo, la mayoría de sus líderes rechazaron de plano la idea de una amplia coalición republicana de centro con los elementos más moderados y, sin embargo, siendo serios acerca de los principios que profesaban, no podrían explicar por qué los revolucionarios violentos constituían unos aliados más deseables que los constitucionalistas republicanos. Una de las principales consideraciones era el odio del presidente liberal, pese a ser él —y no la catastrófica insurrección— quien denegó el pleno poder a la CEDA.

El único partido obrero revolucionario representado en el comité central del Frente Popular era el Partido Socialista. Los comunistas fueron rechazados por los republicanos de izquierda quienes, a su vez, se ofrecieron a admitir a un representante de la UGT, oferta que fue desdeñada. Parece haber existido entre los partidos un conflicto bastante intenso acerca de la distribución de las candidaturas en las diversas listas electorales, con los socialistas exigiendo al principio la parte del león. A pesar de esto, el plan original de Azaña y Prieto se llevó a la práctica hasta el extremo de que los partidos republicanos de izquierda obtuvieron la mayor parte de las candidaturas electorales, aunque era más que dudoso que obtuvieran la parte del león en votos, a fin de que un futuro gobierno de todos los republicanos de izquierda contara con una base un poco menos exigua. En conjunto, en la lista electoral del Frente Popular figuraron 193 candidatos republicanos de izquierda, comparados con los 125 socialistas. Al resto de pequeños partidos obreros se les dieron 25 candidaturas, 19 de las cuales correspondieron a los comunistas, potencialmente el único partido suprarrepresentado distinto de los republicanos de izquierda, gracias a los caballeristas [40]. Una vez más, la FAI-CNT rehusó la participación electoral, con la intención declarada de hacer campaña contra ella. Sin embargo, la propaganda anarcosindicalista a este respecto resultaba vacilante, de manera que la mayoría de los observadores llegaron a la conclusión de que muchos, quizá la mayoría, de los miembros de la CNT votarían por el Frente Popular, aunque sólo la cúpula de la CNT en Asturias adoptó tal posición, e incluso allí de manera no oficial [41].

Todos los representantes de la izquierda obrera hacían hincapié en la naturaleza táctica de la alianza. Irónicamente, fue Largo Caballero, ya fuera de la cárcel, quien dirigió la campaña electoral de los socialistas. Prieto permanecía en el exilio, nunca exculpado de su implicación en la insurrección, y participó a través de artículos periodísticos. El 12 de enero, justo antes de la formación del Frente Popular, Largo señaló que un acuerdo electoral no constituía un retorno al reformismo democrático y social, subrayando que la República debía ser transformada en una «República socialista». «Quede bien claro que nosotros no hipotecamos nuestra ideología ni nuestra libertad de acción por lo por venir» [42]. En su más relevante discurso de campaña, Largo hizo hincapié en que la función del Frente Popular consistía, simplemente, en liberar a los miles de presos de izquierdas y restaurar en general el predominio de la izquierda. En una ocasión declaró que, por fortuna, la clase obrera española era «ideológicamente distinta a la de otros países», al no caracterizarse por la actitud de «sumisión permanente» propia de la mayoría de las naciones europeas, y que «¡ese espíritu de indisciplina que se advierte en las masas obreras va a ser su salvación!» [43]. Claridad afirmaba una teoría «de las dos clases» bastante similar a la del POUM, declarando que aunque la pequeña burguesía republicana de izquierda sobreviviese de momento con el respaldo electoral de los trabajadores, en última instancia tendría que fusionarse con éstos en una revolución obrera o regresar a la pura burguesía. Así, cuando el 9 de febrero Martínez Barrio —máximo representante de la pequeña burguesía en el seno del Frente Popular— reiteró su máxima habitual de que la tarea en marcha era «una empresa conservadora», apenas si se correspondía con la posición de la izquierda obrera. Incluso la postura de la cúpula prietista del Partido Socialista no resultaba tan moderada como se presentaba de manera habitual, o al menos no era capaz de controlar todos los órganos dirigentes del partido ya que el mismo día en que Martínez Barrio realizó su declaración, pregonaba El Socialista: «Estamos decididos a hacer en España lo que se ha hecho en Rusia. El plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo. Ciertos detalles del plan pueden cambiar, pero no los decretos fundamentales del mismo...»

El partido que en proporción obtuvo más del Frente Popular fue el comunista que, por primera vez en su historia, formaba parte de una gran alianza. Dado que su verdadera cúpula se hallaba en Moscú y no en Madrid, los líderes del PCE viajaron a la Unión Soviética a mediados de enero para obtener las instrucciones finales. Dimitri Manuilsky, su supervisor de la Komintern, explicó una vez más que el séptimo congreso había ordenado una mera aceptación temporal del Bloque Popular (a saber, el Frente Popular), con fines electorales a corto plazo, mientras que el objetivo básico subsistía: «Es decir, la dictadura del proletariado, el aplastamiento de la burguesía mediante la violencia, la ruptura de la colaboración de clases» y el establecimiento del modelo soviético. Era importante, les dijo, que se hiciera comprender a Largo Caballero la importancia del papel de los soviets revolucionarios, o su análogo funcional directo, en el proceso revolucionario español. Por tanto, incluso durante la campaña electoral, el PCE debía ir más allá del propio Bloque Popular y anunciar vigorosamente su programa de completar la total revolución democrática burguesa a la mayor brevedad, dado que el objetivo era la «dictadura democrática del proletariado» (el eslogan de Lenin en noviembre de 1917). La ampliación de los grupos de la Alianza Obrera era indispensable, ya que, a continuación, podrían desempeñar el papel revolucionario de soviets como alternativa a, y subversión, de la República «de nuevo cuño» [44]. La conclusión era que, a corto plazo, el partido debía avanzar un «programa de revolución democrático-burguesa» que reconociera el mantenimiento de las libertades democráticas (hasta cierto punto), pero que superase al programa oficial del Frente Popular exigiendo la confiscación de las grandes fincas rústicas y la purga del ejército [45]. Mientras tanto, en un gran mitin conjunto de socialistas y comunistas, celebrado el 22 de enero en Madrid, habló Largo Caballero y el joven líder comunista Jesús Hernández anunció que los dos grupos estaban trabajando en un partido marxista revolucionario unido para lograr «la insurrección armada para la conquista del Poder y la instauración de la dictadura del proletariado» [46].

Durante las cuatro semanas que duró la campaña electoral, los líderes comunistas españoles ejecutaron con exactitud las líneas maestras de la Komintern, que aportó gran cantidad de fondos a la campaña que ayudaron a cimentar la nueva terminología de «Frente Popular» [47]. El 3 de febrero y en Mundo Obrero, el diario oficial comunista, Díaz requería «la completa libertad de los pueblos catalán, vasco y gallego» e insistía en que «hay que disolver las organizaciones monárquicas y fascistas», legalizando así a la derecha. En un gran mitin que tuvo lugar el 11 de febrero, cinco días antes de las elecciones, Díaz remarcó que la función del Frente Popular era, simplemente, completar la revolución democrática y burguesa mientras se preparaba para avanzar hacia la dictadura del proletariado. «El golpe decisivo» se produciría a través de la «insurrección», como en el octubre ruso, el modelo definitivo [48]. Ese mismo día publicó un artículo en Mundo Obrero subrayando que las elecciones venideras no eran unas simples «elecciones de tipo normal», como ocurría en las democracias burguesas tales como la estadounidense, la británica o la suiza. Las elecciones españolas serían, por el contrario, plebiscitarias, para determinar un nuevo régimen que, en primer lugar, llevara a cabo el programa del Frente Popular y, a continuación, avanzara hacia el socialismo. El día 14, dos días antes de las elecciones, Mundo Obrero llamó otra vez la atención hacia el objetivo definitivo de un «Gobierno Obrero y Campesino», cuyo programa se presentó en ese momento y pronto fue publicado de nuevo en un panfleto oficial. En este esbozo, se denominaba a los soviets grupos de Alianza Obrera y se detallaba una estrategia en tres fases: primera, un Frente Popular victorioso y la terminación de su programa, el cual sería sustituido por un Gobierno Obrero y Campesino que, a su vez, prepararía el establecimiento de la dictadura del proletariado [49].

En conjunto, el Frente Popular representaba un paso de gigante hacia la unidad de la izquierda, en especial de la izquierda obrera. Las experiencias comunes en prisión de los militantes de diversas organizaciones durante la represión de 1934-1935 dieron una noción de unidad mucho más tangible. Los anarquistas se mostraban ahora más dispuestos a votar por los marxistas, mientras que las relaciones entre los comunistas y las Juventudes Socialistas en particular se volvieron todavía más cercanas. Para estas últimas, los comunistas representaban una genuina revolución, un marxismo-leninismo categórico y victorioso que predicaba la unidad de la izquierda sin renunciar a sus objetivos revolucionarios.

La propaganda de los partidos obreros fue virulenta, cargada de atroces historias de represión, llena de exigencias de destrucción del enemigo político, abstractas pero vehementes y emotivas. Se sacó un gran partido de los supuestos 30.000 presos izquierdistas que permanecían en las cárceles, cuando la verdadera cifra apenas superaba la mitad [50]. Fuera cual fuese el número exacto, la represión y la falta de amnistía para miles de presos fue la principal arma en el arsenal de la campaña del Frente Popular, concentrando el apoyo de los moderados y de los anarquistas que, en otro caso, podrían haberse abstenido. Con todo, a la vista de la intensa campaña que agitaba la derecha, no existió un exceso de confianza ni una mera suposición de una victoria definitiva. Durante una bien publicitada entrevista que concedió la víspera de las elecciones, Largo Caballero dio voz al pesimismo y, virtualmente, profetizó la derrota.

CAPÍTULO 7 -
LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936

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ortela Valladares estaba orgulloso de que el periodo de campaña electoral hubiese supuesto la restauración total de las libertades civiles, algo que había ocurrido pocas veces en la historia de la República sin embargo, encontró más dificultades para hacer progresos con su nuevo Partido del Centro Democrático de las que había supuesto. Una gran parte de la sociedad estaba políticamente movilizada de manera que, en la mayoría de los casos, ya no podía llevarse a cabo con efectividad la manipulación gubernativa y electoral al viejo estilo. El sistema político español se había vuelto demasiado democrático para responder de buena gana a las maquinaciones del gobierno. En una situación tan tensa, con casi todo el espacio político ocupado, la creación ex nihilo de una nueva fuerza política significativa era casi imposible. Portela había confiado en contar al menos con otro mes antes de anunciar las elecciones, pero la oposición derechista imposibilitó el retraso. Alrededor del 1 de febrero intentó ganar tiempo proponiendo a Alcalá Zamora que se pospusiera la fecha de las elecciones hasta más o menos el 10 de marzo (la Constitución permitía al presidente imponer una espera de cuarenta días) pero Alcalá Zamora puso reparos; le respondió que crearía demasiadas complicaciones [1].

Portela ha afirmado que el punto fundamental en la solicitud del presidente era que hiciera cuanto pudiese para procurar que la izquierda obtuviese una mayor representación, incluso hasta 180 escaños, aunque esperaba que las fuerzas centristas lograsen cuando menos 100 para mediar entre una derecha más débil y una izquierda más fuerte. Calculó que la Lliga obtendría la mayoría en Cataluña, con al menos 20 puestos, y que las fuerzas centristas se harían con otros 40 entre el sur y la región de Valencia, añadiendo otros 20 en la Galicia natal de Portela (cuya escasa movilización la hacía más sumisa ante la manipulación) y, como mínimo, 20 más en el resto de España [2]. Sin embargo, poco de esto pudo conseguir.

El 28 de enero, el manifiesto del Partido del Centro Democrático rechazó tanto la «guerra civil» como la «revolución roja», poniendo el acento en el proceso constitucional, la unidad nacional y el progreso. No obstante, el propio manifiesto era impreciso y estaba lleno de lugares comunes liberales, de manera que, aunque hubiese sido más deseable que los extremismos de la derecha y la izquierda, la nueva formación fracasó a la hora de presentar una imagen totalmente clara. En general, Portela buscaba más una alianza con la izquierda que con la derecha pero aunque al principio el Frente Popular parecía, de alguna manera, ser más amistoso, sólo en la provincia de Lugo, donde el jefe de gobierno dominaba la maquinaria política, se logró una alianza constante de centro-izquierda [3]. Uno de los objetivos más importantes era completar la desintegración de los radicales para atraer a tantos de sus miembros y seguidores como fuera posible, pero semejante maniobra debilitó todavía más al centro. Portela sólo disfrutaba de una fuerza significativa en unas cuantas provincias gallegas y del sudeste, y el 7 de febrero anunció que su partido estaría dispuesto a aliarse con la derecha en aquellos distritos donde no fuera posible un entendimiento con la izquierda. La consecuencia fue que eventualmente se formaron alianzas de centro-derecha en varias provincias del sur donde la derecha tenía necesidad de aliarse debido a su relativa debilidad [4]. En la provincia de Alicante, Portela intentó primero llegar a un acuerdo con la derecha y cuando se demostró que eso era imposible, entró en tratos con la izquierda, colocando a los gobernadores civiles y la mayoría de los ayuntamientos en manos de los republicanos de izquierda y los socialistas. A esto respondió la derecha ofreciendo condiciones más favorables, con lo cual se sustituyó por decreto a las nuevas figuras del gobierno de izquierdas por derechistas [5]. El resultado final fue que Portela sólo pudo presentar candidaturas en la mitad de los distritos electorales y cuando se formaron alianzas, se hizo con la facción más débil.

En Cataluña y en el País Vasco los partidos moderados llevaron a cabo la campaña más vigorosa y tanto los nacionalistas vascos como la Lliga hicieron grandes esfuerzos. Lo que quedaba de los radicales luchó cuanto pudo y realizó su más fuerte campaña en Cataluña. Debido a las numerosas deserciones, sólo consiguieron presentar 78 candidatos, 23 de los cuales obtuvieron puestos formando parte de las listas de la coalición de centro-derecha [6].

La derecha era más fuerte que el centro, pero nunca estuvo tan unida como el Frente Popular. Una vez que quedó claro, antes de finales de enero, que Portela se estaba embarcando en toda clase de manipulaciones e irregularidades gubernamentales diseñadas de modo especial para reducir el voto derechista, Gil Robles e incluso el centrista Chapaprieta consideraron seriamente retirarse de las elecciones, pero se dice que Santiago Alba les convenció de lo contrario [7]. Los grupos monárquicos exigían una amplia alianza nacional de la derecha basada en un programa maximalista, una especie de versión más extrema del Frente Popular a la inversa, pero la CEDA, actuando con buen juicio, se negó. En su lugar, el 20 de enero, Gil Robles llegó a un acuerdo con los radicales, los agrarios y con pequeños sectores de los republicanos derechistas basado en un programa de defensa de la República y el gobierno parlamentario, aunque los cedistas harían campaña a favor de una profunda revisión constitucional [8]. En ocasiones, durante la campaña electoral, se denominó a las coaliciones derechistas el «Bloque Nacional», pese a que nunca existió tal bloque sino sólo once alianzas de la CEDA, formadas para distritos individuales. Allí donde la izquierda era fuerte, como en el sur y en Asturias, la CEDA conformó alianzas de centro-derecha; en la más conservadora Salamanca, se alió con los carlistas y con los agrarios; en la Navarra carlista sólo con éstos, y en Cataluña formó parte del amplio Front Català de l'Ordre junto con la Lliga, los radicales y los carlistas. A la larga, la estrategia electoral de la CEDA fue ambigua y oportunista en exceso, ya que, como siempre sostuvo Chapaprieta, es probable que una alianza más ampliamente categórica con el centro hubiera beneficiado tanto a éste como a la derecha moderada.

En términos técnicos, la campaña de la CEDA fue la más elaborada en la España anterior a 1977. Ningún medio de expresión se pasó por alto. El mensaje electoral se transmitió mediante neones, teléfonos, boletines de radio, cortos cinematográficos preparados al efecto, grandes murales y la impresión de 50 millones de octavillas y 10.000 carteles. Gil Robles y los otros líderes del partido estaban en constante movimiento y, en ocasiones, viajaban en avión. Se dice que sólo los votantes de Madrid recibieron por correo medio millón de octavillas, y el gran letrero colocado en la Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, alcanzaba una altura de tres pisos.

El lema básico de la campaña de la CEDA se proclamaba en su eslogan «¡Contra la revolución y sus cómplices!». Al igual que el Frente Popular se explayaba en una versión exagerada de la represión, la propaganda de la CEDA se refería sin cesar a la insurrección, a las atrocidades de los revolucionarios y al marcado incremento de la delincuencia con la República, sin renunciar a diversas extravagancias acerca de la colectivización de la familia que, según se afirmaba, tenía lugar en la Unión Soviética. En ocasiones, sin embargo, la CEDA parecía hacer campaña tanto contra Alcalá Zamora como contra la izquierda; en repetidas ocasiones, denunció al presidente por haber bloqueado su acceso al gobierno y ser cómplice de la izquierda; la primera acusación era en su mayor parte cierta y la segunda incierta. También la CEDA denunció públicamente algunos de los abusos manipulativos cometidos por Portela Valladares en su esfuerzo por crear un nuevo centro dirigido por el gobierno.

Como era habitual, los representantes de las JAP eran más extremistas que los dirigentes de la CEDA. Una multitud de japistas aclamaron a Gil Robles al estilo fascista como «¡jefe, jefe, jefe!» (repitiendo el «¡duce, duce, duce!»). Los líderes de las JAP propusieron deponer al presidente, otorgar plenos poderes a una nueva ejecutiva derechista, disolver el Partido Socialista y redactar una nueva Constitución, presentando su propia versión de una «república de nuevo cuño» diametralmente opuesta a la de la Komintern. Gil Robles y su cúpula intentaron mantener la ambigüedad básica del partido, negándose con cautela a comprometerse con un anteproyecto preciso para todos los cambios a efectuar si la CEDA obtenía la mayoría absoluta, que era lo que pretendía. Aunque se afirmaba que en esos momentos ya había 26 «mártires» de la CEDA asesinados por la izquierda [9], Gil Robles rechazaba de manera específica los conceptos de «destrucción» o «aniquilación» del enemigo, utilizados por los revolucionarios, e incluso hacía alusión a la «comprensión cristiana» de los adversarios, dando a entender que la izquierda todavía podía desempeñar algún papel en una España gobernada por la CEDA. No hubo amenazas de trastocar la ley y el orden, pese a que la presión de las JAP forzó a Gil Robles a anunciar en la última semana de campaña electoral que la meta principal de su partido en las siguientes Cortes sería la reforma de la Constitución. La CEDA estuvo respaldada por una pastoral del Primado de la Iglesia en España, el cardenal Goma, hecha pública a finales de enero y titulada «Por Dios y por España», en la que se instaba a los creyentes a votar por aquellos partidos que defendieran los intereses católicos, pero haciendo hincapié en la importancia de «evitarse toda violencia», y en la que también se aludía a mostrar caridad hacia la izquierda y de la necesidad de «respetar la libertad de quienes no piensen como vosotros» [10].

Los principales «tremendismos» de la derecha procedían de Calvo Sotelo y los monárquicos, que mantenían una posición clara y sin ambigüedades. Calvo Sotelo insistía que en 1934 los republicanos de izquierda y los socialistas habían asesinado a su propia Constitución y que la República democrática ya estaba muerta, porque en el invierno de 1936 la mayoría de los españoles políticamente activos ya no la reconocían como vinculante ni en el plano legal ni en el moral, ni planeaban respetarla en el futuro sino que insistían en un régimen bien de derechas, bien de izquierdas. Reiteraba que España necesitaba un estado nacionalista, católico, unitario, corporativo y autoritario. Calvo Sotelo continuaba saludando al ejército como la «columna vertebral» del país y aceptó las apelaciones de «militarista» y «pretoriano» (como lo hizo con la de «fascista»), ya que sólo el ejército podía salvar a España del estallido revolucionario y la guerra civil que eran inminentes. Afirmaba con rotundidad que estas elecciones serían «las últimas en mucho tiempo» [11] y, desafortunadamente, llevaba razón.

Al mismo tiempo, se elevaron muchas voces razonables y moderadas. En La Publicidad de Granada, un periódico moderado y pro republicano, un periodista se lamentaba:

Oyendo a los líderes de los partidos en sus discursos o leyendo sus escritos y manifiestos se llega a la plena evidencia de que actualmente ninguno de ellos tiene una visión clara y cabal, ni ha hecho un estudio concienzudo de la situación social y económica de nuestro país, a la vista de la historia y de la evolución de las ideas y sistemas en el mundo. Vivimos en plena epilepsia política gesticulante. Esto parece un país de simios y posesos [12].

Una significativa minoría de españoles buscaba un término medio razonable, pero se encontró con que la mayor parte del espacio político ya estaba ocupado por la derecha y la izquierda.

Aunque ambas polaridades subrayaron de modo constante el carácter plebiscitario, decisivo e incluso escatológico de las elecciones, hubo en comparación pocos incidentes durante la campaña así como pocos muertos, al igual que en 1933. Las principales quejas estaban relacionadas con la fuerza empleada por los conservadores en el campo granadino, una provincia en la que se habían concedido 4.000 licencias de armas en un corto espacio de tiempo. En realidad, la bolsa experimentó una subida durante la campaña, que en gran medida se debió a lo que a menudo se consideró por anticipado que sería una victoria de la derecha, si no una mayoría absoluta.

Los resultados electorales

Las condiciones para la votación del 16 de febrero fueron buenas y las elecciones, en general, libres y justas. Las únicas zonas donde existió una notable evidencia de corrupción o coerción fueron partes de Galicia (sometidas a la manipulación del gobierno y, en La Coruña, a la de los republicanos de izquierda) y Granada, donde la derecha dominó por la fuerza las votaciones en ciertos distritos rurales [13]. Los primeros resultados de los distritos urbanos indicaban una actuación de la izquierda más fuerte de lo que muchos habían previsto, en cierta medida gracias al respaldo electoral de los anarquistas y al final de la tarde quedaba claro que el Frente Popular iba ganando, pese a que las dimensiones de esa victoria todavía no estaban claras. El escrutinio de los resultados electorales no tendría lugar hasta el 20 de febrero, cuatro días más tarde.

El 17 de febrero ya era evidente que el Frente Popular no sólo había ganado, sino que había obtenido la mayoría parlamentaria, hecho que no fue discutido en su momento, pero con posterioridad hubo mucha controversia y confusión acerca del total de votos, que se acrecentó debido al funcionamiento del sistema de alianzas. El gobierno nunca publicó las cifras totales exactas y el católico El Debate fue el único periódico de ámbito nacional que publicó informes relativamente completos y precisos de todas las provincias y de los principales distritos. Más tarde los resultados encendieron la polémica y los historiadores avanzarían estimaciones aproximadas muy influenciadas por sus preferencias políticas [14], que pudieron indicar disparidades tan amplias en el voto como de casi cinco millones para la izquierda y menos de cuatro millones para la derecha. En apariencia, esta cifras se alcanzaron sumando a los votos del Frente Popular los resultados de la segunda vuelta en varias provincias el 1 de marzo y restando de los votos del centro y la derecha aquellos que, con posterioridad, fueron anulados por las nuevas Cortes, muy partidistas, y los que perdió la derecha en la segunda vuelta. En última instancia, la única forma de reconstruir el resultado con exactitud fue recopilar los totales originarios en cada distrito tal y como aparecieron en la prensa, una tarea que el historiador Javier Tusell y un grupo de colegas realizaron treinta y cinco años más tarde. Los datos resultantes figuran en la tabla «Resultados de las elecciones del 16 de febrero de 1936» [15].

Resulta claro, a la vista de los totales acumulados, que el Frente Popular fue el partido más votado pero por un margen que puede considerarse grande o pequeño dependiendo de la categorización del resto de los votos obtenidos por las alianzas de centro-derecha que, junto con el voto estrictamente derechista, superaron el total de la izquierda. De casi diez millones que ejercieron su derecho al voto, el 47,2 por ciento votaron al Frente Popular y sus aliados, mientras que el 45,7 por ciento lo hicieron a la derecha y los suyos. Si todo este último voto se considera derechista, se calcula que la derecha siguió de cerca, con el 1,5 por ciento de los votos totales mientras que los depositados de manera exclusiva para el centro sumaron sólo el 4,1 por ciento para el Centro Democrático de Portela, o el 5,4 por ciento si se añade el voto nacionalista vasco. Los totales pueden variar todavía más dependiendo de cómo se categoricen los votos independientes. En el cómputo de Ramón Salas Larrazábal, el voto combinado a las alianzas derechistas (incluido el centro-derecha) y a las listas independientes derechistas arroja un total de 4.511.031 votos, comparados con los 4.430.322 de la izquierda o el 46,43 para las primeras y el 45,6 para esta última [16]. Sin embargo, este método de cálculo puede o no inducir a confusión y lo que en último término sería determinante eran las concentraciones en distritos individuales, no los votos, dada la adjudicación no proporcional de los escaños.

No obstante, si el voto se desglosa en listas para cada distrito y en partidos individuales, surge un patrón diferente. Es verdad que resulta muy difícil, en ciertos casos quizá imposible, hacerlo con absoluta precisión, debido a la complejidad del sistema de alianzas y a la existencia de varias listas menores o incompletas. La mejor aproximación es la de Juan Linz y Jesús de Miguel, quienes han intentado separar los totales obtenidos por los partidos individuales, sobre todo en lo que respecta a las listas de la coalición de centro-derecha. (Véase la tabla «Diputados elegidos en la “primera vuelta” el 16 de febrero de 1936».) Sus resultados son menos definitivos que los amplios totales que se expresan arriba, pero sugieren que el Frente Popular recibió, de manera directa, alrededor del 43 por ciento de los votos emitidos, la derecha sólo el 30,4 por ciento y los diversos grupos de centro y centro-derecha en conjunto el 21 por ciento, con un 5,6 por ciento de los votos para candidatos imposibles de clasificar [17].

La tasa de abstención del 28 por ciento —comparada con el 32,6 por ciento en 1933— indica que pese al frenesí en ciertas regiones, la sociedad española en su conjunto no estaba tan hiperpolitizada como pudiera parecer. Resulta dudoso que se pudiera atribuir directamente más del 1 o 2 por ciento de la abstención a la coerción derechista en provincias, aunque una pequeña parte de la misma se atribuyó sin duda a aquellos anarquistas que se negaron a participar en las elecciones. La tasa de abstención fue mayor en Cádiz, Málaga y Sevilla, donde el analfabetismo y la pobreza coincidieron con un elevado apoyo al anarquismo.

El voto izquierdista fue más frecuente en el sur y el suroeste, las regiones agrarias de la pobreza donde eran fuertes la UGT y la CNT, y también en el este, donde la izquierda estaba bien organizada y existía una tradición histórica de oposición, así como en gran parte del litoral del norte y en Madrid. Sobre todo fue importante en la mayor parte de las grandes ciudades, donde las masas se movilizaban rápidamente. La participación anarquista supuso una auténtica ayuda en ciertas zonas, mientras que en algunos distritos el Frente Popular obtuvo los votos de los moderados o de la clase media que, en 1933, habían votado al centro-derecha pero que se habían alejado por la represión y las frustraciones de 1935.

En contraste, la derecha había obtenido sus mejores resultados en su típico baluarte de la sociedad católica y minifundista del norte y del centro septentrional, aunque también contaron con apoyos significativos en varias zonas del país.

La CEDA siguió siendo el mayor partido único y obtuvo al menos el 23,2 por ciento de los votos emitidos, mientras que los socialistas lograron el 16,4 por ciento y los dos principales partidos republicanos de izquierda, en conjunto, el 19,6 por ciento (aunque se admite que es diferente clasificar con exactitud el voto socialista y el republicano de izquierda; la diferencia estriba en el elevado número de candidaturas de estos últimos). Los aliados de la CEDA, sin embargo, apenas añadieron votos de tal manera que, con el 23,2 por ciento de las papeletas, los cedistas sólo obtuvieron el 19 por ciento de los escaños mientras que los dos principales partidos republicanos de izquierda se hicieron con el 27,2 por ciento de los puestos con el 19,6 por ciento de los votos [18].

Para el centro las elecciones fueron un desastre, debido no tanto al descenso en el número absoluto de votos como a las consecuencias de las manipulaciones de Alcalá Zamora y a la débil posición de los partidos centristas en aquellas alianzas que pudieron formar. En conjunto, los diversos candidatos de centro y centro-derecha obtuvieron alrededor del 21 por ciento de los votos, lo que supuso una reducción si se compara con el 26,3 por ciento logrado en 1931 y el 22,3 por ciento en 1933, aunque en las primeras elecciones el centro se había aliado a menudo con una victoriosa izquierda y en las segundas con la derecha ganadora. En 1936 los partidos centristas se habían tenido que presentar bien de manera independiente o bien, en algunos casos, en coalición con una derecha débil en aquellas provincias donde la izquierda era más fuerte. Las maquinaciones de Alcalá Zamora habían contribuido a destruir al único partido de centro considerable, mientras que el extraño intento de sustituir una formación novedosa y ad hoc por un gobierno estrictamente interino fracasó por completo. En la mitad de las provincias Portela ni siquiera fue capaz de presentar candidatos, al tiempo que sus antiguos votantes abandonaban en masa a los radicales. Los diminutos partidos del centro liberal de Miguel Maura y Sánchez Román apenas lograron mejores resultados. Sólo salieron elegidos ocho de los setenta y ocho candidatos radicales, seis como aliados de la derecha y dos como independientes. El Parlamento del Frente Popular negó sus escaños a tres de ellos y uno de los restantes cinco se pasó a los independientes, con lo que en las Cortes republicanas sólo quedaron cuatro radicales bajo el liderazgo de Santiago Alba. Es probable que de todos los cambios de comportamiento reflejados por las elecciones de 1936, uno de los más grandes fuera el protagonizado por un considerable número de moderados que, con anterioridad, había votado por los radicales y ahora pasaba a formar el ala más conservadora de los votantes del Frente Popular. Frecuentemente, los votantes radicales eran más liberales que los dirigentes del partido y, en apariencia, cuando se celebró la segunda vuelta de las elecciones dos semanas más tarde todavía más de los antiguos votos radicales fueron para la izquierda [19]. En La Coruña y Lugo el centro obtuvo algunos escaños en coalición con el Frente Popular, probablemente dos de las votaciones más corruptas y manipuladas; y a pesar de que los nacionalistas vascos se negaron a asociarse con la izquierda o con la derecha, mantuvieron gran parte de sus apoyos, aunque con menos votos que en 1933.

La mayoría absoluta que logró el Frente Popular supuso una asombrosa oscilación con respecto a los resultados de 1933 y, pese a que éste era el resultado de haber votado en bloque por las alianzas y de la tan desproporcionada ley electoral, el patrón de voto español fue mucho más estable de lo que se podría deducir del resultado expresado en escaños. En su gran mayoría se votó a los mismos partidos que en 1933; las diferencias más relevantes fueron el cambio de tendencia de los antiguos votantes radicales y la participación parcial de los miembros de la CNT. Así, la principal modificación no tendió tanto a los extremismos de izquierda o derecha sino al desplazamiento del centro o centro-derecha al centro-izquierda, junto con el logro de la unidad electoral izquierdista y, en cierto modo, de una mayor participación de la extrema izquierda. Aunque resulta imposible de contabilizar, también se dio el fenómeno del «voto útil» por parte de un número indeterminado de moderados que, suponiendo que ganaría bien la izquierda bien la derecha, no quería malgastar su voto y lo entregó a aquella facción con la que su desacuerdo era menor. Los efectos de la ley electoral y el sistema de alianzas exageraron los resultados en muchos distritos. En Madrid, pese a contar con poca diferencia de votos, el Frente Popular obtuvo 14 escaños y la derecha sólo 4. En Andalucía, donde los escaños se adjudicaban con mucha mayor frecuencia a la izquierda, el centro y el centro-derecha lograron en conjunto alrededor del 45 por ciento de los votos.

Todavía más, a pesar de la masiva representación de la izquierda y de la derecha y de la virtual desaparición del centro en el Parlamento, la tendencia del voto no fue tan extrema como pudo parecer. Los republicanos de izquierda encabezaron las listas del Frente Popular, captando el mayor número de votos izquierdistas en 36 provincias, mientras que los socialistas obtuvieron sólo 8. En Madrid fueron Azaña y el moderado Julián Besteiro, no los caballeristas, quienes lograron la mayor cantidad de votos y, en conjunto los republicanos de izquierda consiguieron 151 escaños de los 263 atribuidos al Frente Popular. Invariablemente, los comunistas figuraron en último lugar de la lista, y de hecho estuvieron suprarrepresentados debido a que contaron con un sorprendente número de candidaturas en las listas electorales del victorioso Frente Popular. La Falange fascista sólo obtuvo 46.466 votos, apenas algo más del 0,5 por ciento del total, lo que es posible que fuera el menor porcentaje de voto alcanzado por un relevante partido nacional fascista en toda Europa. Incluso así logró 7.500 votos en una provincia como Jaén donde, si se hubieran sumado a las papeletas de la derecha, se hubiera derrotado al Frente Popular [20].

Los socialistas caballeristas, no obstante, argumentaron, apoyándose en considerables pruebas, que, de hecho y de forma deliberada se había otorgado a los republicanos de izquierda una suprarrepresentación en la composición de las listas electorales con el fin de que contasen con la fortaleza parlamentaria necesaria para formar su propio gobierno. La consecuencia fue que, en cierta medida, los socialistas estuvieron infrarrepresentados, al menos en comparación con los republicanos de izquierda [21], mientras que, por decisión propia, la CNT no obtuvo representación directa alguna.

Con todo, la relativa autenticidad del mapa electoral resultante de las elecciones se confirmó cinco meses más tarde, cuando comenzó la Guerra Civil. La división de España en dos zonas armadas se aproximó a los resultados electorales [22].

Uno de los resultados más destacables fue que, en último término, 17 de los 22 candidatos comunistas obtuvieron escaños gracias al respaldo de los caballeristas, quienes procuraron que el PCE, al igual que los republicanos de izquierda, estuviera suprarrepresentado en las listas electorales. No era necesario que los electores de un distrito dado votasen a todos los nombres inscritos en la lista de una alianza; de hecho, incluso cuando ganaron, los candidatos comunistas obtuvieron menos votos que sus aliados de la izquierda republicana y el Partido Socialista. Por supuesto, la izquierda estaba exultante por los resultados, ya que había transformado la aplastada insurrección en una decisiva victoria electoral. El Frente Popular había logrado su primer triunfo importante en Europa pese a que, en realidad, la mayoría de los miembros de la izquierda victoriosa apenas eran conscientes de que el Frente Popular constituía una particular estrategia comunista, como se le consideraba cada vez más en el extranjero. Mucho más importante fue el hecho de que la izquierda actuaba y se manifestaba como si ignorase por completo que, en realidad, había obtenido menos votos que el centro y la derecha combinados. No creían que hubiesen obtenido un éxito democráticamente cualificado, sino el mandato absoluto para hacer su voluntad en España.

La precipitada dimisión de Portela Valladares

Al principio el resultado electoral dejó estupefacta a la derecha, que había confiado en la victoria, aunque durante los primeros días ninguno de sus representantes impugnó la validez del triunfo del Frente Popular. El mecanismo electoral de la Segunda República estaba lejos de ser perfecto, pero en general era justo y representativo. El proceso electoral había tenido lugar con un razonable orden, aunque hubo excepciones: un total de seis personas resultaron muertas en diversas partes del país y unas treinta heridas; en la tarde del 16 de febrero, en varias ciudades, se produjeron manifestaciones multitudinarias a favor del Frente Popular y se prendió fuego a algunas iglesias y edificios religiosos, produciéndose más desórdenes al día siguiente. Hacia la medianoche del día 16, la CEDA había sido informada de que los gobernadores civiles se mostraban remisos a controlar a las multitudes y éstas estaban interfiriendo en el escrutinio de los resultados electorales. Dado que no se ha realizado ninguna investigación cuidadosa acerca de la cuestión, es imposible especificar la seriedad y extensión de estos desórdenes.

La primera reacción de la CEDA fue muy similar a la de los republicanos de izquierda en 1934; la diferencia estribaba en que la reacción de aquélla se vio espoleada por los informes acerca de los tumultos y las interferencias, que no se produjeron en 1933. En las primeras horas del 17 de febrero tanto Gil Robles en persona desde Madrid [23] como Francesc Cambó desde Barcelona y por teléfono [24] hablaron con el jefe del gobierno, advirtiéndole de que se estaban iniciando desórdenes que podrían afectar a parte de los resultados así como al orden constitucional e instándole a que suspendiera las garantías constitucionales y declarase la ley marcial. Sin embargo, la diferencia entre la propuesta que Azaña presentó en 1933 y la de Gil Robles en 1936 fue que este último no propuso celebrar nuevas elecciones, al menos por el momento. Según relató Portela, su respuesta fue que también él se hallaba profundamente decepcionado e inquieto y que temía que unas elecciones tan polarizadas pudieran suponer el preludio de una guerra civil, pero que no podía comportarse como un dictador. Había presidido el gobierno hasta las elecciones y era reacio a hacer cualquier cosa que pudiera invalidarlas, sin importar cuan decepcionantes fuesen los resultados; además era demasiado viejo y no tenía ambición alguna de gobernar por la fuerza y, en tercer lugar y quizá más importante, carecía de un partido político o de una fuerza organizada relevantes con los que contar, ni tampoco tenía una ideología apropiada para semejante crisis, ya que había sido un liberal toda su vida. Finalmente, aunque temía que la situación pudiera deteriorarse con rapidez, sus plenos efectos no se dejarían sentir durante algunas semanas o algunos meses y en los momentos posteriores a las elecciones apenas existió apoyo a una dictadura [25]. Por tanto, Portela se planteó dimitir tan pronto como fuera posible tras el escrutinio de los resultados electorales que tendría lugar el 20 de febrero. Ante las objeciones de que la dimisión era demasiado precipitada y que, tras las elecciones de 1933, Martínez Barrio había permanecido en el cargo durante otro mes, Portela insistió en que el caso era por completo diferente, ya que en aquellas elecciones Martínez Barrio había liderado uno de los partidos vencedores y, por tanto, contaba con el respaldo del segundo mayor partido en las Cortes. Mientras tanto, a cada hora crecía el desorden de manera continuada, reforzando su determinación de dimitir cuanto antes.

El general Franco, jefe del Estado Mayor del ejército, también estaba cada vez más alarmado. A última hora de la noche del 16 de febrero llamó por teléfono al inspector de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas, para recomendarle encarecidamente la necesidad de sofocar todos los disturbios pero, según un testimonio posterior de Franco, Pozas se negó a adoptar medidas especiales. Todavía más tarde, el general Joaquín Fanjul se acercó al Ministerio de la Guerra para informar de que en algunos distritos los desórdenes ya eran extremos. Una vez que habló con Gil Robles, Franco despertó al ministro, el general Nicolás Molero, quien, se supone, aceptó instar al presidente del gobierno a declarar la ley marcial [26]; según Gil Robles, sin embargo, fue Alcalá Zamora quien tomó la decisión definitiva, negándose a declararla.

Alcalá Zamora convocó un consejo especial de ministros para el mediodía del 17, justo después de que se pusiera fin en Madrid a un violento disturbio. Ese día se produjeron fugas multitudinarias en varias cárceles del país, que continuaron al día siguiente. En cuanto finalizó la reunión, Portela anunció la imposición durante ocho días del estado constitucional de alarma que incluía la censura previa y añadió en su nota de prensa que el presidente le había otorgado una autorización firmada para imponer la ley marcial en el momento en que lo juzgase necesario [27]. En el transcurso del día los gobernadores civiles de tres de las provincias donde los desórdenes habían sido más generalizados presentaron su dimisión y se ordenó a las unidades militares que salieran a las calles de varias ciudades para mantener el orden. Según el presidente del gobierno, Franco le hizo una visita alrededor de las siete de la tarde para instarle «cortés y respetuosamente» a que no dimitiera, sino que se mantuviera en el cargo de manera indefinida, haciendo uso, si fuera necesario, del decreto de proclamación de la ley marcial. Le prometió el apoyo del ejército pero de nuevo Portela se mostró reticente [28]. Franco ofreció una versión diferente a la de Portela. Según su testimonio, visitó al jefe del gobierno alrededor de las dos de la tarde del día 18 para insistirle en que la situación se les estaba escapando de las manos y en que se debería imponer la ley marcial, pero Portela simplemente le respondió que debía «consultar con mi almohada». Añade Franco que después, esa misma tarde, varios oficiales de alto rango se presentaron ante él para decirle que el ejército debía actuar por cuenta propia si fuera necesario, a lo que contestó que primero debía consultar con los jefes de los regimientos para determinar el grado de apoyo; dado que la mayoría de las respuestas que obtuvo fueron negativas, Franco se negó a actuar por su cuenta [29].

Portela ha declarado que ante la insistencia de Gil Robles, se reunió con él una vez más en un lugar apartado de la autopista al norte de Madrid, de nuevo resistiéndose a sus apremios para permanecer en el poder e ignorar los resultados de las elecciones [30]. Las últimas noticias recibidas de todo el país eran todavía más descorazonadoras y el día 18 El Socialista insistió en que Portela debía dimitir de manera inmediata. Éste estaba convencido de que resultaría muy difícil resistir más tiempo a la vehemente y en ocasiones violenta insistencia de la izquierda en que se pusiera en libertad sin tardanza a todos los presos y que se rehabilitara rápidamente a los funcionarios que en 1934 habían sido separados de sus cargos. La serie de desórdenes izquierdistas y actos de violencia había comenzado la noche del 16 al 17 de febrero y continuaría, sin apenas disminución, hasta la Guerra Civil. Si Portela Valladares hubiera tenido el valor y la resolución de imponer la ley marcial, es probable que el presidente le hubiera respaldado, dado que se suponía que el Ministerio Interino encargado de supervisar las elecciones permanecería en activo durante algunas semanas más, para certificar por completo y dar por finalizado el proceso electoral, incluidas la «segunda vuelta» donde fuese necesaria. Sin embargo, Portela era un anciano que tenía la sensación de que lo habían dejado suspendido sobre un volcán, y la misma noche del 18 de febrero concertó una reunión con Martínez Barrio para informar a Azaña de que pretendía presentar su dimisión en menos de cuarenta y ocho horas. El líder de Unión Republicana recibió la noticia con visible desagrado, ya que ni a él ni a sus colegas les ilusionaba la idea de asumir una responsabilidad gubernativa inmediata para acallar a las masas izquierdistas [31].

En la mañana del día 19 la prensa recogía los rumores de una conspiración militar y un posible golpe de Estado que habían comenzado a circular durante la campaña electoral. Cuando a mediodía se reunió el gabinete, los informes relativos a manifestaciones, quema de iglesias y toma o liberación de presos en varias cárceles, eran todavía más numerosos que el día anterior y, por unanimidad, los ministros acordaron dimitir al instante. Portela era de la opinión de que los republicanos de izquierda estaban fomentando los tumultos, por lo que debían asumir la responsabilidad de gobierno a la mayor brevedad. A su paso por el Ministerio de Gobernación, camino del palacio presidencial, encontró a Franco esperando para verle. De nuevo el general insistió en que Portela no dimitiese, sino que impusiera la ley marcial y cuando éste replicó que una parte del ejército no estaría dispuesta a cooperar, Franco, supuestamente, le respondió que podrían desplazarse unidades de la Legión y de los Regulares de Marruecos para endurecer la disciplina. Con todo, y a pesar de que Portela estuvo de acuerdo con gran parte de lo que Franco le dijo [32], ya tenía tomada su decisión.

Después se presentó ante Alcalá Zamora para entregarle la dimisión de todo el gabinete. El presidente opuso resistencia ante la impropiedad de semejante maniobra, e insistió en que el gobierno debía continuar hasta la apertura de las sesiones de las Cortes, declarando, si era necesario, la ley marcial para lo cual ya había firmado un decreto. A la vista de la negativa de Portela insistió Alcalá Zamora en convocar a todo el gabinete en el palacio presidencial, para descubrir que los únicos ministros titulares dispuestos a hacer frente a la situación eran los dos generales que dirigían Guerra y Marina, a los que la Constitución excluía del cargo de presidente del gobierno. Así, el día 19 se produjo la dimisión del gobierno, sin esperar siquiera al escrutinio oficial de los resultados electorales que tendría lugar al día siguiente, y arrastrando consigo un éxodo masivo de gobernadores provinciales y otros funcionarios locales que, en estado de pánico, dimitieron sin esperar a tener sustitutos adecuados [33].

La huida de Portela y sus colegas empeoró una situación de por sí difícil. La presión callejera de la izquierda había dado como resultado una toma izquierdista del poder, inmediata e inconstitucional, antes de que se hubieran escrutado adecuadamente los resultados electorales, un hecho que sólo podía favorecer todavía más a la izquierda aunque no condujera a la inmediata falsificación de los resultados. No obstante, significaba que la comisión electoral de las nuevas Cortes se reuniría en marzo bajo la benevolente mirada de un Gobierno izquierdista y actuaría de manera arbitraria para arrebatar todavía más escaños al centro y a la derecha [34].

CAPÍTULO 8 -
LA IZQUIERDA REGRESA AL PODER
FEBRERO-MARZO DE 1936

E

l nuevo Gobierno republicano de izquierda presidido por Azaña se formó con rapidez el 19 de febrero y tomó posesión antes de que terminase el día. Azaña estaba disgustado con la indecorosa rapidez con que se produjo la dimisión de Portela, ya que eso significó que el nuevo gobierno tendría que asumir el cargo bastante antes de que hubiesen concluido las responsabilidades de su predecesor y escribió en su diario:

Lo regular sería, en nuestro sentir, que el Gobierno aguardase a la reunión de las Cortes para dimitir. Hoy, ni siquiera sabemos cuál es el resultado electoral ni, por tanto, qué mayoría tenemos... Entrando de improviso, y a un mes de distancia de la apertura de las Cortes, nuestra situación sería más delicada y difícil, sin el respaldo del Parlamento [1].

Dado que el nuevo gobierno había sido, desde el principio, designado como un gobierno minoritario, inevitablemente débil, compuesto exclusivamente por republicanos de izquierda, Azaña esperaba reunir a tantos representantes de estos últimos como fuera posible, llegando hasta el centro-izquierda de la Unión Republicana de Martínez Barrio (de la que, en parte, no se fiaba al estar compuesta sobre todo por antiguos radicales) e incluso hasta Felipe Sánchez Román a quien, en gran medida, continuaba respetando pese a su retirada del Frente Popular. Sánchez Román rechazó el ofrecimiento de Azaña, temiendo, y tenía razón, que el actual concepto de gobierno fuese un proyecto para el caos y que en aquellas circunstancias, el nuevo ministerio quedase sujeto a intolerables presiones procedentes de la izquierda obrera. No obstante, Sánchez Román demostró de nuevo que estaba en lo cierto y que no había nada de imprevisible en la trayectoria del nuevo Gobierno de Azaña, salvo que la mayor parte de los republicanos de izquierda preferían no verlo.

De los trece miembros (incluido el jefe del gobierno), no menos de diez procedían de Izquierda Republicana y sus afiliados, dos de Unión Republicana y uno era un republicano independiente de la izquierda liberal. Casi todos eran profesionales, sobre todo abogados y profesores, y muchos procedían de entornos acomodados. Azaña continuó con el precedente sentado por Portela de nombrar a un general para el Ministerio de la Guerra, puesto que recayó sobre el anciano Carlos Masquelet, un general liberal y pro republicano que había sido uno de sus asesores en 1931-1933 y que también sustituyó a Franco al frente del Estado Mayor Central del ejército.

La tarde siguiente, 20 de febrero, Azaña se dirigió por radio a la nación. Su mensaje fue, quizá, el más conciliatorio desde que había llegado a la presidencia del gobierno en 1931; declaró que:

El Gobierno se dirige con palabras de paz. Espera que toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, de restablecimiento de la justicia y la paz... No tenemos que perseguir a nadie mientras todos se limiten al cumplimiento de los derechos que la Constitución a todos nos concede. El que no esté en paz con la ley y las autoridades públicas, podrá temer el rigor del Gobierno, que en ningún caso se apartará de lo que manden sus deberes y las leyes... A su vez el pueblo debe confiar en que aplicaremos puntualmente lo concertado... Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben los republicanos y no republicanos, y todo el que sienta amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida [2].

Desde el primer momento el orden público constituyó un gran problema. Se informó de que al menos en once provincias, y es probable que en muchas más, se habían producido incendios provocados, actos de vandalismo y manifestaciones teñidas de violencia, con numerosos ataques contra las sedes locales de los grupos derechistas e incluso en algunos casos a las del Partido Radical. Las incursiones violentas en las cárceles para liberar a presos izquierdistas, en ocasiones también pusieron en la calle a otros comunes, lo que aumentó la delincuencia y el desorden. Azaña señalaría el día 20 que «la irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el gobierno nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos» [3]. Sin embargo, como en 1931 no le preocupó gran cosa proteger las iglesias y los conventos que ardían. Su elección para ministro de Gobernación recayó en el afable y honesto Amos Salvador, de Izquierda Republicana, un querido arquitecto y propietario de tierras con cierta fortuna que carecía de la energía y la capacidad necesarias para desempeñar una tarea tan difícil [4]. Para el puesto clave de director general de Seguridad nombró a José Alonso Mallol, un ex socialista radical de mediana edad que había ocupado el cargo de gobernador civil en dos provincias durante el primer bienio. Posteriormente, Mallol consintió en devolver su graduación a varios oficiales revolucionarios de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto acusados de rebelión armada en 1934.

La tarea más apremiante era cumplir la promesa electoral de conceder lo antes posible una amnistía general a los revolucionarios encarcelados, porque cientos de ellos ya se habían tomado la justicia por su mano en las cárceles provinciales [5]. El 21 de febrero se convocó a toda prisa la Diputación Permanente de las Cortes y, con la cooperación de la derecha, se acordó conceder la amnistía general a todos los acusados o encarcelados por «delitos políticos y sociales» desde las elecciones de 1933, condiciones que también incluían la liberación de un cierto número de falangistas entre los aproximadamente quince mil que fueron puestos en libertad de manera oficial al día siguiente. A continuación, el gobierno procedió a disolver alrededor de la mitad de las corporaciones municipales españolas, en la mayoría de los casos volviendo a nombrar a miembros de la izquierda que habían sido expulsados en 1934, basándose en que al haber sido, en su mayoría, elegidos de manera legal deberían cumplir el tiempo que restase de sus cargos sin tener en cuenta si habían estado o no implicados en la rebelión armada. De idéntico modo se nombraron nuevas «comisiones gestoras» en todos aquellos gobiernos provinciales (en su mayoría derechistas) donde el primer gobierno izquierdista las había instalado entre 1931 y 1933 [6]. Los gobiernos civiles fueron a parar sobre todo a manos de los republicanos de izquierda, pero los socialistas (en parte gracias a su alianza con los comunistas) obtuvieron más puestos en los ayuntamientos que cualquier otro partido, sobre todo en el sur. Aunque algunos gobernadores civiles intentaron restringir las purgas políticas de funcionarios a nivel provincial y local, en algunas partes del país fracasaron por completo. Por ejemplo, en la provincia de Granada, los socialistas simplemente ocuparon por la fuerza algunos ayuntamientos [7] de modo parecido a como hicieron los fascistas en el norte de Italia en 1921-1922.

Tras ser liberado de prisión, Lluis Companys, ex presidente de la Generalitat catalana, pronunció un discurso radiofónico dirigido a sus electores en el que elogiaba la insurrección de octubre y se negaba a regresar a Barcelona en tanto la autonomía no se hubiese reimplantado por completo. Tras dos largas sesiones, el 26 de febrero la Diputación Permanente finalmente alcanzó un acuerdo de redacción que autorizaba al Parlamento catalán a asumir de nuevo sus funciones y a elegir un nuevo presidente, lo que hizo ese mismo día, optando una vez más por Companys. Todo el sistema de la autonomía catalana se restauró con rapidez. Mientras permanecía en Madrid, Companys asistió a un gran mitin socialista y comunista que se celebró en la plaza de toros el 26 de febrero donde saludó al estilo revolucionario, puño en alto, entre banderas rojas y retratos de Lenin y Stalin.

El 2 de marzo regresó a Barcelona donde recibió una eufórica acogida multitudinaria. Una vez más saludó los supuestos logros de octubre y, seguidamente, restauró en sus cargos a casi todos los miembros del gabinete que habían caído con la derrota de la insurrección. Los líderes profascistas y paramilitares de la rebelión, el consejero de gobernación Dencàs y el jefe de policía Badía constituyeron notorias excepciones, y no regresaron (este último, junto a su hermano, resultaría abatido a tiros por pistoleros anarquistas en uno de los innumerables ajustes de cuentas que se produjeron a finales de invierno y durante la primavera). De ahí en adelante, Companys buscaría la conciliación con el Madrid izquierdista y con la izquierda obrera dentro de Cataluña [8]. El 3 de marzo, en Madrid, el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró inconstitucional la ley de 2 de enero de 1935 que anulaba la autonomía catalana.

Se estima que en la marcha de la victoria del Frente Popular que tuvo lugar en Madrid el 1 de marzo estuvieron presentes unas 250.000 personas. Destacaban los componentes socialistas y comunistas, con sus miles de jóvenes uniformados, emblemas revolucionarios e himnos de los partidos, aunque fue más importante el decreto gubernativo publicado ese día que exigía a los patronos que volviesen a contratar a todos los trabajadores despedidos por motivos políticos o por huelgas políticas desde el comienzo de 1934, abonándoles los sueldos que hubiesen dejado de percibir en una cuantía no inferior a treinta y nueve días de salario ni superior a seis meses, dependiendo de los casos individuales. Nada se dijo respecto a los delitos violentos que pudieran haber cometido los trabajadores contra sus patronos, que quedaron en total impunidad. Al día siguiente, los gobernadores civiles y las delegaciones de Trabajo comenzaron a aplicar la nueva ley. La Cámara madrileña de Comercio e Industria, así como otras asociaciones empresariales elevaron la protesta de que todo cuanto habían hecho los patronos había sido perfectamente legal en aplicación de la legislación anterior, que no habían incumplido ninguna ley que existiese con anterioridad y que el nuevo edicto daría lugar al caos y a costes abrumadores. Más tarde, los derechistas afirmarían que, al menos en un caso, una viuda que había quedado al frente de su negocio se vio forzada a contratar de nuevo al trabajador responsable de la muerte de su marido en un altercado político.

El 2 de marzo se celebró la segunda vuelta de las elecciones, exigible allí donde la lista principal hubiese obtenido menos del 40 por ciento de los votos, pero gracias al sistema de alianzas el número de provincias donde esto ocurrió fue menor que en 1933, limitándose a Castellón, Soria y las provincias vascas. En su mayoría la derecha se retiró, de manera que la izquierda obtuvo mejores resultados que nunca pese a que tres de las cinco provincias eran distritos moderados. En el País Vasco la derecha apoyó a los nacionalistas, que ganaron en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que los dos escaños correspondientes a Álava estaban divididos. En conjunto, el Frente Popular que había optado por tan sólo cinco escaños en la primera vuelta, obtuvo ocho y la derecha (que había optado por once puestos) sólo sumó tres, mientras que el centro (sobre todo los nacionalistas vascos) obtuvieron nueve, incluido un escaño en Soria para Miguel Maura.

La respuesta inicial de la CEDA fue conciliatoria. La cúpula del partido se dejó temporalmente en manos del cristianodemócrata Giménez Fernández [9], quien, el 22 de febrero, declaró a El Adelanto de Segovia que la CEDA era tan sólo «la derecha de la República» y que siempre actuaría «dentro de la legalidad y dentro de la República» como había hecho hasta ese momento. En las dos primeras semanas tras las elecciones El Debate destacó las condiciones de la concordia civil: obediencia a la ley, disolución de todas las milicias paramilitares como se había decretado en Francia dos años antes, un programa económico razonable que todos pudieran asumir e igual respeto para la educación católica. Cuando el consejo nacional de la CEDA se reunió el 4 de marzo declaró que el total de votos demostraba que el partido era más fuerte que nunca (lo que era técnicamente correcto) aunque con menos diputados debido a la forma en que había funcionado el sistema de alianzas. Prometió continuar con la «lucha legal», apoyar al gobierno «en cuanto afectara al orden público y al interés nacional» y oponerse a «cuanto fuese revolucionario» [10]. En consecuencia, el 19 de marzo, en la primera reunión del grupo parlamentario de la CEDA, Giménez Fernández preguntó dramáticamente si el partido respaldaría «la democracia o el fascismo», y el grupo cedista optó por la democracia, aunque con la salvedad de que si ésta devenía imposible se disolvería el partido para que sus miembros pudieran seguir sus propios caminos (como de hecho ocurrió durante la Guerra Civil) [11].

Giménez Fernández todavía confiaba en que la CEDA pudiera transformarse en un partido cristianodemócrata conservador pleno aunque en ese momento ya había observado que «se llama fascista a toda persona que no se deja atropellar», lo que de manera inevitable condujo a la gente a decir: «Pues si para evitar que se impongan por la fuerza quienes no son más ni mejores hay que correr el riesgo de que nos llamen fascistas, que nos lo llamen» [12]. De hecho, la agrupación juvenil de uno de sus más democráticos sectores, la Derecha Regional Valenciana, ya estaba yendo por su cuenta y había iniciado conversaciones secretas con oficiales del ejército acerca de la posibilidad de llevar a cabo una rebelión armada. Aunque la posición oficial del partido estaba clara, su más volátil juventud estaba comenzando a cruzar otras fronteras.

Tras la toma de posesión del nuevo gobierno el nivel de desorden se redujo de manera temporal y a finales de febrero parecía haber un estado de ánimo más positivo, que se reflejó en una ligera alza en la bolsa, pero que no fue más allá de la primera semana de marzo, en la que la violencia y el desorden aumentaron con rapidez y se mantuvieron en ese nivel hasta el final del mes, cuando se produjo una pequeña mejoría.

Los mayores disturbios ocurrieron en Granada donde, se supone, en respuesta a un incidente violento protagonizado por la derecha, tuvieron lugar una serie de desórdenes y actos de destrucción de la propiedad que culminaron el 10 de marzo con una huelga general y un tumulto masivo, incluidas la quema de los talleres y oficinas del periódico derechista El Ideal, así como de sedes políticas de la derecha, varias iglesias y al menos dos casas particulares. La violencia se extendió por otras ciudades pequeñas de la provincia, mientras que en la ciudad de Granada al menos dos personas resultaron muertas. En palabras de Macarro Vera, «el gobernador había caído en la irresponsabilidad de dar volantes de auxiliares de su autoridad a las milicias socialistas y a los anarquistas, que en los días siguientes se dedicaron a registrar las casas de personas de derechas» [13], como si los conservadores fueran culpables de la destrucción de sus propiedades.

La política del gobernador civil de Granada fue el preludio de dos actuaciones que más tarde llegarían a ser habituales: la autorización a los revolucionarios para actuar como policías auxiliares, lo que garantizaba que se desobedecería la ley de manera incluso más grave; y la tendencia cada vez más frecuente, tras la violencia y los desórdenes protagonizados por la izquierda, a arrestar sólo a los derechistas, como si se les culpara por los desórdenes de la izquierda. Sin embargo, en esta ocasión el gobierno reaccionó ante el desorden y el ultraje a la justicia. «A Granada fue enviado un nuevo gobernador, de Unión Republicana, para acabar con el clima de guerra civil. Su objetivo era meter en cintura a los falangistas, a los que encarceló, a las milicias de izquierdas, que campaban armadas por las calles, y a los militares que estaban preparando una asonada» [14]. En conjunto se arrestó al menos a 300 personas, desde pirómanos y delincuentes que atacaban la propiedad hasta conservadores que intentaban protegerse.

La mayoría de los muertos en ataques políticos fueron derechistas o no simpatizantes de la izquierda que fueron asesinados por los izquierdistas, aunque también algunos de estos últimos perdieron la vida a manos de gente de derechas y de falangistas. No obstante, la policía fue la responsable de la mayor parte de las bajas sufridas por la izquierda al intentar sofocar manifestaciones y tumultos [15]. En un gesto grotesco, Salvador hizo un débil intento por asegurar a la opinión pública que la situación no era tan grave como parecía, ya que los peores incidentes estaban protagonizados por «bandas de jóvenes» que no eran miembros de ningún partido político, lo que en algunos casos resultó ser técnicamente cierto aunque su filiación estuviera bastante clara.

En ocasiones, los principales dirigentes emitieron declaraciones desalentando la violencia de sus seguidores pero, en su mayoría, se dejó libertad a los grupos juveniles para actuar por su cuenta.

La excusa habitual de los líderes izquierdistas era que la violencia surgía de las provocaciones de los falangistas y de la derecha, y que las acciones de la izquierda no se producían sino en respuesta a tales provocaciones, lo cual, en su mayor parte, no era cierto y, en lo que respecta a las primeras semanas tras las elecciones, falso por completo.

La realidad era más bien la opuesta. Cuando la violencia procedió de los falangistas (y, en ocasiones, de la derecha), lo fue, al menos en principio, como respuesta a la violencia continuada de la izquierda. Justo después de las elecciones, José Antonio Primo de Rivera declaró una tregua en los ataques propagandísticos de su partido al nuevo gobierno, así como en otros actos hostiles contra la izquierda. Como era típico de su escaso juicio político, José Antonio, al igual que gran parte de la izquierda, estaba cautivado por el mito de Azaña, a quien creía un gran líder potencial capaz de llevar a cabo la «revolución nacional».

El gobierno y los revolucionarios respondieron con determinación con el fin de acabar con el fascismo en España, uno de los objetivos básicos del frentepopulismo. El 27 de febrero, la policía clausuró las sedes locales de la Falange en todo el país bajo la acusación de tenencia de armas, y, sin embargo, no se hizo esfuerzo alguno por registrar las sedes izquierdistas. Más tarde, el gobierno reconoció que se había asesinado a «unos fascistas» en Almoradiel. El 6 de marzo, dos miembros de la CONS, el sindicato falangista, que trabajaban en la demolición de la vieja plaza de toros y se negaron a secundar una huelga izquierdista, fueron abatidos a tiros y otros dos resultaron heridos de gravedad, mientras que ese mismo día cuatro trabajadores falangistas fueron asesinados en Galicia. Al día siguiente un miembro del SEU, el sindicato estudiantil de Falange, que previamente había sido herido de bala en un mitin en Palencia, murió a causa de sus lesiones y, según se afirma, cuatro días más tarde, el 11 de marzo, miembros de las Juventudes Socialistas dispararon en Madrid contra dos estudiantes de derecho, un falangista y un carlista, causándoles la muerte. Desde las elecciones, catorce falangistas habían encontrado la muerte en diversas zonas de España y otros estaban gravemente heridos. Sólo en Madrid, entre el 6 y el 11 de marzo, se produjeron cuatro víctimas [16]. Sin embargo, la respuesta de Falange no fue un simple más de lo mismo sino, como resulta frecuente en tales confrontaciones, una contraescalada. La mañana del 13 de marzo varios pistoleros atacaron a Luis Jiménez de Asúa, un popular líder socialista y profesor de derecho que había sido uno de los redactores de la Constitución republicana; consiguió escapar ileso, pero su escolta falleció a consecuencia de las heridas recibidas. Dado que éste no era un caso de la derecha atacada por la izquierda sino viceversa, la policía se esforzó por practicar detenciones, encarcelando a varios estudiantes falangistas, aunque los verdaderos autores del hecho escaparon a Francia por vía aérea [17]. El funeral del escolta asesinado se convirtió en la ocasión para iniciar otra manifestación y otro tumulto. Se incendiaron las oficinas de un periódico derechista, que nunca volvió a publicarse, así como dos grandes iglesias en el centro de Madrid, una de las cuales quedó reducida a escombros. No obstante, la posterior declaración oficial de la Dirección General de Seguridad situó el asunto en una perspectiva más clara que la mantenida por posteriores autores, relatando tanto el «atentado» contra Asúa como las muertes previas de los «fascistas» en Almoradiel, el asesinato de los trabajadores el día 6 y el de los estudiantes el 11[18]. En los desórdenes que se produjeron durante el funeral del escolta sólo hubo una víctima aunque más tarde se dijo que dos comunistas habían muerto en un segundo ataque falangista [19].

El atentado contra Asúa representó una cierta escalada ya que, entre toda la violencia de los años republicanos, los principales líderes de los partidos (que con frecuencia, al menos desde 1934, iban acompañados por escoltas armados) casi nunca habían sido considerados como objetivos susceptibles de un intento directo de asesinato. Azaña mantuvo una larga reunión con el Consejo de Ministros a la que siguió una declaración oficial en la que se instaba a mantener la calma y el orden. Estaba claro que los autores del «atentado» eran los falangistas, el único movimiento fascista categórico del país, si bien pequeño y aislado. Aunque la mayor parte de la violencia durante la República siempre había provenido de la izquierda, el Gobierno de Azaña dependía, de manera exclusiva, de los votos izquierdistas y consideraba que con la abolición de Falange aumentaría el orden público y se reducirían tanto la provocación como las excusas de los revolucionarios. El 14 de marzo se arrestó a toda la Junta Política y a la cúpula nacional del partido, incluido José Antonio Primo de Rivera, y también en las provincias se realizó un barrido de muchos de sus dirigentes. El informe oficial del arresto de José Antonio decía simplemente: «Detenido por fascista», pese a que, de acuerdo con la legislación vigente, no era más delito ser «fascista» que ser comunista o anarquista. Tres días más tarde un tribunal madrileño declaró que todo el partido era una organización ilegal, por su tenencia ilícita de armas y sus actividades violentas. De esta manera, el «fascismo» quedaría abolido en España mediante un simple decreto. Todo este asunto ejemplificaba la extrema politización de la justicia durante el régimen izquierdista, ya que existía un extenso listado de organizaciones de izquierda mucho más implicadas en la tenencia ilícita de armas y en actividades violentas que Falange, pero ninguna de ellas fue ilegalizada. Cuando se anularon los cargos contra José Antonio Primo de Rivera tras apelar ante un tribunal superior, el gobierno siguió presentando nuevas acusaciones contra él, algunas de ellas de dudosa autenticidad, con el fin de mantenerle sometido a detención permanente antes de ejecutarle junto con otros miles de falangistas tras el inicio de la Guerra Civil.

Falange ya no podía actuar como un normal movimiento político, pero la República todavía no era un estado policial. Aunque se obligó al partido a pasar a la clandestinidad, sus nuevos afiliados superaban con mucho a los arrestados; procedían sobre todo de las JAP, desilusionadas con las tácticas moderadas y legalistas de la CEDA. Durante la segunda mitad del mes de marzo, la ilegalización del partido pudo contribuir a reducir, de manera momentánea, la violencia, pero los falangistas estaban decididos a tomar represalias y la izquierda revolucionaria no había hecho sino comenzar con sus actividades que continuarían extendiéndose. En abril aumentó de nuevo la tasa de violencia y ya se mantuvo en ese nivel [20].

Al mismo tiempo, los constantes excesos de la izquierda revolucionaria desconcertaban al gobierno. De alguna manera, Azaña había considerado que su alianza con los revolucionarios no estimularía la actividad revolucionaria y que los partidos obreros estarían ahora satisfechos con el reformismo parlamentario radical una vez que la izquierda había alcanzado el pleno control del gobierno. El 17 de marzo escribió a su cuñado y mejor amigo:

Vamos cuesta abajo por la anarquía persistente de muchas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes, por la brutalidad de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría.

Y se lamentaba todavía más: «Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el gobierno» [21].

Política, el órgano del partido de Azaña, declaró el 27 de marzo que:

Resulta casi una perogrullada decir que el fascismo no es temible por lo que representa numéricamente, sino porque, tratándose de un fenómeno de disgregación social, se engendran la demagogia y la agitación estéril. De ahí que la táctica fundada en la teoría de la «revolución permanente» haya sido desechada por sus resultados catastróficos en Alemania y en otros países afectados por el fascismo... No se comprende cómo fuerzas que no representaron nunca el obrerismo extremo remueven métodos de derrota y sufren el deslumbramiento de una revolución a la que falta incluso el proceso previsto por Marx.

Aunque los izquierdistas pudieran (en ocasiones con buen criterio) protestar porque los jueces conservadores trataban con demasiada indulgencia a los falangistas encarcelados, la policía fue, de hecho, más severa con éstos que con los miles de infractores izquierdistas, y con harta frecuencia pasaba por alto los ataques izquierdistas contra los falangistas [22].

Luis Romero ha escrito el que es quizá el mejor resumen analítico de la dialéctica de la violencia que comenzó a desplegarse a finales del invierno y durante la primavera de 1936:

El gobierno se ve incapaz de controlar el orden, y los incidentes con sangre —muertes y heridos graves— salpican toda España. Templos, conventos, centros derechistas, imágenes en ocasiones con valor artístico más o menos grande, son quemados o saqueados en diversos puntos. A mediados de marzo en Yecla se desencadenó un ataque de furia iconoclasta que prendió fuego a las iglesias y en particular a un número elevado de imágenes; el día 22 del mismo mes, en Oviedo, matan al que fue fugaz ministro liberal-demócrata, Alfredo Martínez García-Argüelles, que había desempeñado la cartera de Trabajo, Justicia y Sanidad en el primer gobierno de Portela. El 31 por la mañana, cuando salía de su domicilio en Madrid, Cava Baja número 22, el estudiante de medicina Antonio Luis Espiñeira, de 19 años, de ideología «fascista» es agredido a tiros por tres o cuatro pistoleros que luego huyen; el mismo día, en Sevilla, cuatro individuos mataron a tiros a Manuel Giráldez Mora, «afiliado al fascio», que cumplía el servicio militar, aunque la causa del atentado es que trabajaba en el muelle como capataz...

Algunos autores, y Josep Pla entre ellos, publican una larga relación de hechos sangrientos; no todos se reflejaban en la prensa, sobre la cual se ejerció la censura, pero basta un repaso de los periódicos para comprobar el elevado número de delitos de sangre de origen politicosocial. La escasa importancia que se les atribuye, salvo a los casos de mayor relieve, es indicio de que impresionan escasamente a la opinión pública, a menos que ocurrieran en la misma ciudad o región. Comenta Pla: «La fórmula política imperante ¿permitía abrigar la esperanza de algún apaciguamiento? Era, a mi entender, imposible. En primer lugar, la fórmula política encubierta con las palabras Frente Popular, era la revolución misma. Significaba, como ya dijimos, la posibilidad de hacer la revolución con impunidad completa. Son los elementos del Frente Popular mismo, los que cubren, dirigen y mantienen la subversión...» Este texto quizá adolezca de una visión propia de posguerra que fue cuando se escribió este libro, lo cual hace que se generalice demasiado. Lo que ocurría es que los republicanos estaban obligados a pagar en mala moneda la victoria que el Frente Popular les había dado. Poquísimas veces los desmanes provienen de un elemento de Izquierda o Unión Republicana; los autores de los atentados como de los destrozos, incendios y demás son socialistas y comunistas y, en ocasiones, anarcosindicalistas. Y aunque se ha estado insistiendo en el extremismo político de los seguidores de Largo Caballero, a la hora de la acción los partidarios de Prieto no se quedaban atrás.

Las derechas tampoco demostraban ser mancas, aunque en este periodo, por lo general, actuaban a la defensiva. En los pueblos principalmente, votantes y militantes de la CEDA recurrían a las armas con frecuencia; según quien redactara la noticia, le colocaba la etiqueta de «fascista» (en calidad de matador o de víctima) y asunto concluido. En publicaciones de carácter derechista posteriores a la guerra, se ponen de manifiesto incendios, destrucciones y otros horrores sin citar cómo empezaron; en algún caso consigue averiguarse que fueron consecuencia de la «muerte de un socialista», o dos... Los falangistas también actuaban, y a partir de estas fechas, más; sucede que entonces y después se jactaron de ello, lo cual ha permitido a otros elementos, que actuaban con mayor discreción política, aceptar que se carguen todas las culpas sobre Falange.

En los libros publicados durante la guerra o en el exilio se ha exagerado de tal manera, que acusar a los falangistas se ha convertido en un tópico sin valor demostrativo. Unos utilizaban la exageración como arma política, pero muchos lo hacían porque habían llegado a creerlo; más adelante fueron copiándose unos a otros... [23]

Además, Romero observa que los derechistas, escandalizados de manera especial por la violencia y la destrucción anticlericales, utilizaron la cuestión religiosa para atraer a los moderados y a la gente de escasos recursos:

La tolerancia del gobierno, que reaccionaba con retraso y escasa energía frente a los desmanes, atrajo a la derecha a muchos españoles que, en razón de su débil economía, de la precariedad de sus ingresos, del desamparo sociocultural en que se debatían, carecían de otras razones, si no eran las religiosas para unirse a quienes eran sus «enemigos» naturales. La izquierda burguesa, gobernante en ese momento, rabiosamente anticlerical y con elevado porcentaje de masones entre sus dirigentes, creía ver una válvula de escape en los ataques a la Iglesia. Casi podrá decirse que se complacían en ellos, al considerarlos un desquite histórico y justiciero [24].

Algunos sectores de la izquierda republicana reaccionaron con una alarma mucho mayor que la del gobierno. A mediados de marzo dimitieron los gobernadores de cinco provincias debido a su incapacidad para ocuparse de estos problemas y en algunos casos, porque sentían que el propio gobierno no estaba haciendo ningún esfuerzo serio por mantener el orden. En último término, esto planteó el problema del futuro del Frente Popular. Como técnicamente no era más que una coalición electoral, había dejado de existir de manera formal cuando finalizaron las elecciones. Los partidos que componían el Frente Popular estaban divididos entre los revolucionarios incondicionales por un lado y los republicanos de izquierda por otro, con los socialistas prietistas, en parte moderados y en algunas ocasiones radicales, en el medio.

La necesidad de formar una nueva coalición para las elecciones municipales que tendrían lugar en marzo, pronto planteó la cuestión de la continuidad del Frente Popular. La izquierda siempre había sido más fuerte a nivel municipal que a nivel nacional, de manera que los partidos marxistas creían que se había dado la vuelta a su posición, comparándola con las candidaturas a Cortes, cuando los republicanos de izquierda obtuvieron la parte del león. Ahora, socialistas y comunistas exigían para sí la mayoría de las candidaturas a alcaldías y corporaciones municipales, declarando que no estaban dispuestos a ceder. El 29 de marzo Azaña se quejaba a su cuñado: «Han cometido la ligereza de decir que eso lo hacen para dominar la República desde los ayuntamientos y proclamar la dictadura y el soviet», con el resultado de que «el hombre neutro está asustadísimo. El pánico de un movimiento comunista es equivalente al pánico de un golpe militar» [25]. Aunque estaba muy enfadado, Azaña todavía no se sentía profundamente molesto, y lo descartó tachándolo de «una estupidez». En verdad pudo haber sido «una estupidez», pero los partidos marxistas estaban decididos a ello. El jefe del gobierno todavía creía alegremente que el papel kerenskista que aquéllos asignaban a los republicanos de izquierda no era sino una pose teatral, cuando de hecho era su política decidida, para la cual, como demostraron los acontecimientos, no tendría respuesta. Antes que hacer frente al problema, Azaña prefirió ignorarlo y puede decirse que deliberadamente adoptó al avestruz como su símbolo político.

Con argumentos sólidos, Edward Malefakis ha sugerido que en ese momento el fracaso a la hora de tomar medidas enérgicas para restaurar el orden fue crucial, porque hubiera sido más fácil llevarlo a cabo en marzo que más tarde o cuando las cosas se descontrolaron [26]. Así, el patrón de complacencia y de administración partidista de la justicia pasó a ser una política fija, que implicaba un tipo importante de complicidad en la intensificación del partidismo y la ruptura. No todos los miembros más prudentes o moderados del partido de Azaña estuvieron de acuerdo con semejante política sectaria y estrecha de miras. Por ejemplo, Claudio Sánchez Albornoz, distinguido historiador y dirigente de Izquierda Republicana, planteó la cuestión de si las contradicciones entre los partidos frentepopulistas no serían tan fundamentales como para hacer inviable el gobierno. Antes de finales de marzo habló con Azaña acerca de la necesidad de construir una mayoría parlamentaria diferente, más moderada y estable, incluso si suponía hacerlo sin el respaldo de los socialistas [27]. En verdad, tal alternativa era probablemente la única solución democrática, pero para Azaña seguía siendo anatema. No tenía ninguna esperanza de llevar a cabo su utopía decimonónica y pequeño burguesa de radicalismo anticlerical en el siglo XX, sin contar con el apoyo masivo de los socialistas y parecía incapaz de comprender que más que refrenar el proceso revolucionario, se había convertido en su garante.

La precipitada dimisión de Portela Valladares

Se suponía que las reformas azañistas de 1931-1933 habían resuelto el perenne «problema del ejército» español, pero la izquierda pronto descubrió que no era el caso. Con un gran coste, Azaña había puesto remedio a una gran parte del problema de un siempre inflado cuerpo de oficiales pero, en general, cada año transcurrido la izquierda había empeorado el «problema político» del ejército. La intervención política de los militares no derivaba de sus propios e irreprimibles deseos antinaturales sino de la persistente división, del desorden y de la falta de acceso en la política civil y en el gobierno. En 1930, cuando estaban fuera del poder, los republicanos no habían mostrado ninguna reticencia en intentar una sublevación militar por su cuenta y el proceso revolucionario que alentaron polarizó y radicalizó todavía más la opinión política. En 1931 el ejército había aceptado por completo lo que se le presentó como un estado democrático, unido y ordenado; sin embargo, el creciente desorden y la desunión, junto con la hostilidad de la izquierda hacia los militares, estimularon una reacción cada vez más negativa y, más que superar los errores del pasado, la izquierda estaba decidida a repetirlos. La vieja cuestión de las «responsabilidades» militares, que había desempeñado un papel fundamental en 1921-1923, en 1936 resurgió con el Frente Popular de una forma incluso más partidista y politizada. Sus exigencias de amnistía para todos los implicados en la insurrección de octubre, sin tener en cuenta la naturaleza de sus delitos, no incluían al personal militar y policial, acusado de cometer «excesos» durante su represión. Según la lógica retorcida de la izquierda, los primeros eran actos justificables de expresión política y los últimos delitos merecedores de castigo. Quienes se rebelaron contra el orden legal no se consideraban culpables; quienes defendieron el régimen constitucional, en comparación, podrían haber cometido delitos. Mientras que esto último era del todo posible, no existía razón objetiva alguna por la que debieran ser juzgados con un criterio diferente a los primeros. De este modo la izquierda preconfiguró con claridad la lógica de los militares rebeldes unos meses más tarde, cuando procesaron por «rebelión militar» precisamente a aquellos oficiales que se negaron a participar en la rebelión.

En esta cuestión, la demagoga más franca fue la vitriólica Dolores Ibárruri Pasionaria, que ya tenía fama por ser la principal propagandista del floreciente Partido Comunista. En un discurso pronunciado el 1 de marzo declaró:

Vivimos en una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales, de los que ya hemos tenido demasiados desde el 14 de abril. El pueblo impone su propia legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de sus asesinos. La República debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace, el pueblo la derribará e impondrá su propia voluntad [28].

El Gobierno de Azaña encontró estas exigencias, repetidas por casi todos los sectores de la izquierda obrera, imposibles de resistir y el 10 de marzo arrestó al general López Ochoa, el ex inspector general del ejército que había comandado la campaña asturiana y a quien, paradójicamente, habían criticado los militares de la línea dura por ser demasiado indulgente con los rebeldes; también se arrestó a un capitán de la Guardia Civil y a varios oficiales.

Las presiones para llevar a cabo un golpe de Estado apenas eran un secreto para los dirigentes del gobierno, quienes reasignaron todos los puestos más relevantes, colocándolos en manos de oficiales pro republicanos o, en el peor de los casos, políticamente neutrales. Se retiró a Franco de la Jefatura del Estado Mayor Central y se le destinó a la Comandancia General de Canarias, donde le sería muy difícil conspirar de modo directo con otros generales. Fanjul, antiguo subsecretario, se quedó sin destino; el general Goded, director general de aeronáutica, fue enviado a Baleares; de la jefatura superior de las fuerzas militares de Marruecos, el general Mola pasó a la jefatura de la 12ª Brigada en Pamplona y así sucesivamente. Una vez que a mediados de marzo se adjudicaron los nuevos destinos, una estimación calculaba que de veintidós altos cargos del ejército, catorce estaban ocupados por republicanos leales, cuatro por conservadores y sólo tres por conspiradores potencialmente activos. Respecto a la Guardia Civil, se siguió una política similar. Un decreto de 21 de marzo estableció la categoría de «disponible forzoso» para aquellos oficiales bajo sospecha y durante los cinco meses siguientes, hasta el 18 de julio, el gobierno cambió a 206 capitanes de los 318 existentes, a 99 de los 124 comandantes, a 68 de los 74 tenientes coroneles y a los 26 coroneles [29]. Todos los izquierdistas que con anterioridad habían sido expulsados de las unidades del ejército y la policía por su implicación en los acontecimientos de 1934 fueron reincorporados en virtud de los decretos de 22 de febrero y 2 de marzo.

El odio hacia los militares era tan intenso entre la izquierda que se dieron frecuentes casos de insultos públicos a oficiales e incluso, en algunos momentos, de ataques físicos. Azaña anotó en su diario que un joven asistente del nuevo ministro de la Guerra, un oficial de irreprochable conducta, se había visto empujado por una turba izquierdista, y el 13 de marzo el propio ministro emitió una nota en la que expresaba su «indignación por las injustas agresiones» a oficiales, instando a estos últimos a no dejarse provocar. También, y de forma pública, negó que existiera peligro alguno de «conspiraciones militares», como se venía rumoreando, y declaró que los militares merecían el respeto y el apoyo de todos, por ser «el más firme apoyo del Estado republicano» [30]. A la vista de los posteriores acontecimientos, esto pudiera parecer un tanto fantástico pero en ese momento para el gobierno tenía sentido porque precisaba del respaldo del ejército en su delicado equilibrio entre los revolucionarios izquierdistas y un radicalismo republicano renovado que, de alguna manera, debía seguir siendo constitucional.

Ciertamente, el gobierno se había asegurado la lealtad de la mayor parte de los jefes del ejército. La rebelión del 18 de julio sólo estuvo apoyada, a nivel de jefatura activa, por el director general de los Carabineros (Queipo de Llano), dos generales de división (Cabanellas y Franco) y dos generales de brigada (Goded y Mola). Con todo, los cambios de destino por sí solos eran insuficientes para prevenir la conspiración que se había iniciado entre la derecha dura la tarde del 16 de febrero y que ya nunca cesó.

Existía una organización semisecreta, la Unión Militar Española (UME) que, en la primavera de 1936, afirmaba contar con 3.436 miembros o la cuarta parte de los oficiales en activo, junto con el apoyo de 1.843 oficiales retirados y 2.131 suboficiales [31]. El color político de la UME era antiizquierdista, pero más allá de esto, su programa era impreciso. Poseía ciertas cualidades de un sindicato del ejército pero carecía de liderazgo y de una estructura compacta y tampoco era un instrumento conspiratorio efectivo.

La Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) fue una contrapartida izquierdista más directamente política, creada en 1935 tras la fusión de la Unión Militar Republicana (que había surgido en Marruecos el año anterior) y la pequeña Unión Militar Antifascista, clandestina y dirigida por los comunistas. La UMRA no contaba más que con unos cientos de miembros pero entre ellos había dos generales, incluido el nuevo director general de aeronáutica Miguel Núñez de Prado. También la representación masónica era importante en la UMRA, cuyas dos ramas más relevantes se encontraban en Madrid y Barcelona [32].

El 8 de marzo se reunieron en Madrid algunos de los principales jefes antiizquierdistas, en casa de un dirigente de la CEDA que era oficial de la reserva [33]. Cinco horas de conversaciones no bastaron para llegar a un acuerdo completo acerca del plan de actuación, aunque acordaron estar preparados para rebelarse si el sector revolucionario de los socialistas llegaba al poder o si existía una grave emergencia que amenazase con un colapso total. El general retirado Rodríguez del Barrio se quedó en Madrid, para servir como una especie de enlace y organizador pero sus esfuerzos durante el siguiente mes sólo condujeron al encarcelamiento de dos jefes y no dieron otros frutos. La vaga fecha límite del 20 de abril llegó y pasó sin consecuencias. Entre los rebeldes se concedió una cierta superioridad al general Sanjurjo, pero éste vivía en Portugal y apenas hizo esfuerzos por organizar algo [34].

Así, a principios de primavera, existían varias vías pero ninguna trama efectiva. Hasta que enfermó, Rodríguez del Barrio intentó, en Madrid, coordinar los planes con varios otros generales; Sanjurjo vegetaba en su semiaislamiento de Lisboa, Franco asumió una jefatura en el Atlántico y los diversos grupos de la UME seguían indecisos y sin organización. De forma semisecreta, los carlistas entrenaban a su propia milicia que, excepto en Navarra, apenas era digna de notarse. Falange había sido disuelta de manera oficial y sus miembros habían pasado a la clandestinidad, pero aun así su número creció con rapidez. Parte de las JAP se volvieron hacia Falange y en pequeñas zonas hicieron sus propios planes paramilitares, aunque después del 19 de febrero la CEDA había regresado rápidamente a la legalidad. Calvo Sotelo y los monárquicos más extremistas predicaban una dictadura corporativa patrocinada por el ejército, pero carecían de apoyos significativos, civiles o militares.

El presidente del gobierno y el ministro de la Guerra eran conscientes de que se estaba tramando un complot, pero tenían miedo de someter al ejército a una purga directa por diversas razones: por un lado, Azaña y sus colegas tenían a los militares en poca estima y dudaban de su capacidad para organizar una rebelión efectiva y, por otro, no osaron abandonar del todo los esfuerzos por coexistir con la derecha. La paradoja fue que el ejército era, en última instancia, la única protección del Gobierno de Azaña contra sus aliados subversivos de la izquierda revolucionaria, caso de que la relación con los izquierdistas se rompiera por completo, lo que era muy posible. El gobierno dudaba en ir más allá de gestos tibios, como el decreto de 18 de abril por el que se permitía suspender el pago de pensiones a aquellos oficiales retirados cuya pertenencia a una organización ilícita, como Falange, se comprobara. El gobierno estaba jugando con fuego o, para ser más precisos, estaba jugando con dos fuegos diferentes, pero fue una política que los republicanos de izquierda escogieron de forma deliberada. Tenían miedo de intentar extinguir del todo cualquiera de los fuegos, por temor a que el otro escapase a su control. Esta política, como de hecho ocurrió, continuó durante cinco meses hasta que culminó en una catástrofe.

El agravamiento de la escisión socialista

La victoria electoral no resolvió las tensiones en las filas socialistas, sino que las intensificó. Los prietistas continuaban maniobrando en una dirección semimoderada aliados con los republicanos de izquierda, mientras los caballeristas vetaban resueltamente cualquier participación en el gobierno e incluso, en algunos casos, la simple cooperación con él. Insistían en llevar a cabo una política radical que buscase la alianza con los comunistas e incluso con la CNT.

La principal cuestión interna a la que se enfrentaban los socialistas era, en primer lugar, su propia cúpula nacional, dado que Largo había dimitido de su cargo en diciembre y la comisión ejecutiva en ese momento ya llevaba más de tres años en el puesto, tras haber sido elegida en octubre de 1932 después del XIII congreso del partido. El 8 de marzo los caballeristas, quienes con frecuencia se referían a sí mismos como «de izquierdas» o «revolucionarios marxistas», ganaron las elecciones a la dirección de la sección madrileña por un margen de tres a uno. De este modo, los socialistas de izquierda se hicieron con el control de la sección madrileña del partido y de la mayor parte de la UGT, su principal base de apoyo. Los prietistas —también llamados «centristas» o «moderados»— mantuvieron el control del aparato nacional del partido, la dirección del diario El Socialista, la fuerte sección vasca de la UGT [35], y una gran parte de la sección asturiana del mismo sindicato. Con todo, tras la dimisión de Largo y tres de sus seguidores de la comisión ejecutiva, la retirada de otros dos de sus miembros significó que la ejecutiva quedaba formada por Prieto y cuatro de sus seguidores que, en conjunto, formaban menos de la mitad de la militancia. Un nuevo congreso del partido sería crucial. Los caballeristas insistían en que se celebrase en su baluarte de Madrid, mientras que los prietistas optaron por retrasarlo y celebrarlo en otoño y en Asturias, donde eran más fuertes. El resultado fue el empate, sin que ni los izquierdistas ni los semimoderados lograran imponer su política sobre los otros.

La estrategia de los socialistas de izquierda era forzar al Gobierno de Azaña, una vez que se hubiera completado con rapidez su supuesta tarea kerenskista, a dejar paso a un gobierno socialista, presumiblemente (aunque nunca se dejó claro) por medios legales. Dado que el partido sólo contaba con un quinto de los votos en el Parlamento, el gobierno revolucionario encabezado por los socialistas debería ser una coalición apoyada por los comunistas y por otros partidos; en su fase inicial, requeriría también del apoyo electoral de los republicanos de izquierda. En otras palabras, en ese momento la relación de los socialistas y los republicanos de izquierda debería invertirse. No existía planificación ni preparación alguna para una toma revolucionaria y directa del poder, a pesar de la mucha retórica acerca de la «dictadura del proletariado». La única alternativa que se consideró fue la necesaria respuesta ante un intento de golpe de Estado protagonizado por el ejército o la derecha, que adoptaría la forma de una huelga general revolucionaria, seguida de la transferencia de poderes a un régimen de dirección socialista.

El papel de los comunistas

En esa situación, el Partido Comunista estaba en disposición, por primera vez, de desempeñar un papel significativo. Diecisiete diputados comunistas hacían del partido una fuerza parlamentaria, sobre todo gracias a los caballeristas, y la influencia comunista también se veía reforzada por sus estrechas relaciones con las Juventudes Socialistas, por la asistencia que Socorro Rojo Internacional prestaba a las víctimas de la represión, por una multitud de organizaciones encubiertas y auxiliares, por grupos de mujeres, culturales y deportivos que crecían con rapidez y por los prestigiosos «Amigos de la URSS».

Después de las elecciones una delegación del PCE corrió a Moscú, donde la cúpula de la Komintern preparó un nuevo documento para guiar al partido español en lo que se denominaba «la revolución que se estaba desarrollando en España». Pese a que el Gobierno de Azaña no era un auténtico gobierno frentepopulista, sino un simple «gobierno burgués de la izquierda», tenía que ser a la vez apoyado y presionado en la dirección correcta. La directiva de la Komintern declaró que «es necesario presentar una plataforma de exigencias con el objetivo de aislar a Acción Popular (CEDA) y a los otros partidos reaccionarios de su base y minar su respaldo económico», lo que conduciría a confiscaciones a gran escala. Tan importante o más era «desarrollar un movimiento de masas fuera del Parlamento» haciendo de los grupos de la Alianza Obrera «genuinos órganos de masas colectivos de una democracia de obreros y campesinos» y obteniendo para ellos el reconocimiento como «órganos de gobierno legalmente reconocidos» [36]. O, como Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo lo han expresado, «es decir, bajo la cobertura de apoyo al Frente Popular, lo que propugna Manuilsky es un nuevo sucedáneo de los preparativos de la revolución soviética» [37]. Dmitry Manuilsky, jefe de la comisión ejecutiva de la Komintern, también preparó una carta para José Díaz, secretario del PCE, que se había quedado en Madrid, para recalcarle que «son las primeras semanas que vienen las que tienen una significación capital, incluso decisiva» para «la suerte misma... de la revolución en España», y requerir la movilización de las masas, una acción agresiva y la unificación del partido con los socialistas [38].

Dos días después de las elecciones Mundo Obrero declaró que «debemos seguir el camino de completar la revolución democrático-burguesa hasta que nos lleve a una situación en la que el proletariado y el campesinado asuman la responsabilidad de hacer al pueblo español tan feliz y libre como el soviético por la victoriosa realización del socialismo a través de la dictadura del proletariado». (Estas palabras, escritas apenas tres años después de la hambruna generalizada y de la destrucción impuesta por la colectivización soviética y en la víspera del Gran Terror, todavía se leen hoy día como un macabro ejercicio de humor negro.) El 25 de febrero aparecieron nuevas exigencias en el periódico del partido:

Confiscación de todas las tierras que no estuvieran ya en manos de los campesinos, que éstos podrían trabajar a título individual o colectivo.

Cancelación de todas las deudas del campesinado, aumento de los salarios y reducción de la jornada laboral.

Nacionalización de todas las industrias, la banca y los ferrocarriles.

Liberación de los pueblos oprimidos: Cataluña, Vizcaya (sic), Galicia y Marruecos.

Supresión de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto.

Entrega de armas al pueblo.

Supresión del ejército y sus oficiales; elección democrática de los oficiales por parte de los soldados.

Alianza fraternal con la Unión Soviética.

La línea comunista era, por tanto, perfectamente franca. No existía ninguna pretensión de «caballo de Troya» o simple apoyo a la democracia burguesa. Por el contrario, se debía presionar al minoritario gobierno republicano de izquierda para que completase con rapidez el programa del Frente Popular, tras lo cual la izquierda debería desplazarse hacia un programa más radical, avanzado por el PCE, llevando a cabo una confiscación de tierras a gran escala, la nacionalización de las industrias básicas, la destrucción de las fuerzas armadas y policiales existentes y —si no se había logrado todavía— la eliminación política de todos los partidos conservadores y el arresto masivo de sus elementos más activos. Vittorio Codovilla, asesor de la Komintern en España, opinaba incluso que la debilidad del minoritario gobierno republicano de izquierda resultaría ser una gran ventaja, porque permitía guiarlo hacia delante con rapidez y, después, reemplazarlo [39]. Al menos este juicio demostró ser del todo certero. Tras la ampliación de la izquierda y la eliminación de la derecha, el gobierno republicano de izquierda debía dejar paso, como se explicaba en el editorial de Mundo Obrero del 24 de febrero, a un «gobierno obrero y campesino». Esto obedecía al clásico esquema marxista-leninista en el que, una vez que se hubiera completado la última fase de la revolución democrática, el gobierno obrero y campesino iniciaría el tránsito directo al socialismo, aunque no constituiría por sí mismo la dictadura del proletariado y la plena construcción del socialismo. En un mitin conjunto del PCE y el PSOE, celebrado justo antes de las elecciones, Díaz había hecho hincapié en la diferencia entre esto último y el inicial gobierno obrero y campesino [40]. Aunque el PCE quería avanzar con celeridad hacia un gobierno de este tipo, reprochaba sin cesar a los caballeristas sus prematuras referencias a la dictadura del proletariado.

Contrariamente a la noción que a veces se avanzó de que los comunistas ocupaban una posición moderada dentro del Frente Popular, los representantes del PCE eran, a menudo, los más vigorosos y coherentes de todos los sectores a la hora de exigir la finalización inmediata del programa frentepopulista, para poder superarlo con rapidez. Frecuentemente, las declaraciones más extremadas procedían de Ibárruri, como las de sus discursos públicos en los que exigía la «justicia revolucionaria» inmediata contra la CEDA y quienes, en 1934, ostentaban el poder. Tanto ella como otros representantes comunistas insistían no sólo en el arresto de todos aquellos que estuvieran en puestos de autoridad cuando se hizo respetar la Constitución democrática en 1934, sino en la ilegalización oficial de los partidos derechistas y conservadores [41], un importante paso hacia la consolidación de la República popular «de nuevo cuño» tal y como se había definido en el séptimo congreso de la Komintern. Otros grupos revolucionarios presentaron exigencias similares, aunque nunca en una forma tan coherentemente orquestada. La ilegalización de Falange a mediados de marzo se vio como el primer paso en la ilegalización de todas las organizaciones derechistas.

El PCE todavía no era un partido de masas pero su significación había crecido más que el número de sus militantes. La disciplina de la Komintern hizo de él un partido unido por completo, a diferencia de los fragmentados socialistas. La ayuda soviética le proporcionaba un amplio respaldo financiero para una propaganda masiva y una movilización más amplia, así como una sutil —y cínica— capacidad de maniobra que estaba fuera del alcance de los otros partidos marxistas. Lo que es más, como movimiento de la Komintern podía invocar la experiencia soviética en la lucha comunista y la revolución triunfante y darle una apariencia dinámica y creciente hasta un extremo que no podía igualar ninguna otra organización revolucionaria.

Sin embargo, fuera del Parlamento quienes hicieron las declaraciones más tajantemente extremistas fueron, en ocasiones, los representantes del POUM y de los socialistas de izquierda, señalando que España pronto estaría preparada para la dictadura del proletariado sin hacer las distinciones y calificaciones que hacía el PCE en lo que afectaba a todos los pasos preliminares más limitados. Como era habitual, uno de los más categóricos fue Luis Araquistain (quien tan sólo un año más tarde se encontraría en violenta oposición a los comunistas). Durante la campaña electoral, Araquistain había pronunciado una conferencia en Madrid bajo el título de «El paralelismo histórico entre las revoluciones rusa y española», una posición que siguió elaborando durante los meses siguientes. Negaba del todo el argumento que Besteiro había presentado con frecuencia de que sólo la previa desintegración de las instituciones cívicas, sin parangón en la historia, había hecho posible la toma bolchevique del poder en Rusia. De manera parecida, Araquistain ridiculizaba el análisis de Besteiro (que repetía el anterior análisis menchevista concerniente a la propia Rusia) de que España todavía no había completado el desarrollo previo del capitalismo señalado por Marx. Según Araquistain, «la historia, como la biología, está llena de saltos». Se suponía que el subdesarrollo español en ese momento era equivalente al de Rusia en 1917 —una comparación ridicula— haciendo que España estuviese madura para la revolución. Los acontecimientos entre 1931 y 1934, sobre todo los de este último año, constituían la «revolución española de 1905». Su clase media y sus conservadores eran débiles, mientras que la propia República no había hecho nada más que crear «un Estado débil» que ya no podía resistirse a la revolución.

Estos hechos objetivos innegables (sic) me inclinan a pensar que España puede ser muy bien el segundo país donde triunfe y se consolide la revolución proletaria, sin que me preocupen excesivamente los peligros contrarrevolucionarios del exterior. Las grandes potencias circundantes harto tienen que hacer con sus propios problemas... En último término, la URSS tampoco permitiría así que los Estados europeos interviniesen en el interior de una España socialista.

De ahí que «el dilema histórico es fascismo o socialismo, y sólo lo decidirá la violencia», pero dada la debilidad del «fascismo» en España, vencería el socialismo [42].

Araquistain retomó el tema en el número de marzo de su revista mensual Leviatán:

En España se dan condiciones históricas en extremo análogas a las de la Rusia de fines del siglo XIX y principios del XX: un capitalismo ya en su fase financiera, sin una alta burguesía directora eficaz y con una pequeña burguesía sin partidos políticos, que tendrá que acabar viniendo al socialista; un Estado débil y un proletariado ávido de poder, consciente de su misión histórica y con una capacidad revolucionaria como ningún otro del mundo, fuera de Rusia, curado, también como ningún otro, de todas las ilusiones de la democracia en régimen capitalista.

Las relaciones entre los partidos revolucionarios

Siguiendo las instrucciones de la Komintern, los líderes del PCE dieron una especial prioridad a la «triple unificación» con los socialistas, lo que significaba la unificación de los partidos, de los sindicatos y de las organizaciones juveniles. A mediados de noviembre de 1935 la comisión ejecutiva de la UGT había aceptado de modo oficial la entrada del pequeño sindicato comunista, la CGTU, en la organización sindical socialista, pero fueron necesarios meses para llevar a cabo el proceso que, en marzo de 1936, todavía no había finalizado. Para los comunistas resultó más prometedor el gran interés de los líderes de la FJS (las Juventudes Socialistas) en promover la rápida unificación de su grupo. De hecho, los jefes de la Komintern estaban en cierto modo preocupados por el extremismo irresponsable y el posible trotskismo de los activistas del FJS y subrayaron el requisito de una organización juvenil unida que aceptase la dirección de la Komintern y reconociese el liderazgo tanto de Stalin como de la URSS como patria del verdadero socialismo; el 21 de febrero Codovilla ya pudo telegrafiar que los líderes del FJS aceptaban estos requisitos. A continuación, una pequeña delegación encabezada por el líder de las FJS, Santiago Carrillo, se desplazó a Moscú, donde su combinación de prudencia, firmeza y ardor revolucionario causaron una evidente buena impresión [43], mientras, Carrillo y otros miembros de las Juventudes Socialistas quedaron a su vez todavía más impresionados si cabe por el centro del poder soviético y por el consejo de Manuilsky sobre la forma de ajustar el proceso revolucionario a la situación española [44].

El 4 de marzo el comité central del PCE envió una larga carta a la comisión ejecutiva del PSOE proponiéndole la formación de grupos de Alianzas Obreras, dirigidas por socialistas y comunistas pero «libre y democráticamente constituidas» en cada nivel. Hasta esa fecha, en general, las AO habían venido languideciendo, pero seguían siendo un punto importante en la agenda de la Komintern y podían convertirse en el instrumento de la acción conjunta de los dos principales partidos marxistas; su objetivo era la «ejecución rápida del pacto del Bloque Popular y la lucha por nuestro propio programa del gobierno obrero y campesino». Este último supondría las tan mencionadas confiscaciones de tierra a gran escala, la nacionalización de las grandes industrias, la banca, los ferrocarriles y el transporte, importantes reformas sociales, la «liberación nacional» de Cataluña, el País Vasco y Galicia, la liberación inmediata y sin restricciones del Protectorado de Marruecos, la disolución del ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto y la «solidaridad proletaria con los oprimidos del mundo entero y alianza fraternal con la Unión Soviética». Este programa de doce puntos era casi idéntico al anterior programa de trece puntos del partido, excepto por la supresión del que exigía la ayuda financiera a los minifundistas. De esta manera, el gobierno de obreros y campesinos iba a establecer una estructura económica similar a la de la Unión Soviética en 1921-1928.

Todavía más, el comité central propuso la formación de comités de enlace a todos los niveles para comenzar la fusión de las dos organizaciones en «el partido único marxista-leninista del proletariado» sobre la base programática de «independencia completa con respecto a la burguesía y ruptura completa del bloque de la socialdemocracia con la burguesía, realización de antemano de la unidad de acción; reconocimiento de la necesidad del derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía y la instauración de la dictadura del proletariado en la forma de soviets; renuncia al apoyo de la propia burguesía en el caso de guerra imperialista; edificación del Partido sobre la base del centralismo democrático, asegurando la unidad de voluntad y de acción, templada por la experiencia de los bolcheviques rusos» [45].

Durante la campaña electoral, Largo, que ya tenía sesenta y seis años, había subrayado que los socialistas de izquierda no estaban separados del PCE por «ninguna diferencia grande. ¡Qué digo yo! ¡No hay ninguna diferencia!» y añadió: «El punto fundamental: la conquista del poder no se puede hacer con la democracia burguesa». Largo se había lamentado de que «había incluso socialistas» que habían fracasado a la hora de percibir la belleza de una dictadura socialista-comunista y que todavía «hablan contra todas las dictaduras» [46].

El 5 de marzo, el día posterior a la carta comunista, el comité ejecutivo caballerista de la UGT propuso al aparato del Partido Socialista y al FJS la formación de un nuevo comité conjunto, con dos representantes por cada uno de los partidos obreros presentes en el Frente Popular, con el fin de unir fuerzas para llevar adelante el programa frentepopulista. El día 16 la sección madrileña del partido, también dominada por los caballeristas, adoptó una nueva declaración que establecía que «no hay alternativa al establecimiento del socialismo revolucionario» a través de la «dictadura del proletariado... El órgano de esa dictadura transitoria será el Partido Socialista...». Aseguraría la unidad de todo el proletariado y presentaría un programa básicamente similar al del PCE para el gobierno obrero y campesino, esperando que esta agenda obtendría una victoria completa en el siguiente congreso del partido. Unos días más tarde también anunció que instaría al congreso del partido a dar prioridad a la creación de un partido único con los comunistas.

El diminuto sector besteirista del Partido Socialista estaba desesperado. Ese mismo mes, el besteirista Gabriel Mario de Coca había finalizado un librito en el que denunciaba «la bolchevización del Partido Socialista» y concluía:

Cierro mi trabajo con la impresión del triunfo bolchevique en todos los frentes del partido. La minoría parlamentaria de las nuevas Cortes estará impregnada de un fuerte tono leninista. Prieto tendrá escasos diputados a su favor y Besteiro estará completamente solo como discrepante marxista...

Y la impresión que todo esto deja en relación al porvenir obrero y nacional no puede ser más pésima. El ciempiés bolchevizante está solo y señor en el horizonte proletario y mi marxismo sólo puede imaginar que va en busca de una de sus rotundas victorias. Si en octubre de 1934 no logró más que Gil Robles gobernara una etapa negra de Constitución suspensa y poderes excepcionales, con el más horrible y estéril derroche de sangre obrera, sólo cabe esperar que en el futuro complete su obra definitiva [47].

No obstante, esta profecía, exacta a modo de pronóstico a largo plazo, exageraba el problema como propio de marzo de 1936. La dominación prietista del aparato del Partido Socialista significó que, de momento, se emplearía una táctica de cerrojo con las propuestas comunistas. De hecho, no se inició proceso alguno de unificación de los partidos, mientras que el cisma interno entre caballeristas y prietistas continuaba ensanchándose. El 19 de marzo Claridad publicó los objetivos de los caballeristas: un régimen obrero, la colectivización de la propiedad, la «confederación» de las «nacionalidades ibéricas» y la disolución del ejército, pero no fueron aceptados como objetivos obreros por la cúpula prietista.

Las tácticas comunistas de fusión sólo tuvieron éxito con las Juventudes Socialistas. El 5 de abril se crearon oficialmente las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), fusionando los cuarenta mil o más miembros de las JS con tres mil comunistas en términos que suponían la asunción comunista del poder [48]. Hasta esa fecha, los líderes comunistas continuaron haciendo ardientes propuestas revolucionarias, y el 1 de abril insistía Mundo Obrero: «Todo el poder deberá ser para las alianzas obreras y campesinas, que con carácter nacional serán los órganos encargados de ejercer la dictadura de la clase proletaria, superando la etapa democrática burguesa rápidamente, transformándola en la revolución socialista».

Los comunistas propusieron tratar en principio con la CNT mediante la expansión de las AO. En comparación, los caballeristas estaban interesados de modo más directo en la acción conjunta con la confederación anarcosindicalista, pero la CNT se mostró cautelosa y tendente a rechazar las propuestas de la UGT, sobre todo cuando éstas sugerían una posible fusión entre los dos movimientos obreros mayoritarios. Los representantes de la CNT lamentaban «que nunca se sabe como será estructurada y que frecuentemente se orienta por el camino de la absorción» [49] de los anarcosindicalistas. En contraste con las persistentes profecías marxistas-leninistas de los caballeristas, los comunistas y los miembros del POUM, los representantes de la CNT siempre insistieron en que «la revolución de España sería de tipo libertario» [50]. No obstante, en la primavera de 1936 existía un sentimiento más fraternal entre los miembros de la CNT y de la UGT que en años anteriores. La experiencia común de la represión los había unido, como lo hizo la expectativa común de nuevas victorias. Esa primavera se producirían varias huelgas conjuntas de la UGT y la CNT, aunque también persistiría una intensa rivalidad.

La «Comisión de Actas»

Las Cortes se abrieron el 15 de marzo con una sesión pro forma presidida por el «presidente de edad» (el miembro más antiguo), un derechista gaditano bien conocido. Su negativa a cerrar la sesión con un «¡Viva la República!» condujo al tumulto y los diputados comunistas, por vez primera, entonaron la «Internacional» en el Parlamento español. Estaban presentes treinta y tres partidos políticos, con un gran movimiento de diputados, como en 1931 y 1933, y un gran número de caras nuevas. Incluso entre los socialistas, cuyo grupo parlamentario junto al de la CEDA, disfrutaba de la mayor continuidad, casi la mitad de sus diputados eran nuevos en el Parlamento. Las Cortes aprobaron el mantenimiento de la vigencia del «estado de alarma» por otros treinta días (aunque de hecho, sería permanente hasta el comienzo de la Guerra Civil), y al día siguiente se eligió a Martínez Barrio presidente. Siguieron nuevos incidentes, y el 20 de marzo se tuvo que impedir físicamente que varios diputados izquierdistas atacasen a un miembro conservador [51].

En el sistema republicano, la primera y principal tarea del nuevo Parlamento era elegir una «Comisión de Actas» que revisase los resultados electorales y determinase si, en algún distrito, debían cancelarse o invertirse, debido a la existencia de fraude u otras impropiedades. De hecho esto significaba que los ganadores en cada elección tenían el poder de juzgar a los perdedores y determinar si su representación parlamentaria debía reducirse todavía más. En 1933 el centro-derecha ejerció este poder con moderación, pero el Frente Popular, coherente con su intención de eliminar en lo posible toda oposición política, trató de llevar a cabo una revisión general de todos los distritos en los que, en 1936, habían ganado el centro y la derecha. La extrema izquierda exigió la cancelación de casi todas las victorias derechistas [52], juzgando, como lo expresó El Socialista el 20 de marzo, que «ni un solo diputado de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su escaño». El 17 de marzo se votaron los miembros de la Comisión, con una amplia mayoría izquierdista.

Como ha explicado Carlos Seco Serrano, «la superioridad izquierdista no era tan absoluta que proporcionase el quórum reglamentariamente preciso para la aprobación de las leyes. A corregir esta circunstancia se aplicaría, en breve, la Comisión de Actas, acudiendo a tal número... que para lograr el “desempate” hubo que batir todas las marcas del antiguo régimen en cuanto a manipulación» [53]. O, en palabras de Madariaga:

Conquistada... la mayoría, fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió una Comisión de Actas y ésta procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; se trataba de la ejecución de un plan deliberado y de gran envergadura. Se perseguían dos fines: hacer de la Cámara una convención, aplastar a la oposición y asegurar el grupo menos exaltado del Frente Popular [54].

Comenzó la Comisión el 24 de marzo anulando la elección de dos candidatos conservadores en Burgos y Salamanca, ambos distritos conservadores, y cuando los diputados derechistas solicitaron la investigación de la ajustada victoria izquierdista en Valencia y el triunfo del Frente Popular en Cáceres, se les ignoró. Giménez Fernández pidió que todos los resultados se juzgaran con los mismos criterios y el 31 de marzo, de manera temporal, los diputados derechistas abandonaron el Parlamento.

Lo más cercano a un claro ejemplo de fraude y coerción pudo haber sido la votación en Granada. Como apunta Macarro Vera, «conociendo los resultados de todas las elecciones anteriores en esta provincia, el falseamiento tenía todos los visos de haber sido cierto» [55]. Desde el cambio de gobierno, se habían confiscado en la provincia un total de 10.298 armas de fuego, casi todas pertenecientes a la derecha. Aparentemente en el momento de las elecciones, los derechistas emplearon a todos los notarios de Granada, de manera que la izquierda tuvo que confiar en las «habilitaciones notariales de funcionarios» para verificar la votación. Se obtuvieron setenta declaraciones juradas de ciudadanos granadinos atestiguando las amenazas de empleo de la fuerza, las presiones económicas y el fraude electoral; en varios pueblos pobres no se escrutó ningún voto para la izquierda mientras que en el pueblo montañés de Huéscar la totalidad de los dos mil votos fueron para la derecha [56]. En conjunto, la izquierda alegó la existencia de 55.000 votos falsos. La derecha adujo que no hubo más de 3.000, y que la izquierda estaba intentando invalidar todos los votos en ciertos distritos, mientras que las pruebas presentadas por esta última, incluso aunque fueran exactas, sólo daban pie a cuestionar 16.000, lo que todavía no era suficiente para otorgarles la victoria. Aunque nunca se llevó a cabo un examen total y cuidadoso de todas las pruebas, se anularon los resultados y se ordenó la celebración de nuevas elecciones [57]. En la provincia de Cuenca se obtuvo un veredicto en cierta forma similar; se consideró que si se invalidaban todos los votos fraudulentos la derecha ganadora obtendría menos del 40 por ciento requerido, aunque en este caso las pruebas resultaban más dudosas y los nacionalistas vascos se negaron a votar con la mayoría como habían hecho con anterioridad.

Galicia obtuvo el peor récord por manipulación electoral, pero los radicales, que habían ganado en minoría en Pontevedra, no lograron obtener un nuevo examen de los votos a la mayoría del Frente Popular. El triunfo izquierdista en La Coruña era procedimentalmente dudoso, pero Azaña no quiso considerar la anulación porque hubiera dejado sin escaño a su compinche Santiago Casares Quiroga. Había mucho más interés en anular el voto derechista en Orense, con lo que se privaría a Calvo Sotelo de su acta. El discurso en extremo incendiario y procaz de Ibárruri, animando a la Comisión a invalidar esta votación demostró estar demasiado sobrecalentado y fue contraproducente. También se permitió hablar al propio Calvo Sotelo y pronunció una eficaz alocución. Señaló la improbabilidad de que hubieran existido 106.000 votos fraudulentos, como alegaban los comunistas y se explayó en las contradicciones del proceso de revisión. Si España fuera a tener una dictadura marxista o totalitaria las elecciones no tendrían importancia, dijo, pero si tenía que continuar una República democrática, sólo podría ser sobre la base del respeto a los resultados electorales. Concluyó comparando la actual purga con la eliminación hitleriana de los diputados comunistas una vez que llegó a la Cancillería y esto pareció dar a los republicanos de izquierda un cierto respiro. La mayoría lo reconsideró, para irritación de la extrema izquierda, y se permitió que Calvo Sotelo conservase su escaño.

El resultado final fue la total anulación de las elecciones en Cuenca y en Granada, donde la derecha había ganado, y anulaciones parciales que afectaron a uno o más escaños en Albacete, Burgos, Ciudad Real, Jaén, Orense, Oviedo, Salamanca y Tenerife. En las dos primeras provincias se celebrarían nuevas elecciones y en el resto, los escaños simplemente se reasignaron de forma arbitraria a la mayoría del Frente Popular, aunque también el centro obtuvo algunos y en Jaén un puesto que perdieron los radicales se adjudicó a la CEDA, para no parecer del todo partidistas. No existió evidencia alguna de fraude claro y abierto salvo en Granada y quizá en parte de Galicia [58]. Aquí las irregularidades fueron ignoradas en su mayoría dado que beneficiaron más al Frente Popular que a la derecha. No es necesario decir que en ningún caso se arrebató un escaño a la izquierda. La derecha presentó la acusación de que la izquierda había robado las elecciones en cuatro o cinco provincias donde los desórdenes del 17-20 de febrero hicieron posible la falsificación de los resultados y ésta era también la opinión de Alcalá Zamora. Los diputados frentepopulistas de la Comisión lo negaron categóricamente y las acusaciones nunca fueron investigadas. En conjunto, 32 puestos cambiaron de manos, en su mayoría para favorecer a la izquierda. La pequeña Unión Republicana de Martínez Barrio se benefició más que ningún otro partido único. Tras todas estas reasignaciones, la composición definitiva de las Cortes fue 227 escaños para la izquierda, 60 para el centro y 131 para la derecha. En la historia de los gobiernos parlamentarios españoles el fraude electoral era frecuente, pero esta reasignación explícita y muy formalizada de los resultados no tenía precedente.

En el curso de los procedimientos, el presidente de la Comisión, Indalecio Prieto, dimitió, no porque se opusiera a la descalificación de los votos derechistas en principio, sino porque era de la opinión de que la mayoría frentepopulista estaba yendo demasiado lejos. También hubiera preferido ver una investigación menos partidista del proceso electoral en Galicia, aunque allí Alcalá Zamora al principio parecía tan preocupado por proteger las maquinaciones del Gobierno de Portela como el Frente Popular lo estaba por hacer lo mismo con las de la izquierda [59].

La conclusión final del más detallado estudio acerca de las elecciones de 1936 señala:

Si las irregularidades no afectan a la suma total de sufragios obtenidos por ambas fuerzas políticas, en cambio el número de diputados, aparte de las modificaciones producidas por la ley electoral, se vio gravemente afectado por su discusión de las actas en las Cortes, a la que merecidamente se puede calificar de penosa. Si cabe acusar a las derechas de este momento de haber tenido una mentalidad mucho más reaccionaria que conservadora y de haber aprovechado al electorado más ignorante en el terreno político, cabe también acusar a las izquierdas, de que teniendo más a la vista los beneficios momentáneos que los de a largo plazo, actuó con sentido absolutamente partidista en la determinación de actas válidas y no válidas. La izquierda debería haber comprendido que, a largo plazo, le resultaba incluso más rentable el consolidar el sistema democrático que, creándose una mayoría absolutamente momentánea, lanzar a la derecha por el camino de la subversión. De esta discusión de las actas hay, además, que hacer especialmente responsable a la izquierda burguesa, pues buena parte del socialismo y del comunismo se colocaban ya al margen del sistema democrático. Es la izquierda republicana, que teóricamente constituía el puntal más firme y la base de la República, la que se beneficia más de las modificaciones en las actas de manera directa. Es ella, finalmente, la que, ante la intervención personal de Azaña para evitar que se impidiera el acceso a las Cortes de Calvo Sotelo, recurre a afirmar, como hemos visto que hace un diputado, la «necesidad de sacrificio». Y esa frase es suficientemente expresiva de su olvido de las esencias democráticas [60].

Esta vez, Alcalá Zamora estuvo de acuerdo con la derecha:

... Con todo esto la hueste parlamentaria del Frente Popular, si bien cercana a la mayoría absoluta, y desde luego superior a doscientos diputados, no alcanzaba aquélla con los resultados del 16 de febrero. Llegó a esa mayoría absoluta, y aun a la aplastante, en las etapas del sobreparto electoral, todas de ilicitud y violencias manifiestas, tal como las pedían y echaban de menos hombres decididos y prácticos en 1933...

La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos, permitió que la documentación electoral quedase en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente audaces asaltantes y con ello todo fue posible... Ya las elecciones de segunda vuelta del 1 de marzo, aunque afectaron a muy pocos escaños, fueron resultado de coacciones y pasó lo que el gobierno quiso. ¿Cuántas actas falsificaron?... Lo de Cáceres no podía negarse... En cuanto a La Coruña y a toda Galicia, como también pasa desgraciadamente en Almería, a causa de incurables males endémicos, todas las elecciones deben reputarse nulas aunque documentalmente aparezcan válidas. El cálculo más generalizado de las alteraciones postelectorales podría ser de ochenta actas; pero de ese número... hay que deducir, por no haber sido todas las alteraciones en provecho del Frente Popular, ya que como precio de su complicidad se adjudicaron deslealmente actas a hombres de las oposiciones...

Las mayores y más patentes audacias las llevó a cabo la Comisión de Actas del Congreso... En la historia parlamentaria de España, no muy escrupulosa, no hay memoria de nada comparable a la Comisión de Actas de 1936 [61].

CAPÍTULO 9 -
LA IZQUIERDA SE CONSOLIDA EN EL PODER
MARZO-MAYO DE 1936

E

l programa del Frente Popular prometió una política de «republicanización» del personal y la administración del Estado, pero no quedaba claro cuál sería su extensión exacta. Mientras algunos historiadores han descrito el programa de Azaña en 1936 como de restauración de las políticas de 1931-1933, él mismo ha dicho que «de ninguna manera» sería como el del primer bienio [1]. Aunque en 1930 había dicho que, para alcanzar el éxito, el liberalismo debía ser «radical» y «sectario», en 1936 la izquierda republicana adoptó una posición todavía más radical y sectaria que en los tres años anteriores, pese a que el programa frentepopulista especificaba que los republicanos de izquierda no aceptaban el socialismo económico. En ningún momento se discutió con seriedad cómo podría funcionar exactamente un gobierno minoritario de republicanos de izquierda que dependía del respaldo de los revolucionarios, ya que éstos habían dejado claro que no aceptaban el programa del Frente Popular como base de gobierno a largo plazo, sino sólo como una etapa en la intensificación de su propio poder. Mientras los republicanos de izquierda hablaban de republicanización y sus aliados revolucionarios de prepararse para la dictadura revolucionaria desapareció cualquier discurso de democracia.

Estaba claro que el nuevo Gobierno de Azaña sería a la vez más intervencionista y más radical que el anterior. Si aquí el factor más importante era la presión de los partidos obreros, eso también convino al giro a la izquierda que se produjo con la formación, en 1934, de Izquierda Republicana, mucho más estatalista e intervencionista que su predecesora, Acción Republicana. El desempleo, que según las estadísticas oficiales seguía creciendo, sería una de las metas obvias. Aunque en general la economía en 1935-1936 se estaba recuperando, como es habitual en tales casos esto no había incidido aún en el número de desempleados que, a finales de febrero de 1936 era de 843.872 [2], lo que suponía casi el 9 por ciento de la población activa. Es probable que esta cifra no reflejase el desempleo oculto de las zonas rurales, pero sí incluía a quienes tenían empleo parcial de modo que se podrían haber exagerado las cifras absolutas del paro en las ciudades. Lo que es más, en ocasiones y en zonas del sur, cuando los trabajadores encontraban empleo sus nombres no se borraban de las listas de parados para que siguieran contando con las ayudas estatales. En esta área, la principal acción del gobierno fue la ley de recontratación forzosa de aquellos obreros que habían sido despedidos por motivos políticos y que iba más allá de lo especificado en el programa frentepopulista originario que sólo había previsto la recontratación de funcionarios.

Las tensiones más agudas se dieron en el campo. El invierno de la victoria del Frente Popular fue extremadamente lluvioso, el segundo más húmedo del siglo hasta ese momento, lo que supuso grandes pérdidas agrícolas y el aumento del desempleo rural. Mientras que el paro urbano no era destacable y en el transcurso de un año había aumentado apenas un 5 por ciento, el rural había crecido en ciertas zonas en más de un 20 por ciento. En conjunto, el nivel de vida no había caído porque la incipiente recuperación durante el gobierno de centro-derecha había producido un ligero incremento del consumo, pero las continuas alzas en el desempleo, que coincidieron con el triunfo electoral de la izquierda, estimularon la rápida expansión de los sindicatos agraríos, que recuperaron el nivel de afiliación que tenían en 1933 y lo aumentaron todavía más [3], y la radicalización del sentimiento agrario, al menos entre el sector activista, alcanzó un nuevo máximo. El 3 de marzo, los habitantes de Cenicientos, un pequeño pueblo de la sierra madrileña, ocuparon unos pastos que afirmaban habían formado parte de las tierras comunales del pueblo y que se encontraban en situación de abandono. Ésta fue la primera en una larga serie de ocupaciones de tierras, directas e ilegales, que afectaron a veintenas de pueblos y a decenas de miles de agricultores y minifundistas, primero en Madrid, Toledo, Salamanca y Murcia y más tarde en otras provincias del centro y el sur.

Antes de que finalizase el mes de febrero, el nuevo director del Instituto de la Reforma Agraria declaró: «El concepto de propiedad privada, con todos sus privilegios y prerrogativas, en lo referente a la tierra, es anticuado tanto de hecho como en teoría» [4]. El 3 de marzo, el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, publicó un decreto alentando a los yunteros que, el año anterior, habían sido desahuciados de sus tierras en Extremadura a solicitar su vuelta a las mismas. Estas condiciones se ampliaron con rapidez y, para el 20 de marzo, Ruiz Funes había «eliminado todas las demás exenciones y autorizado al Instituto de Reforma Agraria a ocupar de manera inmediata cualesquiera tierras, en cualquier zona de España, donde se considerase socialmente necesario» [5]. Semejante actuación, tan drástica y arbitraria, podía llevarse a cabo de forma legal porque, irónicamente, los radicales, ahora tan despreciados, habían logrado el año anterior, con un ministro de Agricultura derechista, introducir una cláusula que permitía la confiscación sin indemnizaciones cuando se juzgase necesario por «razones de utilidad social». La derecha había confiado hallarse en situación de prevenir semejantes actuaciones, pero el nuevo gobierno utilizó esta medida para interceptar la acción directa de los sindicatos revolucionarios de los campesinos sin tierra, aunque fracasó en el intento.

Pese a los esfuerzos de Ruiz Funes por acelerar la transferencia de tierras, el asentamiento de los yunteros se llevó a cabo a un ritmo mesurado durante dos semanas y unos 3.000 obtuvieron la autorización para ocuparlas. La FNTT socialista decidió que el ritmo era demasiado lento y el 25 de marzo, al anochecer lanzó una ocupación masiva de tierra en la provincia de Badajoz, en la que tomaron parte unos 60.000 agricultores y arrendatarios. Pese a que Azaña envió tropas y se arrestó a algunos activistas, el gobierno cedió y el día 30 retiró los soldados y liberó a los presos. Pronto se reinició la ocupación masiva que el gobierno legalizó ex post facto.

La toma de los gobiernos locales que los socialistas habían llevado a cabo en gran parte del sur, había establecido lo que Macarro Vera describe como «la dictadura en los pueblos» [6] con la incautación arbitraria de la propiedad, la asignación forzosa de trabajadores a los patronos y la purga de funcionarios locales, ignorando las órdenes procedentes del Ministerio de Gobernación para que cesasen las actuaciones arbitrarias y se respetase la propiedad privada.

Para la cosecha de cereal de primavera el gobierno había restablecido el «turno riguroso» (aunque no los términos municipales), sustituido a los presidentes de los jurados mixtos y comenzado a imponer multas a los propietarios de tierras que incumpliesen los nuevos contratos de trabajo. Estas medidas, aunque más amplias que las que se tomaron en 1931-1933, no lograron prevenir los estallidos masivos de huelgas agrarias. Entre el 1 de mayo y el 18 de julio, el Ministerio de Agricultura registró 192, lo que, de manera aproximada, igualaba al total de las que se produjeron en 1932 y llegaba casi a la mitad de las que tuvieron lugar en el anterior periodo álgido anual (1933). Socialistas y anarquistas cooperaban en ocasiones, produciendo extensos paros en los distritos; a finales de primavera, durante algunas semanas, al menos 100.000 agricultores estuvieron en huelga al mismo tiempo.

Los costes de la mano de obra rural aumentaron enormemente, mucho más que en 1931-1933. En muchas provincias, el salario que se pagaba a los segadores se fijó entre 11 y 13 pesetas por día, casi el doble de lo que cobraban en 1935 y al menos un 20 por ciento más de lo que percibían en 1933. Todavía más, los sindicatos rurales a menudo imponían acuerdos para limitar el uso de maquinaria y otras reformas estructurales. El turno riguroso implicó contratar a muchos obreros registrados pero carentes de experiencia, mientras que, en el sur se impuso frecuentemente la política del «alojamiento» (asignación directa o «alojamiento» de trabajadores a una porción de tierra específica) y a veces los obreros se apoderaban de la tierra para trabajarla o exigían que se contratase a más mano de obra de la necesaria. Aunque en junio incluso el gobierno estaba insistiendo de forma pública en que los salarios debían basarse en el logro de una tasa de producción específica, los sindicatos parecían haber acordado una desaceleración. Así, el estudio más minucioso ha concluido que, incluso comparándolos con los más altos niveles precedentes (1933), en junio y julio los costes de la mano de obra rural habían aumentado en total entre un 50 y un 60 por ciento [7]. En ese momento, el objetivo de la FNTT y la CNT no era tanto la incautación revolucionaria como una drástica alteración de las condiciones de trabajo y la dominación sindical de la economía agraria.

El gobierno pretendía acelerar la reforma agraria mediante una nueva legislación que Ruiz Funes presentó ante las Cortes el 19 de abril. Con ella, se reducían de modo considerable los límites máximos de propiedad exenta (del 16,6 al 62,5 por ciento, dependiendo de la categoría), se restauraban los niveles originarios de indemnización de 1933 y se otorgaba al gobierno el poder total para incautar cualquier porción de tierra «por razones de utilidad social». Dos semanas más tarde, otro proyecto de ley propuso dar comienzo a la expropiación a través del sistema impositivo, imponiendo un recargo tributario superior al cien por cien a aquellos propietarios de tierras cuyos ingresos agrarios superasen las 20.000 pesetas anuales. Todavía más, el 2 de junio las Cortes votaron la devolución de todas las tierras que les habían sido arrebatadas a los nuevos arrendatarios durante el bienio de centro-derecha y el 11 de junio se aprobó una versión más drástica de la Ley de Reforma Agraria de 1932. Como se indica en la tabla «Distribución de la tierra con el Frente Popular (marzo-julio de 1936)», en los cinco meses entre marzo y julio de 1936 se redistribuyó más tierra que en los anteriores cinco años de la República.

Los especialistas están de acuerdo en que estas cifras son bastante incompletas, dado que el IRA registraba las transferencias con lentitud. En junio y julio, la prensa informó de transferencias de tierras que no aparecieron en las estadísticas del IRA, mientras que el propio Ruiz Funes declaró públicamente que para el 19 de junio, 193.183 campesinos y sus familias se habían asentado en 755.888 hectáreas de tierra [8], lo que es probable que constituya una estadística más exacta. Parece ser que, en primavera, el IRA obtuvo un cierto control sobre el proceso, y pese a que se aceleraron las condiciones para golpear con más dureza a los propietarios acomodados y se sometieron más tierras a potencial expropiación, no se reimplantó la cláusula del «ruedo» de 1932 que afectaba a los propietarios modestos. Aunque en realidad se expropió la tierra de los más ricos, los propietarios medios que habían perdido tierras estaban en proceso de recibir una indemnización que, en cierto modo, se aproximaba al valor de mercado, mientras que los nuevos arrendatarios podían aprovecharse de los acuerdos que les permitían adquirir ciertas cantidades de terreno pero, incluso así, estos dramáticos cambios no fueron suficientes para restaurar la paz en el campo meridional.

La rápida y radical persecución de la reforma de la tierra fue la única política económica clara del nuevo gobierno. A pesar de la artificial y plena dominación del Parlamento por parte de la izquierda, el Gobierno de Azaña fue lento a la hora de avanzar en la lucha contra el desempleo o contra otros efectos persistentes de la depresión, de forma que, en las Cortes, los comentarios más incisivos acerca de los problemas económicos procedían de los representantes centristas y derechistas, así como del socialista disidente Besteiro. El Gobierno de Azaña nunca terminó unos presupuestos completos, aunque aumentó el gasto en casi todas las partidas. Se rechazaron de manera absoluta las reformas de Chapaprieta y se incrementó la nómina del Estado, con nuevas y considerables contrataciones que beneficiaron, no es necesario decirlo, a izquierdistas fiables [9].

Un objetivo obvio en la política laboral fue la total restauración de los jurados mixtos tal y como habían sido en 1932-1933, pero se abordó de forma poco sistemática y hasta el 28 de mayo no se emprendieron actuaciones a nivel nacional [10]. Como se ha indicado con anterioridad, el 3 de marzo el gobierno había decretado carta blanca para la recontratación e indemnización de los trabajadores que habían sido despedidos por motivos políticos, aunque se resistió a las exigencias planteadas por comunistas y socialistas de que fuesen encarcelados los patronos que, previamente, hubiesen incumplido la normativa laboral. El gobierno se enfrentó a una avalancha de demandas laborales, en especial tras el inicio, en abril, de una oleada masiva de huelgas cuyas metas no eran tan sólo la obtención de mejores salarios y condiciones de trabajo, sino la de cambios categóricos en las relaciones laborales tales como las treinta y seis horas semanales de trabajo y la jubilación, con su correspondiente pensión, a los sesenta años. En los sectores metalúrgico y de la construcción pronto se instituyeron las cuarenta y cuatro horas semanales, pero los patronos no contaban con los recursos necesarios para satisfacer muchas de las nuevas exigencias. Los costes de mano de obra crecieron de manera vertiginosa y, durante la primavera, aumentó el número de quiebras. En ocasiones, los sindicatos se opusieron al cierre de negocios y exigieron que se les permitiese hacerse con el control de los mismos. Al final, en mayo, el gobierno anunció planes para aumentar el gasto público y combatir así el desempleo y también para introducir una legislación tributaria más progresiva, pero tales medidas nunca llegaron a adoptarse antes del inicio de la Guerra Civil.

Otra de las áreas relevantes de actividad del gobierno fue la educación, a la que Marcelino Domingo regresó como ministro. De forma inmediata, anunció planes para cerrar, como muy tarde a mediados de 1936, aquellos colegios en los que el personal religioso estaba todavía encargado de la enseñanza y un decreto del 29 de febrero anunció la creación de 5.300 nuevos puestos para profesores. Domingo afirmaba que, en 1931, España había necesitado 27.151 nuevas aulas, de las cuales se habían construido 16.409, y de éstas 12.988 en 1931-1933. De las restantes 10.472, la mitad (5.300) se construirían en los diez meses que quedaban de 1936 y el resto se finalizaría no más tarde del 1 de mayo de 1938 [11].

El 6 de mayo, Domingo publicó otro decreto por el que se autorizaba a los inspectores de Educación a adoptar acuerdos temporales en aquellas zonas donde hubiera una gran necesidad de nuevas aulas pero, por diversos motivos, no pudieran construirse. De hecho, esta medida autorizaba lo que se convirtió en una serie de apropiaciones o confiscaciones de colegios privados y otras instalaciones e incluso el órgano oficial de Izquierda Republicana, Política, reconoció el 29 de mayo que, en ocasiones, fueron de «dudosa legalidad». Cinco días más tarde, el portavoz de la Lliga Catalana protestó en el Parlamento por las numerosas apropiaciones arbitrarias de colegios privados que, en algunos casos, se cerraron simplemente por haber impartido una enseñanza confesional; y el 4 de junio un diputado de la CEDA afirmó que en los veinticinco días anteriores al 15 de mayo se había cerrado, apropiado o incendiado un total de setenta y nueve colegios privados que contaban con 5.095 alumnos.

El Gobierno de Azaña, como podía esperarse, estaba absorto por completo en los problemas internos y apenas prestaba atención a los dramáticos acontecimientos que, en esos momentos, se estaban desarrollando en Europa y África. Pese al intenso antifascismo del Frente Popular, Azaña no tenía interés en seguir participando en las sanciones económicas impuestas a Italia por su invasión de Etiopía —una actitud en intenso contraste con la del último gobierno parlamentario encabezado por Chapaprieta—. Azaña temía a unas complicaciones diplomáticas, económicas y militares que España no estaba en condiciones de afrontar. Según Madariaga, el representante de la República en Ginebra, «lo primero que me dijo Azaña fue: “Tiene que librarme del artículo 16 (el de las sanciones). No tengo nada que ver con él”. Ése era su lenguaje oficial. Su lenguaje no oficial era: ¿Qué me importa a mí el Negus (el depuesto Haile Selassie)?». Los dirigentes republicanos de izquierda no se veían envueltos en ninguna gran lucha internacional entre la democracia y el fascismo y se negaron categóricamente a ayudar a otro país atacado por éste. Tras la Guerra Civil, esta actitud cambiaría. Pese a que fracasaron a la hora de apoyar la independencia de Etiopía, se quejaron con amargura de la falta de apoyo o intervención de las democracias occidentales en defensa de la revolución española.

La generalización de la violencia y el desorden

Durante el mes de abril, los desórdenes habían aumentado todavía más y asumido cuatro formas diferentes: ataques e incendios provocados contra edificios religiosos; huelgas y manifestaciones en las ciudades que, en ocasiones, tuvieron un giro violento y conllevaron más incendios; ocupación directa de tierras en varias provincias del centro y el sur, bien a modo de apropiación permanente bien para imponer nuevas condiciones laborales controladas por los trabajadores, y enfrentamientos directos entre los miembros de grupos políticos, que generalmente llevaban a cabo pequeños escuadrones de choque o de la muerte izquierdistas (en su mayoría socialistas y comunistas, a veces también anarquistas) y falangistas (y con mucha menor frecuencia de otras organizaciones de derechas).

En palabras de Madariaga:

El país había entrado en una fase claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte. Es un prejuicio absoluto explicar aquel estado de cosas con chillidos de loro en variaciones de la palabra «feudal». No se trataba ya de que al propietario de miles de hectáreas otorgadas a sus antepasados por el rey Fulano de Tal le invadieran la residencia y le dejaran el ganado sangrando con las patas rotas en los humeantes campos de su propiedad. Era el modesto médico o abogado madrileño que tenía un chalet con cuatro habitaciones y baño y un huerto del tamaño de un pañuelo, que veía como le ocupaban la casa unos trabajadores de la tierra que en absoluto carecían de casa ni pasaban hambre, y acudían a recoger la cosecha: llegaban diez hombres a hacer el trabajo de uno y se le quedaban en casa hasta que terminaban. Era el secretario del sindicato local de jardineros que iba a decirle con amenazas a la chica que regaba las rosas que todo riego tenían que hacerlo los del sindicato; era un movimiento encaminado a prohibir la conducción del propio coche e imponer la aceptación de un chófer del sindicato [12].

En el campo, los obreros agrícolas chocaron con la policía armada o con los propietarios armados. En 1934-1935, los anteriores gobiernos habían concedido 270.000 licencias privadas para armas de fuego, la mayoría para derechistas, y en numerosas provincias los conservadores estaban cualquier cosa menos indefensos [13], aunque, con el nuevo gobierno, algunas de esas licencias se rescindieron y se confiscaron las armas. El 1 de abril, en las provincias de Málaga y Sevilla, seis campesinos fueron asesinados supuestamente por «invadir una propiedad» y más tarde, ese mismo mes, la Guardia Civil mató a tiros a cuatro obreros en Huelva, en apariencia tras una manifestación fuera de control. También la policía y la Guardia Civil sufrían una o más muertes semanales, a veces en enfrentamientos directos, otras debido al ataque de francotiradores. El asesinato político más notable de la primera mitad del mes de abril fue el de Manuel Pedregal, un juez madrileño que había sentenciado a los cómplices en el atentado a Asúa y a quien asesinaron los falangistas el 13 de abril. En Barcelona, abril fue el mes más violento de toda la primavera, con numerosos casos de incendios provocados y explosiones de bombas, algunos de ellos relacionados con la gran huelga de la metalurgia convocada por la CNT. También esta agrupación sindical cometió al menos cuatro asesinatos políticos ese mes, el de los hermanos Badía de Estat Català y los de dos obreros no izquierdistas, pero, de alguna manera, los desórdenes amainaron.

Los incidentes más notorios tuvieron lugar en Madrid, el principal centro violento. El 14 de abril, durante el desfile del Día de la República, un falangista arrojó una bomba de humo contra la tribuna presidencial, y, mientras desfilaba la Guardia Civil, parte de la multitud comenzó a insultarles a gritos. Algunos de sus oficiales, fuera de servicio y vestidos de paisano, reprendieron a quienes se mofaban cerca de la tribuna presidencial. En ese momento, varios izquierdistas abrieron fuego, matando a un guardia civil de cincuenta y cinco años que se encontraba entre la multitud e hiriendo a otros dos que no estaban de servicio así como a una mujer y un niño. Dos días más tarde, el entierro del guardia civil, el alférez Anastasio de los Reyes, se convirtió en una gran manifestación derechista y se armó una batalla en las calles de Madrid. Aunque se había prohibido que el cortejo fúnebre atravesase directamente la ciudad, quienes lo encabezaban insistieron en hacerlo, recibiendo en numerosas ocasiones los disparos de los izquierdistas. En total, murieron seis personas —aparentemente todos miembros del cortejo fúnebre— y hubo muchos heridos [14]. Ese mismo día se produjo un gran disturbio izquierdista en Jerez, en cierta manera a imitación de los acontecimientos que tuvieron lugar en Granada los días 9 y 10 de marzo, con la quema de las oficinas de dos periódicos y el arresto temporal de los «enemigos de clase»; aunque varias personas resultaron heridas, no se informó de la existencia de víctimas mortales.

Azaña estaba cada vez más avergonzado e incluso asustado por el persistente desorden [15], pero el 17 de abril se aferró a la línea habitual, declarando que los sucesos de Madrid se habían debido a la provocación fascista. Ese mismo día, el gobierno presentó una nueva ley que establecía que los oficiales retirados que se unieran a grupos políticos ilegales se verían, de modo automático, privados de sus pensiones, al tiempo que se exilió a Canarias a un general retirado monárquico implicado en una conspiración y se dieron nuevos destinos a numerosos oficiales de la Guardia Civil. También los tribunales empezaban a procesar a los acusados por delitos cometidos durante la represión de 1934, condenando a un sargento de la Guardia Civil por el asesinato de un alcalde socialista, y se dice que esta sentencia —doce años de reclusión y una multa de quince mil pesetas— fue la primera de este tipo en la historia de la Guardia Civil [16].

Las condiciones variaban mucho de una provincia a otra. Algunas apenas resultaron afectadas o las autoridades realizaron más de un esfuerzo por mantener el orden que en otras. Cerca del fondo se encontraba Fernando Bosque, gobernador civil de Oviedo, a quien el 20 de abril citaba Mundo Obrero diciendo:

He nombrado delegados del Frente Popular en toda Asturias, los cuales realizan batidas antifascistas con buen resultado: meten en la cárcel al cura, médicos, secretarios de ayuntamiento y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido. Algunos de los delegados son comunistas, e incluso como Fermín López, de Irún, condenados a muerte por su intervención en los sucesos de octubre... El de Teverga tiene en la cárcel al telegrafista y al secretario judicial; al primero le hace atender por el día el servicio telegráfico y por la noche lo encarcela. Entre los detenidos figuran dos canónigos de Covadonga.

Estas observaciones, publicadas con descaro por la agresiva prensa comunista, ocasionaron un escándalo en Madrid, y, en última instancia, Bosque, que el 11 de marzo había pasado del Gobierno Civil de Huesca al de Oviedo, fue obligado a dimitir, como finalmente anunció el ministro de Gobernación el 18 de junio [17]. No obstante, la franca declaración de Bosque dejó claro por qué no podía existir el orden público con un gobierno republicano de izquierda, conforme se hizo más habitual la política de nombrar a militantes izquierdistas «delegados» especiales de policía. Este siniestro proceso, que nunca se ha estudiado, conllevaba una cierta similitud con la política del gobierno de Hitler tres años antes, cuando nombró a militantes nazis Hilfspolizei (o policía auxiliar especial). La constante politización de las funciones policiales culminaría, el 13 de julio, con el asesinato de Calvo Sotelo, el último catalizador de la Guerra Civil.

Incluso en las Cortes estaba presente la amenaza de violencia. En palabras de un historiador socialista:

Las Cortes, desde que comenzaron a funcionar, asfixiaban al gobierno y actuaban de caja de resonancia de la guerra civil, pues devolvían a la nación, centuplicada, su propia turbulencia. Los diputados se injuriaban y agredían de obra; cada sesión era un tumulto continuo; y como casi todos los presentes, cabales representantes de la nación, iban armados, podía temerse cualquier tarde una catástrofe. En vista de la frecuencia con que se exhibían o insinuaban las armas de fuego, se adoptó la denigrante precaución de cachear a los legisladores a la entrada [18].

La destitución de Alcalá Zamora

Tanto la derecha como la izquierda habían hecho campaña contra el presidente durante las elecciones. En particular, la CEDA, convencida de que había privado al partido de su anterior mandato, apenas mantuvo en secreto el hecho de que si ganaba solicitaría a las nuevas Cortes la revisión de la última disolución del Parlamento, con el fin de deponer a Alcalá Zamora de acuerdo con la Constitución. También Azaña y el Frente Popular dieron indicaciones claras de apuntar en esa misma dirección.

Sin embargo, el propósito del presidente nunca había sido entregar todo el poder a la izquierda, y tras el fracaso completo de su estrategia en las elecciones, Alcalá Zamora dirigió su odio contra la izquierda y el nuevo gobierno, cuya irresponsabilidad y extremismo encontraba más intolerables que antes la CEDA. Existen pocas dudas de que Alcalá Zamora había buscado el bien último de la República tal y como lo entendía, pero su estilo vano, pomposo y personalista, con sus constantes manipulaciones —pese a su austeridad en asuntos financieros— le había enemistado con casi todos los políticos más relevantes de la izquierda y la derecha, e incluso con los centristas. Durante las primeras semanas del Gobierno de Azaña, Alcalá Zamora se reunió varias veces con el Consejo de Ministros e intentó, en vano, alentar una mayor moderación y disciplina. Desde su punto de vista, el nuevo gobierno estaba utilizando el estado de alarma y la suspensión parcial de las garantías constitucionales no para mantener la ley y el orden sino para dejar las manos libres a las fuerzas del desorden [19]. Las relaciones se hicieron todavía más tensas y Azaña afirmó haber forzado al presidente, en más de una ocasión, a dar marcha atrás empleando con él un lenguaje cruel y agresivo [20].

En uno de los numerosos incidentes de arrestos arbitrarios y del todo ilegales que tuvieron lugar durante el Gobierno de Azaña, se detuvo a los mismos familiares de Alcalá Zamora en Alcaudete (Córdoba). Su liberación se aseguró mediante el envío de un camión lleno de guardias de asalto, pero el presidente no hizo nada por castigar o reprimir a los responsables o por poner fin a la incautación de las tierras. Como dijo Alcalá Zamora cuando se quejó al gobierno, la policía republicana no intentaba reimplantar el orden sino que más bien «la dejó... prácticamente en manos de los perturbadores; ordenaba a la autoridad que la emplease al servicio y según el criterio de éstos» [21].

Instó a Azaña a que anunciase, lo antes posible, un programa legislativo detallado y a proceder, por canales legales, con soluciones positivas, pero en la mayor parte de los asuntos el gobierno perdió el tiempo. A la inversa, Alcalá Zamora denunció uno de sus primeros decretos, que recogía las condiciones para la recontratación general y la indemnización para los trabajadores despedidos en 1934 ya que, en algunos casos y según el presidente, «hubo pequeños patrones de talleres domésticos llevados en familia, donde ésta se vio obligada a convivir con los asesinos del padre o del hermano... En el Banco de España, según me refirió su ex gobernador Zavala, se exigió por el gobierno la readmisión de quien había disparado siete tiros de pistola contra un subgobernador...» [22]. Dice Alcalá Zamora que consiguió oponer su firme veto a una propuesta «...por absolutamente ilegal... opuesta incluso a la Constitución misma. Se trata de crear unas comisiones municipales, a la vez revolucionarias y caciquiles, las cuales fijarían arbitrariamente a cada propietario sus gastos de cultivo y además podrían, por el juicio que sobre éste formarán, privarle sin la menor indemnización de todos sus bienes rústicos para darlos en disfrute individual o colectivo a quien quisieran. Se prohibía todo amparo judicial y el recurso gubernativo, siempre sin garantías, quedaba también suprimido si habían estado unánimes, como era de prever, los tiranos locales» [23]. Y añadió:

Hubo un momento en que tuve esperanzas de enmienda en la tolerancia de la anarquía. Fue cuando coincidieron las alarmas del extranjero, transmitidas a la vez por Buylla, Barcia y Madariaga, que reflejaban la inquietud incluso con burlas en extremo sarcásticas de los mismos soviets. Entonces me llegaron los ceses de varios gobernadores, pero en forma atenuada y honorífica, que no merecían, de dimisión voluntaria. Firmé la fórmula de injusta benevolencia respecto al de Jaén, culpable contra mi familia y contra mí, lo cual me impulsaba a extremar la delicadeza, pero devolví los otros cuatro decretos, relativos a las provincias de Cádiz, Granada, Murcia y Logroño, aconsejando al gobierno que llegara siquiera a la mínima sanción de destituirlos si no se atrevía al procesamiento. Reconocieron los ministros que no me faltaba razón, pero suplicaron la firma de tales lenidades para no disgustar a los elementos del Frente Popular. Eran casos gravísimos en los que se había llegado a complicaciones internacionales con desagravio humillante; incendios de casas y fábricas de enemigos políticos; asesinatos de guardias con empleo de sus mismas armas; y choque sangriento contra la guardia de un cuartel, con varios muertos.

El gobierno me ocultaba cuanto ocurría..., sólo me refirieron en un consejo el incendio de dos iglesias en Alcoy, llevado a efecto por el ayuntamiento en corporación. Invité a poner remedio y el ministro de Justicia se inhibió por creer que correspondía el caso al de Gobernación, el cual permaneció mudo ante las preguntas con aquella actitud en él tan fácil de indiferencia desdeñosa, que le había encargado Azaña... Sabiendo yo que mi teléfono estaba intervenido, dije una noche de graves trastornos que estaba resuelto a no acostarme sin hablar con el ministro de Gobernación. Vióse éste obligado a llamarme... y hacia la medianoche hubo entre nosotros el siguiente diálogo:

—Le llamo para decirle que sigue el deporte.

—¿Y llama usted deporte a esa vergüenza de incendios?

—Sí, en ellos terminan las manifestaciones que antes son pacíficas.

—Pero la de hoy estaba presidida por el ministro de la Guerra y por usted mismo y ha acabado en el incendio de la iglesia de San Luis, a la vista y a pocos pasos del ministerio lleno de guardias y frente al propio despacho de usted. ¿Cómo no ha podido evitarse?

—Los guardias no lo han conseguido por impedirlo, aunque no ha habido choque, el público. Por poco queman también el convento de las trinitarias.

—Pero, ¿usted sabe quién está allí enterrado? Su profanación hubiese sido la última ignominia ante el mundo.

—No lo sé, pero se ha salvado por casualidad.

—Quien estaba allí enterrado era Cervantes. ¿No lo sabía usted?

—No.

—Ni lo sabía, ni le importaba, ni eso ni nada [24].

A finales de marzo, la nueva cuestión principal, además de las deliberaciones partidistas de la Comisión de Actas, eran las elecciones municipales que el gobierno había programado en abril para toda España excepto Cataluña. Desde el inicio de la República no se habían celebrado unas elecciones municipales, salvo las que tuvieron lugar en 1933 en ciertos distritos minoritarios. Aunque la Constitución establecía que cada tres años se convocaran elecciones para cubrir la mitad de los escaños, el gobierno planeaba ahora unas elecciones municipales totales y plebiscitarias. Lo que es más, los partidos revolucionarios exigían la gran mayoría de las candidaturas y prometían que allí donde ganasen se iniciaría la «dictadura local del proletariado». La CEDA denunció que este plan total de renovación en una sola vez era inconstitucional y lo era aún más en ese clima de violencia, intimidación y censura parcial en que una campaña justa y unas elecciones honestas serían imposibles. Alcalá Zamora estuvo de acuerdo y advirtió que una victoria de la izquierda generaría la exigencia revolucionaria de un nuevo sistema izquierdista —diversas propuestas para una especie de República popular que ya estaban presentes en la propaganda de la izquierda— análogo al derivado del triunfo republicano del 12 de abril de 1931 [25].

El presidente todavía tenía el poder constitucional de destituir al gobierno, sobre todo desde que, técnicamente, seguía siendo minoritario, tal y como había hecho en varias ocasiones en el pasado. Se especuló con que pudiera destituir a Azaña y pedir a Manuel Rico Avello que formase un Gobierno republicano de izquierda más responsable y sobre una base más amplia. El 30 de marzo comunicó a Ventosa, líder centrista de la Lliga, que en el próximo Consejo de Ministros iba a declarar su total oposición a la irresponsable política del gobierno azañista [26]. Al día siguiente, Chapaprieta le instó a que fuera más allá y destituyera al imprudente gabinete de Azaña, añadiendo que creía que el presidente podría contar con el respaldo del ejército en caso de que esto originase una crisis [27]. Alcalá Zamora se mostró remiso a hacerlo porque podría acercar al país a una situación de guerra civil y, en su lugar, en el siguiente Consejo de Ministros —el último al que Alcalá Zamora tendría oportunidad de asistir— atacó con vigor la política de seguridad pro revolucionaria del gobierno, su tolerancia hacia el desorden izquierdista generalizado, la irresponsabilidad personal de ministros individuales del gabinete y del propio Azaña, la irregular adjudicación de un gran número de escaños parlamentarios tanto durante los tumultos de 16-19 de febrero como en las manipulaciones de la Comisión de Actas, la necesidad de cancelar lo que, en ese clima de terror, serían unas elecciones locales arbitrarias y abusivas y la absoluta necesidad de retornar a un gobierno constitucional de manera inmediata [28] y, al hacerlo, el presidente firmó su sentencia de muerte política. La única concesión que hizo el Gobierno de Azaña fue posponer las elecciones municipales venideras, pero aquí la principal motivación del jefe del gobierno fue evitar la inminente escisión entre los sectores moderado y revolucionario del Frente Popular con el peligro de que la derecha incluso ganase las elecciones [29].

El 3 de abril, Azaña se dirigió a los diputados en la primera sesión ordinaria de las Cortes. Agotado, habiendo dormido apenas las dos noches anteriores, advirtió que los problemas del país se habían agravado. Se refirió al «eclipse del sentimiento de la justicia y del sentimiento de piedad que amenazaba a la República» y declaró que se estaban enfrentando a «la postrera coyuntura no sólo del desenvolvimiento pacífico y normal de la política republicana, sino también del régimen parlamentario». Aunque anunció una política económica radical, de contornos imprecisos, también hizo un llamamiento al orden y la armonía que fue, en general, bien recibido por ambas facciones. De hecho, la bolsa experimentó una subida al día siguiente, y, de momento, pareció que el gobierno había obtenido un respiro.

Como Alcalá Galve ha expresado con mucha exactitud, «una visión de conjunto a la trayectoria política de Azaña muestra que su izquierdismo no fue programado, sino progresivo». Gradualmente, Azaña se desplazó tan a la izquierda como consideró necesario para, primero, volver a obtener el poder y después para mantenerlo. Las otras consideraciones fueron, en su mayoría, secundarias. «Haber presentado a Azaña, tarea común de muchos historiadores y biógrafos suyos, como consecuente dechado de legalidad y ética republicanas y respeto a la democracia, ofende a la evidencia». Más bien, ajustó su política a dobles juegos con insurrecciones antigubernamentales, manipulaciones para invalidar elecciones legales y llevar a cabo otras arbitrarias, impunidad para delitos masivos y, cada vez más a partir de 1934, para adoptar un nuevo programa económico radical —del todo desconocido para su primer gobierno de 1931-1933— de tal manera que Azaña «cambió su ideología izquierdista burguesa del primer bienio hacia una dirección compatible con las fuerzas extremas que le apoyaron» [30]. O, en palabras de José María García Escudero, «cuando hacía falta Cánovas, prefirió ser Robespierre» [31]. Sin duda, Azaña pretendió obtener el control del proceso revolucionario más que rendirse a él, pero también en esto fracasó porque, sin importar cuánto se inclinara hacia la izquierda, siempre se vería rebasado por los revolucionarios.

Prometió gobernar en el marco de la ley y la Constitución, pero insistió:

Hay otro género de obstáculos: las agresiones y reacciones ofensivas de los intereses lastimados por la política del gobierno. Sí, es cierto, vamos a lastimar intereses cuya legitimidad histórica no voy a poner en cuestión, pero que constituyen la parte principal del desequilibrio que padece la sociedad española. ¡Ahora quisieran los que nos acusaban de destruir la economía española que aquella otra política no se hubiera interrumpido, porqué ahora el sacrificio tendrá que ser mayor! Venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza donde quiera que esté; a equilibrar las cargas sociales y a no considerar en la sociedad más que dos tipos de hombres: los que colaboran en la producción y los que viven del trabajo y a costa de la labor ajena. Para los privilegiados de España se presentará la opción entre acceder al sacrificio o afrontar los efectos de la desesperación. Si la reacción ofensiva de los intereses lastimados llegara a producir lo que se produjo contra la política de las Cortes Constituyentes, habremos perdido la última coyuntura legal, parlamentaria y republicana de atacar de frente el problema y resolverlo en justicia.

Como era habitual en Azaña, esta consideración no se apoyaba en el menor análisis económico serio, sino en un nivel estético de retórica. No existían detalles ni discusión de los problemas económicos básicos, salvo hacer referencia a «la creciente actividad interventora del Estado en la regulación de los problemas de la producción y del trabajo» [32]. Su aliado socialista, Prieto, le dijo que el discurso resultaba «hueco» por su falta de especificidad, pero se trataba de una eficaz pieza retórica cuyos términos eran tan imprecisos que, en general, fue bien recibido por gran parte de la derecha, aunque fuese un reflejo de la táctica habitual en Azaña de echar las culpas sobre los demás.

La CEDA regresó para la apertura de las Cortes y en una reunión de su grupo parlamentario, una gran mayoría votó a favor de continuar cooperando con el gobierno. Anteriormente, El Debate había sugerido que sería posible un entendimiento sobre la base del desarme de todas las milicias políticas y la asunción de un amplio programa nacional para superar el desempleo y la depresión. Sin embargo, el gobierno dejó claro que sólo se proponía desarmar a Falange, no a sus propios partidarios e imponer su programa de redistribución económica y pro revolucionaria de la propiedad, aunque fue impreciso y lento a la hora de desarrollarlo.

Antes del discurso de apertura de Azaña se había presentado una petición ante el presidente de las Cortes solicitando la invocación del artículo 81 de la Constitución, que garantizaba al nuevo Parlamento, elegido a consecuencia de una segunda disolución durante el mismo mandato presidencial, el derecho de revisar tal actuación y, caso de que la encontrase injustificada, proceder a votar la destitución del presidente. La petición estaba orquestada por Prieto —lo que aporta todavía más pruebas de que no era el simple socialdemócrata «moderado» que algunos describieron— y la firmaron diecisiete diputados de los partidos obreros, sobre todo socialistas. El argumento inicial sostenía que la disolución de 1933 debía considerarse una disolución ordinaria y no la clausura pro forma de unas Cortes Constituyentes, dado que el primer Parlamento había continuado actuando durante dos años una vez que se hubo completado la Constitución. El argumento en contra afirmaba que la labor adicional de las Cortes Constituyentes en 1932-1933 había supuesto, en primer lugar, la aprobación de la legislación complementaria necesaria para hacer efectiva la Constitución y existían considerables pruebas de que muchos líderes políticos habían visto a las Cortes Constituyentes exactamente bajo esa luz. En esos momentos, la CEDA estaba moderando su posición respecto a Alcalá Zamora, al caer en la cuenta de que su destitución sólo permitiría que la izquierda consolidase su total poder. Los representantes centristas y de la derecha sostenían que el asunto era de tal complejidad que debería presentarse ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. También estaba la cuestión del artículo 82, que trataba de la moción de censura pura y simple y que estipulaba que una moción para destituir al presidente debería contar con el refrendo de un centenar de diputados, anunciándose su debate con tres días de antelación y se aprobaría por los tres quintos de la Cámara. Prieto prefirió evitar el artículo 82 por temor a no contar con suficientes votos y la propuesta inicial se aprobó por 181 votos a favor y 88 en contra, con numerosas abstenciones. En ella se especificaba que Alcalá Zamora había llevado a cabo dos disoluciones ordinarias de las Cortes, agotando sus poderes presidenciales, y se ordenaba que el 7 de abril se produjera un crucial debate acerca de si la disolución de 1936 había sido innecesaria y, por tanto, ilegal. Si tal fuera la decisión, conllevaría la automática destitución del presidente [33].

Durante tres días, Azaña siguió indeciso. En diciembre de 1931 había adoptado la posición de que la disolución de las Cortes Constituyentes no debía utilizarse contra el presidente y la publicación, muchos años más tarde, de sus diarios y memorias revelaría que en cinco ocasiones diferentes adoptó tal posición. Todavía más, bastantes republicanos de izquierda dudaban tanto en someterse a la hipocresía de destituir al presidente por haber hecho lo que, durante más de dos años, le habían suplicado sin cesar que hiciera, como en hacer de la presidencia una mera pelota a disposición de las pasiones partidistas. Al final, se consideró que si el Frente Popular consideraba que las elecciones que le habían llevado al poder eran ilegales, en buena lógica habría que anular sus resultados y celebrar nuevas elecciones, colocando a la mayoría frentepopulista en una situación arriesgada —aunque como era costumbre en el Gobierno de Azaña, las consideraciones legales o lógicas podían ignorarse—. Por supuesto, el gran peligro era que, en 1936, Alcalá Zamora utilizase la presidencia contra la izquierda, al igual que la había utilizado con efectividad contra la derecha en 1934-1935. Como era normal en el caso de Azaña, ganó el sectarismo. En su lenguaje típicamente hiperbólico escribió: «Me dije que no podía cargar con la responsabilidad de dejar en la presidencia de la República a su mayor enemigo» [34]. Su decisión de someter al gobierno a la moción de censura determinó en gran medida el resultado. Para Azaña, la crisis de la moción de censura presentaba la ventaja adicional de que podía utilizarse como excusa para posponer las elecciones municipales, que amenazaban con la ruptura o la derrota directa del Frente Popular. Al concentrarse en el ataque al presidente, la alianza izquierdista se apoyó a sí misma y, al menos de momento, esquivó el espinoso tema de las elecciones municipales.

En el intervalo de tres días que siguió, Chapaprieta visitó al presidente en dos ocasiones. Éste insistía en no dimitir, en que era indispensable para la estabilidad y supervivencia de la República que su primer presidente completase su mandato inicial y que si resistía un «golpe de Estado parlamentario» inconstitucional se vería respaldado por las fuerzas armadas. Chapaprieta respondió que si Alcalá Zamora estaba tan convencido, no debía perder más tiempo y tenía que actuar de forma decisiva, retirando inmediatamente la confianza al Gobierno de Azaña y nombrando otro nuevo, más moderado, que respetase la Constitución, restaurase la ley y el orden y obtuviese el apoyo de un amplio espectro político y, lo que era crucial, de las fuerzas armadas [35]. De hecho, ésta era la continuación lógica de la forma en que había actuado durante el año precedente, en el que sus acciones habían sido, sin discusión, más arbitrarias. En ese momento, ésta hubiera sido la mejor alternativa y resultaba mucho más justificable que sus actuaciones entre septiembre de 1935 y enero de 1936. Sin embargo, Alcalá Zamora ya había perdido su temple, es posible que debido a los persistentes consejos de su más íntimo asesor, su hijo Niceto, catedrático de derecho procesal en la Universidad de Valencia [36].

El argumento empleado el 7 de abril fue, cuando menos, bizantino. Justificaba la destitución basándose en que la reciente disolución «no era necesaria» porque 1) se debería haber llevado a cabo mucho antes y 2) cuando se llevó a cabo, se hizo de forma impropia, con un intento de manipular el resultado. Desde luego existía algo de verdad en esta última acusación. Lo que es más, Prieto leyó en voz alta extractos de los discursos de campaña de Gil Robles en los que declaraba que la disolución de enero no había estado justificada. Alcalá Zamora había aislado a casi todas las personalidades políticas relevantes y nadie habló en su favor, aunque algunos líderes centristas y derechistas recomendaron encarecidamente un proceso más cuidadoso y deliberado, bien apelando a los medios más complejos del artículo 82 o refiriendo el asunto al Tribunal de Garantías Constitucionales. Advirtió Miguel Maura: «¿Qué necesidad tenéis de manchar la limpieza de unas Cortes, para hacer creer a las gentes que obráis solamente por pasión? ¡Oídlo bien! Lo que nos estamos jugando esta tarde es más que un mero pleito político y personal: es la esencia de la República». Los diputados frentepopulistas lo comprendían muy bien y pretendían conformar la «esencia de la República» bajo su completo dominio, retirando el último obstáculo que les separaba del pleno poder. Los líderes izquierdistas parecían ser conscientes de que Alcalá Zamora estaba, cuando menos, jugando con la idea de destituir al gabinete de Azaña, una actuación coherente con lo que tantas veces había hecho en el pasado. Su destitución y su reemplazo por un presidente izquierdista eliminaría el peligro. Doscientos treinta y ocho diputados votaron a favor de la destitución y sólo cinco de los diputados de Portela votaron «no», mientras que la derecha y el resto de los centristas se abstuvieron.

Citando de nuevo a Madariaga:

Y ahora este Parlamento que debía su existencia al decreto presidencial, un decreto que había convertido una mayoría de la derecha en una mayoría de la izquierda y que demostró de esa manera, en cualquier caso para satisfacción de la izquierda, que la nación había cambiado radicalmente de opinión, y por lo tanto el Parlamento anterior ya no representaba la voluntad de la nación en el momento en que fue disuelto, este Parlamento declaraba oficialmente por 238 contra 5 (la derecha se abstuvo) que la disolución no había sido necesaria. Es decir, no vaciló en mostrar al mundo que la República española era incapaz de mantener a su primer presidente en el cargo durante más de la mitad de su mandato, y a fin de satisfacer el revanchismo (aunque no es fácil averiguar por qué), se entregó a la más flagrante negación de la lógica que puede mostrar la historia de una nación libre [37].

De forma casi universal, los historiadores han condenado esta actuación destructiva, desde el decano de la historiografía marxista del siglo XX en España, Manuel Tuñón de Lara [38], hasta Javier Tusell, el más notable especialista en historia política de España en el siglo XX [39].

Establecía la Constitución que el presidente de las Cortes ocupase la presidencia vacante hasta que, mediante una elección especial, se eligieran nuevos compromisarios que seleccionasen al nuevo presidente de la República, así que esa misma noche Martínez Barrio juró el cargo y, a continuación las Cortes, considerando aparentemente que, aparte de la crisis nacional, no tenían otras cuestiones serias que resolver, se tomaron ocho días libres.

Intensamente escandalizado, Alcalá Zamora no hizo gesto alguno de rebelión. Sabía que podría haber obtenido el apoyo del ejército para mantenerse en el poder (y, de hecho, uno de los coroneles del Estado Mayor, Valentín Galarza, le instó a hacerlo), pero no deseaba tener ninguna responsabilidad personal en el desencadenamiento de la grave crisis que veía venir [40]. Como escribiría más adelante:

Es posible, de haber yo resistido, que la guerra de tres años hubiera sido de tres meses, semanas o días, pero aun con eso, entonces tan dudoso, habría sido mi guerra, la mía, con sus muertos, sus horrores, sus iniquidades y sus estragos sobre mi conciencia. Ha sido la guerra de ellos, de unos y otros, que se jactan de las falsas y execrables glorias, de las epopeyas populares o nacionales y los años triunfales: para ellos íntegras esas mentirosas glorias, con sus terribles responsabilidades [41].

El duelo parlamentario del 15 y 16 de abril

Las Cortes comenzaron sus trabajos el 15 de abril, cuando Azaña presentó por primera vez su programa legislativo que incluía reparaciones para la persecución política implantada por el centro y la derecha (aunque no indemnizaciones para la destrucción a gran escala que practicó la izquierda), la completa restauración de la autonomía catalana y la reforma de los reglamentos de las Cortes para acelerar el proceso legislativo y para la elección de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales así como del presidente del Tribunal Supremo, con el fin de asegurar la dominación izquierdista en las más altas instancias judiciales. Todo ello formaba parte del programa del Frente Popular y, en gran medida, el primero de los puntos se llevó a cabo por decreto. En total, este programa —cuyas limitaciones pronto enfurecerían a la izquierda revolucionaria— apenas podía considerarse una respuesta adecuada al fermento protorrevolucionario que absorbía al país. Azaña, en cierto modo con más vaguedad, también planificó cambios socioeconómicos significativos para aplacar a los revolucionarios, pero no surgió ninguno genuino.

Hizo hincapié en que «el fenómeno a que asistimos en España es el acceso al poder político de nuevas clases sociales, fenómeno que localizamos en el primer tercio de este siglo». «Por el momento» el gobierno estaba ante todo preocupado por el desempleo y los problemas laborales del campo aunque el déficit persistente, las débiles finanzas y la balanza de pagos negativa limitaban gravemente los recursos del Estado. Admitió Azaña que la economía se encontraba en malas condiciones y declaró que era importante estabilizar la deuda exterior para no poner en peligro las importaciones vitales. Afirmó que sería necesario recortar gastos en ciertas áreas no especificadas y redistribuir los ingresos mediante la tributación progresiva, la ampliación de las obras públicas y la aceleración de la reforma agraria, al tiempo que se mantenían los salarios con un control suficiente para prevenir la inflación. Concluyó diciendo que las principales reformas deberían llevarse a cabo sobre una base financiera virtualmente autosostenida, una tarea tan complicada que no podía proporcionar detalles específicos. Como era típico de su enfoque, no hizo esfuerzo alguno por enfrentarse al problema de la violencia y el desorden generalizados; por el contrario, lo abordó como si fuera una especie de observador filosófico, presentando los habituales clichés «leyendanegristas» tan estimados por los izquierdistas: «Ya sé yo que estando arraigada como está en el carácter español la violencia, no se la puede proscribir por decreto, pero es conforme a nuestros sentimientos desear que haya sonado la hora en que los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros», añadiendo que el gobierno no había reprimido ciertos excesos, presumiblemente cometidos por la izquierda, debido a la «piedad y misericordia». Así, si cabía atribuir tal problemática al «carácter español», el gobierno podía lavarse las manos en el asunto, como hizo hasta cierto punto. Toda la actuación reflejó las contradicciones de la alianza frentepopulista y la ausencia de cualquier política gubernamental para hacer frente a la situación.

En representación de la derecha le respondieron Calvo Sotelo y Gil Robles, con la diferencia de que el primero, en nombre de la derecha radical, exigió una drástica alternativa en forma de un cambio de régimen, en tanto que el líder de la CEDA aceptaba al gobierno existente y pretendía influir en él para modificar sus políticas. En un discurso maratoniano, cuyo texto y apéndices ocuparon once largas páginas del Diario de las Sesiones, Calvo Sotelo presentó el primero de lo que sería una serie continua de informes estadísticos acerca de supuestos actos de violencia, afirmando que, entre el 15 de febrero y el 1 de abril, 74 personas habían sido asesinadas y 345 heridas en incidentes políticos, y se habían incendiado 106 iglesias de las que 56 habían quedado arrasadas. El gobierno no presentó estadísticas alternativas con las que hacer frente a este informe, que bastantes historiadores consideran en esencia correcto como de hecho parece que lo fue. A continuación, Calvo Sotelo citó discursos de los líderes revolucionarios que indicaban que éste sólo sería el comienzo de la destrucción revolucionaria y advirtió que, como opuesta a la dictadura del proletariado, «yo quiero decir en nombre del Bloque Nacional que España podría salvarse también con una fórmula de Estado autoritario y corporativo».

Entonces tomó la palabra Gil Robles entre gritos y tumultos, afirmando que las reformas sociales necesarias contarían con el apoyo parlamentario de la CEDA pero que en toda España se estaba atacando a los derechistas y esa reforma social legal ya no parecía ser el objetivo de la izquierda, mientras el gobierno no hacía sino débiles esfuerzos por canalizar estas acciones dentro de la legalidad. Hizo una advertencia contra la idea de intentar gobernar sólo para la mitad del país: «Una masa considerable de la opinión española que, por lo menos, es la mitad de la nación, no se resigna a morir; yo os lo aseguro» y, volviéndose hacia Azaña añadió:

Yo creo que S.S. va a tener dentro de la República otro sino más triste, que es el de presidir la liquidación de la República democrática... Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad.

Esta profecía, resultado tanto de la irresponsabilidad del gobierno como del propio destino político de Azaña, resultó ser del todo exacta.

También esta sesión fue la ocasión para que José Díaz, secretario general del Partido Comunista, declarase en un discurso posterior que Gil Robles «morirá con los zapatos puestos». Tan sólo se trataba del habitual lenguaje revolucionario pero el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, le llamó al orden y no dejó que tal observación figurase en las actas. Benito Pabón, del diminuto Partido Sindicalista, el más moderado de los partidos obreros, instó a estos partidos a apoyar al gobierno con mayor lealtad porque «Azaña no ha empleado la violencia contra los excesos de las masas obreras».

Al día siguiente se reunió de nuevo el Parlamento en una atmósfera sobrecargada creada por el cortejo fúnebre de De los Reyes que, en un momento dado, amenazó con pasar por las Cortes. Comenzó Azaña con su acostumbrada fanfarronería, afirmando una vez más que quien inspiraba el desorden era la derecha y sus «profecías»: «Yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio a nadie. Pierdan SS.SS. el miedo y no me pidan que les tienda la mano... ¿No querían violencia, no les molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tengan violencia... Aténganse a las consecuencias...» De todos los discursos imprudentes e irresponsables pronunciados por Azaña éste, probablemente, batió todos los récords. Decir que los cinco años de actividad de la CEDA dentro de la legalidad republicana sólo demostraban que «querían la violencia» era de lo más delirante e incendiario. El espectáculo de un presidente de gobierno parlamentario invitando a la oposición a tomar parte en una guerra civil hubiera resultado incomprensible en cualquier parte excepto en el contexto del Frente Popular español y Azaña sería el primer consternado cuando, al final, la derecha aceptó su invitación, demostrando así, una vez más, la vacuidad de su posición.

Azaña subrayó la importancia de mantener la unidad de la izquierda: «Es preciso que no se abra en nuestra coalición ni una brecha. No seré yo quien la abra». Con esto revelaba la esencia de su política —solidaridad con los revolucionarios contra viento y marea—. Para evitar un conflicto con ellos ya había cancelado las elecciones municipales y, por idénticos motivos, aceptaría una política de coerción para las nuevas elecciones a Cortes en Cuenca y Granada. Esta postura imposibilitó una reconciliación incluso con los centristas e hizo inevitable el fracaso de lo que quedaba de la democracia republicana. Sólo el rechazo de la revolución y la violencia y el establecimiento de un más amplio gobierno de conciliación hubieran hecho posible la continuidad del sistema democrático, pero Azaña estaba decidido a no hacerlo, porque también exigiría renunciar al dominio total de la izquierda. Sobre esta base, la democracia no podría sobrevivir mucho tiempo y ninguna decisión fue más importante que la que tomó el propio Azaña.

Es probable que, cayendo en la cuenta de que su llamada a la guerra civil constituía un exceso erróneo, tratase de volver atrás desde el precipicio que acababa de invocar. Volviéndose hacia Gil Robles, le preguntó:

¿Con qué autoridad increpa S.S. a esos hombres que un día por venganza o por despiste se han lanzado a una revolución? La venganza es un instinto que no debe entrar, no ya sólo en la vida personal, mucho menos en la vida pública. En ningún momento tiene nadie derecho a tomarse eso que se llama justicia por la mano... Nadie puede pintar con bastante crudeza y vigor, no digo la contrariedad, la repugnancia del gobierno delante de ciertos hechos que se producen esporádicamente en España, nadie puede dudar de los desvelos del gobierno por impedirlos o por reprimirlos; yo estoy persuadido de que las llamas son una endemia española; antes quemaban a los herejes, ahora queman a los santos, aunque sea en imagen.

Este esfuerzo retórico, que culminó culpando de los delitos al supuesto «carácter español» esencialista, sólo puso de manifiesto los propios defectos de carácter de Azaña y su incapacidad para asumir la realidad, típica en los políticos radicales intelectuales. Pasó luego a criticar a la prensa extranjera por sus crónicas, culpándola de desalentar al turismo de primavera. Para Azaña, todo era siempre culpa de otro. Nunca aceptaría culpa o crítica alguna hasta 1938 y, para entonces, ya fue demasiado tarde.

Juan Ventosa, de la Lliga, finalizó sus propias observaciones con un comentario mucho más enérgico:

Sólo con asistir a este debate, sólo con escuchar las manifestaciones de ayer y de hoy —insultos reiterados, incitaciones al atentado personal, invocaciones a aquella forma bárbara y primitiva de la justicia que se llama ley del talión, petición insólita y absurda del desarme de las derechas, y no de todos—, sólo con presenciar y observar el espíritu de persecución y opresión que se manifiestan en algunos sectores de la Cámara, claramente se ve la génesis de todas las violencias que se están desarrollando en el país.

Las elecciones especiales en Cuenca y Granada

El 9 de abril el gobierno anunció que, conforme al veredicto de la Comisión de Actas, los triunfos electorales de la derecha en las provincias de Cuenca y Granada quedaban anulados por completo y se programaban nuevas elecciones para el 5 de mayo. Ambas facciones se dispusieron a hacer el máximo esfuerzo. La CEDA preparó una «candidatura de batalla» para Granada, compuesta por cinco candidatos cedistas, jóvenes y decididos, cuatro falangistas y un «independiente» (de hecho, carlista), el coronel José Enrique Várela (que participaba de manera activa en la conspiración militar). La unión con la técnicamente ilegal Falange causó sensación y dio la medida de hasta qué punto había cambiado la situación en tan sólo dos meses. De igual modo, la candidatura del Frente Popular estaba compuesta sólo por representantes de la izquierda obrera, que se negaban a hacer más concesiones a los republicanos de izquierda, un presagio más del nuevo estado de cosas.

La descripción más simple de la nueva campaña electoral en Granada es decir que se invirtieron los términos de la primera e incluso se superaron. En febrero la derecha había ejercido su coerción contra la izquierda y, en abril y mayo, se dio la situación contraria. Más tarde, Gil Robles afirmó que en un momento dado se ofreció a la derecha un trato que le hubiera otorgado los tres escaños minoritarios; denunció esta presión en una carta dirigida al ministro de Gobernación que hizo leer en las Cortes [42] y cuando el acuerdo fracasó, la obstrucción a la que se vio sometida la CEDA fue tan intensa que se retiraron del todo de las elecciones granadinas. Según Macarro Vera, el investigador más serio de los acontecimientos andaluces en la primavera de 1936, la campaña en Granada:

Se realizó en un clima de auténtico terror por parte de la izquierda sin parangón con cualquier elección anterior. Las milicias socialistas y comunistas en la calle impusieron su ley, paseando armados, cacheando y atacando físicamente en muchas ocasiones a los enemigos de clase, hasta deteniéndolos y encarcelándolos, sin que las autoridades hicieran mucho por impedirlo. Los resultados fueron escandalosos [43].

El 23 de abril se reorganizó la originaria lista electoral derechista para Cuenca con el fin de incluir los nombres del líder monárquico Antonio Goicoechea, junto con los de José Antonio Primo de Rivera y el general Franco. En privado y desde la prisión, Primo de Rivera insistió en que se retirase el nombre de Franco, pues daba a la lista un aspecto en exceso militar que sólo aumentaría la presión gubernativa. A regañadientes, Franco aceptó [44], pero el 27 de Abril la Junta Privincial del Censo fallo a favor de la petición de Prieto de que no se permitiese presentarse a aquellos candidatos nuevos que no hubiesen recibido al menos el 8 por ciento de los votos en disputa en las anteriores elecciones. En 1933 la derecha había obtenido una victoria completa en Cuenca y en los anteriores comicios de 16 de Febrero de 1936 la izquierda no había logrado ni un sólo escaño, por lo que ahora estaba decidida a invertir en esa situación. Para dar un tomo adecuado a la nueva campaña se dio estatus oficial de policías suplentes a un considerable número de miembros del grupo miliciano socialista conocido como «La Motorizada» que actuaron como «delegados gubernativos» [45] como se había hecho en varias otras localidades. Esto era parte del proceso mediante el cual el Gobierno republicano de izquierda (así como las autoridades socialistas locales) introducían activistas procedentes de los partidos obreros en las estructuras policiales.

Mientras tanto, el 1 de mayo tuvo lugar un gran desfile conjunto de socialistas y comunistas por el Paseo de la Castellana en Madrid, en el que se dijo que tomaron parte 300.000 personas. Los cánticos de «¡Hijos sí, maridos no!» de algunos jóvenes activistas escandalizaron en especial a los ciudadanos católicos de clase media. Esta multitudinaria manifestación fue pacífica, pero otras celebradas en otras partes del país condujeron a las habituales escaramuzas, con varios muertos y muchos heridos.

Dos días más tarde se produjo en la capital el mayor incidente del «bulo de los caramelos» originado por el rumor que corrió por un barrio obrero de que las monjas de uno de los pocos colegios católicos subsistentes estaban distribuyendo caramelos envenenados entre sus alumnos —un indicativo del estado de histeria a que inducía la propaganda izquierdista—. Enseguida una iglesia resultó incendiada y se atacó al personal religioso y, al día siguiente, ardieron otras seis iglesias y colegios católicos. Unos cuarenta religiosos y seglares fueron atacados y al menos uno resultó muerto [46]. La noche del día 4, el gobierno sintió la necesidad de anunciar que, en realidad, no se había producido ningún envenenamiento y los líderes de la izquierda atribuyeron todo el asunto a más «provocaciones» por parte de la derecha quienes, supuestamente, incitaron a los izquierdistas a quemar iglesias y a atacar a los derechistas [47].

Entre el 1 y el 2 de mayo, en la ciudad de Cuenca, se prendió fuego a la sede local de la CEDA, a varios negocios derechistas y al menos a una iglesia. La tarde del día 1 llegaron los nuevos delegados gubernativos y, durante tres días, gobernaron con puño de hierro, imposibilitando casi por completo el hacer campaña a favor de la derecha. Más tarde, ese mismo día, también llegó Prieto para pronunciar el principal discurso de la campaña izquierdista y más adelante escribió: «Cuando llegué al teatro, humeaban cerca las cenizas de la hoguera en que habían ardido los enseres de un casino derechista asaltado por las masas populares. En un céntrico hotel hallábanse sitiadas desde la víspera significadísimas personalidades monárquicas. El ambiente era de frenesí» [48]. El líder socialista procedió a dar uno de sus más importantes y complicados discursos de ese año en el que se esforzó, por un lado, por alentar a la izquierda hacia la victoria mientras, por otro, intentaba apartarla del desorden y la violencia que continuaban en ese momento fuera del teatro.

Indicó su satisfacción por la retirada de Franco. Al tiempo que elogiaba la capacidad profesional del general, observó que precisamente eso le convertía en la clase de figura que podría liderar con mayor efectividad una potencial revuelta militar y añadió con diplomacia que «no me atrevo a atribuir al general Franco propósitos de tal naturaleza».

Prieto dedicó la mayor parte de su discurso al problema del orden público. Hizo hincapié en la línea habitual de que la causa real de la mayoría de los excesos radicaba en la reacción a la supuestamente injustificada severidad de la represión que siguió a la insurrección de octubre, pero insistió en que había llegado la hora de la tregua y de mostrar mayor disciplina:

¡Basta ya! ¡Basta, Basta! ¿Sabéis por qué? Porque en esos desmanes cuya explicación os he dado, no veo signo alguno de la fortaleza revolucionaria. Si lo viera, quizá lo exaltase. No, un país puede soportar la convulsión de una revolución verdadera... Lo que no puede soportar es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de un poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Podrían decir espíritus simples que este desasosiego lo producen sólo las clases dominantes. Ello, a mi juicio, constituye un error. De ese desasosiego no tarda en sufrir los efectos perniciosos la propia clase trabajadora en virtud de trastornos y posibles colapsos de la economía... En el exterior España es hoy un país sobre el cual se ha colgado el papel de insolvente.

Si el desmán y el desorden se convierten en un sistema perenne... no se va a la consolidación de la revolución, ni se va al socialismo, ni se va al comunismo; se va a una anarquía desesperada, que ni siquiera está dentro del ideal libertario; se va a un desorden económico que puede acabar con un país.

Su advertencia final, una vez más por completo acertada, era que la continuación del desorden y la destrucción sólo aumentaría la posibilidad de que se produjera una reacción «fascista» [49].

Los siguientes cuatro días en los que finalizó la campaña electoral en Cuenca no dieron prueba alguna de que las palabras de Prieto hubieran tenido el menor efecto. Se asignaron varias compañías de guardias de asalto para patrullar la provincia y el gobernador civil ordenó el arresto preventivo de veintenas de derechistas, con lo que se tuvieron que disponer cárceles de emergencia para recluirlos hasta que terminase la votación. Entre la coerción y el fraude descarado, se registró la aplastante victoria del Frente Popular, con los delegados prietistas desempeñando el papel dirigente, arrojando ciertas dudas sobre la sinceridad del discurso que su líder acababa de pronunciar y burlándose de su llamada a la moderación. Era típico de Prieto que, por un lado, quisiera mayor responsabilidad y comedimiento y, por otro, estuviera igualmente decidido a que la izquierda dominase el proceso electoral. La actitud de Prieto, en cierto modo esquizofrénica, era bastante similar a la de Azaña. En su conjunto, el proceso electoral en Cuenca y Granada pudo haber sido menos libre que las elecciones que Hitler llevó a cabo en Alemania en marzo de 1933, una triste comparación para España.

Romero ha escrito el mejor epitafio:

Las segundas elecciones de Cuenca son un episodio que electoralmente puede calificarse de vergonzoso, en el cual Prieto desempeñó un papel preponderante; las tomó a su cargo.Toda clase de atropellos y abusos fueron cometidos, se recurrió a la violencia más extrema, a las ilegalidades más descaradas. El gobernador civil, la Junta del Censo, y para dar remate, los muchachos de «La Motorizada», pistola en mano, ganaron aquellas elecciones con ninguna gloria. A Primo de Rivera lo despojaron de un acta que había ganado en votaciones, a pesar de que el gobernador anunció que sus papeletas no se computarían, como así se hizo en distintos colegios, y ese anuncio de la primera autoridad provincial retrajo a eventuales votantes [50].

Al día siguiente, Calvo Sotelo se levantó en las Cortes para leer sus últimos datos sobre la violencia, afirmando que, entre el 1 de abril y el 5 de mayo, habían muerto cuarenta y siete personas en refriegas políticas. Otro de los «incondicionales» de Azaña, Santiago Casares Quiroga, a la sazón ministro de Gobernación, le replicó que el gobierno «es el primero en condenar y execrar los lamentables sucesos ocurridos», pero que, así y todo, el único problema real provenía de la derecha, no de los izquierdistas que mataban e incendiaban. «Pero a mí me preocupan sólo las derechas y en cambio no me preocupa la revolución social. En las masas proletarias he encontrado lealtad y ayuda para salir del trance.» Uno de los grandes objetivos políticos del gobierno, dijo, era desarmar a la derecha, a la que se le habían confiscado trece mil armas en la provincia de Granada y siete mil en la de Jaén, pero no explicó por qué, si la derecha estaba siendo desarmada, la violencia no disminuía y nada dijo acerca de desarmar a la izquierda. A ello le contestó Calvo Sotelo que era irracional suponer que la violencia nacía tan sólo de rumores que lanzaba la derecha para perjudicarse a sí misma, añadiendo que la derecha no deseaba una guerra civil pero que, para evitarla, la violencia debía cesar por ambas partes. El fascismo «aquí y fuera no es un momento primero, es un momento segundo. No es una acción, es una reacción».

Dos días antes, José Antonio Primo de Rivera había decidido introducir un cambio fundamental en la estrategia falangista. Anteriormente se había mostrado indeciso acerca de los potenciales conspiradores militares, pero había renunciado a toda esperanza de unas normales relaciones políticas o al debido proceso legal con el régimen republicano de izquierda. En consecuencia, redactó una «Carta a los militares de España», que más tarde fue distribuida como un panfleto clandestino, en la que les instaba a prepararse rápidamente para una intervención política decisiva [51]. Desde finales de abril, las vías pluriformes de la conspiración militar habían empezado, por vez primera, a coincidir de una forma más clara, aunque esto sólo era conocido por una pequeña minoría en el seno del propio ejército.

Azaña presidente

Ningún otro candidato estaba en condiciones de competir con Azaña por la presidencia. Es evidente que él mismo hubiese preferido ver la Jefatura del Estado en manos de Felipe Sánchez Román cuya talla a los ojos de Azaña era inversamente proporcional al pequeño tamaño de su partido y de su fortaleza parlamentaria, pero, dado que Sánchez Román no era miembro del Frente Popular, resultaba imposible. Largo Caballero prefería la candidatura del meteórico Alvaro de Albornoz, quien, claramente, se situaba a la izquierda de Azaña, pero tendía a la total irresponsabilidad y apenas tenía apoyos. Así, Unión Republicana designó a Azaña y tras superar la inicial resistencia de su propio partido, Izquierda Republicana, que se mostraba remiso a perder su liderazgo en aras del cargo más distante de la jefatura del Estado, Prieto colaboró para alinear los votos socialistas y el asunto se solventó con rapidez.

El 26 de abril se celebró la elección de los compromisarios para unas nuevas elecciones presidenciales. Con la abstención de gran parte de la derecha, la izquierda barrió en las votaciones: el Frente Popular eligió a 358 compromisarios, la oposición a 68. El 10 de mayo, Azaña resultó elegido de modo arrollador por una asamblea especial de compromisarios celebrada en el Palacio de Cristal, en el madrileño Parque del Retiro. La ceremonia formal tuvo lugar al día siguiente y Gil Robles afirma haber quedado impresionado por la extrema palidez y el aparente entumecimiento que mostró el nuevo presidente [52].

Posteriormente, las razones que llevaron a los principales líderes izquierdistas a elevar a Azaña a la presidencia fueron motivo de controversia. El socialista de izquierda Araquistain insistiría más tarde en que todo el asunto había sido un complot maquiavélico para privar al gobierno de su máximo dirigente, desplazando a Azaña hacia la presidencia para que el gobierno quedase en manos de una figura más débil e incapaz por completo de poner freno a los revolucionarios, pero como gran parte de las afirmaciones de Araquistain, esta parece ser una exageración [53], y no está apoyada por ninguna otra evidencia [54].

Con respecto a Azaña, se ha especulado que, desde la presidencia, esperaba ser más eficaz a la hora de estabilizar el régimen, que asumió el nuevo cargo por razones positivas, en oposición a la interpretación de que aceptó la presidencia ante todo desde la consideración negativa de que se encontraba cansado, desanimado e incapaz de controlar los acontecimientos y era mejor escaparse a un cargo más retirado y ceremonial. No existen pruebas adecuadas para resolver este problema y quizá las dos conclusiones son poco realistas. Apenas existen dudas de que, a cierto nivel, Azaña deseaba escapar, un deseo que ya había expresado antes en diversas ocasiones, pero, como han testificado varios de sus amigos, también había expresado la idea de que con los poderes de la presidencia podría, de alguna manera, ser capaz de proteger la República con mayor efectividad.

En ciertos aspectos clave, el principal actor de este drama fue Prieto. Está claro que su objetivo a largo plazo era realinear al gobierno para cimentar el poder de un régimen republicano-socialista de izquierda que no tenía por qué ser revolucionario. Para lograrlo, Alcalá Zamora había tenido que ser destituido y Azaña desplazado de la política activa al cargo de presidente y entonces el camino quedaría expedito para un gobierno de coalición más fuerte, liderado, por ejemplo, por el propio Prieto, que pudiera gobernar con una mayor firmeza y efectividad y con una base más amplia.

Incluso Azaña parecía ser consciente de que el vigente Gobierno republicano de izquierda, técnicamente minoritario, ya no era capaz de gobernar con efectividad y desde principios de abril se había producido una serie de conversaciones privadas y de reuniones entre los líderes más moderados y prácticos de la izquierda y el centro, orientadas a obtener apoyos para un gobierno mayoritario más fuerte que pudiera restaurar la autoridad y el orden así como avanzar con las reformas básicas. Prieto fue una figura clave en estas conversaciones, de alguna manera intermitentes, que, en ciertos momentos, incluyeron a los dos líderes más progresistas de la CEDA, Giménez Fernández y Luis Lucia, y a Miguel Maura del centro republicano, así como al sensato y pragmático Claudio Sánchez Albornoz y, en ocasiones, incluso a Besteiro. Sánchez Albornoz ha relatado que, a principios de mayo, una reunión de la élite de Izquierda Republicana (ministros y ex ministros) arrojó como conclusión que sólo una breve dictadura legalitaria republicana podría restaurar el orden y salvar el régimen, pero Azaña manifestó su repugnancia ante un paso tan drástico [55].

El problema radicaba en cómo construir una mayoría progresista de centro-izquierda. Éste había sido siempre el dilema básico de Alcalá Zamora y su destitución apenas alteró los términos de la ecuación. Es probable que una amplia coalición nacional republicana de centro hubiese conllevado la escisión de la CEDA, de los socialistas o de ambos. La CEDA sólo habría resultado incluida si Lucia y Giménez Fernández hubieran podido atraer a una significativa minoría de diputados cedistas, separando a los más liberales, pero las perspectivas de semejante maniobra eran dudosas. El núcleo principal seguía siendo la restauración de la alianza entre republicanos de izquierda y socialistas que había gobernado durante el primer bienio.

Aunque Prieto alegaría más adelante que las intenciones de Azaña no eran del todo serias [56], el 12 de mayo el nuevo presidente se movió con rapidez pidiendo a Prieto que formase el siguiente gobierno. Hay pocas dudas de que Prieto estaba seriamente interesado y muchos argumentarían que era la mejor opción. El socialista bilbaíno no era un hombre de milagros, pero su buen sentido y su patriotismo habían llamado la atención de los dirigentes centristas e incluso de los de la derecha. Todos los grupos republicanos de izquierda, también Portela Valladares, parecían dispuestos a apoyar una coalición liderada por Prieto. Giménez Fernández estaba personalmente ansioso por colaborar, mientras que, en una ocasión anterior, José Antonio Primo de Rivera había propuesto, medio en broma, que si Prieto abrazaba un nacionalismo socialista la Falange se uniría a sus seguidores, con él mismo como su subordinado [57].

La clase de gobierno que propuso Prieto no era una gran «coalición nacional» sino una simple y genuina coalición frentepopulista (probablemente salvo los comunistas y el POUM) que acelerase las reformas económicas, aplastase la latente conspiración militar con una purga limitada pero decisiva del ejército y restaurase el orden mediante una política policial más enérgica y responsable, para lograr lo que denominaba la «despistolización» de España. Propuso otorgar una atención prioritaria a la reforma agraria, a nuevos proyectos de irrigación y a la construcción de viviendas, estas últimas destinadas, sobre todo, a reducir el desempleo. También tenía intención de ampliar los efectivos de la Guardia de Asalto, en su mayoría pro republicana, reduciendo los de la Guardia Civil.

Sin embargo, el principal obstáculo era la izquierda socialista, que se negaba a alterar su posición, a la que se aferraba con tenacidad desde el otoño de 1933, de que el partido nunca debería tomar parte en otra coalición de gobierno con los republicanos de izquierda. Los caballeristas sostenían que los socialistas sólo entrarían de nuevo en el gobierno si podían encabezar un régimen revolucionario junto a algunos otros partidos obreros revolucionarios. En palabras de Paul Preston: «En un sentido muy real, la ambigüedad de la actitud socialista hacia la República iba a ser el factor crucial de 1936» [58]. Tal y como lo veían los socialistas de izquierda, la presidencia de Azaña, que la mayoría no había alentado, sólo debía acelerar la tarea de los republicanos de izquierda de completar la fase «burguesa» de la República, a la que seguiría un régimen socialista. El 9 de mayo, Claridad enfatizaba que la España de la presidencia de Azaña sería totalmente diferente a la de su primer gobierno en 1931: «Azaña se ha dado cuenta de ello y de ahí su drama interior. Azaña no es capaz de enfrentarse violentamente con esta marcha ascensional e inevitable del proletariado. No puede ser ni un Kerensky ni un Hitler... Ojalá que sea un buen comadrón de la Historia. Esperemos» [59]. Sin embargo, más adelante, Largo Caballero se lamentaría de que «según Prieto, el Partido Socialista no tuvo otro papel en la vida política española que el de mozo de estoques de Azaña» [60], y la izquierda estaba decidida a evitarlo, por temor a ver a Prieto convertido en el «Noske español», en referencia al ministro socialdemócrata alemán de Interior que había aplastado a la izquierda revolucionaria tras la Primera Guerra Mundial. Por tanto, el 12 de mayo, en una rápida votación de la mayor parte del grupo parlamentario socialista, se obtuvo el resultado de 47 votos a 19 en contra de un amplio gobierno frentepopulista y a favor sólo de un Gobierno republicano de izquierda que, por sí mismo, completase el programa del Frente Popular a la mayor brevedad posible.

Fue éste un amargo golpe para Prieto, pero también fue un resultado previsible. La izquierda socialista estaba siendo coherente con su propia posición y la escisión en las filas socialistas aumentó todavía más. Con todo, Prieto no se resistió gran cosa. Puede que, simplemente, estuviera esperando contra toda esperanza que, enfrentada a una nueva ecuación política tras el ascenso de Azaña, la izquierda mudase de opinión y, ante el fracaso, el único recurso práctico hubiera sido escindir el partido de manera oficial, lo que, desde el punto de vista del bien público, hubiese sido muy deseable. Aparentemente, el día 15 Prieto envió un emisario a Gil Robles para explorar la posibilidad de obtener el respaldo de la CEDA en el supuesto de una escisión del Partido Socialista, pero la polarización entre la izquierda y la derecha era todavía más profunda y la contestación de Gil Robles fue que no podía prometerle tal respaldo [61]. Entre los socialistas, la identidad del partido y la lealtad estaban muy desarrolladas de manera que Prieto no se atrevió a dividirlo de manera oficial. Cuando su amigo y aliado el socialista Juan Simeón Vidarte le urgió a seguir adelante formando una nueva coalición, pensando que, una vez que Prieto fuera jefe del gobierno, los caballeristas no votarían en su contra, Prieto se negó a asumir el riesgo. Con su habitual ambivalencia añadió con amargura: «¡Que se vaya Caballero (sic) a la mierda!» Según Vidarte, Prieto temía desempeñar el papel de un «Briand español» que dejase a gran parte del partido atrás en medio de la existente polarización [62]. Lo que es más, como político práctico pudo haber considerado que la escisión del partido no era viable salvo que pudiera llevar consigo al menos a una escasa mayoría del grupo parlamentario, lo que en ese momento no parecía posible. Aunque continuaron las conversaciones con los elementos más liberales de la CEDA, por el momento era imposible formar cualquier clase de gobierno frentepopulista más amplio. En su lugar, en las semanas venideras, Prieto buscaría fortalecer la posición de los moderados en el seno del partido, esperando obtener el apoyo de su congreso, programado para octubre y tras el cual podría ser posible que los socialistas entraran a formar parte de un Gobierno republicano más amplio y fuerte. No obstante, eso le ocuparía otros seis meses y al actual ritmo de desintegración, seis meses eran algo que el Estado español —como el gobierno provisional ruso en 1917 o la «dictablanda» española en 1930— no tenía.

A continuación, Azaña se volvió hacia Martínez Barrio, cuyo partido había obtenido de la Comisión de Actas un número no despreciable de escaños, pero éste declinó rápidamente la oferta debido a los formidables obstáculos implicados y así, Azaña se encontró arrinconado por la propia dinámica política que había contribuido a tramar. En ese momento, salvo que tuviera el coraje de romper el Frente Popular, lo que no tenía intención alguna de hacer, la única opción era un cierto tipo de débil nuevo gobierno azañista sin Azaña, encabezado por uno de sus colegas de Izquierda Republicana. Él mismo reconoció que su propio partido tenía una escasa capacidad de liderazgo [63], y no logró encontrar mejor alternativa que la de uno de sus más próximos colaboradores, Santiago Casares Quiroga, que el mes anterior había ocupado —de una manera absolutamente ineficaz— el Ministerio de Gobernación. Casares era del todo leal a Azaña y sus mujeres eran amigas íntimas. En 1931-1933 había demostrado energía como ministro de Gobernación y antes había adquirido una cierta reputación por su vigor y determinación pero ahora sufría de tuberculosis. Durante el mes anterior, sus más notables actuaciones habían sido reasignar a muchos oficiales de la Guardia Civil y ordenar a los gobernadores provinciales que pusieran fin a la extorsión en las carreteras nacionales españolas, por la que los conductores se veían presionados a pagar un «impuesto revolucionario». Según Martínez Barrio, cuando se anunció el nombramiento del nuevo jefe del Gobierno, «la opinión pública y los propios grupos del Frente Popular no ocultaron su sorpresa y disgusto» [64], porque estaba claro que Azaña había llevado a cabo un dudoso nombramiento entre su camarilla personal. Según su cuñado, el propio Azaña tenía recelos pero no pudo encontrar otra opción [65]. En el nuevo gabinete, Casares Quiroga también ocuparía la cartera de Guerra para evitar que un general se hiciese cargo de ella; así, se supone, se controlaría mejor al ejército. Gabriel Franco, el ministro de Hacienda, se negó a continuar debido a la política fiscal caótica y contradictoria del gobierno y fue sustituido por un miembro de Izquierda Republicana. El gabinete se amplió ligeramente para dar entrada a un representante de Esquerra Catalana, Juan Lluhí Vallescà, como ministro de Trabajo, puesto para el que pronto demostraría ser incompetente. En conjunto, el último gobierno regular de la República contó con siete ministros de Izquierda Republicana, tres de Unión Republicana, uno de Esquerra y un republicano independiente, Juan Moles, al frente del crucial Ministerio de Gobernación.

Este débil esfuerzo fue la última iniciativa política directa de Azaña antes de la Guerra Civil. De ahí en adelante, se retiró a la presidencia preocupado, pudiera parecer, por la estética, que se dice era su mayor interés. Comenzó una redecoración de gran envergadura del Palacio de Oriente, trasladando de manera temporal su residencia a la Casita en el Palacio del Pardo (cerca del edificio que durante treinta y seis años sería la residencia personal de Franco). Aumentó el presupuesto presidencial, incrementando drásticamente la flota de limusinas [66], y dedicó su atención a preparar las nuevas leyes que establecerían graves penas para los ataques al presidente y su familia. Así perdía el tiempo mientras España ardía, más interesado en su comodidad y seguridad personal que en el bienestar de su país.

Azaña había logrado su objetivo básico de implantar la dominación izquierdista del poder político y de algunas otras instituciones, siendo la más relevante pero parcial excepción el ejército —una excepción crucial—. Sólo en una ocasión más, la noche del 18 al 19 de julio, realizaría un tardío esfuerzo para establecer una coalición gubernamental más amplia y efectiva. Sin embargo, para entonces, la Guerra Civil ya había comenzado y sería demasiado tarde.

CAPÍTULO 10 -
EL COLAPSO
MAYO-JUNIO DE 1936

A

unque casi todos los observadores serios están de acuerdo en que el país tenía una fatal necesidad de retornar a la legalidad, el orden y la reconciliación, el primer discurso de Casares Quiroga ante las Cortes para presentar su nuevo gabinete de minoría el 19 de mayo ofreció justamente lo contrario, declarando con agresividad:

Al cabo de cinco años, la República necesita todavía defenderse de sus enemigos. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Estando yo en la cabecera de este banco azul, prometo que durará lo menos posible. La táctica de la simple defensa no basta. Es más eficaz el ataque a fondo...

Al enemigo declarado lo aplastaremos. No puedo presenciar tranquilo cómo, cuando esos enemigos se alzan contra la República y son llevados a los tribunales, algunos de esos tribunales perdonan sus culpas o los absuelven. Hemos de pensar en aquellas leyes que hayamos de traer a la Cámara para cortar ese abuso radicalmente... Y digo que cuando se trata del fascismo, yo no sé permanecer al margen de esas luchas y os manifiesto que contra el fascismo el gobierno es beligerante.

El nombramiento de Casares había satisfecho a Claridad, que el 13 de mayo lo había saludado como uno de los mejores posibles, debido al declarado partidismo del nuevo jefe del gobierno. Sin embargo, no sólo los moderados sino también algunos republicanos de izquierda se mostraban críticos hacia su discurso «beligerante», su partidismo y su ambigüedad [1], dado que era cuestión de rutina que la propaganda izquierdista denominase «fascistas» a todos los derechistas. Casares añadió en sus comentarios que la izquierda también debía obedecer la ley y renunciar a las «huelgas políticas fuera de la ley, incautaciones que no pueden ser permitidas y actos de violencia que son un trágala o una coacción», una admisión tácita de los numerosos abusos que estaban teniendo lugar. Por el contrario, el discurso apenas decía nada acerca de los graves problemas económicos, salvo para hacer hincapié en la continuación de la reforma agraria y la intención de duplicar la cantidad invertida en obras públicas.

La sesión parlamentaria de ese día fue una de las más tumultuosas, con numerosos gritos, interrupciones e insultos. Una vez más, Gil Robles advirtió del peligro de una guerra civil salvo que la ley se aplicara con firmeza para todos, al tiempo que Calvo Sotelo se embarcó en un intercambio de insultos con un diputado socialista. Ventosa encontró los comentarios de Calvo Sotelo demasiado partidistas pero apuntó:

... Pero yo creo que los «enemigos de la República» son todos aquellos que provocan diariamente los desórdenes públicos que determinan este estado de anarquía en que se está consumiendo España. En todos los países donde se ha instaurado el fascismo precedieron a éste desórdenes y persecuciones como los que se vienen sucediendo en España... Yo os llamo la atención sobre la evidente similitud que existe entre la situación política en que se encontraba Italia en los años 20 y 21, y de Alemania en años posteriores.

Estaba muy claro que el Gobierno de Casares Quiroga no proporcionaría la respuesta a los problemas de España y continuaron las conversaciones entre los dirigentes moderados acerca de la formación de una nueva coalición más práctica y fuerte. Las mismas personalidades que habían estado activas en abril y a principios de mayo todavía estaban implicadas e Indalecio Prieto seguía siendo el líder propuesto, a falta de mejor alternativa. El 20 de mayo el bien conocido periodista Manuel Aznar escribió en el Heraldo de Aragón que «se habla cada día más de un gobierno de Prieto y se dice quiénes lo compondrán», pero el núcleo seguía estando en la disposición (o no) de Prieto a escindir el Partido Socialista que ahora sufría un nuevo desorden interno. Un pronóstico hablaba de que la comisión ejecutiva del partido aprobaría la participación en el gobierno (aunque la UGT la seguía rechazando), con Ricardo Zabalza, un disidente de la UGT que ahora pertenecía a la FNTT, al frente del Ministerio de Agricultura, Miguel Maura en el de Estado y el cedista Lucia en el de Comunicaciones (en apariencia por motivos de unidad nacional). Maura era quizá el más asiduo promotor de una amplia coalición constitucional que se extendiera desde el centro-izquierda hasta el centro-derecha, pero su éxito dependería de los grandes partidos, donde faltaba el acuerdo.

Giménez Fernández, que estuvo activamente implicado en estas discusiones, escribió este análisis años más tarde, poco antes de su muerte:

Desde abril de ese año, Besteiro, Maura, Sánchez Albornoz y yo pensábamos y hablábamos sobre un posible gobierno parlamentario de centro, que comprendiera desde la derecha socialista de Besteiro y Prieto hasta la izquierda democristiana de Lucia, para oponerse y combatir la demagogia fascista y frentepopulista. Desgraciadamente, este plan, que en principio no les parecía mal ni a Gil Robles ni a Prieto, no pudo cuajar por los siguientes obstáculos: a) La miopía política de Martínez Barrio que, a cambio de lograr siete actas en el despojo que se hizo a las derechas pasando de treinta a cuarenta y dos, no se dio cuenta de que su grupo pasaba de ser fiel de la balanza en la Cámara a quedar englobados en la izquierda, resultando, como luego demostró el curso de los sucesos, completamente inoperantes, b) El miedo de Azaña, percatado de que se le escapaba el control de las izquierdas y que aceptó por ello pasar a la Presidencia... sin darse cuenta de que al destituir a don Niceto (Alcalá Zamora) perdía un apoyo fuertísimo en sus propósitos repentinamente templados... c) La obstinación de Prieto que, para no ser tachado de traidor a los suyos, no quería escindir la minoría parlamentaria socialista mientras no contara con la mayoría de ella; pues aunque... pasó de treinta a cuarenta y cinco adeptos, sobre todo después de la agresión a Negrín en Écija, le faltaban ocho diputados, que no llegaron a decidirse en tiempo útil para haber provocado la escisión y tras ella la crisis con la que, según Sánchez Albornoz, estaría conforme Azaña para solucionarla con un gobierno Prieto, ya que, también por miedo, no aceptaba la jefatura Sánchez Román, d) La presión a favor de la guerra civil de la derecha, donde las juventudes de Acción Popular, irritadas por los atropellos de la extrema izquierda y la lenidad de los poderes públicos, pasaban en oleadas al fascismo o a los requetés, los financieros volcaban sus arcas a favor de quienes preparaban la rebelión y, finalmente, Gil Robles nos planteó a finales de mayo a Lucia y a mí la imposibilidad de seguir preparando la posición de centro... [2]

Aunque existían algunas pruebas de que en el seno del Partido Socialista estaba aumentando el apoyo a su posición, Prieto seguía refrenándose mientras esperaba que cristalizara un mayor respaldo y, en la derecha, Gil Robles siempre había mostrado su escepticismo hacia semejante plan.

Bajo ciertas condiciones, Gil Robles podría haber apoyado con los votos de la CEDA a una coalición con una base más amplia, pero no existe indicación alguna de que estuviera preparado para aprobar la participación cedista en un gobierno encabezado por Prieto. Muy de acuerdo con la versión de Giménez Fernández, informa de que el 2 de junio vetó cualquier posterior participación de los representantes cedistas en estas negociaciones y, un tiempo después, todo el proyecto quedó arrinconado [3]. Unos días más tarde, una vez que el gobierno hubo ratificado oficialmente los resultados de las fraudulentas elecciones de Cuenca y Granada, incluso Giménez Fernández cedió ante la situación y se retiró de las Cortes a su casa de Sevilla hasta que se resolviera la crisis en un sentido o en otro. Ahora la situación se estaba volviendo en verdad desesperada.

Dos de las áreas en las que el Gobierno de Casares Quiroga hacía progresos eran por un lado el cambio educativo y la represión religiosa y por otro la reforma judicial. El nuevo ministro de Instrucción Pública, Francisco Barnés, era incluso más radical que Domingo y como ha explicado un historiador británico:

El 28 de febrero el gobierno de Azaña había ordenado a los inspectores que visitaran los colegios dirigidos por congregaciones religiosas. En apariencia, estos inspectores a menudo cerraron colegios por su cuenta. Sin embargo, parecía que con el nombramiento de Barnés, el cierre de los colegios religiosos y la confiscación ilegal de las escuelas privadas se había convertido en la política oficial. Un representante cedista solicitó que no se cerraran las escuelas hasta que sus alumnos encontraran plaza en las estatales a lo que el ministro respondió que los católicos debían sufrir por sus pecados de omisión al haber fracasado a la hora de desarrollar suficientemente el sistema estatal desde 1933. El 4 de junio, la CEDA se retiró de las Cortes por un tiempo porque tanto el lenguaje insultante del ministro como su política causaban «una ofensa intolerable a la conciencia católica del país» [4].

No sólo se cerraban cada vez más colegios católicos sino que en algunas partes del país también se dio un persistente acoso hacia las actividades religiosas. Como escribe Malefakis: «Los curas se veían acosados sin piedad; se hacía sentir a quienes iban a la iglesia que asistir a misa ya no era seguro» [5].

El Gobierno se mostraba «beligerante» no sólo contra el «fascismo» y los colegios católicos sino también contra la independencia judicial. El 3 de junio se introdujo una nueva ley para crear un tribunal especial, como se disponía en el artículo 99 de la Constitución, que se ocuparía de las acusaciones contra jueces y fiscales por negligencia en sus funciones. Estaría compuesto por cinco magistrados del Tribunal Supremo como jueces de derecho y doce jurados especiales como jueces de hecho. Pese a las protestas de la derecha, se aprobó el 10 de junio y enseguida se aprobó otra ley para proporcionar más control político sobre la elección de los nuevos presidentes del Tribunal Supremo. El 3 de julio se aprobó finalmente la total amnistía para todos los delitos cometidos por la izquierda, y seis días más tarde las Cortes aprobaron otra medida acerca de la jubilación forzosa de jueces y fiscales que la derecha condenó como otra arma a utilizar contra los conservadores.

Tras el orden público, el problema más serio al que se enfrentaba el nuevo gobierno era la economía. Los precios aumentaban con rapidez, la peseta estaba en serio declive y habían caído los precios de las acciones. El Gobierno de Azaña había adoptado la posición habitual de que la derecha había provocado todos los problemas económicos y siguió una política contradictoria de ampliar las categorías presupuestarias importantes y continuar con un rumbo más intervencionista mientras esperaba estabilizar la peseta y reducir tanto el desequilibrio de la balanza comercial como la deuda nacional. La reforma tributaria progresiva propuesta por Gabriel Franco, el ministro de Hacienda de Azaña, nunca había sido objeto de discusión en las Cortes donde los diputados estaban demasiado ocupados denunciándose entre sí. Al final Franco dimitió debido a la imposibilidad de financiar nuevas y significativas obras públicas controlando a la vez el gasto y a la negativa del gobierno a establecer prioridades.

El discurso inaugural que Casares Quiroga pronunció el 19 de mayo sólo hacía referencia a mantener la aceleración de la reforma agraria, completar la restauración de la legislación laboral de 1931-1933 y añadir otros 100 millones de pesetas a los 90 que ya estaban destinados a obras públicas para combatir el desempleo. El Gobierno republicano de izquierda se comprometió a modificar las relaciones entre el capital y los trabajadores para otorgar a éstos mucho más poder, pero no intentó eliminar todas las funciones del mercado y no pudo encontrar solución para los problemas resultantes. Temía introducir políticas claras en diversas áreas clave. Por ejemplo, no existía respuesta para las críticas del centro y la derecha relativas a que el gobierno español era el único de los izquierdistas en Europa que carecía de una estrategia fiscal seria, claramente deflacionista o reflacionista (aunque en la práctica se aproximaba más a esta última). En cuestiones económicas, el gobierno iba más allá de la plataforma frentepopulista originaria, pero instituyó medidas poco a poco y nunca consiguió preparar unos presupuestos. Al final, el 30 de junio, solicitó a las Cortes la prórroga del anterior presupuesto durante el tercer trimestre del año. En el Parlamento, los únicos comentarios lúcidos acerca de la situación económica procedieron del centro y la derecha; los diputados del Frente Popular estaban preocupados por otros asuntos.

El peor trastorno económico tuvo lugar en zonas agrarias del centro y el sur del país mientras la industria urbana resultó menos afectada. No obstante, el gran aumento en los costes de producción, debido al incremento de los salarios y de los ingresos suplementarios, junto con la pérdida de nuevas inversiones, dio como resultado un descenso en la producción y una menor productividad. Creció el déficit presupuestario y el de la balanza de pagos, aunque el primero no constituyó un problema inmediato. En apariencia se redujo la actividad de la industria catalana debido al descenso de la demanda interior y exterior y a la fuga de capitales [6]. Desde últimos de mayo hasta el comienzo de la Guerra Civil los parlamentarios centristas y derechistas criticaron sin cesar la falta de política gubernamental para hacer frente a la crisis en expansión. A mediados de junio los portavoces derechistas incluso elogiaban a Léon Blum, el líder del gobierno del Frente Popular en Francia, que era más moderado y no revolucionario, por haber desarrollado un plan coherente de reconstrucción nacional que unió al capital y a los trabajadores, con niveles salariales nacionales y acuerdos más claros para lo que, como era habitual, el gobierno de Casares Quiroga carecía de respuesta. Más tarde Fernando Valera, de Unión Republicana, admitió que el Gobierno nunca podría ocuparse del desempleo mientras ni siquiera fuese capaz de diseñar unos presupuestos, sufriera de un déficit fiscal y de balanza de pagos y tuviera un tejido industrial que no era lo bastante fuerte como para absorber a todos los trabajadores que debían reincorporarse en virtud del decreto de febrero [7].

La ola de huelgas y los disturbios obreros de mayo y junio

La gran actividad huelguística no había sido uno de los rasgos más relevantes de las primeras semanas posteriores a la victoria del Frente Popular. Las primeras medidas negativas que adoptaron algunos empresarios —el abandono de varias empresas, cierres patronales y, sobre todo, la evasión de capitales— lo habían sido en respuesta a los resultados electorales pero, al principio, no como resultado de grandes presiones sindicales. El Gobierno de Azaña, como ya se ha mencionado, había empezado rápidamente a restaurar la estructura y la autoridad de los jurados mixtos, aunque no se hizo del todo oficial hasta el 30 de mayo y las Cortes no aprobaron la nueva ley que restablecía por completo su carácter originario hasta el 20-21 de junio.

Las huelgas multitudinarias sólo hicieron su reaparición a mediados de la primavera, cuando el tiempo mejoró. En mayo se produjo un gran aumento de las mismas y continuarían a un ritmo incluso mayor en junio. Sólo en esos dos meses la actividad huelguística fue casi tan importante como en todo 1932 o 1934 (excepto octubre) y durante los primeros seis meses y medio de 1936 superó a la de 1933 (año en que se había producido el anterior máximo) si también se considera el número total de huelgas (véase la tabla «Actividad huelguística en la República»). El volumen total que a finales de junio pudo haber significado la existencia de un millón de trabajadores en huelga al mismo tiempo, no fue en proporción superior al de la ola de huelgas que, en Francia, siguió a la victoria del Frente Popular en mayo. Se cree que la ola francesa de huelgas de finales de mayo y junio arrastró, en su momento más álgido, a dos millones de trabajadores, aproximadamente la misma proporción de mano de obra, mutatis mutandis, que en España. La principal diferencia estribaba en que, en Francia, el gobierno canalizó con rapidez las huelgas hacia acuerdos económicos prácticos mientras que en España los paros masivos adoptaron un tono prerrevolucionario. Esto no se debía a que la CNT y la UGT estuvieran exigiendo la inmediata colectivización de la industria o la tierra (al menos en la mayoría de los casos) sino a que las condiciones que a menudo exigían eran tan extravagantes que iban más allá de la capacidad económica de los patronos o, de concederse, hubieran supuesto el control obrero de facto. Con frecuencia también tuvieron éxito a la hora de imponer la sindicación obligatoria, lo que dio como resultado el despido de un considerable número de sindicalistas católicos y precipitó el rápido declive de los sindicatos católicos más pequeños. En junio el gobierno cerró las sedes de la Organización Nacional Católica del Trabajo, como parte de su política de cierre de las organizaciones, propiedades e iniciativas derechistas y tal y como pedían públicamente los partidos revolucionarios [8]. Un rasgo destacable fue que mientras todo esto ocurría, la tasa oficial de desempleo seguía en las 800.000 personas (más o menos la misma cifra que en Francia lo que indicaba que el paro regístrado era, en proporción, el doble en España, aunque las estadísticas españolas incluían a quienes tenían empleo parcial). Esto subraya el carácter ante todo político de las huelgas, como han señalado numerosos comentaristas.

Como admitió el portavoz parlamentario de Unión Republicana, no eran «puramente económicas» en sus orígenes sino «de carácter social y moral» [9].

En mayo la gran huelga de marinos mercantes tuvo repercusiones internacionales, quedando también la flota española amarrada en puertos extranjeros. A principios de junio, los estibadores y las tripulaciones habían obtenido la victoria total con un gran aumento salarial, la reducción de la jornada e importantes ingresos complementarios. Los términos del acuerdo requerirían tal aumento de la mano de obra que ni había suficientes marineros ni suficiente espacio para ellos en los barcos mercantes españoles, por lo que algunos quedaron amarrados a puerto y el comercio español se enfrentó a pérdidas catastróficas. El 25 de mayo Prieto advirtió que las siguientes condiciones provocarían «una crisis infinitamente mayor» que la provocada por la anterior explotación de los estibadores y los marineros [10].

En Barcelona las exigencias de los empleados de hotel pudieron haber dado al traste con la industria hotelera. Cuando los propietarios ofrecieron a los trabajadores cederles una parte de la propiedad en forma de acciones, como contrapartida a un acuerdo más cooperativo, la CNT se negó. En acciones similares, la empresa valenciana de tranvías y los ferrocarriles andaluces se vieron forzados a la disolución y los gobiernos locales asumieron sus servicios. En abril se había arrestado al director de los Astilleros Echevarrieta porque su empresa no había podido pagar la gran suma en concepto de atrasos salariales que le impuso el gobierno; tras una huelga general que tuvo lugar en mayo, el gobierno provincial finalmente acordó pagar las 200.000 pesetas que se adeudaban. En abril la Sociedad Metalúrgica de Peñarroya había llegado a un acuerdo con los trabajadores para establecer un «turno en el trabajo» con el fin de evitar despidos fulminantes, ya que su producción se había reducido en un 50 por ciento. Este acuerdo duplicó los costes de mano de obra, a los que no se podía hacer frente y, aun así, los trabajadores presentaron nuevas exigencias en junio que, si se aceptaban, supondrían la quiebra total [11]. De manera menos espectacular, cientos de pequeños empresarios se estaban arruinando y en algunos casos la jornada laboral se redujo a seis horas. El ministro de Industria anunció que tenía una responsabilidad «educativa» para modificar los términos de las relaciones entre empleados y empleadores, así que no resultó sorprendente que el 14 de mayo el Bloque Patronal exigiera saber si el gobierno estaba adoptando la posición de abolir el empleo capitalista [12]. De igual manera, los pequeños empresarios preguntaron al gobierno «si se había decidido dar por concluida su función histórica» [13]. Una vez que la asociación de contratistas cedió a las exorbitantes peticiones planteadas por los obreros de la construcción de la CNT de Sevilla, que estaban en huelga, el secretario del comité nacional de la CNT, Horacio Prieto, instó a sus camaradas a moderar sus exigencias antes de que los desesperados patronos, que ahora estaban dispuestos a conceder cualquier cosa razonable, se vieran empujados a los brazos de una reacción protofascista.

En estas condiciones, el paro aumentó de manera inevitable en ciertas categorías, la producción general se redujo, cayeron los ingresos fiscales, se evadían del país más y más capitales y cada vez se hizo más difícil financiar la deuda y emitir bonos del Estado. Los líderes empresariales suplicaban al gobierno que adoptase medidas decisivas para estabilizar la economía y alcanzara alguna clase de acuerdo general con los sindicatos. El 7 de junio La Veu de Catalunya publicó un «Manifiesto» firmado por 126 asociaciones empresariales locales y regionales en el que expresaban su disposición a aceptar la mayoría del programa económico frentepopulista, pero se urgía al gobierno a adoptar medidas inmediatas para controlar la anarquía económica y se sugería la interrupción temporal de los aumentos salariales, la reforma de los tribunales laborales para alcanzar un arbitraje justo y la celebración de una «conferencia del Trabajo» nacional para intentar enderezar las cosas. Como informó El Sol el 26 de junio y el 5 de julio, las resoluciones de la asamblea extraordinaria de las cámaras nacionales de comercio e industria, celebrada en Madrid, expresaban idénticas preocupaciones. Todas estas súplicas urgentes simplemente se ignoraron.

Quizá la huelga más llamativa y conflictiva fue la del sector madrileño de la construcción, que convocó la CNT el 1 de junio. En Madrid el Sindicato Único de la Construcción (SUC) de la CNT había tenido una gran expansión, sobre todo por su defensa de los derechos de los peones. El 19 de abril se había votado para exigir la jornada de treinta y seis horas y un aumento salarial del 15 al 17 por ciento para los trabajadores especializados y semiespecializados que llegaría al 50 por ciento para los peones. Al mes siguiente la UGT asumió estas exigencias en su totalidad para evitar verse superada. Los patronos, previendo ruinosos aumentos de costes, adoptaron una línea dura y poco después comenzó una huelga a la que se sumaron 110.000 trabajadores, ya que a los de la construcción se unieron los sindicatos aliados. Como era habitual, la CNT se negó a cooperar con los jurados mixtos aunque la UGT estaba dispuesta a ello, de manera que, unilateralmente, el Ministerio de Trabajo presentó su propio «laudo» el 3 de julio en el que se proponía la jornada de cuarenta y cuatro horas semanales y aumentos salariales del 5 al 12 por ciento —una oferta muy generosa dadas las circunstancias, pero que no suponía la ruina para los patronos—. Los huelguistas de la UGT aceptaron esas condiciones por tres votos a uno pero el SUC no hizo lo mismo e incluso los ugetistas regresaron al trabajo con lentitud y, cuando comenzó la Guerra Civil, la huelga todavía continuaba [14].

A menudo las grandes huelgas llevaron aparejadas manifestaciones a gran escala y en algunos casos violencia; en especial la CNT no se mostraba remisa a servirse de ella para mantener las huelgas. A finales de primavera, unos sesenta mil dependientes de comercio se encontraban en huelga en Barcelona y se afirmaba que, en julio, aproximadamente la mitad de los obreros de Madrid no estaban trabajando aunque, como es normal, las condiciones variaron en gran medida de una provincia a otra.

Incluso los dirigentes de la izquierda socialista se mostraron en cierto modo preocupados. El 22 de mayo la comisión ejecutiva de la UGT dispuso que no se produjeran más huelgas a instancias de la agrupación sindical sin la autorización directa de la federación nacional pertinente, lo que en ocasiones se ignoró. Desde más o menos la segunda mitad del mes de mayo la prensa pro republicana venía registrando una creciente alarma y Política, el principal órgano de Izquierda Republicana, hacía llamamientos cada vez más frecuentes a la ley y el orden. El 23 de junio los redactores-jefe de Solidaridad Obrera admitieron también que la huelga se estaba desmandando y recomendaron a la CNT en su conjunto que aspirase más a un descenso de los precios que a acuerdos salariales tan poco realistas. Por su parte los líderes de la CNT sugirieron que los sindicatos hicieran acopio de sus fuerzas para la gran huelga general revolucionaria que tendría lugar en un momento futuro y no especificado y también la cúpula del Partido Comunista trató de moderar la ola de huelgas, pese a lo limitado de su influencia sobre las organizaciones obreras.

Los mayores desórdenes laborales no tuvieron lugar en las ciudades sino en los campos del centro y el sur del país. El 11 de junio las Cortes votaron por fin la restauración de la originaria Ley de Bases de la Reforma Agraria del 15 de septiembre de 1932, pero la derecha elevó su protesta aduciendo que los decretos radicales de los últimos meses, aprovechándose de la cláusula incorporada en 1935 que permitía la confiscación sin indemnizaciones «por razones de utilidad social», habían superado con mucho la legislación originaria, lo que técnicamente era correcto. Los problemas laborales y los grandes aumentos de costes derivados de los nuevos acuerdos salariales y de los alojamientos (asignación de obreros a las fincas) eran más serios que cualesquiera confiscaciones de grandes propiedades. Los socialistas, más que la CNT, llevaron la iniciativa en el campo meridional; en Andalucía y Extremadura, el poder no radicaba en las autoridades gubernativas provinciales sino en los ayuntamientos locales, a menudo bajo dominio socialista, y en las Casas del Pueblo. El objetivo de la política socialista en el sur era la colectivización definitiva pero, a corto plazo, no estaba orientado hacia un cambio inmediato en la estructura de la propiedad sino hacia la inversión de las relaciones de poder, de forma que los trabajadores dominasen a los propietarios, lo que, en cierta forma, resultaba coherente con la que había sido la política general socialista desde 1931 que siempre había sido servirse de la República para introducir cambios radicales que abriesen el camino al socialismo sin establecerlo de forma inmediata o a través de una revolución directa y violenta per se (en ese sentido, la insurrección de 1934 había constituido una aberración parcial, no en sus objetivos revolucionarios sino en sus tácticas insurreccionarías de violencia de masas). Parece que la meta era obligar a los terratenientes a utilizar cuantas reservas de capital tuviesen para beneficiar a los trabajadores, sin necesidad de someterlos a una expropiación formal, hasta que hubiesen entregado la mayoría de cuanto poseían.

En abril se habían decretado alojamientos a gran escala, en especial en las provincias de Córdoba, Granada y Huelva. En Córdoba se llevaron a cabo a nivel del gobierno provincial y, de manera más frecuente, a nivel local; sin embargo, para los beneficiarios de los alojamientos, los incrementos salariales se redujeron de forma considerable con el fin de evitar la inmediata quiebra de los propietarios, al tiempo que se arrestaba arbitrariamente a algunos terratenientes acusados de resistencia a las nuevas medidas, mientras los propietarios se quejaban del robo generalizado de las cosechas de aceitunas y de la tala ilegal de árboles. Aumentó la coerción ejercida sobre los trabajadores no afiliados a sindicatos izquierdistas, hasta el punto de que los trabajadores sevillanos del campo que eran miembros de Unión Republicana protestaron a Madrid que la FNTT les negaba el trabajo alegando su no afiliación. En mayo se incrementaron los alojamientos y las informales «invasiones de fincas», siendo más frecuentes en las provincias de Sevilla y Jaén pese a los infructuosos esfuerzos de los gobernadores civiles por controlar tales actuaciones. La ofensiva laboral se benefició en gran medida de la política del Gobierno de Azaña de imponer a numerosos alcaldes socialistas, incluso a veces en zonas donde este partido se encontraba en minoría. A nivel provincial, se implantaron condiciones del todo unilaterales, de tal forma que en la provincia de Sevilla la jornada se redujo a seis horas en las que se incluían el tiempo invertido en llegar al trabajo así como los periodos de descanso. Entre las medidas arbitrarias que algunos ayuntamientos impusieron en el sur, se encontraban las sobreprimas que se aplicaban a los salarios normales, el incremento del cien por cien en los tributos locales a pagar por los terratenientes y las exigencias de acometer reparaciones específicas en casas y fincas, fueran o no necesarias, con lo que se daría trabajo a más obreros [15]. En el sur, los salarios de los segadores se fijaron en general entre once y trece pesetas por día aunque, a veces, los sindicatos exigieron más. «Esto significó que los salarios de 1935 aumentaron más del doble y experimentaron un incremento de alrededor del 20 por ciento sobre los niveles salariales de 1933, un año en el que la disminución de los beneficios de los productores fue tan grande que contribuyó» a la caída del primer Gobierno de Azaña [16]. En Jaén los sueldos aumentaron un 46 por ciento con respecto a los niveles de 1932, de forma tal que, en mayo, algunos terratenientes del sur comenzaron a abandonar sus propiedades y a trasladarse a las ciudades, donde vivirían de sus ahorros [17].

Los propietarios de tierras de la provincia de Sevilla ya habían celebrado una asamblea a mediados de abril para quejarse del reino del terror que se había implantado en el campo, antes incluso de que las condiciones alcanzasen su grado más extremo. A mediados de mayo, tanto la sevillana Federación Patronal Agrícola como la Confederación Española Patronal Agrícola a nivel nacional presentaron peticiones al gobierno en las que solicitaban que se hiciera cumplir la ley y se impusiera el orden, declarándose dispuestos a aceptar los nuevos reglamentos siempre que no fuesen más allá y se aplicasen honestamente, sin excesos adicionales [18]. Para los terratenientes esta era una posición sin precedentes y una dramática expresión de su sentimiento de desesperación. El 27 de mayo el gobernador civil de Badajoz informó de que ciertos obreros agrícolas ni siquiera aceptaban salarios de doce pesetas diarias, más del doble de lo que habían percibido el año anterior [19]. A veces incluso los minifundistas y los arrendatarios se vieron obligados a hacer pagos exorbitantes para evitar alojamientos ruinosos [20]. Los terratenientes no podían comprender por qué los gobiernos republicanos de izquierda permitían semejante anarquía y extremismo, ya que, al igual que Azaña, los consideraban «burgueses» y favorables a la propiedad privada. El programa del Frente Popular nunca había especificado modificaciones tan drásticas pero, en mayo, tal programa se había rebasado en todos los aspectos. De hecho los propietarios de tierras más liberales parecían ser los más perplejos, pues no podían comprender que hacía tiempo que los republicanos de izquierda habían abandonado el liberalismo y se habían embarcado en un oficioso pacto diabólico con los revolucionarios. Parece que, por parte del Gobierno de Casares Quiroga, hubo cierta preocupación por proteger a los pequeños y medianos propietarios, así como a los braceros que eran miembros de los partidos republicanos, pero no era posible hacerlo sin aplicar enérgicamente la ley, algo que en general no hizo el gobierno por temor a la reacción de los socialistas. Sin embargo, se dieron ocasiones en que intervinieron los gobernadores provinciales para controlar los excesos a nivel local.

Incluso en la aceleración de la reforma agraria oficial con Ruiz Funes y el IRA aumentó el desorden. Ruiz Funes anuló todos los asentamientos que se habían producido en 1935, de forma tal que el pequeño número de familias que habían recibido tierras el año anterior se vieron obligadas a abandonarlas. No obstante, trató de mantener el principio de que los pequeños propietarios recibieran una indemnización próxima al precio de mercado por la tierra que se les hubiese confiscado, aunque a los grandes propietarios se les pagaría mucho menos en proporción. Todavía más, el tamaño medio de las nuevas parcelas legales era de tan sólo 5,5 hectáreas y el 27 de mayo Ruiz Funes admitió ante las Cortes que, de hecho, no podía esperarse una tasa de éxito económico superior al 40 por ciento para esos minifundios sin capital, lo que significaba la admisión por parte del gobierno de que, en su mayoría, era improbable que su acelerada reforma agraria funcionase. Por ello, el Servicio Agronómico recomendó la incautación de todas las fincas de mayor tamaño ya que, de otra manera, no se dispondría de tierra suficiente. En ocasiones los beneficiarios abandonaron la tierra que se les entregó aduciendo que preferían «un jornal a los beneficios del cultivo directo» [21]. Los patronos comenzaron a exigir que todos los acuerdos salariales incluyesen criterios productivos que especificasen cuánto trabajo efectivo se adquiría con tan enormes incrementos salariales. Naturalmente, socialistas y comunistas rechazaron los criterios productivos pero, el 1 de julio el inepto ministro de Trabajo, Lluhí, admitió que era probable que su implantación fuese deseable. En una interpelación ante las Cortes la oposición presentó la acusación de que, basándose en las propias estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, el coste total de la cosecha ese año superaría a su valor de mercado, algo para lo que Lluhí y Ruiz Funes carecían de respuesta.

La mayor de las actuaciones laborales de finales de primavera fue una forma de huelga general agraria que la CNT inició en la provincia de Málaga. Durante las dos primeras semanas de junio estuvo respaldada por la FNTT provincial y los sindicatos comunistas, extendiéndose por las ciudades y convirtiéndose en una especie de huelga general urbana y rural en la que, en un momento dado, es posible que tomaran parte hasta 100.000 obreros [22]. En las explotaciones mineras del sur del país prevalecieron condiciones similares; la gigantesca huelga onubense fue un éxito para la UGT pero las condiciones que se impusieron a la gran empresa minera Río Tinto resultaron contraproducentes, ya que la exigencia de contratar de nuevo a 3.000 trabajadores y abonar los salarios dejados de percibir amenazaba de quiebra a la empresa, de tal manera que, en junio, se produjeron nuevos despidos [23].

La FNTT rechazó resueltamente los criterios mínimos de trabajo o producción y también, por inadecuada, la propuesta del gobierno de entregar tierras a 100.000 nuevos colonos por año. En los campos del sur la CNT veía crecer su afiliación con rapidez e impuso condiciones incluso más radicales. Los alojamientos forzosos y las «siegas por asalto» (participación arbitraria en las siegas en condiciones impuestas por los trabajadores) condujo a los pequeños propietarios de tierras al borde de la ruina, sin que tampoco se satisficieran todas las peticiones obreras. Aparentemente, el aumento de los costes de la mano de obra alentaba a algunos grandes terratenientes a incorporarse a la mecanización, pese a que los nuevos contratos laborales en los campos del sur restringían de modo específico el empleo de maquinaria agrícola [24]. El mal tiempo continuado, el retraso en la plantación y la recolección y la falta de créditos para pequeños agricultores agravaron los problemas, llevando al Ministerio de Agricultura a predecir una reducción del 27 por ciento en la cosecha de trigo, comparada con la que se obtuvo el generoso año anterior [25]. Algunas tierras fueron simplemente abandonadas y los pequeños propietarios sólo contrataron la mano de obra imprescindible. Es posible que las condiciones más extremas se dieran en la provincia de Badajoz, donde más de un tercio de toda la población masculina adulta y rural ya había recibido tierras y la proporción pudo haber sido casi equivalente en Cáceres, lo que tan sólo abrió el apetito por más ayudas económicas, produciendo actuaciones arbitrarias a gran escala conforme «miles de trabajadores vagabundeaban... en su inútil búsqueda de trabajo» por la provincia de Badajoz «que, en vísperas de la Guerra Civil, parecía sumida en el caos» [26]. A finales de junio, la UGT había iniciado una campaña nacional para la expropiación inmediata y sin indemnización de todas las tierras incultas y en ciertas provincias se siguieron produciendo incautaciones ilegales de una u otra forma.

Posiblemente, nunca se llegará a establecer un censo preciso de todas las tierras que cambiaron de manos durante esos meses y un destacado historiador concluye:

Nuestra hipótesis, nada segura y sometida a cualquier comprobación en uno u otro sentido, es que la ocupación de hecho de tierras, bien en calidad de yunteros, de beneficiarios legales de ocupaciones, de asentados en expropiaciones ya tramitadas, de ocupaciones de hecho —a veces incluso en forma de alojamiento— transmitidas simplemente por la Comisión de Policía Rural a la Junta Provincial Agraria, debía acercarse al millón de hectáreas cuando estalló la Guerra Civil [27].

Este cálculo, el mejor posible sin mucha más investigación, apuntaría a alrededor del 2,5 por ciento de los 40 millones de hectáreas de propiedad agraria en España, pero al 5 por ciento de las aproximadamente 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo, lo cual todavía no constituía una revolución pero podía considerarse el inicio de una. La alteración en la propiedad de la tierra ya había provocado consecuencias masivas en algunas de las provincias meridionales, donde la proporción de campos cultivables que cambió de manos fue muy superior al 5 por ciento [28].

A mediados de junio todavía no había comenzado la cosecha en algunos de los distritos del sur porque los sindicatos exigían salarios aún mayores. El 10 de julio la Patronal Agraria de la provincia de Sevilla remitió un estudio al gobernador civil en el que se demostraba que los costes de la recolección superarían a su valor, mientras que en la de Córdoba un cierto número de minifundistas afiliados a los partidos republicanos de izquierda hicieron llegar al gobierno su propia petición en la que declaraban que, en aquellas condiciones, su actividad económica resultaba inútil y sugerían que el IRA se hiciese cargo de sus tierras, terminando con el saludo «salud y República» [29]. A ello siguió un decreto publicado el 11 de julio en la Gaceta de la República en virtud del cual se prohibía la incautación ilegal de las tierras de los pequeños y medianos propietarios, pero que dependía de que se impusiera su cumplimiento, algo en lo que no destacaba el gobierno.

Los grandes terratenientes comenzaron a huir de forma generalizada desde el campo a las ciudades y el gobernador civil de Córdoba anunció su intención de comprobar si estaba autorizado para retenerlos con el fin de, como expresó en las Cortes un crítico, «obligarles a permanecer en los respectivos pueblos, sentando la novísima teoría de Derecho de invertir los destierros y deportaciones, haciéndoles de fuera a dentro». El 22 de mayo, el ministro de Gobernación había dicho a los gobernadores civiles que aplicaran de forma muy restrictiva los criterios para emitir pasaportes y así evitar que la gente huyera al extranjero [30]. A finales de junio y principios de julio aparecieron en los periódicos multitud de declaraciones de los terratenientes, diciendo que se veían obligados a abandonar los cultivos en tanto que las de los funcionarios gubernamentales parecían indicar que eran conscientes de que los incrementos salariales eran ya excesivos.

No existen datos relativos al número total de arrestos, pero las detenciones arbitrarias eran frecuentes. Por ejemplo, en Antequera todos los miembros de la sección local del monárquico Acción Española fueron arrestados por «fascistas», lo que en apariencia causó su asombro, dado que no tenían tratos con Falange. Esta última estaba de hecho creciendo en Andalucía, debido a la situación prerrevolucionaria que se estaba desarrollando. En el momento de las elecciones, apenas había alcanzado los 2.000 miembros en las provincias andaluzas y en términos de composición social no era más que una especie de club elitista de clase alta. Hacia el 18 de julio su afiliación había aumentado hasta los 9.000, atrayendo por vez primera a un número significativo de miembros de clase baja como obreros y empleados que se habían visto presionados por la izquierda. En ese momento y según un estudio, éstos sumaban el 47 por ciento de la afiliación falangista [31], mientras que en la ciudad de Almería el 80 por ciento de sus líderes procedían de estos estratos [32].

Con todo, la inmensa mayoría de los obreros del campo de la UGT y la CNT apenas parecían percatarse al cien por cien de la revolución económica. Evidentísimamente, querían salarios mucho mayores o que se les proporcionase tierra que trabajar en condiciones favorables. Como advirtió Julián Besteiro en las Cortes y un experto en cuestiones agrarias apuntó en El Sol (15 y 17 de julio) el efecto real de todas esas huelgas y acosos rurales, sobre todo en el sudoeste, no era llevar a cabo una revolución positiva en la propiedad y la producción sino desviar cuantos ingresos a corto plazo fueran posibles hacia los agricultores y hacia algunos minifundistas. Se frustró la mecanización y los propietarios medios y en ocasiones también los minifundistas comenzaron a arruinarse sin que se hiciese intento real alguno por sentar las bases de una economía rural más moderna y eficiente. Las consecuencias económicas de la prerrevolución agraria en el sur fueron ante todo destructivas.

La posición socialista —o, al menos, la de la UGT— era que había llegado el momento de la socialización de la tierra y la industria, aunque no llegó a presentarse ningún plan. El 9 de junio, el gobierno introdujo una ley destinada a la industria minera asturleonesa, en virtud de la cual aquellos pozos y depósitos que no se estuviesen explotando de forma activa, se incautarían y pasarían a ser propiedad de cooperativas de trabajadores, aunque su escasa productividad no daría lugar sino a la reorganización de la pobreza. A finales de mes, los diputados socialistas y comunistas afirmaron que el grado de abandono por parte de los propietarios agrícolas era tal que en ciertas zonas las tareas de recolección deberían ser asumidas por las autoridades locales o por los sindicatos agrarios.

Como afirma Malefakis, las acusaciones de «provocación» que se presentaron contra los terratenientes resultaron particularmente dudosas, ya que, caso de no poder recoger las cosechas, éstos perderían enormes cantidades de dinero y, como grupo económico dominante, tampoco estaban bien organizados [33]. Lo que es más, al correr el año sólo podía esperarse el deterioro de la situación pues una vez finalizada la recolección más propietarios abandonarían los cultivos.

Dado que a menudo el coste de la cosecha en el sur superaba a su beneficio, nada se lograría con la nacionalización exigida por los socialistas, salvo que los sueldos se redujesen de forma considerable. El gobierno sólo pudo responder a la izquierda llevando a cabo expropiaciones masivas, que en sí mismas no resolvían un problema cuya profundidad real se pondría de manifiesto con la colectivización revolucionaria que se llevó a cabo una vez iniciada la Guerra Civil, cuando las organizaciones sindicales ya no estaban en disposición de proporcionar trabajo o tierras adecuadas en la zona este de Andalucía, ni siquiera a todos aquellos que se quedaron después del comienzo de la movilización militar. Debido al mal tiempo y a la intranquilidad, la cosecha de trigo de 1936 fue la peor en años. A principios del verano hubo incluso algunos diputados republicanos de izquierda que comenzaron a plantear en el Parlamento la cuestión de cómo iba a hacer frente el gobierno a los múltiples y crecientes problemas económicos que carecían de una solución inmediata. Como ha escrito Macarro Vera: «Lo que resulta indiscutible es que ninguna de las recetas económicas del programa frentepopulista tenía valor relevante alguno y los encargados de su aplicación estaban en profundo desacuerdo... En julio de 1936 parecía que ninguno de los partidos del Frente Popular estaba ni siquiera preocupado por hacer frente al enigma» [34].

El aumento de la violencia

La tasa de violencia, que acompañó a numerosas huelgas, había empezado a aumentar a mediados de abril y creció más con el buen tiempo, hasta alcanzar un punto álgido alrededor del 25 de mayo y permaneció así durante las siguientes siete semanas. Los izquierdistas asesinaban a falangistas y derechistas y a su vez morían a manos de los de Falange; la policía disparaba y mataba a obreros en huelga (a menudo en manifestaciones) y otras veces morían los policías. Cuando los falangistas asesinaron en Santander al director socialista de un periódico el 3 de junio, cuatro miembros de Falange, o sospechosos de pertenecer a ella, fueron asesinados en esa ciudad en las siguientes cuarenta y ocho horas.

Uno de los más extraños grupos de incidentes, que no causó víctimas, comenzó en Alcalá de Henares el 15 de mayo cuando los izquierdistas atacaron a varios oficiales de la guarnición local del ejército y, a continuación, incendiaron la casa de uno de ellos. Los socialistas de Alcalá solicitaron al gobierno que trasladase a los dos regimientos de la guarnición, alegando la existencia de proclividades fascistas y conspiratorias entre sus miembros. Casares Quiroga aceptó y se ordenó a las unidades que estuvieran listas para el traslado en cuarenta y ocho horas. Cuando los oficiales protestaron se arrestó a un cierto número de ellos, se les juzgó en una corte marcial y se les condenó a penas de reclusión de diferente duración, acentuando el sentimiento de escándalo entre los militares. De manera muy similar tras una reyerta entre trabajadores y la Guardia Civil, que tuvo lugar en Oviedo el 23 de mayo, las protestas contra el uso de la fuerza por parte de los guardias civiles condujeron al arresto y procesamiento de cinco de sus oficiales.

La mayor mortalidad derivada de cualquiera de las explosiones de violencia se produjo cerca de la pequeña ciudad de Yeste (Albacete) el 29 de mayo. Los habitantes de La Graya, un pueblo montañés vecino, habían perdido gran parte de su sustento tras la inauguración, el año anterior, de un pantano en el valle inferior, uno de los logros del programa de obras públicas de la República. La supervivencia de unas mil familias había dependido de las explotaciones forestales y de otras actividades que realizaban en la zona que quedó sumergida, mientras que los restantes bosques situados en las colinas no podían ser explotados económicamente por la razón contraria —la gran distancia que mediaba entre los troncos talados y el agua necesaria para transportarlos—. El Gobierno de Azaña había impuesto una nueva «comisión gestora» totalmente de izquierdas en Albacete pese al hecho de que, en las elecciones a Cortes, allí había ganado la derecha. Esa comisión gestora había abierto algunas tierras públicas de poca extensión para que los trabajadores locales explotaran su madera de forma privada, aumentado las obras públicas y dispuesto los alojamientos, pero estas medidas fracasaron a la hora de terminar con el desempleo.

Con la llegada del buen tiempo, muchos comenzaron a tomarse la justicia por su mano, entrando en las propiedades privadas para talar árboles de forma ilegal (a pesar de que la madera no podía venderse en grandes cantidades) y para cultivar la tierra. Tras las quejas de los terratenientes se ordenó a los trabajadores locales el cese en sus actividades y se envió a La Graya a diecinueve guardias civiles. La tarde del 28 de mayo, seis jóvenes exaltados trataron de atacar a los guardias quienes lograron arrestarlos y esto provocó una gran concentración de obreros y sus familias procedentes de los pueblos de alrededor que bloquearon la carretera el día 29, cuando los guardias civiles trataban de trasladar a sus prisioneros a Yeste. El alcalde socialista de la localidad intentó reducir la tensión de la situación, disponiendo la liberación temporal de los arrestados pero uno de los militantes locales arrebató su arma a un guardia civil y lo mató con ella (aunque según una versión diferente este último fue golpeado en la cabeza con un gancho pinero). Los guardias civiles alegaron entonces que todos ellos se habían visto físicamente atacados por la gran multitud, que estimaban superior a dos mil personas y todos habían sufrido algún tipo de lesión, desde hematomas sin importancia hasta graves heridas. Según su versión, al menos tres de ellos lograron empuñar sus armas apartándose de la multitud lo suficiente como para comenzar a dispararles una descarga tras otra, a quemarropa. Los disparos lanzaron a la multitud a una huida aterrorizada y conforme otros guardias sacaban sus armas, se unieron a los que disparaban de manera que, para cuando la multitud escapó del alcance de sus balas, había diecisiete muertos y más de treinta heridos [35].

Este sangriento incidente refleja el sentimiento de desesperación y rabia entre los trabajadores pobres, así como su extrema hostilidad y agresividad y también la tan demostrada inadecuación de la Guardia Civil —tanto en entrenamiento como en equipos— para ocuparse humanamente del control de las multitudes. Atrajo un torrente de protestas por parte de la extrema izquierda, que alegó que se trataba de otra atrocidad policial equivalente a la de Arnedo en 1932 o a la de Casas Viejas en 1933, aunque las circunstancias eran muy diferentes. La cuestión se aireó en las Cortes el 5 de junio, donde se acordó dejarla en manos de un juez de instrucción.

La única respuesta del gobierno ante estos incidentes fue arrestar a más falangistas y cerrar las sedes locales de las secciones de la CNT que perseguían la huelga por medios violentos o ilegales, ignorando a los jurados mixtos. Ninguna de estas políticas fue efectiva ya que tanto las organizaciones fascistas como las anarcosindicalistas estaban creciendo rápidamente. No supone una exageración el decir que por cada falangista arrestado —y llegó a haber varios miles en prisión— se unían al partido cinco nuevos miembros o más, con el fin de tomar parte en la acción directa contra la izquierda. El 6 de mayo en el Parlamento, Calvo Sotelo afirmó que había entre ocho y diez mil derechistas encarcelados, lo que es probable que fuera una exageración. Los falangistas afirmaban que setenta de sus miembros habían perdido la vida de forma violenta entre noviembre de 1933 y el 1 de junio de 1936, mientras que los cedistas aseguraban haber perdido veintiséis miembros debido a la violencia antes de febrero de 1936, afirmaciones que, por el contrario, parecen ser correctas.

Lo que resultó innegable fue el creciente apoyo a la ilegalizada organización y la extensión de la reacción entre la derecha en general. El 10 de junio el cristianodemócrata Ossorio y Gallardo se lamentaba en Ahora de que el comportamiento de la izquierda se había transformado en irracional y destructivo, sin solución posible a la vista: «El Frente Popular fue creado para combatir el fascismo, pero por el camino que llevan las cosas en España, el único fascismo va a ser el del Frente Popular».

Agustín Calvet Gaziel, el respetado director conservador de La Vanguardia de Barcelona, escribió en este periódico dos días más tarde:

¿Cuántos votos tuvieron los fascistas en España cuando las últimas elecciones? Nada: una ridiculez... Hoy, por el contrario, los viajeros llegan de las tierras de España diciendo: «Allí todo el mundo se vuelve fascista» ¿Qué cambio es ése? Lo que ocurre es, sencillamente, que allí no se puede vivir, que no hay gobierno... Y en esta situación, buscan instintivamente una salida... ¿Cuál es la fórmula política que suprime radicalmente esos insoportables excesos? La dictadura, el fascismo. Y he aquí cómo sin querer, casi sin darse cuenta, la gente se siente fascista. De los inconvenientes de una dictadura no saben nada, como es natural. De ellos sabrán después, cuando hubiesen de soportarlos.

... Fascismo es, en el caso de España y Francia, la sombra fatal que proyecta sobre el suelo del país la democracia misma, cuando su descomposición interna la convierte en anarquía. Cuanto más crece la podredumbre, tanto más se agiganta el fantasma. Y la preocupación alucinada que el Frente Popular experimenta por el fascismo vencido no es, por lo tanto, otra cosa que el miedo de su propia sombra.

Tampoco la continuada censura parcial tuvo efecto alguno a la hora de enfriar las pasiones. En palabras de un especialista americano:

La censura del gobierno intentó suprimir las noticias de huelgas y asesinatos porque los ministros temían el contagio de la violencia. Había que llevar a toda prisa una copia de los periódicos diarios al despacho oficial de prensa, para que allí fuese examinada; las secciones eliminadas aparecían como espacios en blanco o con tipos rotos. El Temps parisino, que llegaba a Madrid unos días más tarde, era con frecuencia más informativo que los periódicos de la capital española. Sólo cuando uno se hacía con un puñado de periódicos provinciales y llegaba a la sección Conflictos Sociales se percataba totalmente del alcance del descontento de los trabajadores, para el que no existían estadísticas oficiales [36].

El 30 de mayo el Consejo Nacional de Izquierda Republicana emitió una declaración pública en la que se lamentaba de que «España ha sido juzgada en el exterior como un país en permanente guerra civil, incapaz para la convivencia democrática. La República ha sido vista como un régimen interino e inestable, al que los propios republicanos dificultan la base de su afianzamiento» [37], e instaba a todas las secciones locales del partido a hacer todo lo posible para calmar las pasiones y mantener la legalidad. El periódico del partido, Política, continuó con sus llamamientos a la moderación. El 11 de junio los grupos parlamentarios de Izquierda Republicana y Unión Republicana aprobaron una resolución conjunta en la que solicitaban al gobierno la adopción de medidas más enérgicas para restaurar el orden. En los días siguientes Política elogió a la CGT francesa por haber firmado un reciente y fundamental acuerdo laboral a nivel nacional con el que se atemperaba la ola de huelgas en Francia, al tiempo que continuaba denunciando a la CNT por pavonearse del arbitrio de los jurados y pretender la ruina de la UGT. Apoyó la posición de la pequeña burguesía, pero subrayó la importancia de la alianza entre el republicanismo pequeñoburgués de izquierda y las organizaciones obreras —sin comprender que, de hecho, esto podría haber sido parte del problema—, asignando a los grandes empresarios la mayor responsabilidad en el desorden social y económico. La única polémica real entre Política y Claridad tuvo lugar durante la segunda mitad de junio, cuando el primero culpó a la izquierda socialista del conflicto existente en el seno del Partido Socialista que, afirmaba, había subvertido este último y la unidad del Frente Popular.

El 11 de junio el gobierno, como era habitual, solicitó a las Cortes la ampliación del estado de alarma por otros treinta días y, a la mañana siguiente, emitió nuevas órdenes para desarmar a aquellos que poseyeran armas de manera ilegal (aunque apenas se arrestó a socialistas), junto con nuevas sanciones a los patronos que incumplieran la normativa laboral y nuevas medidas para poner fin a las huelgas cuya motivación fuese ilícita. Todo ello estuvo acompañado por más reasignaciones en los puestos del ejército y la Guardia Civil. En ese momento el gobierno era más consciente de que estaba librando —con la mayor de las confusiones, incertidumbres e incoherencias— una batalla en dos frentes, de manera tal que a mediados de junio, Casares Quiroga estaba haciendo comentarios positivos acerca de la Guardia Civil. Antes de que terminase el mes nombró nuevos gobernadores civiles para varias provincias del sur, de los que esperaba que aplicasen la ley de forma más enérgica.

Alarma en las embajadas

El aumento pronunciado del desorden en marzo causó una natural alarma en las embajadas extranjeras, sobre todo en las de Gran Bretaña, Francia, Portugal y Alemania. En Francia, los periódicos conservadores comenzaron a especular cada vez más sobre la posibilidad de que en España estallase bien una revolución bien una guerra civil. El gobierno que se mostró más alarmado fue el portugués de Salazar porque había sido el objetivo de una conspiración armada instigada por el primer Gobierno de Azaña y temía un nuevo intento para desestabilizarlo por parte de las autoridades españolas, como de hecho pedía una parte de la izquierda. Las promesas tranquilizadoras de Madrid apenas hicieron bien alguno y, en Lisboa, el sentimiento era marcadamente hostil, como descubrió Claudio Sánchez Albornoz cuando llegó allí en mayo en calidad de nuevo embajador. La izquierda portuguesa contaba con una fuerte representación en Madrid donde, según la policía portuguesa, se reunieron unos doscientos izquierdistas entre abril y junio para participar en la formación del Partido Comunista Portugués e iniciar negociaciones con el fin de intentar crear un Frente Popular portugués y preparar otras acciones contra el régimen de Lisboa. Algunos de los residentes portugueses en Madrid estaban aterrorizados y colmaron su embajada con exigencias de medidas protectoras de sus personas y propiedades. Mientras tanto, las autoridades portuguesas permitían que los derechistas españoles conspirasen contra el gobierno de Madrid y emitiesen una serie de programas de radio hostiles desde suelo portugues [38].

En Madrid las embajadas de Alemania, Italia y Portugal se convirtieron en objetivos de numerosas amenazas y manifestaciones hostiles. El 2 de abril los embajadores de Argentina, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Suiza mantuvieron una reunión conjunta para discutir el asunto de la garantización del derecho de asilo, caso de que estallase una revolución violenta, una preocupación que pronto demostró ser presciente. A mediados de abril el embajador alemán había transferido su residencia a París, dejando la sede diplomática en manos del encargado de negocios [39].

A este respecto, la actitud de los diplomáticos británicos y sus dirigentes en el gobierno era de considerable importancia ya que revelaba una creciente alarma, alimentada por la percepción de que España iba por idéntico camino que Rusia y que sólo se vio incrementada por el asesinato del director británico de una fábrica textil en Barcelona, lo que provocó el envío de notas de protesta a los gobiernos tanto de Madrid como de Barcelona. Poco después los francos comentarios de Largo Caballero a la prensa británica confirmaron esta alarma, cuando declaró terminantemente que el futuro del Gobierno de Casares Quiroga dependía en gran medida de los socialistas. Pese a que apoyaba al gobierno, dijo, dudaba de que pudiese sobrevivir largo tiempo, tras lo cual los socialistas tomarían el poder e introducirían su propio programa. Y esto era exactamente lo que temían los funcionarios británicos [40].

¿Un «oasis catalán»?

A los catalanistas les encanta hacer hincapié en lo que denominan el fet diferencial de Catalunya y en ese extremo el periódico de la Lliga, La Veu de Catalunya introdujo el 4 de marzo la metáfora de «L'oasi català» no tanto como una descripción factual sino como el objetivo de una Cataluña tranquila y bien organizada, a la que aspiraban los catalanes en contraste con los desórdenes en los que estaba sumergida la mayor parte de España. Hasta tal punto era éste el caso que Lluis Companys, una vez más presidente de la Generalitat, realizó más de un serio esfuerzo tendente a la conciliación en Cataluña. Aunque el gobierno regional cerró algunas sedes locales de la Lliga de centro-derecha, ésta también se esforzó seriamente por actuar como una oposición leal y responsable, de tal manera que a principios de julio Companys había iniciado las negociaciones para alcanzar un nuevo entendimiento entre la izquierda y la derecha moderadas en Barcelona [41].

Con todo, la metáfora del «oasis» es en gran medida exagerada. La Generalitat, como el gobierno de Madrid, intentó restringir las noticias y evitar la información pública relativa al número de conflictos y desórdenes y ciertos estudios tempranos destacan sólo tres asesinatos políticos en Barcelona entre las elecciones y el comienzo de la Guerra Civil. Más recientemente, sin embargo, la investigación de la prensa catalana realizada por Jordi Getman-Eraso ha arrojado un total de quince asesinatos relacionados con la política en ese periodo [42], menos de la mitad de los que se produjeron en Madrid, pero los mismos que el promedio en Sevilla, Málaga y Granada (aunque inferiores en proporción a su población). La mayor parte de los asesinatos en Barcelona estuvieron relacionados con los conflictos obreros protagonizados por la CNT. La actividad huelguística fue intensa y a menudo estuvo acompañada de violencia aunque no era normal que se produjeran víctimas. Sólo durante el mes de abril explotaron veintiuna bombas en Barcelona y los atracos a mano armada se aproximaron al récord ya que en la ciudad se registraron ochenta durante los primeros seis meses de 1936 en los que, en cada ocasión, los delincuentes se apoderaron de 500 pesetas o más. Quizá el frenesí en Barcelona pudo haber sido menor que en Madrid pero, en general, también fue un reflejo del carácter violento y conflictivo de esos meses.

El avance hacia las autonomías regionales

La marea de cambios liberada por la victoria del Frente Popular aceleró todos los movimientos autonomistas y regionalistas. A la restauración de la autonomía catalana siguió una nueva iniciativa de los nacionalistas vascos. El efecto demostración así proporcionado, junto con los obvios ejemplos de nuevas iniciativas obreras en todos los frentes y el respaldo del Gobierno republicano de izquierda, dio energías a las fuerzas autonomistas en todas las grandes regiones. Indalecio Prieto, el más influyente líder no nacionalista en Bilbao, comprendió que más retrasos en el avance hacia la autonomía vasca sólo fortalecerían a los nacionalistas más extremados, mientras que el Partido Nacionalista Vasco entendía que la autonomía sólo vendría de la mano de la democracia y no de o junto con la derecha. Se estableció un comité especial en las Cortes compuesto por Aguirre (el dirigente del PNV) y un socialista y un republicano de izquierda vascos, para que idearan los términos a proponer para la autonomía vasca y el 24 de mayo Prieto declaró en Bilbao que estaba decidido a alcanzarla lo antes posible incluso si significaba su último logro político. En abril se entregó a este comité una propuesta de estatuto cuya aprobación estuvo casi lista a mediados de julio. A principios de mayo los representantes de las tres provincias aragonesas se reunieron en Caspe para comenzar los trabajos encaminados a un estatuto para Aragón, siguiendo de cerca el modelo catalán [43]; y el 20 de mayo delegados de los agrarios y de la CEDA empezaron a hacer lo propio para Castilla y León, aunque hubo disidentes que pretendieron incluso sólo a Castilla la Vieja y León, mientras que el 9 de junio el ayuntamiento de Burgos votó a favor de un estatuto para Castilla la Vieja en solitario. El 29 de mayo se lanzó una campaña en Gijón para obtener el respaldo para un estatuo asturiano, al tiempo que en la región valenciana ya se estaban realizando esfuerzos más amplios. El 6 de julio se reunió en Sevilla un cuerpo de delegados para comenzar la redacción de un estatuto para Andalucía y el día 15, otro similar se reunió en Santa Cruz de Tenerife para preparar un documento para las Canarias [44].

El proceso estaba todavía más avanzado en Galicia, donde el Frente Popular promovió de manera activa la campaña autonomista. El 28 de junio se celebro un plebiscito acerca del recién preparado estatuto con una participación oficial del 74,52 por ciento; del que el 74 por ciento votó a favor, tal y como consta en los registros. Estos resultados sorprendieron a la totalidad de los observadores objetivos dado que, tradicionalmente, Galicia había presentado la mayor tasa de abstención de toda España y el resultado escrutado en las elecciones generales de febrero había sido muy inferior. De hecho, con anterioridad al plebiscito los galleguistas habían luchado por obtener una excepción a la exigencia constitucional de que cualquier propuesta de estatuto de autonomía debía ser votada por mayoría absoluta. En general, se consideró que se había producido una manipulación masiva, sobre todo tras el descubrimiento de que en algunos distritos rurales, que de manera habitual eran abstencionistas, se había escrutado un cien por cien de votos favorables. El nuevo estatuto fue remitido a las Cortes el 15 de julio para su ratificación definitiva [45].

Con campañas de autonomía desarrollándose por toda España, existieron peticiones tanto de la derecha radical como de la izquierda revolucionaria tendentes a la completa normalización del proceso. El 20 de mayo, Calvo Sotelo declaró a ABC que deberían existir estatutos de autonomía para todas las regiones o para ninguna, mientras que el marxista-leninista POUM pregonaba la creación de una «Unión de Repúblicas Socialistas de Iberia», una especie de Unión Soviética ibérica.

CAPÍTULO 11 -
LAS UTOPÍAS RIVALES: LOS MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS EN LA PRIMAVERA DE 1936

E

n 1936 España se había convertido en el hogar de la más amplia e intensa panoplia de movimientos revolucionarios del mundo, en sí una situación destacable que seguramente requiere cierta explicación. La noción de que se debió tan sólo al «atraso» o a la «injusticia social» —las explicaciones habituales— resulta superficial. España no era uno de los países más atrasados del mundo, ni uno de los más injustos, aunque estaba lejos de haber alcanzado el pleno desarrollo y tenía algunos importantes problemas sociales. Cualquier teoría coherente de la revolución en el mundo moderno debe primero reconocer que las situaciones revolucionarias en potencia no surgen en las sociedades más pobres y oprimidas, por la sencilla razón de que, de hecho, son demasiado pobres, están demasiado oprimidas y carecen de todo poder. Los movimientos revolucionarios, como el resto de los fenómenos políticos modernos, exigen más bien la situación contraria —al menos cierto nivel de educación y desarrollo—. Las situaciones revolucionarias no nacen en condiciones de opresión a gran escala sino en países que han experimentado un cierto crecimiento o desarrollo y una cierta mejora que estimulan una disposición psicológica a buscar o desear un desarrollo todavía mayor.

Las aspiraciones revolucionarias comienzan entonces a destacar cuando el periodo de mejoras se ve temporalmente impedido, con lo que surgen nuevos problemas, decepciones y frustraciones para los que se busca una solución revolucionaria. A su vez, esto debe ir acompañado a nivel político de condiciones de relativa liberalización o incipiente fracaso y colapso. Tal secuencia de cambios previa al nacimiento de una situación revolucionaria puede aplicarse con exactitud, mutatis mutandis, a la Francia de finales del siglo XVIII, a la Rusia de principios del XX y a la España de los años veinte y treinta. No se trata tan sólo de una cuestión de atraso o de nivel de desarrollo: en la última década del XVIII, Francia era uno de los países más modernos y a comienzos del XX Rusia estaba realizando rápidos progresos pese a que, en algunos aspectos, continuase estando atrasada y nunca hubiese experimentado la democracia, mientras que en los años treinta España ocupaba una posición intermedia.

Entre 1917 y 1933 España había alcanzado uno de los más vertiginosos ritmos de cambio a nivel mundial, comenzando con el explosivo crecimiento económico que se inició con la Primera Guerra Mundial y que se vio acelerado en la década de los veinte. A los rapidísimos cambios económicos, sociales y culturales siguió la espectacular democratización de 1931, equivalente a la repentina democratización que tras la guerra había tenido lugar en otros países. Fue más lenta en el caso español debido a la neutralidad del país, lo que permitió a su antiguo régimen aferrarse al poder durante algunos años más. Sin embargo, cuando se produjo, fue mucho más sensacional y explosiva, ejerciendo un mayor impacto sobre la sociedad española que el ocasionado en otros países europeos en 1919-1920. El resultado, como se sostiene en el capítulo 1, fue el establecimiento de la más fundamental de las revoluciones —la revolución de las expectativas crecientes, posiblemente la más profunda de ellas, pues tiene lugar en las mentes y emociones de millones de personas.

De hecho, es probable que la democratización de 1931-1932 fuera demasiado abrupta, extensa y radical para el bien de un país que carecía de una institucionalización sólida o del poder moderador de una monarquía constitucional. Una democratización gradual y progresiva de las instituciones de la monarquía parlamentaria hubiera resultado más ventajosa, pues hubiese tenido lugar en un marco político e institucional más adecuado para canalizarla, moderarla y equilibrarla dentro de unos límites constructivos.

La gran democratización incrementó enormemente las expectativas de la izquierda, que entonces se encontraban en gran medida reprimidas. Intervinieron diversos factores circunstanciales: los efectos de la Gran Depresión, el nacimiento de las nuevas ideologías radicales izquierdistas y derechistas, la influencia del modelo soviético, el temor de la izquierda ante el fascismo, la continuidad de un importante problema social, como era la existencia en el sur de trabajadores sin tierra y empobrecidos, la aparente debilidad del conservadurismo español (al menos hasta 1933) y la destacada debilidad del nacionalismo en España con anterioridad a ese momento. En la mayoría de los países europeos, el nacionalismo se había convertido en la más importante fuente de fortaleza para los derechistas y contrarrevolucionarios pero apenas dejó sentir su efecto en España, salvo en la forma centrífuga de los movimientos nacionalistas periféricos que sólo parecieron poner de relieve la debilidad del nacionalismo español en los momentos anteriores a la Guerra Civil. Esta combinación de circunstancias alentó y radicalizó en gran medida a la izquierda, convencida de que por fin había llegado su momento histórico y de que, en España, la oposición contrarrevolucionaria era más débil —pese a los votos de la CEDA— que en la mayoría de los países europeos. Pronto, cuando empezó la Guerra Civil, emergería un poderoso nacionalismo español contrarrevolucionario pero antes de mediados de 1936 apenas parecía tener presencia.

No obstante, uno de los grandes problemas de los revolucionarios españoles era su variedad y diversidad. En sus filas se encontraba el único movimiento anarcosindicalista de masas del mundo, un gran movimiento socialista radical —con mucho, el más radical de Europa tras la desaparición del socialismo italiano— y dos partidos comunistas diferentes, el PCE moscovita que crecía con rapidez y el más pequeño pero hiperrevolucionario POUM. A su derecha se encontraban los radicales y no revolucionarios republicanos de izquierda, con quienes se aliaron el resto de partidos, excepto los anarquistas, en el Frente Popular, y a quienes todos, salvo el sector más moderado de los socialistas, pretendieron utilizar como su pretexto kerenskista. Sin embargo, los republicanos de izquierda no compartían ninguna de estas utopías y confiaban en utilizar y moderar a los revolucionarios tanto como éstos pretendían servirse de aquéllos y radicalizarlos, creando un juego político de alto riesgo y de muy dudoso futuro. En esta rivalidad ganaron los revolucionarios pero el resultado pudo haber sido más incierto de no haber estallado la Guerra Civil.

Todos los movimientos izquierdistas estuvieron de acuerdo en el principio de unidad para derrotar y excluir a la derecha pero, por lo demás, sus programas divergieron muchísimo y, en algunos casos, fueron mutuamente excluyentes lo que, en ocasiones, fue objeto de comentario por parte de ciertos líderes de la izquierda que se preguntaban cómo podría tener éxito una revolución colectivista en España cuando los propios colectivistas se enfrentaban entre sí de una forma tan intensa e inevitable.

La CNT

En España, y hasta 1930, la confederación anarcosindicalista había sido el único movimiento obrero de masas así como el más revolucionario, a excepción de los comunistas. Sin embargo, en la República, su estrategia había demostrado ser desastrosa, ya que las tres miniinsurrecciones revolucionarias que tuvieron lugar en 1932-1933 habían agotado al movimiento y producido la escisión en sus filas. Semejante debilitamiento y división, los efectos de la represión que había seguido a cada insurrección y la desilusión de los miembros ordinarios le había costado al movimiento aproximadamente la mitad de su militancia de casi un millón de trabajadores.

Con el fin de reunificar el movimiento, en los primeros diez días de mayo se reunió en Zaragoza el segundo congreso extraordinario en la historia de la CNT para forjar una política única. Los delegados presentes en Zaragoza representaban de manera oficial a los sindicatos, que contaban con un total de 550.595 afiliados, lo que suponía un descenso del 40 al 50 por ciento respecto al máximo de la organización en 1931-1932, aunque se estaba enmendando con rapidez gracias a una activa campaña de expansión en la que la nueva ofensiva huelguística y la rivalidad con la UGT desempeñaban importantes papeles. El informe de la Secretaría de la CNT ridiculizó las pretensiones de los socialistas caballeristas, declarando que la retórica del «Lenin español» recordaba a la fábula de la rana que quiso convertirse en buey. Indicó además que la división interna y la «indecisión» del movimiento anarcosindicalista en los anteriores dos años habían permitido el crecimiento de los comunistas y otros partidos marxistas a sus expensas y que la izquierda burguesa tomase una vez más el poder con una política «exactamente como cuando Casas Viejas» [1].

El comité encargado de investigar el papel de la CNT en la insurrección de octubre atribuyó tanto la iniciativa como el fiasco de la empresa a la «iracundia de los socialistas por haber sido arrojados del poder» y otra tanta culpa se adjudicó a Azaña, «jefe del radicalismo socializante, el político más cínico y fríamente cruel que nació a la vida española». Se ridiculizó el débil esfuerzo que catalanistas y socialistas hicieron en otras provincias al momento de la rebelión asturiana justificándose la falta de participación cenetista en el resto del país porque «obedeció a que no quiso ser la vanguardia de sacrificio por unas facciones que hubiesen rematado fríamente a nuestros supervivientes de la lucha contra el gobierno». La unión con la UGT se declaró posible sobre las bases de su completa renuncia a cualquier colaboración con un Gobierno republicano, el acuerdo «para destruir completamente el régimen político y social» y el respaldo del 75 por ciento de sus afiliados en un referéndum [2].

El congreso ratificó una vez más «el método insurreccional por la conquista de la riqueza social». Un informe relativo a la implantación del comunismo libertario declaró como objetivos la abolición de la propiedad privada y la reorganización de la sociedad basándose en los sindicatos y las comunas autónomas para formar la Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias. Se abolirían el ejército y la policía, entregándose todas las armas a las comunas y en las escuelas se enseñaría la teoría de la inexistencia de Dios [3].

Aunque las relaciones con la UGT continuaron siendo difíciles, existió más cooperación a nivel local que nunca, conforme un número creciente de nuevas huelgas multitudinarias pasaron a ser iniciativas conjuntas de ambos movimientos. El 24 de mayo Largo Caballero abrazó públicamente a un dirigente de la CNT en un mitin celebrado en Cádiz pero la mayoría de las diferencias persistían. En varias huelgas relevantes, la CNT llevó la iniciativa en oposición a la UGT, cuyos líderes, en ocasiones, trataron de seguir una trayectoria más prudente que la indicada por la retórica revolucionaria.

La «radicalización competitiva» entre los dos movimientos alcanzó su punto álgido en Málaga donde el sindicato local de pescadores de la UGT se opuso a la huelga de los trabajadores cenetistas de la industria de las salazones. En represalia, el 10 de junio pistoleros de la CNT asesinaron a un concejal comunista que había tomado la iniciativa contra la agrupación sindical y, cuando tenía lugar su cortejo fúnebre, dispararon al presidente socialista de la Diputación. A renglón seguido, pistoleros de los partidos marxistas mataron a un cenetista, así como a la hija de once años de otro que quedó atrapada en el fuego cruzado. El gobierno clausuró todas las sedes de la CNT de la provincia pero la violencia continuó ya que la agrupación anarquista convocó una huelga general. Desde Madrid se enviaron refuerzos policiales y se arrestó a numerosos cenetistas, al tiempo que socialistas y comunistas distribuían panfletos acusando a la CNT de estar al servicio de «el fascio».

Los anarquistas continuaban haciendo hincapié en que nunca aceptarían una «dictadura del proletariado» marxista y en que la revolución colectivista española debía ser libertaria. El 2 de junio se declaró en Solidaridad Obrera que mientras el Gobierno de Casares Quiroga podía autodenominarse «beligerante al fascismo», en la práctica «el Gobierno es beligerante... a la CNT» y se insistía en que el Frente Popular era justo lo opuesto a una alianza revolucionaria de trabajadores que, de hecho, perseguía al anarcosindicalismo.

A pesar del relativo éxito de la reunificación, habían empezado a emerger las divergencias entre los más relevantes sectores cenetistas del sur y el principal núcleo industrial en Cataluña. Los sindicatos andaluces se arrojaron en el furor del activismo rural que estaban dispuestos a llevar tan lejos como fuera posible, incluso hasta el comienzo de un cambio revolucionario. La actitud de la floreciente afiliación cenetista en Madrid era muy similar. En Cataluña hubo una gran actividad huelguística y una cierta violencia, pero los líderes de la CNT en Barcelona hicieron un esfuerzo por desalentar el activismo extremista. Pretendían enfatizar la reorganización, la expansión institucional y la construcción de cuadros sólidos y unificados posponiendo, al menos de momento, las ideas de cambio revolucionario. Se opusieron al insurreccionismo de 1932-1933, al que tacharon de haber sido un error, insistiendo en que, en ese momento, el énfasis debía ponerse en el desarrollo de la fortaleza necesaria para el futuro. Nada de esto obviaba la violencia que los activistas de la CNT ejercieron en Barcelona aquella primavera, pero indicaba que no formaba parte de ninguna estrategia revolucionaria inmediata pese a que, en cierto momento, el presidente catalán, Companys, se lamentó de que temía que tal fuera el caso [4]. De hecho, la cúpula de la CNT en Barcelona se asemejó en ocasiones a la UGT anterior a 1934, destacando más la importancia de superar el desempleo que la de prepararse para la revolución.

En Barcelona se dio también una nueva actitud política. Por primera vez los líderes cenetistas contemplaban la República, totalmente bajo control izquierdista como resultado de las elecciones del Frente Popular, como un régimen que merecía ser defendido y se apreciaba un cierto sentido de «unidad antifascista» que no había existido con anterioridad. A finales de la primavera se activó una búsqueda de armamento militar, no destinada a promover una nueva insurrección sino a dotar de armas a los activistas con el fin de que pudieran resistir al temido levantamiento de la derecha. De igual manera, los dirigentes de la CNT catalana no se sentían satisfechos con la reafirmación de la revolución «comunista y libertaria» y del insurreccionismo que se hizo en la conferencia de Zaragoza (orquestada sobre todo por los andaluces) y en la que percibían, al menos de momento, un inmerecido énfasis. También Solidaridad Obrera deploraba la violencia que se había producido en Málaga dentro de la izquierda, lo que no significaba que los cenetistas tuvieran la menor intención de secundar los planes de los partidos marxistas pero, al menos en Barcelona, se concedió una nueva importancia a la organización y a un enfoque más cuidadoso y moderado. El objetivo final de la revolución libertaria siguió siendo una quimera para la que no existía solución alguna pero, en lo concerniente a la cúpula catalana, ya no podía intentarse mediante insurrecciones organizadas de manera imprecisa que constituían el equivalente anarquista de los pronunciamientos militares. No obstante, no existían buenas comunicaciones entre los movimientos revolucionarios y así, los jefes de la Komintern en Moscú seguirían temiendo que del insurreccionismo anarquista pudiera surgir una importante amenaza para la estabilidad de la República izquierdista e instaron a los líderes del PCE a desalentarlo. De hecho, en la primavera de 1936, no existió una política cenetista única y unificada. Mientras la cúpula catalana se había vuelto, de momento, más moderada muchos activistas en Barcelona, así como grupos de la CNT en otros puntos del país, mostraban poco interés en seguir su ejemplo, aunque no había en perspectiva otro intento inmediato de llevar a cabo una gran insurrección.

La profundización del cisma socialista

La creciente polarización nacional no tuvo el efecto de reducir la escisión entre la «izquierda» y el «centro» socialistas que se hizo más profunda antes del mes de julio e imposibilitó que el Partido Socialista y la UGT diesen cualquier respuesta coherente a la crisis de la República. La izquierda estaba decidida a evitar cualquier nueva coalición que reforzase al Gobierno republicano de izquierda y de forma constante tachaba a quienes apoyaban tales tácticas de «traidores» merecedores de la expulsión del partido, mientras que el centro prietista —que carecía de una mayoría real en el partido pero controlaba la comisión ejecutiva— vio como sus esfuerzos quedaban bloqueados. La izquierda no era en sí misma un grupo completamente unido, sino que, como ha apuntado Santos Juliá, constaba de cuatro núcleos diferentes:

1. La mayoría ugetista, liderada por Largo, que constituía la fuerza principal. A pesar de su postura radical, los líderes de la UGT llegaron a temer la nueva y masiva ola de huelgas y aunque vituperaban a Prieto y a Besteiro querían evitar la escisión oficial del partido. Pese a sus discursos pro comunistas, la UGT se alejó asustada de futuras fusiones con los comunistas una vez que estos asumieron el liderazgo de las nuevas JSU.

2. Un segundo sector estaba compuesto por los retóricos de la revolución, agrupados en torno a Araquistain y los redactores de Claridad. Aunque eran quienes más aportaban una retórica revolucionaria, se mostraban más interesados que Largo en apoyar al Gobierno de Casares Quiroga, al que Araquistain consideraba esencial para la estrategia a largo plazo de los socialistas.

3. Un tercer sector lo constituían las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) cuyo liderazgo asumieron los comunistas entre marzo y abril. Al principio se mostraron receptivos al argumento poumista del desplazamiento directo hacia la revolución, aunque después se adhirieron por completo a la línea comunista de lealtad a la más amplia fórmula del Frente Popular.

4. También existía dentro del Partido Socialista un pequeño número de criptocomunistas, como el cuñado de Araquistain, Julio Álvarez del Vayo, que tenían una cierta influencia pero no constituían un subgrupo organizado y eran los únicos interesados en la escisión del partido y en la unión de la izquierda socialista con los comunistas [5].

Gran parte de la izquierda socialista se mostraba ambivalente en lo concerniente al Frente Popular, existiendo en el sur una tensión creciente entre los socialistas y los republicanos de izquierda. Los primeros promovieron una actividad radical a nivel local y desde los ayuntamientos, que a menudo controlaban, mientras los gobernadores civiles de la izquierda republicana hicieron a veces serios esfuerzos por refrenarlos cuando incautaban propiedades, despedían a los empleados municipales que no eran izquierdistas o se embarcaban en todo tipo de actos de persecución religiosa. El 24 de abril, los funcionarios municipales caballeristas de Almería declararon de modo oficial la ruptura del Frente Popular en esa ciudad, siendo ésta, en apariencia, la única ocasión en que se hizo de manera formal [6], pero la cúpula nacional del partido rechazaba con vehemencia tales iniciativas así como la noción caballerista de que el Frente Popular debía ser sustituido bien por una Alianza Obrera más amplia o bien por una nueva «comisión de enlace» del PSOE, la UGT, las JSU y el PCE.

Pese a los alardes de Araquistain ante un periodista americano de que «nosotros, los socialistas españoles somos ahora más avanzados, más comunistas que el Partido Comunista» [7], la izquierda se basaba en el sindicalismo ugetista y mostró un escaso sentido del concepto leninista de un «partido de vanguardia». Su única estrategia para la conquista del poder era esperar al colapso del Gobierno de Casares Quiroga o confiar en aprovechar la reacción ante un fracasado golpe militar. Mientras continuaba la reforma republicana que debilitaba al capitalismo y a la derecha, en algún momento y de cierta manera, los socialistas tomarían el poder y establecerían la «dictadura del proletariado». Araquistain intentó compensar la ausencia de una estrategia concreta para lograrlo parloteando —en una especie de estilo «latinoamericano»— acerca del papel de un «caudillo» revolucionario para las masas, provocando que el 13 de mayo El Socialista se quejase de que Claridad «está forjando la autoridad universal del futuro dictador» y dos días más tarde sus redactores afirmaron que toda aquella charla acerca de una revolución inmediata carecía de sentido, debido a la gran división de la izquierda española y a la presencia en ella de tantos modelos diferentes. Cada uno de los diversos partidos marxistas intentaría distintas definiciones de la dictadura del proletariado: la CNT insistía en una revolución de comunismo libertario separada por completo y el sector pro democrático de los socialistas todavía respaldaba a la República democrática (por muy en la brecha que se encontrase). El resultado de insistir en la violencia sería simplemente «la guerra civil entre los trabajadores».

El 25 de mayo la comisión ejecutiva prietista convocó una reunión del comité nacional del partido, el cual decidió que su siguiente congreso se celebraría en octubre en Asturias. Se anunciaron unas elecciones especiales para cubrir las vacantes existentes en la comisión ejecutiva y el centro elaboró una lista electoral moderada, encabezada por Ramón González Peña, advirtiendo, a través del comité nacional, que las secciones locales del partido que no siguiesen las normas e instrucciones del mismo serían disueltas. Los caballeristas, que controlaban la sección madrileña del partido, contestaron con su propia lista, con Largo a la cabeza, e hicieron planes para convocar su propio congreso en Madrid a finales de julio, pese a que el centro les advirtió de que esto supondría una reunión cismática que sólo otorgaría oficialidad a la escisión del partido.

El conflicto interno del partido alcanzó su punto más alto en un mitin socialista que tuvo lugar el 31 de mayo en Écija, donde Prieto y González Peña intentaron dirigirse a una audiencia socialista cada vez más hostil que incluía a varios caballeristas. Los insultos a gritos y el arrojar de piedras y botellas culminaron con disparos y con la precipitada huida de los líderes centristas hacia los coches que les esperaban. Abandonaron la ciudad como alma que lleva el diablo, perseguidos por los izquierdistas locales en otros vehículos. Hubo varios heridos y los perseguidores capturaron temporalmente al secretario personal de Prieto en la carretera, trasladándolo otra vez a la ciudad, de donde lo liberó la Guardia Civil.

La guerra verbal se hizo todavía más amarga cuando Prieto acusó a Largo de haber traicionado al partido en octubre de 1934. Prieto sonaba cada vez más pesimista. El 15 de junio le citó La Petite Girondine de Burdeos afirmando: «Es injusto considerar a todos los derechistas como fascistas. El peligro fascista no existe, salvo que venga generado por la izquierda. El próximo congreso del Partido Socialista producirá una escisión». Dos días más tarde, en su propio periódico, El Liberal, declaró: «Pensemos viendo la ruta peligrosa por donde van las cosas que alguna razón pueden tener nuestros impugnadores»; y cuando el líder socialista Jiménez de Asúa presentó en el Parlamento un proyecto de ley para construir cárceles especiales para los presos políticos —una ominosa señal para lo que todavía se suponía era una República democrática— Prieto comentó: «Que nos preparen el presidio con todo el confort posible, por si no tenemos de nuevo la fortuna de atravesar la frontera. Que el porvenir nos depare de nuevo la expatriación o el presidio. Nos estará bien merecido. Por insensatos».

Cuando, a finales de junio, la secretaría prietista anunció los resultados de las elecciones especiales a la comisión ejecutiva, se declaró ganadora a la lista de González Peña, con 10.933 votos contra los 10.624 obtenidos por Largo Caballero, existiendo 2.876 votos nulos. Ésta parecía una muy baja participación, a la vista de los 59.846 nombres que figuraban en las listas de afiliados [8], pero la dirección del partido había invalidado sistemáticamente los votos de los grupos caballeristas locales que no se habían mantenido en sus obligaciones o eran culpables de otras infracciones, al tiempo que ignoraba las papeletas de los miembros de las JSU, que no podían reclamar su pertenencia al partido [9].

En el plebiscito sobre la convocatoria de un Congreso Extraordinario, al que el centro se oponía y la izquierda quería, las cifras que da El Socialista son 59.846 cotizantes, el quórum (la mitad más uno) 29.924, votos válidos 13.427, anulados por vanos motivos 10.573, con lo que faltaban 16.497 [10].

Por tanto, la cúpula del partido anunció la derrota de la moción para celebrar un congreso especial e inmediato. Los caballeristas afirmaron que no se había jugado limpio y es probable que tuvieran cierta justificación. El 2 de julio Claridad replicó que, de hecho, se habían depositado casi 22.000 votos para Largo, afirmando que en un reciente congreso celebrado en Jaén se había aprobado la plataforma revolucionaria, que incluía la formación de una amplia Alianza Obrero-Campesina y un partido socialista-comunista unificado, por 1.438 votos a favor y 523 en contra. Sugirió que la comisión ejecutiva y la sección madrileña del partido eligiesen a medias un comité investigador especial para escrutar los resultados electorales, a lo que aquélla rápidamente se negó.

Largo estuvo en Londres la segunda semana de julio, representando a la UGT en un congreso sindical internacional y allí, una vez más, atacó la asidua línea de los moderados que trataban de presentar la insurrección de 1934 como un esfuerzo por «salvar la democracia republicana», señalando por el contrario que la insurrección había sido, estrictamente, un «movimiento de clase» [11]. El 10 de julio, otro congreso socialista provincial andaluz, que esta vez tuvo lugar en Cádiz, respaldó la posición de la izquierda por ochenta y ocho votos a favor y dos en contra [12].

La política comunista en la primavera de 1936

La política comunista durante y tras la campaña electoral había seguido un programa a dos niveles sin hacer esfuerzo alguno por ocultar sus objetivos a largo plazo: un fuerte apoyo al Frente Popular y al Gobierno republicano de izquierda y una constante presión sobre éste para adoptar medidas más severas contra los intereses económicos y políticos de la derecha, lo que haría posible el comienzo de la «República de nuevo cuño» en la que pronto se haría con el poder un «gobierno obrero-campesino» de socialistas y comunistas, respaldado por una amplia Alianza Obrera y que constituiría la fase previa a la imposición de la «dictadura del proletariado».

En marzo y abril, la Komintern empezó a considerar la necesidad de una mayor precaución táctica, una vez que Hitler culminó con éxito su tentativa de remilitarizar Renania. Dos días más tarde Dimitrov telegrafió nuevas instrucciones a los líderes del PCE, destacando la importancia de organizar la movilización masiva de los obreros españoles en oposición a la política hitleriana [13]. El empeoramiento de la situación estratégica hacía que España fuese más importante para Moscú pero también implicaba mayores precauciones y, al principio, la línea seguida en España experimentó pocas variaciones.

El 4 de marzo Codovilla había enviado un largo informe a Moscú en el que declaraba que el Gobierno de Azaña se estaba desplazando con rapidez hacia la finalización del programa frentepopulista e incluso lo estaba superando, lo que técnicamente era correcto. Añadió que «la situación revolucionaria se desarrolla rápidamente. La solución de la tierra por vía revolucionaria no tardará mucho (en) plantearse, y con el desarrollo de la lucha, el problema del poder. De allí (que) la cuestión de las alianzas juego (sic) (tuviera un) papel decisivo. Para organizarlas y para popularizar el programa del Gobierno obrero y campesino, (el) partido toma medidas para reforzar (el) trabajo en las regiones agrícolas. La influencia y la organización del PCE crece continuamente» [14].

En marzo y a principios de abril, el PCE continuó haciendo hincapié en el desarrollo de los grupos de la Alianza Obrera. Un pleno del comité central que se reunió en Madrid entre el 28 y el 30 de marzo concluyó que «este gobierno, por su carácter burgués, no puede llevar la revolución democrática hasta su término». De ahí que el partido debiera prepararse para superarlo con el fin de implantar un «gobierno obrero y campesino». Díaz continuó exigiendo la ampliación de los grupos de la Alianza Obrera como «órganos futuros del poder» [15] y Codovilla parecía convencido de que la presión de la izquierda pronto conduciría al colapso de la estructura del Estado español y el 4 de abril informó a Moscú: «La situación actual de forcejeo no puede durar mucho tiempo, pudiendo prever en breve grandes luchas» [16].

En ese momento, la cúpula de la Komintern comenzó a preocuparse de que la situación en España se estuviera moviendo demasiado deprisa y llegara a desmandarse. Con el deterioro de la situación internacional y el Frente Popular francés, mucho más moderado en su tono que el español, progresando adecuadamente y a punto de hacer frente a unas elecciones generales, una gran explosión en España podría resultar contraproducente. El 9 de abril Dimitrov y Manuilsky respondieron que debía evitarse cualquier ruptura en el Frente Popular español o en el Gobierno republicano de izquierda y lo mismo podía aplicarse a cualquier peligro de una nueva insurrección anarquista.

Las excesivas exigencias huelguísticas procedentes de la CNT o la UGT debían resistirse con vigor: «No dejaros provocar, no precipitar los acontecimientos, puesto que en este momento sería dañoso para la revolución y llevaría solamente al triunfo de la contrarrevolución». Así «en toda la actividad del partido hay que tener en cuenta que, en la situación dada, la creación del poder soviético no está en el orden del día, sino que, momentáneamente, se trata solamente de crear un tal régimen democrático que permita cerrar el paso al fascismo y a la contrarrevolución y de fortalecer en general las posiciones del proletariado y sus aliados» [17]. La línea seguida por la Komintern y las declaraciones previas del PCE habían dejado claro que esta «clase de régimen democrático» tendría desde luego poco que ver con la democracia liberal. Aunque utilizase la fachada de la legitimidad democrática para fortalecer su posición, se serviría de las instituciones democráticas para dar inicio al proceso de construcción de una república popular, de la que quedarían excluidos todos los elementos no izquierdistas y constituiría la primera gran fase de la revolución.

En la práctica, el desplazamiento de la Komintern hacia una línea táctica más moderada resultó confuso para la cúpula del PCE que continuó promoviendo la formación de Alianzas Obreras por todo el país, a las que Díaz se refirió en un discurso pronunciado el 11 de abril como «órganos futuros del poder» [18]. En el gran debate parlamentario que tuvo lugar el 15 de abril, no disfrazó el hecho de que el objetivo final del partido seguía siendo la «dictadura del proletariado». Sólo después se empezó a hacer efectivo el desplazamiento en la línea de la Komintern de una manera más completa. Las exigencias públicas de ampliación de un nuevo y más revolucionario Bloque Popular se abandonaron a favor del casi exclusivo apoyo al Frente Popular existente. El partido incluso comenzó a desalentar las huelgas en reivindicación de objetivos tales como la semana de 36 horas, declarando que la de 40 horas resultaba aceptable, al tiempo que insistía en que los cambios profundos en la situación de los trabajadores se llevasen a cabo sólo a través de las leyes republicanas formales y, en último término, retiró su oposición a indemnizar la confiscación de tierras. Mientras que con anterioridad se había opuesto al sistema republicano de estatutos de autonomía y defendido la división de España en una serie de estados nominalmente independientes, pasó luego a apoyar la vigente estructura territorial del Estado español y su fórmula de estatutos de autonomía. El objetivo comunista era un Estado republicano exclusivamente izquierdista, fuerte y unido que pudiera eliminar a la derecha mediante el acoso o legislando su desaparición. De igual manera, la posición comunista destacaba el fuerte apoyo español a la Unión Soviética —con la que la República todavía no había establecido relaciones diplomáticas— y a la Sociedad de Naciones, con Dimitrov reiterando que la principal prioridad de la Komintern era la defensa de la Unión Soviética [19].

Con todo, la adopción de una línea táctica más moderada no supuso ningún disfraz fundamental. El 10 de mayo, Santiago Carrillo, el principal líder de las nuevas JSU y en ese momento un comunista de facto, declaró rotundamente en Mundo Obrero que las nuevas Alianzas Obreras en formación se convertirían en la versión española de los soviets revolucionarios, en unos órganos revolucionarios para la «dictadura de una clase». Serían un básico «órgano insurreccional, sin concebirlo como órgano de poder», lo que por supuesto supondría una guerra civil que las Alianzas favorecerían y añadió: «Pero una vez en el Poder el proletariado, ¿ha terminado la guerra civil? Pues si no ha terminado como parece probable, las Alianzas seguirán luchando contra los enemigos del proletariado; el ejército, que se ha ido corporeizando a través de la insurrección, será el mismo que continuará la lucha desde el poder». El 27 de mayo Mundo Obrero confirmó de nuevo la fórmula definitiva de un «gobierno obrero y campesino» al que denominó, empleando la terminología habitual, la «dictadura democrática de los obreros y campesinos».

En medio de esta euforia prerrevolucionaria, el 22 de mayo Codovilla y Jesús Hernández presentaron un informe a la Komintern en Moscú en el que aportaban una brillante relación de la situación en España que claramente impresionó a sus superiores. Según Elorza y Bizcarrondo, cuando informaron de que los concejales comunistas ya ejercían un considerable poder en varias ciudades e incluso decidían qué oponentes debían ser encarcelados, Dimitrov exclamó entusiasmado: «¡Eso es una democracia de verdad!» [20] Sin embargo, cuando Codovilla y Hernández preguntaron si tan favorables condiciones conducirían a un rápido desarrollo de la «dictadura democrática de los obreros», Dimitrov sofocó tales especulaciones, haciendo hincapié en que las prioridades eran, sencillamente, el fortalecimiento del Frente Popular y la decisiva victoria sobre el fascismo [21].

La subsiguiente resolución de la Romanskii Lender Sekretariat (Sección Latina) acerca de España fue prudente, reafirmando los objetivos establecidos: agitación continua y finalización de la triple alianza (trabajadores, juventud y partido) con los socialistas, mientras también se debería asegurar de obtener el apoyo de los socialistas moderados. Se debía continuar confiscando las tierras de labor, pero de una forma ordenada y acorde con la Ley de Reforma Agraria y utilizando las huelgas de forma «racional», sin que se produjeran huelgas generales. Los sindicatos comunistas debían afanarse para que las industrias quedasen bajo control obrero pero, de momento, el partido debía promover solamente la nacionalización del Banco de España y los ferrocarriles, unas medidas que apoyaban ciertos burgueses progresistas. La agitación estaría en especial dirigida a la juventud y las fuerzas armadas, dando prioridad a la ampliación de las MAOC. Se ¿legalizarían de manera oficial todas las organizaciones «monárquicas» —lo que en apariencia quería significar los grupos conservadores— confiscando sus propiedades y arrestando a sus dirigentes, entre los cuales se especificaba el nombre del católico Gil Robles y el democrataliberal Lerroux. En primer lugar se completaría totalmente la «revolución democrática», creando una nueva forma de República popular de izquierdas de la que se eliminarían todas las fuerzas no izquierdistas [22].

En el primer borrador de esta resolución afloraron ciertos elementos del anterior programa más revolucionario, con instrucciones para ampliar los grupos de las Alianzas Obreras, a modo de «órganos de la lucha por el poder» de las masas revolucionarias, aunque pronto fueron abandonados. El texto definitivo destacó el apoyo al Frente Popular y el funcionamiento de las Alianzas como comités elegidos democráticamente, que se ocuparían de asuntos concretos bajo la tutela del Frente Popular. No obstante, no pareció que Codovilla y los líderes españoles comprendieran del todo la línea táctica más moderada que impusieron Dimitrov y su principal asesor para el sudoeste europeo, Palmiro Togliatti, y siguieron incitando al maximalismo revolucionario. Les resultaba difícil no caer en una terminología más habitual, en especial dado el ambiguo doble sentido de muchos de los términos comunistas [23].

El 1 de mayo de 1936, en Madrid se produjo la mayor de las manifestaciones comunistas celebradas hasta ese momento, con miles de miembros del partido marchando al unísono y las JSU uniformadas que en general, aunque no del todo, estaban bajo control comunista, desfilando al estilo paramilitar de la época. La afiliación al partido crecía con rapidez: en mayo de 1934 contaba con 9.200 miembros que se convirtieron en 11.275 en vísperas de la insurrección, para caer en 1935 bajo el peso de la represión y, cuando ésta se suavizó, volver a aumentar hasta los 14.000 en febrero de 1936, aunque el partido afirmaba que eran el doble. En primavera y a principios del verano la afiliación se duplicó y triplicó y en julio el partido afirmaba contar con 100.000 miembros, aunque el número real pudo haber sido la mitad de esa cifra [24].

Se trataba de un aumento impresionante, pero todavía no de un movimiento de masas hecho y derecho. No obstante, muchos conservadores españoles parecían convencidos, entre los tumultos prerrevolucionarios de la primavera y principios del verano, de que el comunismo crecía a pasos agigantados. Los militares rebeldes y sus aliados que el 18 de julio iniciaron la Guerra Civil, pronto falsificarían documentos en un esfuerzo por probar que se había programado una toma comunista del poder para el mes de agosto, lo que era una absoluta falsedad, aunque subsistía el genuino convencimiento de los conservadores de que los comunistas, y por tanto el poder soviético en España, habían aumentado mucho. Debería tenerse en cuenta que el PCE hizo cuanto pudo por fomentar esta impresión, presentando una imagen de creciente poder, inevitabilidad y triunfalismo. De hecho, los comunistas no representaban sino una pequeña parte de la inmensa marcha izquierdista del 1 de mayo, pero como sus predecesores bolcheviques en 1917, se concentraban en la capital e hicieron cuanto estuvo en su mano por magnificar su presencia en Madrid. Ciertos aspectos del estilo revolucionario impresionaron en especial a los espectadores de clase media, como las hoces y martillos gigantescos, los multitudinarios saludos puño en alto y la visión de cientos de jóvenes mujeres comunistas y socialistas desfilando y cantando «¡Hijos sí, maridos no!». Incluso fue más importante que tantos socialistas abrazasen la bolchevización, porque constituían un gran movimiento que ya había encabezado una revolución insurreccionaría.

El POUM en la primavera de 1936

En la primavera de 1936, la posición revolucionaria más coherente era la mantenida por el POUM, cuyo comité ejecutivo había declarado el diciembre anterior que era «el verdadero partido comunista de Cataluña y de España» [25], lo que era absolutamente correcto en el sentido de que se trataba de un partido comunista nacido en España y no controlado desde el extranjero. Andreu Nin, el número dos de su cúpula, sostenía que la victoria electoral frentepopulista sólo había sido posible gracias a la anterior insurrección violenta, a la que declaraba el único camino seguro al poder. Cuando las Cortes abrieron sus sesiones el 15 de abril, Maurín fue el único diputado del Frente Popular que criticó con vehemencia y de forma directa al Gobierno de Azaña, denunciando en primer lugar el discurso de apertura del jefe del gobierno, en el que éste intentó, aunque de manera débil, calmar al país. Incluso más que los caballeristas, el POUM se había convertido en el partido de la guerra civil, pese a que, en su arrogancia, asumieron que la derecha era tan débil que una guerra civil no duraría mucho tiempo. La posición oficial del POUM era que el Gobierno de Azaña debía dejar paso inmediato a otro gobierno frentepopulista y de transición, más radical, que preparase la instauración de un «gobierno obrero» [26], de una forma mucho más acelerada que lo que la Komintern estaba dispuesta a tolerar en ese momento.

En su maximalismo revolucionario, el POUM condenaba el pacifismo y a la Sociedad de Naciones como meras fórmulas burguesas. Tanto el POUM como la anarquista FAI denunciaron en general la táctica frentepopulista así como el respaldo socialista a las sanciones que la Sociedad de Naciones impuso a Italia tras su invasión de Etiopía, al que consideraban equivalente a asumir que era posible trabajar con los poderes capitalistas y que existía una diferencia entre capitalismo y fascismo.

El POUM todavía pretendía construir «un gran partido revolucionario». Estaba de acuerdo con la prioridad del PCE de ampliar rápidamente los inciertos grupos de la Alianza Obrera, proponiendo en mayo la formación de un comité de enlace con el PCE y el PSOE. Sus líderes consideraron el rechazo de esta propuesta como una prueba más de que su partido era «el único defensor de la revolución socialista en el seno de nuestro proletariado» [27]. Largo Caballero propuso la fusión entre poumistas y socialistas, una invitación que se rechazó con indignación aunque algunas de las secciones locales de las Juventudes Socialistas declarasen que no seguirían adelante con su inclusión en las JSU a menos que también se diese cabida a la agrupación juvenil del POUM.

La política comunista respecto a otros partidos marxistas

Para consternación del POUM los otros pequeños partidos marxistas en Cataluña se estaban aproximando entre sí. Las consecuencias de la insurrección de octubre habían radicalizado a la una vez en cierta forma moderada Unió Socialista de Catalunya que, en junio de 1935, había solicitado su admisión en la Komintern como «sección simpatizante». En ese momento se formó un comité de enlace entre la USC y el Partit Català Proletari, al que en diciembre se unieron los comunistas (PCC) y tres meses más tarde los socialistas catalanes. El 23 de junio de 1936 el comité había alcanzado un acuerdo en varios puntos: una identidad conjunta como partido obrero y campesino de clase, el centralismo democrático, el apoyo a la Komintern, la defensa de la URSS contra la guerra imperialista, la liberación nacional, la conquista revolucionaria del poder a través de la insurrección armada y la imposición de la dictadura del proletariado. Parecía como si el objetivo de la Komintern de formar un partido marxista revolucionario y unido en Cataluña estuviera a punto de alcanzarse, pero sería un partido muy pequeño, tan sólo unos 2.000 miembros comparados con los 5.000 con los que contaba el POUM en toda Cataluña, aunque en Barcelona los partidos aliados eran un poco más numerosos y contaban también con una afiliación sindical conjunta y basada en la sección catalana de la UGT de 80.000 trabajadores, mayor que la del POUM [28].

También los poumistas aceptaban la responsabilidad de «defender la URSS», pero sus líderes afirmaban que la mejor forma de lograrlo era a través de la revolución total en España, al tiempo que sostenían que el control por parte de la Komintern de un nuevo partido marxista catalán significaría que sus componentes no podrían ser «objetivamente revolucionarios» y que incluso se colocarían «a la derecha de la democracia social» [29]. De similar forma, cuando las fusionadas JSU comenzaron a formar un Frente Juvenil con las juventudes republicanas de izquierda, el POUM lo tachó de desplazamiento hacia la derecha.

Las tácticas de unificación de la Komintern con respecto al propio Partido Socialista tuvieron menos éxito. Su principal logro fue la formación de las JSU que hicieron rápidos progresos en la primavera. La conversión de Carrillo significó la dominación comunista de la cúpula nacional de las JSU desde su inicio, pese a que en la lenta unificación de los dos sistemas sindicales los sindicatos comunistas se vieron rápidamente eclipsados. Los caballeristas tenían cierto interés en la unificación de los dos partidos, al menos mientras creyeron que los socialistas lograrían absorber a los comunistas, lo que pareció menos probable tras los resultados de la fusión de las agrupaciones juveniles. Ninguna de las grandes secciones socialistas contaba con una postura clara respecto a la expansión de la Alianza Obrera. Los caballeristas de la UGT se mostraban más interesados en cierta clase de alianza revolucionaria con la CNT, habiéndose conseguido ya algunos progresos en sus relaciones, aunque lo más frecuente era la existencia de cierta «radicalización competitiva» entre los dos movimientos sindicales más relevantes.

El conflicto intergrupal más intenso surgido en el seno de la izquierda revolucionaria fue la campaña contra el «trotskismo» —es decir, el POUM— que la Komintern orquestó en España y que se intensificó a finales de abril. El PCE avanzó la línea de que Maurín estaba «pagado con el oro fascista» y en junio Mundo Obrero insistía en que era «un renegado al servicio de la reacción». Mientras Carrillo y los jóvenes radicales de las JS habían sido, en el pasado, el sector del marxismo español que mostró más simpatías hacia el antiguo BOC, con la bolchevización tanto Carrillo como los representantes de las JSU encabezaron el ataque al POUM, en el que no sólo les secundó todo el aparato del PCE sino también los elementos socialistas ultrafavorables al comunismo, como Margarita Nelken y Álvarez del Vayo. A finales de la primavera, los portavoces poumistas se quejaron de los ataques y de los intentos de sabotear sus mítines; incluso algunas figuras locales de las JSU en Cataluña protestaron por tales ataques, mientras los líderes del PCE pretendían persuadir a Largo Caballero de la necesidad de eliminar al POUM de la Alianza Obrera o de cualquier otro mecanismo aliancista [30].

La anterior Izquierda Comunista de España, liderada por Nin, había sido categóricamente trotskista hasta 1934 y, en general, también el BOC mostró su simpatía hacia Trotsky, aunque nunca fue un partido trotskista de manera formal. De hecho, la creación del POUM en 1935 había marcado la ruptura definitiva con el trotskismo, incluso por parte de Nin, puesto que se basaba en el rechazo absoluto de la táctica trotskista favorita, el «entrismo» en los partidos socialistas ya existentes. Por su parte, Trotsky no sentía una admiración recíproca por Maurín, cuyo concepto de «revolución democrática-socialista» había tachado de pura tontería, porque en 1917, en Rusia, los defensores de la revolución democrática y quienes propugnaban una revolución socialista habían estado en lados opuestos de las barricadas.

Desde la perspectiva de Trotsky, en España ya había finalizado la revolución democrática y el Frente Popular, liderado por los republicanos de izquierda pequeñoburgueses, sólo la estaba recapitulando. Al tiempo que denunciaba lo que denominaba «la traición del POUM», insistía en que, en España, la lucha revolucionaria tenía que librarse contra el Frente Popular [31]. En el simbólico 1 de mayo, el propio Maurín declaró a La Batalla que «yo no soy trotskista... pero...», dejando claro que ninguno de los dirigentes poumistas se sentía insultado por el término porque Trotsky tenía «uno de los cerebros mejor organizados del movimiento socialista» y era «el mayor dirigente bolchevique después de Lenin» [32].

El POUM protestó con dureza ante el respaldo socialista y comunista al Gobierno de Casares Quiroga cuando los dos partidos marxistas mayoritarios retiraron sus anteriores exigencias de disolución de la Guardia Civil y de someter al ejército a una purga total. Ya en noviembre de 1935, Maurín había exigido la reorganización de la milicia armada de la Alianza Obrera de 1934, reiterándola con una insistencia cada vez mayor en la primavera de 1936. Los representantes del PCE denunciaron esta posición, considerándola una «provocación trotskista» al tiempo que el POUM afirmaba que las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), de las que tanto presumía el PCE, «no existían». Esta última acusación no era correcta, pues las MAOC, aunque sólo contaban con unos miles de integrantes, sobre todo en Madrid, recibieron entrenamiento paramilitar por parte de los militares y policías afiliados, así como de varios dirigentes de la milicia comunista que habían sido entrenados en Moscú. Al menos el POUM realizó algún esfuerzo por proporcionar a su propia agrupación juvenil (las JCI) un pequeño entrenamiento paramilitar, decantándose cada vez más por la agitación y la acción directa en las huelgas [33].

En gran medida la reorganización y ampliación de los grupos de la Alianza Obrera fue un fracaso. Sólo el PCE les había otorgado tanta importancia como el POUM pero, conforme las tácticas de la Komintern se moderaban cada vez más, el partido hacía menos referencias a la AO y los caballeristas, como era habitual, sólo se interesaban por la AO como expansión del poder socialista. Por tanto, con la apertura de las Cortes en abril, los poumistas adoptaron la nueva táctica de exigir la formación de un gobierno puramente frentepopulista para intentar conseguir una política más radical pero, una vez más, consiguieron pocos apoyos. Cuando, a mediados de junio, unos 110.000 trabajadores hicieron huelga en Madrid, los representantes del partido lo celebraron como el comienzo de la revolución obrera [34] pero, posteriormente, descendió la actividad huelguística en algunos puntos del país. En la izquierda obrera sólo algunos comunistas y prietistas contaron con algo similar a un sentido realista de la fuerza potencial de la derecha y así, tres días más tarde del asesinato de Calvo Sotelo en julio —el definitivo catalizador de la Guerra Civil— Maurín dijo en Madrid a un amigo que de momento no era probable que sucediera nada y se marchó a una reunión del comité regional del POUM en Galicia.

El Frente Popular en Francia

Para la Komintern, mayo fue un mes de euforia en el sudeste europeo: la situación española parecía cada vez más positiva y en Francia se consumó un claro triunfo electoral del otro Frente Popular, sólo dos meses después de que el Senado hubiese ratificado finalmente el pacto de defensa franco-soviético. La victoria en Francia pareció proporcionar una mayor evidencia de la importancia de la táctica frentepopulista. En conjunto, los tres principales partidos del Frente Popular francés sólo vieron incrementado el total de sus votos en un 1,5 por ciento con respecto a las anteriores elecciones pero, como bloque, obtuvieron una victoria decisiva. De hecho, los radicales, que formaban el ala derecha de la alianza, perdieron votos y su porcentaje total disminuyó del 20,07 al 16,57 por ciento. El voto socialista permaneció más o menos igual, arrebatando algunos votos al ala izquierda de los radicales pero perdiendo algunos más a favor de los comunistas y en conjunto obtuvieron menos escaños que en el anterior Parlamento. Los grandes ganadores fueron los comunistas franceses, que pasaron de tener 12 escaños y un 8,4 por ciento de los votos en 1931, a contar con 72 escaños y un 15,3 por ciento de los votos en 1936. En ese momento, el PCF era el mayor de los partidos comunistas en la Europa occidental y entró en la segunda de sus tres principales fases de crecimiento, pasando de 87.000 miembros en 1935 a 326.500 en 1937, momento en el que su afiliación superó a la del Partido Socialista francés. El apoyo de los sindicatos aumentó con igual rapidez. Lo que es más, la victoria del Frente Popular francés provocó una enorme ola de huelgas —la mayor en la historia francesa hasta ese momento— con mucha más celeridad de lo que lo hicieron las elecciones en España, aunque en parte pudo deberse a la llegada de la primavera.

Sin embargo, Francia no era España y el Frente Popular francés nada tenía que ver con el español. En algunos aspectos sus programas eran superficialmente similares, pero el francés era mucho más moderado, tendente a la derrota del fascismo pero no a la eliminación de la democracia y de las fuerzas conservadoras de la política francesa y sus instituciones. En Francia, como en España, los comunistas no formaron parte del gobierno, pero allá el gran partido socialista, que por primera vez asumió una responsabilidad gubernamental, estaba bastante unido y sólo contenía una pequeña ala revolucionaria, en modo alguno equivalente a los bolchevizantes españoles. El líder socialista Léon Blum, quien se situaba a la derecha de todos los dirigentes socialistas españoles, salvo Besteiro, presidió una coalición de gobierno compuesta sobre todo por socialistas y radicales y así, el gobierno francés contó con una base más amplia que su homólogo español, siendo a la vez más fuerte y más moderado y, por tanto, no sujeto a la influencia kerenskista procedente de la extrema izquierda, que en cualquier caso era más débil en Francia. Blum negoció un rápido final a la ola de huelgas, que incluyó importantes beneficios para los trabajadores, la vida volvió a la normalidad y el gobierno aplicó un programa legislativo mucho más coherente y moderado que el de Madrid. Apenas hubo violencia o tendencia a la acción directa [35].

Todavía más, el Partido Radical de clase media-baja, democrático y liberal era, en ese momento, muy diferente a los republicanos de izquierda españoles, más estable y democrático, y se negó totalmente a desempeñar un papel kerenskista con respecto a la izquierda obrera, ejerciendo una considerable influencia moderadora sobre el gobierno. En lugar de desplazarse más hacia la izquierda —como hicieron los republicanos de izquierda en España, quienes adoptaron un programa económico semisocialista y cuya agrupación juvenil estaba aliada con los comunistas—, se asustó ante la ola postelectoral de huelgas y enseguida comenzó a moverse hacia la derecha.

CAPÍTULO 12 -
LA FASE FINAL
MAYO-JULIO DE 1936

C

iertos republicanos moderados perdieron la esperanza con el Gobierno de Casares Quiroga en cuestión de días y enseguida algunos propusieron alternativas más espectaculares. Desde el estreno de Azaña como presidente de la República, varios de los dirigentes republicanos de izquierda se habían aferrado a la idea de que sólo un republicano con plenos poderes que, si era necesario, incluyeran la imposición del estado de guerra, podría solventar la situación, a lo que, en ocasiones, se referían como una «dictadura republicana» legalitaria. Uno de sus proponentes fue Claudio Sánchez Albornoz que años más tarde escribiría que tras su llegada a Lisboa el 14 de mayo, para asumir sus funciones como embajador: «Durante muchas noches dormí inquieto, con el teléfono a la cabecera de la cama, a la espera de la oficial comunicación de Madrid anunciándome la temporaria proclamación de la salvadora dictadura republicana. Pero no llegó jamás la esperada noticia y España prosiguió su triste anárquico caminar...» [1]

Felipe Sánchez Román había rechazado la sugerencia de Azaña de liderar un nuevo gobierno republicano de izquierda porque no creía que la fórmula vigente de un gobierno minoritario fuese viable pero, durante unas seis semanas, participó activamente en las discusiones relativas a la formación de una coalición mayoritaria más grande y fuerte. Decidió que se necesitaba una nueva fórmula, por lo que, en una reunión de los líderes de su exiguo Partido Nacional Republicano (PNR), se aprobó la siguiente declaración el 25 de mayo:

En los actuales momentos, robustecida la autoridad del PNR por haber previsto las dificultades que encontraría en su camino la política del Frente Popular, y con la libertad de enjuiciamiento que le proporciona su apartamiento de las funciones de gobierno, le corresponde la misión de hacer coincidir a los republicanos en la apreciación de la gravedad del momento político, en el reconocimiento del fracaso del llamado Frente Popular en la forma que actualmente se desenvuelve y en la necesidad de poner en práctica los medios de acción para salvar al país y a la República.

El concierto de acción política ha de descansar sobre las bases siguientes:

Ejecución inmediata del programa de defensa del Estado republicano. Tal vez una referencia a la vigorosa Ley de Seguridad del Estado aprobada por el primer gobierno de Azaña restableciendo con todo vigor el principio de autoridad, reconstrucción económica y política social concertada por los partidos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y otros republicanos nacionalistas.

Cumplimiento de las reformas beneficiosas para la clase obrera incorporadas al programa electoral del Frente Popular.

Se pondrán en práctica aquellas medidas necesarias para evitar que las fuerzas políticas y sociales principalmente interesadas en la ejecución del plan político representen el obstáculo más fuerte para su realización.

Se adoptarán las siguientes medidas:

a) Reprimir severamente la incitación a la violencia revolucionaria como forma de contienda civil o política.

b) Desarme general.

c) Disolución de las organizaciones económicas, profesionales, políticas o confesionales cuya actuación amenace gravemente la independencia, la unidad constitucional, la forma democrático-republicana o la seguridad de la República española.

d) Prohibición del funcionamiento de sociedades uniformadas o militarizadas.

e) Ley de responsabilidad de los jefes o elementos directivos de las organizaciones políticas por los delitos motivados por la propaganda de aquéllas.

f) Se exigirá responsabilidad a las autoridades por las infracciones de las leyes cometidas en el ejercicio de sus funciones. Se podrá privar, en donde las circunstancias lo exijan, a los alcaldes del ejercicio de la política de orden público, transfiriéndola a otras autoridades, institutos o delegados especiales.

g) Se reformará el reglamento de la Cámara modificando la estructura y funciones de las comisiones parlamentarias, para que con el auxilio de los organismos técnicos rindan eficacia y rapidez en el trámite formativo de las leyes.

El requerimiento de nuestra agrupación política a los partidos de Izquierda Republicana y Unión Republicana debe ser hecho por el señor Sánchez Román a los jefes de los grupos políticos expresados.

Una vez concertados, los republicanos invitarán públicamente al Partido Socialista Obrero a compartir con los republicanos las funciones de gobierno para realizar los objetivos del plan político aprobado.

En el caso de que rechacen los socialistas el requerimiento de colaboración, los republicanos aconsejarán al presidente de la República la formación de un gobierno integrado por los representantes de todas las fuerzas políticas republicanas que coincidan en la apreciación de la conveniencia de la política aprobada por los partidos de la izquierda.

Se designará un equipo de ministros republicanos para integrar en el gobierno a quienes se reconozca autoridad, competencia y prestigio. Actuarán por encima de exigencias de partido con renuncia y proscripción de toda tendencia demagógica.

Si el gobierno no cuenta con asistencia parlamentaria, se suspenderán las sesiones de las Cortes de conformidad con los preceptos constitucionales.

En otro caso, podrá intentarse la presentación al Parlamento de bases que autoricen al gobierno a legislar por decreto, dentro de las atribuciones que concede el artículo 81 de la Constitución, y sobre las materias concretas propias del plan político de urgente realización [2].

Parece que éste fue el único plan concreto para gestionar la crisis presentado por cualquiera de los partidos republicanos. Era coherente, responsable y práctico y, si los otros partidos republicanos se hubiesen mostrado conformes con él, hubiese podido ser la salvación del sistema democrático. No en vano era Sánchez Román la figura política a quien más respetaba Azaña, por su mesura, sabiduría y buen juicio [3], pero el presidente no mostró inclinación alguna a adoptar el sabio, aunque drástico, consejo de su amigo ya que hubiese requerido que abandonase su estrategia sectaria y exclusivamente de izquierda y hubiese escindido de manera oficial el Frente Popular, a pesar de lo incierto de su estado.

No obstante, la propuesta del PNR, que en algunos sentidos constituía una alternativa lógica al anterior proyecto de una coalición mayoritaria prietista, encontró respaldo entre algunos de los republicanos de izquierda más moderados y sensatos, así como entre ciertos sectores del centro y quizá el del propio Prieto. Aparentemente, llegó a discutirse en una reunión de los grupos parlamentarios de Izquierda Republicana y Unión Republicana, quienes pudieron haber hecho llegar la propuesta al Gobierno de Casares Quiroga que la rechazó [4]. Declaró Casares que no existía necesidad alguna de una coalición especial o de un gobierno con poderes extraordinarios y, en la siguiente sesión de las Cortes del 16 de junio, afirmó que tal alternativa «abriría el camino a la dictadura».

En los dos meses finales de la República, las Cortes sirvieron como la única caja de resonancia política no sujeta a censura y durante esta fase final los principales representantes de ambas facciones fueron por un lado el presidente del gobierno y por otro Calvo Sotelo. Aunque tanto Gil Robles como otros representantes del centro todavía ocupaban la tribuna de vez en cuando, Calvo Sotelo, más categórico e intransigente, se convirtió cada vez más en la voz de la derecha. Casares Quiroga y Calvo Sotelo eran ambos gallegos aunque diferían del todo en su aspecto físico, su estilo y sus lealtades políticas, detestándose cordialmente. Casares era delgado, intenso, emotivo y estaba enfermo debido a una tuberculosis de la que, aunque controlada, nunca llegó a curarse del todo. Por su parte, Calvo Sotelo era ancho de hombros, un hombre fornido y corpulento con aspecto de toro, vigoroso, analítico y con un gran control sobre sus emociones, aunque también categóricamente franco.

Es probable que la sesión del 16 de junio fuera la más dramática y la más a menudo citada en la historia de la República. Gil Robles dio lectura a otro de sus resúmenes estadísticos periódicos acerca del desorden, alegando que desde el 15 de febrero al 15 de junio, 269 personas habían sido asesinadas y 1.287 habían resultado heridas en actos de violencia política; 160 iglesias habían quedado totalmente destruidas y se habían causado daños a otras 251 iglesias y edificios religiosos. El volumen total de los ataques a iglesias y edificaciones religiosas, así como a miembros del clero, había alcanzado un nivel masivo [5]. Durante el mes transcurrido desde el nombramiento de Casares Quiroga, se habían producido sesenta y nueve muertes y se habían destruido treinta y seis iglesias. Finalizó Gil Robles con una lista definitiva de los desórdenes que, según dijo, se habían cometido en las pasadas veinticuatro horas e informó de que el British Auto Club había comunicado a sus miembros que ya no resultaba seguro conducir por España, debido a la violencia aleatoria y a la extorsión practicada contra motoristas en las carreteras.

A continuación se levantó Calvo Sotelo, declarando que ésa era la cuarta vez en tres meses que se había dirigido al Parlamento al respecto del problema del orden público. En ese momento, la sesión ya había pasado a ser tormentosa, con frecuentes interrupciones e insultos, una táctica que el mismo Calvo Sotelo no pudo resistirse a utilizar contra el propio jefe del gobierno, cuando éste interrumpió su discurso con un comentario. Calvo insistió en que la situación sólo podría rectificarse con un «Estado integral» de autoridad y que si era necesario denominarlo «un Estado fascista» entonces «yo me declaro fascista». Aquí tornó la palabra Casares para denunciar al anterior orador, declarando que «después de lo que ha dicho su señoría ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría». Dada la situación imperante en el país, un jefe de gobierno constitucional firmando lo que después se consideraría la sentencia de muerte de un miembro del Parlamento constituyó un espectáculo sin precedente. Casares también negó que Socorro Rojo Internacional u otros grupos radicales estuvieran practicando la extorsión en las carreteras —una descarada falsedad por su parte, puesto que el propio Alcalá Zamora había sido una de sus víctimas [6] y, de hecho, el gobierno había emitido en vano, el 11 de mayo, una orden a los gobernadores civiles para que le pusieran fin.

Como era habitual, el análisis más objetivo provino de Juan Ventosa, de la Lliga:

Lo que más me alarma de la sesión de hoy es el optimismo del presidente del Consejo de Ministros, que encuentra la situación bastante agradable e incluso soportable. No parece verosímil. Le dejo la responsabilidad de esa afirmación ante España y ante el extranjero, pues en todas partes, desgraciadamente, son conocidos los hechos que aquí ocurren. Y lo más grave que puede aducirse es el argumento de que todo lo que pasa ahora está justificado por lo que ocurrió hace dos años. Yo no quiero discutir lo que ocurrió. Pero, ¿es que los excesos e injusticias de unos pueden justificar el atropello, la violencia y las injusticias de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que la subida al poder o al triunfo de unas elecciones se inicie la caza, la persecución o el aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada de nuestro país.

Todavía peor, dijo, era el hecho de que el presidente del gobierno había declarado de modo oficial «que el gobierno era beligerante», en guerra al menos contra una parte de su ciudadanía, embarcado en una especie de guerra civil más que en un gobierno de justicia e imparcialidad. Así «ha tenido su señoría palabras que no pueden conducir a otro resultado que a enconar la violencia...». Ventosa denunció aún más la nueva legislación encaminada a «republicanizar la judicatura», a la que tachó correctamente de ser un proyecto para «destruir la independencia del poder judicial» y concluyó:

Mantened el Frente Popular o rompedlo; haced lo que os plazca; pero si el gobierno no está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el respeto a la ley, vale más que se marche, porque por encima de los partidos y combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada por una catástrofe.

Se levantó entonces Joaquín Maurín para presentar justo el argumento opuesto, que «el gobierno no ha hecho ni la centésima parte de lo que contiene el programa del Frente Popular» —una acusación del todo tonta—. Exigió un gobierno puramente frentepopulista dirigido por los partidos revolucionarios, la nacionalización de gran parte de la economía y la eliminación del fascismo, «hoy un peligro real».

Una vez que Gil Robles habló por segunda vez, se levantó Calvo Sotelo para pronunciar el párrafo más famoso de su vida, que a menudo se ha citado a modo de epitafio:

Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese banco azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga, me doy por notificado de la amenaza de su señoría... Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de aquellos actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también... Pero, a su vez, invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente (...), repase la historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría. Fueron Kerensky y Karolyi. Kerensky fue la inconsciencia; Karolyi la traición a toda una civilización milenaria. Su señoría no será Kerensky, porque no es inconsciente, tiene plena consciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás a Karolyi.

Julián Zugazagoitia, redactor-jefe de El Socialista, escribió más tarde que aquella sesión:

... fue uno de los días en que mayor preocupación observé en Prieto. A su inquietud se unía una suerte de sorda irritación: «Ésta es una Cámara sin sensibilidad. No sé si es que estamos sordos o es que lo fingimos. El discurso que ha pronunciado Gil Robles esta tarde es de una gravedad inmensa. Cuando detrás de mi banco oía risotadas e interrupciones estúpidas, no podía evitar el sentirme abochornado». Gil Robles, que tenía conciencia de lo que estaba diciendo, debía considerarnos con una mezcla de piedad y desprecio. Recuerde que el jefe de la CEDA nos ha dicho que su fuerza política, después de madurado examen, había venido desarrollando su actividad en el área de la República, y que él, personalmente, no sabía si había cometido una ligereza culpable al aconsejar a sus amigos esa conducta, pero que, en todo caso, cada día era menor su autoridad para convencerlos de que no se debía romper con ella. Esa merma de mi autoridad, decía, procede de la conducta de la República y de la disminución de mi propia fe en que pueda acabar siendo un cauce legal y una voluntad nacional. Y todavía ha añadido «condeno la violencia, de la que ningún bien me prometo, y deploro que amigos muy queridos y numerosos se acojan a esa esperanza como única solución». La interpretación de esas palabras no puede ser más diáfana. La propia CEDA está siendo absorbida por el movimiento que en connivencia con los militares están preparando los monárquicos. Con una suerte de desánimo fatalista, Prieto añadió: «Una sola cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe» [7].

Dando en apariencia por acabada toda esperanza de lograr una coalición mayoritaria más amplia entre el centro-izquierda y el centro, Miguel Maura, uno de los fundadores de la República, analizó la cada vez más desesperada situación en una serie de seis artículos, muy leídos, que publicó El Sol entre el 18 y el 27 de junio, para concluir que:

En la vida provincial y rural son las masas anónimas y exaltadas las que mandan y gobiernan a través de gobernadores sometidos a los comités jacobinos del Frente Popular, cuyos excesos y desmanes tiene aquella autoridad que refrendar, a través de los alcaldes y presidentes de gestoras [8], verdadera plaga bolchevizante que está asolando el país. Los ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta y que los incendios, asaltos, allanamientos de morada, homicidios, insultos y agresiones a la fuerza armada han dejado de figurar en los preceptos del Código Penal para quienes pueden alegar como eximente el uso de una camisa roja y azul [9], o la insignia estrellada con la hoz y el martillo. El puño en alto es un salvoconducto y talismán que permite los mayores excesos.

La reacción no podía faltar. Así ha tomado cuerpo hasta llegar a ser una realidad preocupadora lo que se llama «fascismo». La masa incorporada a ese movimiento se ha formado por aluvión... aunque del auténtico y legítimo fascismo italiano no tiene este movimiento de la opinión española sino el nombre y tal cual postulado doctrinal, que la mayoría de los afiliados desconoce.

Hoy, la República no es otra cosa —quiero creer que inconscientemente— que la parte exaltada y revolucionaria de la masa proletaria, que al socaire del sistema democrático y liberal y de la ceguera de algunos hombres representativos de los partidos republicanos prepara con prolija minuciosidad el asalto al poder y el exterminio de la organización social, capitalista y burguesa. Nos lo dicen ellos mismos en sus propagandas en la prensa y en actos públicos.

... Si la República ha de ser eso, la República está inexorablemente condenada a muerte próxima, a manos de esos mismos que hoy se dicen sus únicos defensores o, lo que es más probable, a manos de la reacción opuesta.

Maura exigía una «dictadura nacional republicana» multipartidista para salvar al país, pero añadió: «No abrigo la menor esperanza de que mis razonamientos logren convencer a quienes tienen sobre sí el peso de la mayor responsabilidad en la hora actual de España». Esta sombría conclusión era correcta porque el eficaz análisis de Maura, exacto tanto en su perspectiva como en sus detalles, simplemente recogió las habituales denuncias formuladas por la prensa republicana de izquierda, caballerista, comunista y anarquista. El 28 de junio, Política fanfarroneaba afirmando que la propuesta era «tan reaccionaria como pudiera ocurrírsele a cualquier líder de las derechas intransigentes», y cuatro días antes este foro de la izquierda nominalmente moderada había asegurado a sus lectores que si la CEDA volvía de nuevo al gobierno «establecería un fascismo tan inhumano y feroz como el de los nazis».

El único de los grupos del Frente Popular que pareció mostrar una cierta preocupación fue Unión Republicana, que celebró un congreso nacional en Madrid del 27 al 29 de junio. Martínez Barrio advirtió a sus seguidores que «lo que no puede soportar el pueblo español es vivir en un estado de constante insurrección» y propuso como posible solución «la colaboración gubernamental con los socialistas, incluso cediendo a estos la dirección». Aunque en su discurso de clausura declaró que el Gobierno de Casares Quiroga no desaparecería pronto, Martínez Barrio reiteró que, a la larga, debían fijar la mirada en la colaboración socialista y su posible liderazgo. En la prensa republicana de izquierda todavía aparecían de vez en cuando referencias a un posible gobierno de Prieto [10], y el 2 de julio se citó a Prieto en un periódico francés diciendo que lo que la República necesitaba era un gobierno que no fuera «dictatorial, pero sí autoritario. La autoridad tenía que residir, más que en las personas, en las instituciones» [11]. Como Ossorio y Gallardo había escrito unos días antes:

De la situación actual nadie está contento. Hablo con representantes de todos los sectores del Frente Popular y en la intimidad de la conversación todos se muestran tan preocupados, tan inquietos, tan acongojados, como las clases conservadoras. Ésta es la verdad, la pura verdad, aunque luego hay que disimularlo en servicio del partidismo.

Y añadía: «Y si esto es así, ¿a quién le apetece el frenesí actual? ¿A quién aprovecha? Sólo tendría explicación lo que vemos si los revolucionarios estuvieran seguros de ganar la revolución. Mas serían muy ciegos si lo creen. En España no ganará el juego la primera revolución, sino la segunda: la de la reedificación» [12]. Aquí Ossorio se aproximó a la última verdad del asunto: la mayoría de los revolucionarios pecaban de un exceso de confianza en que ganarían en una guerra civil revolucionaria, aunque las probabilidades no les eran tan favorables como gustaban de creer.

La última, larga y conflictiva sesión ordinaria de las Cortes comenzó a las 7 de la tarde del 1 de julio y se prolongó durante doce horas, echada a perder por frecuentes gritos e incidentes. Al menos en dos ocasiones, los diputados se empujaron y golpearon, se expulsó de la Cámara a un diputado de la CEDA y el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, incluso amenazó con abandonarlas en protesta. También fue ésta la sesión en la que el socialista Ángel Galarza contestó a Calvo Sotelo con un comentario contra él: «Pensando en su señoría encuentro justificado, incluso, el atentado personal», palabras que Martínez Barrio ordenó que se suprimieran de las actas pero que recogieron varios periodistas [13]. Las palabras de Galarza predijeron su propio y futuro papel, ya que tan sólo unos meses más tarde, como ministro de Gobernación de la República revolucionaria del periodo de guerra, presidiría las masivas ejecuciones de Madrid [14]. Galarza constituyó un buen ejemplo de que las amenazas y la violencia de los izquierdistas en la República se transformarían en asesinatos multitudinarios durante la Guerra Civil.

Uno de los puntos más destacados fue la interpelación de la derecha a Ruiz Funes, el ministro de Agricultura, que los socialistas, con su habitual respeto por los procedimientos del gobierno parlamentario, intentaron guillotinar aunque fracasaron por falta de votos. José Mª Cid habló en nombre del Partido Agrario, recitando un largo catálogo de abusos en el campo para finalizar diciendo: «¿Acaso quiere el gobierno convertir el régimen capitalista en marxista? ¡Pues dígase con toda claridad!» Ruiz Funes respondió que el gobierno debía luchar con graves problemas, incluyendo no menos de ocho mil reclamaciones por daños, a las que todavía tenía que enfrentarse el Ministerio de Agricultura, relativas a las pérdidas de trabajo y las reducciones ilegales de los salarios de los dos años anteriores, e insistió de una forma no del todo convincente: «En todas las cuestiones de trabajo en que intervengo respeto el límite del beneficio industrial. No permito que se juegue con esto de que el gobierno tolera que se vaya a una socialización».

En esta fase final, el único grupo izquierdista —aparte del POUM— que contaba con una política claramente definida era el Partido Comunista. En las semanas anteriores a la Guerra Civil la línea de la Komintern permaneció invariable: se debía sostener la unidad del Frente Popular y el Gobierno republicano de izquierda, pero empleando al máximo los mecanismos legales republicanos para convertir la República española en la «República democrática de nuevo cuño», del todo dominada por la izquierda (lo que resultaba en especial irónico a la vista de que en la única «república democrática de nuevo cuño» existente, la República Popular de Mongolia, la colectivización comunista había tenido el efecto de destruir hasta un tercio de la población. No es necesario decir que esto nunca fue objeto de discusión en España). Semejante política requeriría la completa utilización de todos los recursos legales —y de algunos ilegales, pero siempre en nombre de «la República»— para reprimir e ilegalizar a la derecha. Como lo expresó Mundo Obrero el 10 de junio, «la actitud del enemigo exige un ataque a fondo. Hemos llegado al límite de lo tolerable... El Gobierno ha sido demasiado tolerante». Una auténtica política frentepopulista exigiría «destruir todos los focos de apoyo al fascio que éste tiene en la Magistratura, en el Ejército, en los Cuerpos armados. Castigar los intentos reaccionarios de la Patronal... Imponer la solución a los conflictos por ellos provocados». Debería producirse una drástica purga en la totalidad del ejército y la policía, al tiempo que los comunistas preparaban a las MAOC a modo de lo que el hombre del comité central Antonio Mije denominó sus «milicias armadas», para ser «los hombres del futuro ejército rojo obrero y campesino en España» [15], una profecía exacta de lo que de hecho ocurriría unos meses más tarde. Sólo cuando se hubiese completado esta fase llegaría el momento de la insurrección violenta contra los restos de la República burguesa, para establecer un régimen soviético, un gobierno obrero-campesino [16]. Al mismo tiempo, los comunistas intentaron refrenar a los anarquistas y socialistas más incendiarios y, en junio, la cúpula del PCE en Sevilla instó a poner fin de manera temporal a la arbitraria incautación de edificios religiosos, ya que daba una impresión demasiado extremista y violenta de la izquierda.

Dos de las prioridades comunistas para esta fase del Frente Popular —la confiscación de considerables cantidades de tierra y el comienzo de la eliminación directa de los grupos derechistas— ya habían sido iniciadas poco a poco por el gobierno, aunque no llegó a definirlas en esos términos. El 1 de julio, el grupo parlamentario comunista en las Cortes entregó a los otros grupos integrantes del Frente Popular una propuesta legislativa para ordenar el arresto de cualquiera que, en el momento de la insurrección asturiana, hubiese ocupado una posición de poder, de Lerroux para abajo, someterlos a un proceso plenario y confiscar sus propiedades [17], lo que no era sino la lógica extensión de la táctica de la «República Popular» de utilizar la legalidad republicana para subvertir el orden constitucional. Sin embargo, la confiscación de propiedades violaba de forma directa la Constitución y no fue aceptada por los republicanos de izquierda, pero el 9 de julio los comunistas alcanzaron el éxito con su agenda hasta el punto de que el resto de los grupos frentepopulistas acordaron retrasar el receso parlamentario veraniego hasta que se hubiese solventado la cuestión de las «responsabilidades» por la represión aunque, por el contrario, los numerosos delitos violentos cometidos por la izquierda siguieron disfrutando de una total inmunidad [18]. Parecía que la «República de nuevo cuño» estaba en marcha.

Mientras los caballeristas exigían públicamente y de cuando en cuando la creación de una «milicia revolucionaria», en la práctica apenas hicieron nada y los comunistas, aunque muy inferiores en número, estaban mucho mejor organizados. Un asesor de la Komintern en actividades subversivas violentas y paramilitares, Vittorio Vidali (conocido con el seudónimo de Carlos Contreras) llegó a Madrid y fue ayudado por Enrique Líster y otros jóvenes dirigentes que habían recibido entrenamiento en la Academia Frunze del Ejército Rojo en Moscú. A mediados de junio, el partido anunció que las fuerzas de sus MAOC en Madrid ascendían a 2.000 personas, cuyo objetivo era llegar a ser «una organización de masas con un carácter semimilitar», sentando así «las bases de organización del futuro ejército rojo obrero y campesino» [19]. De las MAOC, y con el fin de no comprometerlas, se apartó a las secciones terroristas. En Madrid continuaron con sus acciones de guerrilla urbana contra los falangistas, aunque intentaron evitar el asesinato de policías para no despertar una mayor alarma entre las clases medias. Los comunistas también ejercieron su influencia en la formación de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), una pequeña organización de oficiales izquierdistas que pretendía contestar a la organización derechista existente en el seno de las fuerzas armadas. Más tarde, afirmarían que la UMRA era una extensión de la diminuta Unión Militar Antifascista, formada por el partido en 1934 [20]. Además, Líster dirigía una «sección antimilitarista» secreta que recogía información y pretendía sembrar la subversión revolucionaria entre los soldados españoles.

Las últimas ocho sesiones ordinarias de las Cortes, que tuvieron lugar a principios de julio, estuvieron dedicadas primordialmente a discutir la restitución a los municipios de las tierras comunales tradicionales y la aplicación de una posible sobretasa drástica a los terratenientes más acomodados. Conforme aumentaba el calor veraniego, descendió el interés y la asistencia. El Parlamento también se ocupó del asunto de la ampliación de la Ley de Amnistía, con los diputados centristas y derechistas afirmando que semejante movimiento resultaría injusto, salvo que también se incluyese la amnistía para aquellos que, en 1934, habían defendido el orden legal.

Había unos signos de moderación. El 2 y el 8 de julio, El Sol opinaba que el resultado de las elecciones a la comisión ejecutiva del Partido Socialista ofrecía la esperanza de que la política socialista asumiría una dirección más moderada, aunque, de hecho, ésta no fuera precisamente la opinión de Prieto. En verdad, las especulaciones de El Sol se vieron desmentidas por el hecho de que el 2 de julio publicara, junto con otros periódicos, un nuevo «manifiesto de la Comisión Ejecutiva» del Partido Socialista que denunciaba «todo intento de retroceso en la política republicana», e insistía en que «la actitud del Partido Socialista es, en lo fundamental, exactamente la misma que en el otoño de 1934», una reafirmación de la insurrección que apenas era una llamada a la moderación. No obstante, tras la celebración de una reunión especial de los diputados del Frente Popular y las visitas de la comisión ejecutiva socialista al jefe del gobierno, que tuvieron lugar el 9 y el 10 de julio, renacieron las especulaciones acerca de un posible cambio gubernamental. Los rumores conjeturaban que la izquierda podría haber perdido el control del grupo parlamentario socialista que ahora estaría dispuesto a apoyar una coalición con una base más amplia, aunque nunca existieron pruebas que apoyasen tales conjeturas. El 11 de julio, en una entrevista que concedió a un periodista argentino, Calvo Sotelo opinaba que pese al aumento de las huelgas creía que existía un menor riesgo de que se produjese otra insurrección izquierdista del que había habido en febrero y resultó estar en lo cierto al afirmar que ninguno de los partidos revolucionarios estaba planeando semejante actuación en un futuro inmediato.

Con todo, la violencia continuaba sin descanso, al igual que la quema de iglesias y la confiscación de propiedades religiosas. Un grupo de diputados de la CEDA de la zona este del país informó al ministro de Justicia de que en un distrito de la provincia de Valencia que contaba con cuarenta y dos ciudades y una población total de 100.000 habitantes, se habían clausurado todas las iglesias y se había expulsado a ochenta y ocho sacerdotes. El 2 de julio había empezado en Madrid otra secuencia de asesinatos políticos, y la noche del sábado 11 de julio tuvo lugar un grave incidente en Valencia, cuando cuatro falangistas armados se hicieron brevemente con el control de los micrófonos de Radio Valencia para anunciar el inminente estallido de la «revolución nacional sindicalista» falangista, lo que provocó un tumulto izquierdista en la cuarta ciudad más grande de España en el que se incendiaron las sedes derechistas y que sólo quedó sofocado cuando se sacó a las calles un regimiento de caballería.

Cuatro días antes se lamentaba El Socialista: «El sistema de la violencia como política de partido se va extendiendo en proporciones intimidantes y ninguna ventaja de orden civilizador se desprende de la eliminación alevosa de ciudadanos. Un retroceso psicológico nos ha conducido al “gangsterismo” político...» Sin embargo, la conclusión que de esto extrajo Prieto difería de su anterior posición porque ahora creía que ya no existía esperanza alguna de redención inmediata de la situación política; en apariencia aceptaba cierto tipo de colapso, estallido o revuelta armada de la derecha como inevitable y que pronto tendría lugar. No abandonó del todo las exigencias de moderación, aunque sus seguidores las habían ignorado con frecuencia, pero hizo más hincapié que nunca en la importancia de la unidad de la izquierda que había llegado a ser un problema en Andalucía, donde, anteriormente, los socialistas habían roto de manera temporal con el resto de los partidos del Frente Popular en Almería, y donde, en Sevilla y Huelva, los líderes de Unión Republicana se estaban distanciando de las prácticas incendiarias de los socialistas y comunistas locales [21]. Ahora Prieto pretendía minimizar las diferencias entre los revolucionarios y los moderados para lograr la unidad a la vista de la reacción militar que él creía muy próxima. Instó al gobierno a ser más vigilante, escribiendo en El Liberal el 9 de julio que «hombre prevenido vale por dos y un gobierno prevenido vale por cuarenta».

A principios de la segunda semana de julio las líneas se estaban endureciendo más que nunca. Calvo Sotelo y otros líderes esenciales de la CEDA ya habían sido informados de que la rebelión militar era inminente y habían prometido su apoyo.

CAPÍTULO 13 -
LA CONSPIRACIÓN MILITAR

E

s posible que tanto la conspiración militar española como la rebelión de 1936 sean los acontecimientos de esta clase sobre los que más se ha escrito, si no los que se han investigado con mayor profundidad, en la historia mundial. En la historiografía oficial y no oficial del largo régimen franquista subsiguiente se volvieron a contar cariñosamente numerosos detalles, muchas veces embellecidos y a menudo enmascarando la verdad [1].

Los monárquicos del ala ultraderechista habían comenzado a conspirar contra el nuevo régimen casi al tiempo del colapso de la monarquía, mientras que la posterior persecución religiosa dio un fuerte impulso al renacimiento del carlismo en 1931 [2]. Sin embargo, durante los dos primeros años de la República, muy pocos monárquicos estaban dispuestos a implicarse en una conspiración seria, de manera que la malograda rebelión del general José Sanjurjo en agosto de 1932, sólo obtuvo éxito en una guarnición (Sevilla) y se colapso con rapidez. La sanjurjada fue la más débil de todas las tempranas sublevaciones contra la República; contó con un apoyo menor que las tres insurrecciones anarquistas de 1932-1933. La fundación del periódico Acción Española sí proporcionó una base teórica para lo que se denominó la «instauración» y no la restauración de un nuevo tipo de monarquía neotradicional, católico-clerical, corporativa y autoritaria [3], pero el partido político alfonsino, Renovación Española, nunca fue capaz de generar el respaldo popular. Los dos partidos monárquicos, el carlista Comunión Tradicionalista y el alfonsino Renovación Española, nunca fueron capaces de obtener entre ellos más del 10 por ciento de los votos e incluso, en ocasiones, ni siquiera eso [4]. En conjunto, no resulta sorprendente que, tras la victoria parcial de la derecha legalista en las elecciones de 1933, la extrema derecha desesperara de lograr con éxito y por sus propios medios el derrocamiento del régimen y se volviese hacia la Italia de Mussolini, firmando un acuerdo con el gobierno italiano el 31 de marzo de 1934 en virtud del cual obtendrían el apoyo financiero italiano, facilidades para entrenar al ejército y una cantidad limitada de armas para ayudar a una eventual sublevación en España cuya finalidad sería restaurar la monarquía [5]. La misma necesidad de mirar hacia el extranjero era prueba de la débil base de esta conspiración que, como era predecible, nada produjo y al año siguiente ya era papel mojado.

La insurrección revolucionaria de octubre de 1934 polarizó a la sociedad española en mucha mayor medida, alentando el interés por un cambio de régimen pero, al mismo tiempo, la derrota del levantamiento y la aparente fortaleza del nuevo Gobierno republicano conservador durante la mayor parte de 1935, embotó tal interés. El único apoyo popular a la extrema derecha estuvo entre los carlistas agrarios de Navarra, una base en exceso pequeña para la clase de insurrección que se hubiese necesitado en la España políticamente movilizada de los años treinta. Con la mayor parte de la opinión conservadora movilizada por la semimoderada y legalista CEDA, la única fuerza en posesión de la fortaleza necesaria para llevar a cabo un cambio de régimen desde la derecha era el ejército.

Sin embargo, los militares se encontraban tan políticamente divididos como el conjunto de la sociedad española. Durante la mayor parte del siglo XIX, los sentimientos políticos del ejército español habían sido bastante liberales y, de hecho, la mayor parte de las sublevaciones militares durante la llamada «era de los promandamientos» (1814-1874) lo habían sido en nombre de una u otra causa liberal. El único dictador militar en España había sido Primo de Rivera, quien nunca ostentó la jefatura del Estado [6]. Con el surgimiento de la política radical moderna el ejército, en general, se desplazó a posiciones más conservadoras, pero sólo hasta cierto punto. Algunos oficiales todavía respaldaban una política liberal [7] y la experiencia del régimen de Primo de Rivera, en bancarrota política, agrió la participación de casi todos los militares de mayor rango en abiertas responsabilidades políticas, como prueba su casi total ausencia de oposición a la instauración de la República en 1931.

El gobierno azañista de 1931-1933 procedió con tanta ineptitud con respecto a los militares como lo hizo en relación a la sociedad española en su conjunto, tratándolos como a enemigos del nuevo régimen pese a que no fuese tal el caso, realizando especiales esfuerzos por insultar al ejército en cuanto grupo profesional y haciendo hincapié en que éste no gozaba de respeto alguno dentro del proyecto izquierdista. Aunque Azaña despertó con éxito la hostilidad de muchos de ellos, los militares todavía mostraban un interés menor por desempeñar un papel político y sus simpatías iban desde lo liberal moderado a lo conservador, con una pequeña minoría izquierdista y otra monárquico-derechista que no era mucho mayor. De ahí que todos los esfuerzos por promover la intervención militar entre la primavera de 1934 y la de 1936 fracasaran por completo. Como lo expresó Franco en el invierno de 1936, el ejército estaba, en primer lugar, demasiado dividido internamente y no respaldaba la posición política de nadie, por lo que cualquier esfuerzo por intervenir de manera abierta, o promover un golpe de Estado sólo a manos de los militares, estaba destinado al fracaso.

El único intento para desarrollar un nuevo plan activo de insurrección en 1935 procedió de Falange Española, aunque pronto se convirtió en un asunto nulo a causa de la absoluta debilidad del partido, que apenas contaba con 10.000 miembros en un país de 25 millones de habitantes y fracasó por completo a la hora de generar apoyos entre los militares [8]. Tales planes se habían abandonado mucho antes de las elecciones de febrero de 1936 y no se retomaron en los momentos inmediatamente posteriores ya que José Antonio Primo de Rivera pretendía, en vano, declarar una suerte de tregua política. Como muchos otros, estaba cautivado por el mito de Azaña y quería dar al nuevo gobierno la oportunidad de proporcionar un liderazgo efectivo. Quienes asumieron en primer lugar la iniciativa en la violencia fueron los aliados azañistas de la izquierda obrera que empezaron con nuevos y letales ataques a los falangistas, quienes respondieron con rapidez y de la misma forma. A su vez, esto provocó la actuación gubernamental de mediados de marzo por la que se obtuvo una declaración judicial para declarar a Falange una organización ilícita, lo que, más que el final, supuso el principio de la violencia y, posteriormente, los falangistas retomaron sus planes de insurrección violenta [9].

La victoria electoral del Frente Popular provocó una amplia variedad de respuestas en la derecha a favor de cierta forma de reacción armada. Como se ha visto con anterioridad, varios jefes de alto rango habían comenzado a conspirar tras conocer las primeras noticias de los resultados electorales; y el general Franco, el circunspecto jefe del Estado Mayor Central, se había sentido lo bastante alarmado para instar a la cúpula política a llevar a cabo un tipo de golpe de Estado constitucional e incluso a considerar, por primera vez, una acción directa por parte del ejército. No obstante, en último término, Franco no se desvió de su conclusión originaria de que el ejército se encontraba sencillamente demasiado dividido y era demasiado débil para actuar por su cuenta, una valoración que, sin duda, era correcta. El nuevo Gobierno de Azaña se movió con rapidez para colocar a casi todos los altos mandos del ejército en manos de generales políticamente fiables, de forma que la subsiguiente proliferación de reuniones y murmuraciones entre los militares no tuvo efecto alguno. Un pequeño grupo de generales retirados se reunió en varias ocasiones en Madrid, pero carecían de poder para actuar y cuando algunos de ellos se reunieron con Franco y otros jefes a principios de marzo, antes de la partida de aquél hacia Canarias para ocupar allí su nuevo destino, todo lo que pudieron acordar fue mantenerse en contacto y estar preparados para pasar a la acción sólo en caso de que cualquiera de los grupos revolucionarios se hiciese con el gobierno.

Conforme aumentaba la tensión en marzo y abril, se extendió la conspiración entre la derecha a pasos agigantados, pero sin ninguna estructura global. A finales de 1933 se había creado una asociación semisecreta de oficiales, la Unión Militar Española (UME), que contaba con varios miles de miembros nominales pero se concibió originariamente como una especie de organización profesional para defender los intereses corporativos de los militares, sin una identidad política específica. En general, los grupos de la UME tendían hacia la derecha, y una parte cada vez mayor de la opinión castrense se inclinaba en ese sentido durante la primavera de 1936. Las células locales de la UME empezaron a conspirar en varias guarniciones aunque, al principio, sólo a modo de grupos individuales, sin demasiada interconexión. La supuesta «junta de generales» (ninguno de los cuales tenía mando) continuó reuniéndose de manera esporádica en Madrid, pero carecía de medios para controlar a las unidades activas. Calvo Sotelo y otros líderes monárquicos pretendían animar a los conspiradores del ejército pero su influencia era muy limitada; de hecho, los militares más impacientes contemplaban a los políticos civiles derechistas como a unos fracasados, merecedores de poco respeto. Los carlistas retomaron el entrenamiento de su propia milicia en Navarra y en otras localidades, e incluso formaron su propia Junta Militar Suprema Carlista en San Juan de Luz, al otro lado de la frontera pero, de momento, continuaron aislados. El mejor reflejo del cambio de clima, sin embargo, fue el hecho de que incluso algunos de los más moderados sectores de la CEDA habían comenzado a modificar su posición. Por ejemplo, la rama valenciana (DRV), que había sido el mayor sector próximo a la democracia cristiana, perdió el control sobre su agrupación juvenil que había empezado a planear una acción armada contra el nuevo gobierno en los días de la victoria del Frente Popular aunque, una vez más, por su cuenta y sin otra red amplia salvo el contacto con unos pocos oficiales en las guarniciones cercanas.

Los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga conocían bien la situación, pero no resulta sorprendente que se mostrasen escépticos respecto al hecho de que este caleidoscopio totalmente fragmentado de potencial insurgencia pudiera reunirse con éxito. Durante los años republicanos, la derecha había permanecido dividida y sólo en una ocasión tuvo lugar un esfuerzo encaminado a la acción armada que, de manera inmediata, terminó en un abyecto fracaso. Siendo correcta la memoria del gobierno, sus cálculos fueron miopes ya que, conforme avanzaba el proceso revolucionario, la oposición militante al mismo aumentaría también, avanzando a tientas hacia una mayor unidad. Lo que es más, en abril había empezado a surgir un nuevo síntoma: la distribución de falsos panfletos, en apariencia elaborados por agentes provocadores de la derecha, que contenían planes detallados de una revolución izquierdista, con listas negras de derechistas a eliminar [10].

El oficial de alto rango que al final emergió como organizador de una revuelta centralmente organizada fue el general de brigada Emilio Mola, un veterano de las campañas de Marruecos y último director general de seguridad de la monarquía que, en este último puesto, había mostrado una gran indulgencia hacia la izquierda. A finales de abril, y por primera vez, Mola fue reconocido como líder por los responsables de varias secciones de la UME en el centro y norte de España, aunque la red nacional conspiratoria sólo comenzó a adquirir forma en el mes siguiente ya que la respuesta del ejército fue lenta pero acumulativa, al multiplicarse los incidentes y extenderse las tensiones. Las cuestiones relativas a la autoridad y la legitimidad eran difíciles de resolver. Con la República, Sanjurjo había sido el jefe militar rebelde y su liderazgo en la malograda rebelión de agosto de 1932 había establecido su importancia y superior posición. Desde su amnistía había vivido en Portugal y carecía de la oportunidad o la capacidad de organizar con éxito una conspiración desde el extranjero. Así, a finales de mayo, transfirió su autoridad activa a Mola, quien planeó colocar a Sanjurjo a la cabeza de una junta militar que se crearía tras la materialización de la rebelión [11].

En primer lugar, casi a finales de abril, Mola se embarcó en una planificación política rudimentaria en un documento que tituló «Instrucción reservada núm. 1», en el que se contemplaba el resultado de una rebelión exitosa no como una monarquía restaurada sino como una «dictadura militar», apoyada por comités provinciales compuestos por diversas entidades aliadas, a las que describió como «grupos políticos», «sociedades e individuos aislados» y «milicias» consideradas como «afectas a la causa» o «contrarrevolucionarias». Con respecto al enemigo izquierdista especificó que:

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.

Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas [12].

Estas condiciones, aunque muy rigurosas, no predijeron la represión absolutamente masiva que comenzaría una vez que se inició la rebelión.

El 5 de junio, cuando Mola ya había recibido el reconocimiento como coordinador general de la conspiración a nivel nacional, se ampliaron los detalles de ese esquema rudimentario en un memorándum titulado «El Directorio y su obra inicial», en el que se estipulaba que la forma del nuevo régimen no sería una monarquía restaurada sino una «dictadura republicana», con un gobierno inicial consistente en un «Directorio» totalmente militar, un término extraído del régimen de Primo de Rivera, que proporcionaría una solución de tipo «portugués» o «Pilsudski», más que la construcción de un sistema fascista revolucionario o de tipo «italiano». El memorándum finalizaba con la siguiente declaración: «El DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a no cambiar el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas» y «crear un ESTADO FUERTE Y DISCIPLINADO». Se suspendería la Constitución de 1931, que sería sustituida por un nuevo «Parlamento Constituyente», elegido por aquellos votantes que estuviesen en posesión de un nuevo «carnet electoral», del que quedarían excluidos los analfabetos y los delincuentes, y existirían ciertos vestigios de liberalismo, tales como la «separación de la Iglesia y el Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones», estableciéndose comisiones regionales para solventar el problema agrario «sobre la base del fomento de la pequeña propiedad», aunque permitiendo «la explotación colectiva donde ella no fuera posible» [13].

El principal problema para Mola era el propio ejército. El cuerpo de oficiales era también una clase burocrática y la mayoría de ellos no se mostraban ansiosos por implicarse en una empresa desesperada que podría conducirles a la ruina, ya que debían preocuparse de sus familias y pensiones. El Gobierno republicano todavía existía y la Constitución seguía siendo la ley del país, aunque sus garantías se hiciesen cumplir con una frecuencia cada vez menor. Los revolucionarios todavía no habían intentado hacerse con el gobierno de forma directa y gran parte del ejército parecía dispuesta a secundar la apuesta de Azaña: tras unos pocos meses más, los revolucionarios podrían moderar sus exigencias y se suavizaría la crisis. El activismo militar en la política española entre 1917 y l931 había sido un desastre; la mayor parte de los oficiales eran conscientes de ello y por tanto estaban muy poco dispuestos a lanzarse al combate. Todavía más, la feroz propaganda de la izquierda dejó claro que en una confrontación radical los derrotados disidentes militares no serían tratados con tanta indulgencia como en otras ocasiones pasadas. Así muchos rebeldes potenciales únicamente se comprometieron del todo con la rebelión una vez que llegaron a la conclusión negativa de que para ellos sería más peligroso no hacerlo, una situación que sólo maduró a mediados de julio.

La conexión entre el ejército y los grupos civiles fue escasa. Al final, Mola recibió el apoyo financiero de la CEDA en julio pero, de hecho, nunca llegó a gastar la mayor parte del dinero [14]. Ni los monárquicos ni la CEDA contaban con una fuerza paramilitar organizada que ofrecer [15], y Mola los contemplaba con repugnancia como a unos fracasados indignos de confianza.

Falange era la mayor fuerza antiizquierdista comprometida con la acción directa aunque, a pesar de su carta abierta de principios de mayo instando al ejército a rebelarse, José Antonio Primo de Rivera tenía idéntica opinión acerca de los militares que Mola respecto a los políticos civiles y no fue hasta el 20 de junio cuando dio su total asentimiento a una participación falangista en una sublevación militar e incluso entonces, limitada a un marco temporal de once días. Mola intentó fijar el 10 de julio como fecha tope, pero tuvo que cancelarla debido al insuficiente respaldo y al arresto de uno de los principales falangistas implicados. Tratar con los dirigentes carlistas fue todavía más difícil y el 9 de julio Mola desistió momentáneamente de obtener su cooperación.

En el resto del país la situación siguió siendo confusa y problemática. Franco, que se supone era la figura individual más importante, se mostraba muy remiso. Creía que la insurrección armada era el último recurso y afirmaba que se debía conceder más tiempo al gobierno para modificar su política y empezar a restaurar el orden. Ya el 23 de junio escribió una carta personal a Casares Quiroga insistiendo en la lealtad básica del ejército, pero instándole a adoptar una política más respetuosa con los militares, la ley y el orden y se dice que el 12 de julio Franco envió un mensaje urgente a Mola en el que afirmaba que el momento de la rebelión todavía no había llegado [16].

El general Manuel Goded, jefe militar de Baleares, también se mostraba dudoso. Siendo un liberal moderado, había sido en principio un ardiente pro republicano y había desempeñado un destacado papel durante el primer año del nuevo régimen antes de volverse contra él. Según una versión [17], se sintió cada vez más alarmado por las noticias de que los rebeldes estaban intentando adquirir armas en Alemania y podrían solicitar la asistencia de la Italia fascista. En apariencia, intentó establecer contacto con Azaña para instarle a modificar el curso de la situación, así como con Winston Churchill [18] y con el veterano líder radical Albert Serraut en Francia, aunque nada se obtuvo de estas maniobras.

Muchos oficiales sólo obedecerían las órdenes directas de sus superiores, que no parecían próximas y la conspiración seguía debilitándose por el hecho de que se basaba en principio en consideraciones preventivas. Parecía que una contrarrevolución de éxito sólo podría movilizarse a la vista de una amenaza revolucionaria madura aunque la izquierda revolucionaria, intencionalmente, sólo contribuyó a ella en parte. El desorden económico era importante, existía una considerable violencia en algunas zonas y el gobierno dejó más clara que nunca su posición partidista con respecto a la izquierda y que no proporcionaría una administración imparcial, ni obligaría a cumplir las leyes, pero también la izquierda estaba desunida y todavía no existía acción revolucionaria alguna encaminada al derrocamiento del Estado republicano.

De ahí la decisiva importancia del asesinato de Calvo Sotelo (que se tratará en el siguiente capítulo). Para muchos simbolizó el radicalismo y la complicidad del gobierno, totalmente fuera de control y el fin del sistema constitucional. La inmediata reacción del gobierno que se negó a tranquilizar a la derecha y, como era habitual, culpó a la víctima, lo que condujo a practicar más arrestos de derechistas, sólo sirvió para confirmar esta opinión. Durante los siguientes treinta años, los apologistas del alzamiento militar harían referencia a documentos falsos en los que se afirmaba que el asesinato de Calvo Sotelo no era sino el preludio de un complot comunista para hacerse con el poder unas semanas más tarde. De hecho, no existió ningún plan izquierdista concreto para apoderarse del gobierno, ya que todos los grupos revolucionarios, de una u otra manera, intentaron primero exprimir hasta la última gota cualquier ventaja que pudieran obtener de la República izquierdista y tal agenda distaba mucho de estar completa. En lo que afectaba a los comunistas, su plan explícito era labrar una legalidad nominal que pudiera utilizarse para alcanzar el absoluto predominio de la izquierda, ilegalizando a los partidos conservadores. Al mismo tiempo, todos los grupos revolucionarios declaraban que consideraban que el gobierno parlamentario tenía los días contados y esperaban que, en un futuro próximo, siguiera un régimen revolucionario y así se destacó claramente en numerosos pronunciamientos públicos en la primavera y el verano de 1936, pero todos ellos seguían líneas de conducta inspiradas en variantes de una «República popular», que se utilizarían para crear una situación revolucionaria «segura», por medios legales y seudolegales.

Con posterioridad, se especuló mucho respecto al motivo de que el Gobierno republicano de izquierda no adoptase una acción más estricta para evitar una gran sublevación. La conspiración no era exactamente un secreto; aunque el gobierno desconocía los detalles clave, los rumores se habían venido extendiendo durante meses, se había arrestado a ciertos contactos civiles y se sabía de la hostilidad de algunos de los conspiradores más activos. De hecho, el gobierno había tomado diversas medidas para mantener al ejército bajo control. Casi todos los altos jefes habían cambiado de destino y la mayor parte de los generales en activo eran, como demostraron los acontecimientos, leales al régimen. Se arrestó a cientos de activistas civiles, falangistas y derechistas y se puso bajo vigilancia parcial a algunos de los conspiradores más relevantes [19].

Existían profundas razones por las que ni Azaña ni Casares Quiroga fueron más allá. La «apuesta de Azaña» de explotar a la izquierda revolucionaria en beneficio de una República parlamentaria izquierdista constituyó un riesgo dudosamente calculado que, de manera inevitable, colocó al gobierno entre dos fuegos. La política de Azaña apostó por el mantenimiento del Frente Popular, aunque el gobierno siempre estuviera en peligro de convertirse en su rehén o en su prisionero más que en su aliado. Tampoco podía descontarse la posibilidad de cierta clase de ruptura con la izquierda revolucionaria, aunque Azaña y Casares Quiroga estaban decididos a no ser responsables de precipitarla. Sin embargo, si llegaba a ocurrir, la izquierda revolucionaria en las calles sólo podría neutralizarse por completo con un ejército fuerte en los cuarteles. Azaña deseaba ser el aliado de la izquierda revolucionaria, no su prisionero. Tras obtener la Presidencia de la República, estuvo cada vez más angustiado, asustado y apartado. En una conversación que mantuvo con Gil Robles inmediatamente tras su ascenso, pareció haber perdido su acostumbrada arrogancia y declaró: «No sé adonde vamos a parar. Que sus amigos me den, por lo menos, un margen de confianza. Que no me creen complicaciones. Bastantes problemas tengo por el lado contrario» [20]. Uno de los más entusiastas estudiosos de la figura del presidente declara que las preocupaciones acerca de la conspiración militar «no desempeñaron un papel equiparable al de las acciones y actitudes de la extrema izquierda en la preocupación agónica de Manuel Azaña» [21]. A esto se añadió su desprecio por los militares a quienes consideraba ineptos y políticamente insignificantes, apenas capaces de organizar una amenaza mayor que la de Sanjurjo en 1932.

Así, en opinión de Azaña y Casares Quiroga, su política militar parecía sensata y coherente. Se habían tomado algunas medidas, mientras que el peligro procedente de la derecha —considerado por la izquierda una fuerza gastada, ya en el basurero histórico— pudo sobrestimarse. La sanjurjada había sido un asunto débil y era obvio que los propios militares se encontraban divididos. Su mejor momento para actuar pudo haberse presentado entre octubre de 1934 y febrero de 1936, pero no hicieron nada. De hecho, una política más agresiva, destinada a neutralizar a los militares pudo cristalizar una decisión que, de otra manera, hubiera quedado en estado latente, dejando al gobierno cada vez más indefenso ante la izquierda revolucionaria. Casares Quiroga había comenzado a elogiar a la Guardia Civil, de cuya disciplina necesitaba, rechazando con desdén cualquier preocupación excesiva acerca del ejército, que atribuía a la histeria personal, al miedo o a anticuadas actitudes sectarias [22]. Los representantes de la izquierda revolucionaria se habían referido con frecuencia al papel de Casares como al de un Kerensky y, según el socialista Vidarte, había colocado en su despacho una fotografía del líder ruso, para recordarle que debía evitar semejante destino [23]. Juan Moles, el ministro de Gobernación republicano independiente, consideraba importante no provocar en el ejército un sentido de solidaridad reactivo [24]. En consecuencia, los oficiales izquierdistas de la Guardia de Asalto y la UMRA se convirtieron en estridentes críticos del presidente del gobierno.

El gobierno pretendió vigilar la conspiración sin ser innecesariamente provocador y el Ministerio de Gobernación envió circulares en las que se hablaba de incrementar la vigilancia de los grupos derechistas, especificando el 2 de junio:

Este Ministerio conoce desplazamiento de emisarios a diversas guarniciones con propósito de articular movimiento de tipo militar, precisa extremar de modo discretísimo vigilancia jefes significados y movimientos militares sospechosos, adoptando medidas y comunicando a este Ministerio información adquirida [25].

Así transcurrió el mes de junio sin que se produjera la subversión militar y se presentaron numerosas quejas relativas a insultos contra los militares, con frecuencia por parte de la izquierda revolucionaria. El propio ministro republicano de la Guerra se quejó de ello y de la excesiva vigilancia, de manera que, el 27 de junio, el Ministerio del Interior envió otra circular en la que se instaba a combinar la debida vigilancia con el esfuerzo por evitar «rozamientos» innecesarios y a mantener la «convivencia» [26].

Existe testimonio de que, en una reunión que tuvo lugar el 10 de julio, Casares Quiroga informó primero al Consejo de Ministros de que en realidad existía una conspiración del ejército que podía estallar en un plazo de cuarenta y ocho horas, proporcionándoles bastante información, aunque el gobierno no fue capaz de identificar al «Director» (Mola), el cabecilla de la conspiración, cuya firma se hallaba en los principales documentos. El gobierno tuvo la opción de abortar el movimiento practicando una serie de arrestos inmediatos, pero carecía de una prueba concluyente en lo que atañía a los cabecillas y por tanto no sería capaz de procesarlos con efectividad. Tales detalles sutiles no se observaron en el caso de los falangistas o los monárquicos pero, por las razones enumeradas anteriormente, el gobierno juzgó necesario tratar a los militares con una corrección constitucional que en contadas ocasiones mostró hacia los derechistas. La alternativa fue esperar que madurase el movimiento —asumiendo siempre que apenas sería otra cosa que una repetición de la sanjurjada (los republicanos de izquierda, pese a su afirmación de representar el futuro, fueron profetas del pasado y sólo se prepararon para luchar en la guerra anterior, no en la siguiente)— y aplastarlo por completo una vez que hubiese comenzado, una decisión que Azaña y el propio Casares Quiroga ya habían tomado [27]. En retrospectiva, esta decisión parece ilusoria, pero el 10 de julio la lectura del gobierno no fue del todo inexacta. Existía por parte de muchos oficiales una manifiesta reticencia a unirse a cualquier rebelión y de no haber sido por los traumáticos acontecimientos de la noche del 12 al 13 de julio, las cosas podrían haber resultado más o menos como el gobierno calculaba.

CAPÍTULO 14 -
EL ASESINATO DE CALVO SOTELO

L

a extremada tensión política del verano de 1936 oscureció el hecho de que la gran mayoría de los españoles llevaban vidas normales e incluso disfrutaban de un número inusualmente grande de entretenimientos. Los cines, que en proporción contaban con mayor número de butacas que los de cualquier país europeo, estaban llenos y se celebraron numerosos festivales de verano y acontecimientos deportivos especiales, siendo el más singular de ellos las «Olimpiadas Populares» internacionales, que tendrían lugar en Barcelona el 19 de julio y constituirían la antítesis de los Juegos Olímpicos que se estaban celebrando en Berlín ese verano [1]. Las Olimpiadas Populares tenían fuertes matices políticos pero, en el resto del país, millones de personas sólo intentaban divertirse y olvidar las luchas políticas y sociales.

La última y convulsiva ronda de actos violentos comenzó en Madrid el 2 de julio, cuando un grupo de pistoleros de las JSU abrió fuego en un bar frecuentado por falangistas, asesinando a dos estudiantes de Falange así como a un tercer cliente. La noche siguiente, los pistoleros falangistas dispararon sobre un grupo de trabajadores a la salida de una Casa del Pueblo próxima, causando la muerte de dos obreros de UGT e hiriendo de gravedad a otros. Dos días más tarde se descubrieron dos cadáveres a las afueras de la ciudad: el primero fue identificado como el de un estudiante de dieciocho años, hijo de un empresario de la localidad, no oficialmente falangista pero amigo de falangistas, que era evidente que había sido mantenido como prisionero durante varios días y después se le había disparado. El segundo correspondía a un oficial de infantería retirado, de treinta años que o bien era miembro de Falange o bien uno de sus simpatizantes, y a quien se había secuestrado y apuñalado treinta y tres veces. Como era habitual, el gobierno no respondió con una vigorosa búsqueda de los culpables sino arrestando a más falangistas, como si éstos fueran responsables del asesinato de sus propios compañeros y simpatizantes; en los tres días siguientes se anunció el arresto de trescientos falangistas y derechistas tan sólo en la provincia de Madrid aunque, como siempre, no se detuvo a ningún socialista [2]. Hacía tiempo que se había abandonado cualquier pretensión de reconciliación y la política gubernativa parecía consistir en intentar empujar todavía más a la derecha, hasta que se rindiese por completo o provocase una rebelión que pudiera reprimirse de manera directa.

Los acontecimientos decisivos tuvieron lugar ese mismo fin de semana. Hacia las diez de la noche del domingo 12 de julio, en una céntrica calle de Madrid se disparó contra José del Castillo, oficial de la Guardia de Asalto que se dirigía a presentarse a la guardia nocturna, causándole la muerte. Castillo era un ex oficial del ejército y un ardiente socialista que había sido transferido a la Guardia de Asalto y arrestado en 1934 por amotinarse durante la insurrección, en la que iba a colaborar en la toma del Ministerio de la Gobernación. El Gobierno de Azaña le había reincorporado al servicio activo, en el que se distinguió por su celo a la hora de reprimir a los derechistas: durante el alboroto del 16 de abril había herido de gravedad a un joven carlista y se había implicado en varias acciones contra los falangistas. Además militaba en la UMRA y era un líder de la milicia socialista y, aparentemente, había contribuido a entrenar a las MAOC comunistas las tardes de los domingos siendo, durante un tiempo, un hombre marcado [3].

De manera inmediata, su asesinato provocó intensas reacciones entre sus camaradas de la UMRA, la Guardia de Asalto y las milicias socialistas y comunistas. Dos meses antes, el 8 de mayo, los falangistas habían asesinado en Madrid al capitán Carlos Faraudo, un oficial del ejército en activo y una figura relevante dentro de la UMRA y la milicia socialista. Aunque por este crimen se arrestó a dos miembros de Falange, sus camaradas de la UMRA habían jurado vengarse en caso de que otro de ellos resultase asesinado, haciendo saber que no se limitarían a dar muerte a otro falangista sino que su represalia iría dirigida contra un líder político derechista [4]. Tan pronto como se supo de la muerte de Castillo, un grupo de oficiales de la Guardia de Asalto acudió directamente al Ministerio de la Gobernación para exigir una actuación. Allí fueron recibidos por el subsecretario Bibiano Ossorio Tafall, un republicano de izquierda a quien, con frecuencia, habían cortejado los comunistas y que más tarde se revelaría como un destacado compañero de viaje [5]. Éste, enseguida, les llevó a ver a Juan Moles y éste aprobó su exigencia de que se arrestase a un listado extenso de falangistas. Los oficiales de la Guardia de Asalto se negaron a permitir que la policía armada llevase a cabo los arrestos como era habitual, e insistieron en su derecho a practicarlos ellos mismos, a lo que el ministro, en su debilidad, accedió.

El cuartel de Pontejos, de la Guardia de Asalto, situado justo detrás del Ministerio, estaba dominado por oficiales izquierdistas especialmente seleccionados por el gobierno. Esa noche se encontraba allí una extraña mezcla de guardias de asalto (algunos de los cuales no estaban de servicio), algunos guardias civiles de izquierdas, izquierdistas procedentes de otras unidades policiales así como varios milicianos socialistas y comunistas. La política habitual del gobierno había sido restituir en sus puestos al personal izquierdista de la policía, sin tener en cuenta su comportamiento en el pasado y estimular la politización de las funciones policiales, con la intermitente inclusión de activistas políticos civiles como los miembros de la milicia socialista que desempeñaron las funciones de «delegados» tanto en la provincia de Cuenca como en otros lugares. Así, cuando esa noche se redactaron las órdenes de arresto en el cuartel de Pontejos [6], los escuadrones de la Guardia de Asalto que salieron de allí constituían una mezcla carente de ley de guardias de asalto, guardias civiles, policías fuera de servicio de otras unidades y activistas socialistas y comunistas [7].

Aparentemente, la Dirección General de Seguridad había elaborado listados de nombres de falangistas y derechistas pero los oficiales insubordinados de la Guardia de Asalto no quedaron satisfechos con ellos y añadieron nombres que extrajeron de otras listas políticas, en parte confeccionadas por el dirigente de las MAOC, Manuel Tagüeña [8]. Se decidió también capturar a los líderes derechistas clave, como Gil Robles y Calvo Sotelo, pese a que disfrutaban de inmunidad parlamentaria y su arresto quedaba prohibido por la Constitución que para esta policía republicana había pasado a ser papel mojado. Es probable que nunca pueda determinarse si en la conspiración policial de los revolucionarios se planeó desde el principio el asesinato de los líderes derechistas.

Resultó que Gil Robles no se encontraba en Madrid, pero el escuadrón que salió a ocuparse de Calvo Sotelo era un abigarrado grupo de guardias de asalto, policías y activistas socialistas al mando del capitán de la Guardia Civil Fernando Condes. Como el asesinado Castillo, Condes era un antiguo oficial del ejército (condecorado en la campaña final de Marruecos) que había sido destinado a la Guardia Civil, donde era uno de los pocos oficiales izquierdistas. Había participado en la malograda insurrección de 1934 en Madrid, por lo que había sido sentenciado a cadena perpetua y después indultado cuando se produjo la victoria del Frente Popular. Al amotinarse en 1934, su traición había sido tan abierta que incluso el Gobierno republicano de izquierda no lo reincorporó al servicio activo hasta el 1 de julio, ascendiéndolo a capitán como recompensa por su anterior subversión. Mientras tanto, había contribuido a entrenar a la milicia socialista de Prieto, «La Motorizada», y, en apariencia, todavía no había regresado por completo al servicio activo en la Guardia Civil. Vestía de paisano cuando, alrededor de las 2 de la madrugada del 13 de julio, condujo a su variado escuadrón, en el que tomaban parte cuatro activistas socialistas de «La Motorizada», al domicilio de Calvo Sotelo.

Calvo Sotelo había permanecido en Madrid para participar en un importante debate acerca de los problemas de orden público que tendría lugar en las Cortes el día 14. Aunque se le había dado a entender que el ejército se rebelaría pronto, ni él ni los otros líderes derechistas formaban parte de la propia conspiración. En el Parlamento había adoptado una posición enérgica e incluso en público había instado al ejército a intervenir —aunque empleando un lenguaje un poco más propio de Esopo— porque, como decía en privado, los militares necesitaban saber que existían grupos civiles que les alentaban y les prestarían su apoyo. Calvo Sotelo no veía otra solución a los problemas de España que la imposición de un régimen autoritario, y el hecho de que estuviera dispuesto a adherirse públicamente a esta postura lo convirtió en el principal objetivo individual de la izquierda. En el parlamento, los representantes socialistas y comunistas se habían referido de forma pública a su asesinato en dos ocasiones, una acción que, sin duda, se había discutido muchas veces de manera informal entre los activistas revolucionarios. El propio político monárquico tenía un fuerte sentido del deber patriótico y la necesidad de cumplir con lo que él consideraba sus responsabilidades. No mucho antes había hecho que las autoridades policiales cambiasen a los guardaespaldas que tenía asignados para su protección (como también era el caso de otras figuras relevantes), cuando se enteró de que su principal responsabilidad era vigilarle más que protegerle pero, en realidad, desconocía si los nuevos eran más de fiar. Aparte de eso, no disponía de una especial seguridad. En relación al 12 de julio, ni Calvo Sotelo ni nadie sabía seguro lo que ocurriría en España. Pese a los informes que había recibido respecto al progreso de la conspiración, no tenía certeza de cuándo se rebelarían los militares o si, de hecho, llegarían a rebelarse y por ello, hasta ese momento, continuó con su vida normal tanto en el plano político como en el personal [9].

Los guardaespaldas situados a la entrada del edificio aceptaron los carnets de identidad profesionales que les presentaron Condes y sus hombres y éstos procedieron sin estorbos hasta el piso del líder monárquico. Condes mostró a Calvo Sotelo su identificación como guardia civil y aquél pudo verificar, a través de la ventana, que frente a su edificio esperaba un camión de la Guardia de Asalto, aparcado bajo una farola. Condes le aseguró que no estaba siendo objeto de un arresto ilegal sino que, simplemente, se le llevaba, en medio de la noche, a una reunión de emergencia en la Dirección General de Seguridad, lo que, desde luego, no era verdad. Insistió Calvo Sotelo en llevar consigo una pequeña maleta por si se le retenía por más tiempo pero, una vez que los revolucionarios habían conseguido entrar en su edificio, ya no se hallaba en situación de resistirse [10]. El líder monárquico se halló sentado en el camión de la Guardia de Asalto y éste apenas había recorrido unos pocos bloques cuando uno de los militantes socialistas, Luis Cuenca (un antiguo «delegado» de la policía en las corruptas elecciones conquenses) le disparó inesperadamente dos tiros en la nuca, matándolo casi al instante. Más tarde, algunos de los miembros del escuadrón afirmarían que esto no se había planeado sino que constituyó una especie de «accidente», testimonio éste que no resulta en conjunto creíble, dado que toda la operación se había diseñado desde el principio como un acto ilegal de venganza revolucionaria. A continuación se arrojó el cadáver a las puertas de la morgue de La Almudena, el principal cementerio de Madrid.

Al poco tiempo, la familia y amigos de Calvo Sotelo informaron del arresto ilegal —es decir, del secuestro— a José Alonso Mallol, director general de Seguridad, quien negó haberlo ordenado, lo que sin duda era cierto. Alrededor de las siete de la mañana se dio comienzo a una irregular investigación aunque sólo a media mañana se conoció el lugar donde se hallaba el cuerpo. No hubo ninguna respuesta por parte del gobierno salvo, como era frecuente, la de Martínez Barrio, presidente de las Cortes que, en privado, manifestó su solidaridad con los colegas del líder asesinado y habló con el irresponsable Moles, ministro de Gobernación, que había supervisado un desastre y no parecía saber qué estaba ocurriendo [11]. De una forma parecida, Felipe Sánchez Román, amigo de Azaña, pero que había sido compañero de estudios de Calvo Sotelo, dijo que «la República se había deshonrado para siempre», y dejó su tarjeta en casa de la víctima en señal de condolencia [12].

Dado que los socialistas prietistas habían dirigido y ejecutado el asesinato, no resulta sorprendente que sus líderes fueran los primeros en ser informados, parece ser que por los propios asesinos. Más tarde Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, escribió que, al recibir la noticia hacia las ocho de la mañana, exclamó: «Ese atentado es la guerra» [13]. Los líderes socialistas no mostraron la menor preocupación por mantener el constitucionalismo republicano, que ahora se encontraba casi fatalmente roto. Coherentes con la actitud que Prieto había mantenido en los anteriores quince días, asumían la inevitabilidad de un gran conflicto —una insurrección militar o derechista, una guerra civil o ambas— y que el asesinato actuaría como catalizador. Se ordenó a los asesinos que se ocultasen y Condes se trasladó a casa de la socialista revolucionaria Margarita Nelken [14] que, en las Cortes, había exigido de forma pública la expansión de la violencia y el desorden.

Aunque se prometió una investigación, el gobierno no hizo esfuerzo alguno por lograr la conciliación. Impuso la inmediata censura para ocultar la verdad [15] y se preparó para la confrontación armada, iniciando otra ronda de arrestos de falangistas y derechistas, como si éstos hubiesen sido los responsables del asesinato. Por el contrario, no se hizo ningún esfuerzo por capturar a los responsables directos del crimen, aunque, ese mismo día, la viuda de Calvo Sotelo fue capaz de identificar a Condes a partir de unas fotografías de la policía. En efecto, el Gobierno de Casares Quiroga ya había llegado muy cerca de convertirse en un gobierno de guerra civil, pese a que todavía reconocía ciertas formas externas de constitucionalidad.

La principal excepción a esta política, aunque sólo momentánea, fue la labor del juez de instrucción Ursicino Gómez Carbajo, que reconoció la seriedad del delito y se hizo cargo del caso de manera activa en cuestión de horas. Al día siguiente, daba inicio a los interrogatorios sistemáticos del personal de la Guardia de Asalto cuando el gobierno, con su habitual procedimiento arbitrario, le apartó del caso, aparentemente debido a la preocupación de que fuera un juez honesto y políticamente independiente. Aunque se arrestó a varios guardias de asalto, Condes y Cuenca siguieron en libertad. Unos días más tarde, cuando comenzó la lucha, la investigación llegó a un brusco final y se puso en libertad a quienes habían sido detenidos. Condes y Cuenca cayeron en combate en la sierra del norte de Madrid durante los primeros días de la Guerra Civil. Por otro lado, varios socialistas implicados en el asesinato, como Francisco Ordóñez y Santiago Garcés, desempeñaron más tarde importantes papeles en las fuerzas republicanas.

La primera respuesta política provino de los líderes del Partido Comunista, sin duda conforme a las habituales instrucciones de la Komintern que decidió, esa misma mañana, que esta nueva crisis proporcionaba el estímulo para fomentar la tan anunciada agenda de formar la «República de nuevo cuño». La tarde del asesinato, los diputados comunistas entregaron el siguiente borrador legislativo, que Mundo Obrero publicó de manera inmediata, a los restantes grupos del Frente Popular:

Artículo 1°: Serán disueltas todas las organizaciones de carácter reaccionario o fascista, tales como Falange Española, CEDA, Derecha Regional Valenciana y las que, por sus características, sean afines a éstas, y confiscados los bienes muebles e inmuebles de tales organizaciones, de sus dirigentes e inspiradores.

Artículo 2°: Serán encarceladas y procesadas sin fianza todas aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas.

Artículo 3°: Serán confiscados por el gobierno los diarios El Debate, Ya, Informaciones y ABC y toda la prensa reaccionaria de las provincias.

Esta tajante propuesta, del todo inconstitucional, fue uno de los principales puntos del plan para introducir la República «de nuevo cuño» puramente izquierdista, pero el aplazamiento de las sesiones parlamentarias ordenado por el gobierno —otra de las políticas arbitrarias de Casares Quiroga— imposibilitó su presentación formal antes de que se iniciase la contienda y, tras ella, sus disposiciones se aplicaron de la forma más violenta y revolucionaria en lo que eufemísticamente se denominó la «zona republicana».

El día 13, el Consejo de Ministros se reunió dos veces, acordó suspender la siguiente sesión de las Cortes, denunció el asesinato en una breve declaración y prometió llevar a cabo una investigación pública y un procesamiento completos; sin embargo, nada de esto se llevó a efecto y, en su lugar, se ascendería a los asesinos a puestos de mayor responsabilidad. Habiendo esquivado al Parlamento, no hizo nada para tranquilizar a la cada vez más vulnerable oposición y continuó con su habitual política de culpar a la víctima. De acuerdo con el espíritu de la nueva propuesta comunista, anunció la decisión de cerrar las sedes madrileñas del monárquico Renovación Española y las de la CNT, aunque resultaba obvio que no habían estado implicados en el asesinato, así como el arresto de muchos más derechistas. El día 15 el director general de Seguridad anunció que, en los días anteriores, se había capturado a otros 185 líderes locales y provinciales de Falange, que se añadían a los miles que ya estaban en prisión. Al día siguiente, en línea con la nueva estrategia gubernamental de polarización intensificada, se clausuraron todas las sedes derechistas en Barcelona.

Mientras tanto, Marcelino Domingo había hablado con Martínez Barrio, quien estuvo de acuerdo en instar a Azaña a sustituir el Gobierno de Casares Quiroga por otro más conciliador y efectivo. El presidente se negó. Pese a conceder que, en última instancia, Casares tendría que marcharse, alegó que sustituirlo de manera inmediata sería equivalente a hacerle responsable del asesinato [16].

Mientras que la UMRA contempló la muerte de Castillo como una más en una secuencia de varios asesinatos de oficiales izquierdistas, los derechistas no dudaban de que el asesinato de Calvo Sotelo representaba algún tipo de conspiración organizada, aunque no necesariamente por el propio Gobierno republicano. Muchos lo vincularon con los dos secuestros que culminaron en asesinato que se habían producido el fin de semana anterior, como parte de una nueva táctica izquierdista, consistente en secuestrar a las víctimas para luego darles muerte. El monárquico asesinado fue enterrado en un funeral público que tuvo lugar en la tarde del día 14, al que asistieron varios miles de derechistas, muchos de los cuales hicieron el saludo fascista, lo que enfureció a la policía. Justo después, cientos de derechistas más jóvenes decidieron marchar de nuevo hacia el centro de la ciudad en una manifestación política. Fueron detenidos por una barricada policial donde se registró a cada uno de los manifestantes para asegurarse de que estuvieran todos desarmados antes de permitirles continuar. Conforme el grupo desarmado se acercaba al centro de Madrid, guardias de asalto y otros policías abrieron fuego contra ellos en una descarga cerrada para impedirles avanzar. Según diversos periódicos hubo entre dos y siete muertos y numerosos heridos [17]. Se arrestó a tres oficiales de la Guardia de Asalto que protestaron ante esta deliberada agresión policial a manifestantes desarmados, y parte de los compañeros de Castillo en el cuartel de Pontejos consideraron que el asesinato había manchado el honor del cuerpo, protestando vigorosamente y exigiendo, los días 16 y 17, una investigación más completa. Varios fueron arrestados durante un breve espacio de tiempo y después se les dejó en libertad. Al menos dos unidades de la Guardia de Asalto parecían hallarse al borde del amotinamiento contra las arbitrarias políticas gubernamentales y apenas se las pudo controlar [18]. Mientras tanto, la actuación del gobierno contra la CNT alentó otras hostilidades entre ésta y la UGT, y el día 14, en otra refriega que se produjo en Madrid, murió un cenetista.

El 15 de julio el gobierno no pudo evitar la convocatoria de una reunión de la Diputación Permanente de las Cortes a las once y media de la mañana. Aunque en principio su propósito era aprobar una nueva ampliación del estado de alarma durante otros treinta días, esta última sesión de un órgano del Parlamento republicano se convirtió, de forma inevitable, en un debate acerca del estado del orden público, el asesinato y sus consecuencias. El conde de Vallellano, monárquico, abrió el debate con esta acusación:

Este crimen, sin precedentes en nuestra historia política, ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento... Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto.

Los diputados centristas y derechistas señalaron que ésta constituía, simplemente, la más flagrante y decisiva confirmación de sus previas acusaciones respecto a la partidista y politizada gestión del orden público. Nunca antes en la historia de los regímenes parlamentarios un destacamento de la policía estatal había secuestrado y asesinado a un líder de la oposición. No acusaron al propio gobierno de planear u ordenar el asesinato, pero sí de ser el responsable de alentar las circunstancias que lo hicieron posible.

Gil Robles presentó otro resumen estadístico de los desórdenes, en el que dijo se incluían sesenta y una muertes relacionadas con actos políticos entre el 16 de junio y el 13 de julio y observó que cada día leía en los periódicos izquierdistas frases como «hay que aplastar al adversario» o que se debía «practicar con él una política de exterminio».

Sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que significa derechas. Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos surgirá otro combatiente... Vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones, como Saturno, devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos, porque veis que cae el adversario. Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros.

Portela Valladares declaró que se abstendría de votar la ampliación del estado de alarma ya que el Gobierno de Casares Quiroga había demostrado carecer de la honestidad y la objetividad necesarias para gestionar un estado constitucional de excepción. «El gobierno ha dicho que es beligerante, y a un gobierno que dice que es beligerante el recurso extremo de la suspensión de garantías, que es para ejercido (sic) con serenidad, con mesura, sin pasión, con igualdad, nosotros no se lo podemos dar». Juan Ventosa, de la Lliga, se mostró de acuerdo con Portela y también declaró que se abstendría, diciendo que el gobierno era del todo incapaz de ocuparse de la crisis debido a su declarado partidismo y su rechazo a aplicar la ley con igualdad para todos, siendo Casares Quiroga «un hombre que se prestaba más para desencadenar una guerra civil que para devolver la normalidad».

La respuesta de Prieto fue muy débil; hizo hincapié en que Calvo Sotelo había sido asesinado en venganza por la muerte de Castillo, lo que constituía una simple repetición de la pobre lógica de la declaración originaria que el gobierno había emitido dos días antes. Ni el gobierno ni Prieto parecieron comprender que su argumento colocaba a las fuerzas de seguridad del Estado republicano al mismo nivel que los asesinos políticos, validando las acusaciones de la derecha.

Ni el gobierno ni los socialistas prietistas, íntimamente implicados en el asesinato, hicieron movimiento alguno para rectificar la situación. Su política había pasado a ser la de un conflicto civil armado, al que consideraban inevitable y en el que estaban seguros de ganar. El día 14 Prieto instó en El Liberal a la unión de la izquierda más que a la reconciliación con la derecha, a la que amenazó con la destrucción total si osaban iniciar nuevos actos de violencia por su cuenta. En sus palabras: «Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel», una triste profecía que demostró ser correcta. Mientras tanto, Prieto en persona escudó a los asesinos, y existen testimonios de su intervención personal para evitar que el gobierno fuera más allá en los apropiados arrestos e investigación [19]. Dado que el asesino era uno de los propios guardaespaldas de Prieto, los socialistas consideraron indispensable vetar cualquier investigación completa que, de manera inevitable, expondría a la luz su papel dominante en la violencia política en España.

La comisión ejecutiva del Partido Socialista sí convocó una reunión de sus propios miembros, los líderes comunistas y los jefes de las JSU y todos ellos firmaron un manifiesto en el que se prometía un apoyo total al gobierno. Sin embargo, no recibió la aprobación oficial de los ugetistas, cuyos líderes no reconocían la legitimidad de la comisión ejecutiva del PSOE, pero un representante de la UGT asistió a la reunión y firmó el manifiesto a título individual.

Durante un tiempo la estrategia caballerista, al igual que la de Mola, se había basado en la necesidad de una guerra civil muy breve, provocada por un golpe militar que sería rápidamente derrotado mediante una huelga general revolucionaria, protagonizada por los obreros organizados. Los caballeristas carecían de un plan directo para tomar el poder por sí mismos, una debilidad en su estrategia que dejaba la iniciativa en manos de los militares derechistas, pero se aferraron a la creencia de que una rebelión militar nunca podría ser tan fuerte que no pudiera ser aplastada por una huelga general. Largo Caballero «creía a pies juntillas» [20] que el efecto combinado de estas dos acciones —la rebelión militar y la huelga general revolucionaria— minarían por completo al Gobierno republicano de izquierda, abriendo paso a la toma socialista del poder. Al regreso de Largo Caballero de Londres, donde había asistido a una reunión internacional de sindicatos, Claridad despotricó con complacencia el 15 de julio: «¿No quieren este gobierno? Pues que se sustituya por un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quieren el estado de alarma? Pues que haya guerra civil a fondo». Pronto sus redactores obtendrían más «guerra civil a fondo» de la que esperaban.

Al día siguiente, Claridad publicó un artículo titulado «Técnica del contragolpe de Estado» para explicar cómo derrotar una rebelión que la extrema izquierda no sólo esperaba, sino que había deseado ardientemente y había provocado sin cesar. Según el artículo, esta derrota se podría lograr con facilidad licenciando a las unidades rebeldes y liberando a sus soldados de la disciplina militar, entregando armas en masa «al pueblo» —lo que no significaba el pueblo español en general, sino los grupos revolucionarios organizados— y combinando la milicia revolucionaria resultante con los sectores leales del ejército para sofocar lo que quedase de la rebelión [21]. Entonces los revolucionarios remplazarían a lo que quedase del Gobierno republicano.

Luis Araquistain, director de Claridad, fue uno de los principales defensores de la guerra civil revolucionaria. Como Maurín, había opinado con anterioridad que la izquierda podría vencer fácilmente en dicha guerra y que la tensa situación internacional impediría la intervención contrarrevolucionaria extranjera. Tras el asesinato de Calvo Sotelo escribió a su mujer que era probable que se produjera un intento de rebelión armada por parte de la derecha, cuyo resultado sería «o viene nuestra dictadura o la otra» [22]. Y acertó. La República democrática había, virtualmente, aunque no del todo, dejado de existir.

El día 16 la comisión ejecutiva del Partido Socialista convocó una reunión más de los representantes de todos los partidos obreros presentes en el Frente Popular para acordar una política conjunta. Esta vez la UGT sí envió representantes oficiales, pero en la reunión éstos declararon que no podían acordar nada sin antes presentarlo a consulta a la cúpula ugetista y, por tanto, se abstuvieron en la decisión final. Los representantes de los restantes partidos obreros acordaron organizar nuevos comités en toda España para empezar a crear una milicia armada y solicitar armas al gobierno para esa milicia, así como para llevar a cabo una purga decisiva en el ejército. También acordaron ofrecer un puesto a los representantes del gobierno en los comités conjuntos de todas las fuerzas políticas que respaldaban al Gobierno de Casares Quiroga, a modo de soviets armados.

Para los caballeristas esta propuesta era demasiado complicada y limitada. Éstos sólo querían que se entregasen las armas directamente a los sindicatos obreros, sin ninguna estructura frentepopulista compleja, y por ello los líderes de la UGT respondieron preguntando a) quién garantizaría el futuro comportamiento político de tales comités de milicia multipartidista; b) por qué tales comités deberían asumir una responsabilidad militar y luchar contra un golpe derechista; c) cómo podrían estar seguros de que el propio gobierno no trataría de disolver los comités y d) por qué no sería mejor que los comités estuvieran autorizados por el propio gobierno, lo que garantizaría que, posteriormente, no se intentaría desarmarlos [23]. Se había llegado a una situación en la que los prietistas y los comunistas estaban dispuestos a formar una milicia multipartidista para fomentar la guerra civil aunque, en teoría, lo harían en apoyo del gobierno más que como rivales directos, mientras que la UGT no propuso otra iniciativa que obtener del propio gobierno el poder para tales comités militares, esperando al armamento directo de los sindicatos. Pese a sus discursos acerca de la bolchevización, la estrategia revolucionaria de los caballeristas siguió siendo pasiva, primero esperando el estallido de la rebelión y después a que el gobierno les entregase una parcela de poder armado, algo a lo que todavía se negaba el Gobierno de Casares Quiroga. Tres días más tarde su sucesor no sería tan remilgado.

El espectáculo de los preparativos para una guerra civil disparó las alarmas en la sede moscovita de la Komintern. Sus jefes exigieron medidas estrictas para desarmar a la derecha y evitar una guerra civil que no contemplaban con tanta complacencia como Maurín, Araquistain y otros teóricos. Desde 1919 no se había dado una situación tan favorable a la extrema izquierda en un país europeo como la que existía en España en esos momentos. La fórmula frentepopulista había otorgado a la izquierda un control legal casi total sobre las instituciones españolas y tal poder legal debía emplearse con el máximo vigor posible, evitando la guerra civil. Los líderes de la Komintern tenían una experiencia con la guerra civil revolucionaria mucho mayor que sus homólogos españoles y no deseaban ver que la dominación izquierdista en España se colocaba en una situación de riesgo por una guerra civil que la izquierda podría no dominar con tanta facilidad.

El 17 de julio, unas horas antes de que la rebelión militar comenzase en el Protectorado de Marruecos, Dimitrov y Manuilsky enviaron un telegrama urgente al politburó del PCE insistiendo en que se tomasen medidas excepcionales e inmediatas para desbaratar «la conspiración fascista» y evitar el peligro de una guerra civil. Se ordenó a los líderes comunistas alentar la máxima unidad del Frente Popular y continuar vigorosamente con su programa de utilizar los poderes gubernamentales para arrestar a un mayor número de derechistas, purgar el ejército, la policía y la administración y suprimir del todo la prensa de derechas. Además debían presionar para que se introdujera un «tribunal de urgencia» especial con plenos poderes revolucionarios para aplicar las máximas penas a los derechistas y confiscar sus propiedades, al tiempo que el partido se movía con rapidez para formar y expandir los grupos de la Alianza Obrera y Campesina a modo de activas unidades de enlace del Frente Popular [24]. Estas propuestas, inconstitucionales y revolucionarias o prerrevolucionarias, no formaban parte en absoluto del programa «moderado» que con frecuencia se atribuye a los comunistas, pero eran del todo coherentes con la estrategia básica de la Komintern de servirse de los poderes del gobierno, a diferencia de los subversivos e insurgentes, para alcanzar la total dominación izquierdista.

Tras el asesinato, llegó la última oportunidad de evitar la guerra civil, lo que pudo haberse hecho de dos formas: la primera hubiera sido adoptar de forma inmediata algo parecido a la propuesta de la Komintern, que no estaba lejos de la posición de Prieto en ese momento, aunque es probable que debiera haberse iniciado en una fecha algo más temprana para alcanzar un éxito completo. La otra hubiera sido anunciar un cambio completo e inmediato, una nueva política de ley y orden constitucionales y un serio esfuerzo por reconciliarse con la derecha. De hecho, inmediatamente después del asesinato, Mariano Ansó, el presidente socialista de la Comisión de Guerra del Congreso, recibió la visita del teniente coronel Tejero, un emisario de Mola, que le comunicó que el general solicitaba una entrevista inmediata [25], a lo que Ansó se negó. Asumiendo que este recuerdo es correcto, se puede conjeturar que el cabecilla de la conspiración pretendía determinar si los líderes izquierdistas estaban finalmente dispuestos a cambiar de actitud o si debía seguir adelante con su rebelión tanto tiempo planeada, pero muy incierta.

El gobierno no adoptó ninguna alternativa clara sino que continuó con su política de acosar a la derecha, sin hacer el menor gesto para rectificar la situación. Más tarde, Portela Valladares presentaría en sus memorias la acusación de que «Casares veía con confianza y satisfacción que estallara el movimiento militar, para presentarse en las Cortes luego, a recoger los aplausos del vencedor» [26]. Santiago Carrillo, líder de las nuevas Juventudes Socialistas Unificadas, ha testificado que en esos días finales, Prieto, el secretario general del PCE, José Díaz y él mismo acudieron a hablar con Casares para instarle a que entregase armas a los nuevos comités obreros que se estaban planificando. Según Carrillo, «aquel hombre flaco, enfermo, con ojos de fiebre, trató de convencernos de que el gobierno dominaba la situación y que la amenaza no era tan grave. Llegó a decir que estaba deseando que se sublevaran para poderlos aplastar» [27].

Es incluso posible que, ya el 12 de julio, este cálculo hubiese sido correcto. De forma continuada, Mola encontraba grandes obstáculos para desarrollar la conspiración. La mayor parte de los oficiales no querían rebelarse, las relaciones con los falangistas eran tensas e incluso los carlistas se negaban a cooperar en los términos impuestos por Mola. La proyectada fecha de la rebelión se había pospuesto en varias ocasiones y el 9 de julio, tras un rechazo en apariencia decisivo de los carlistas, Mola estaba desesperado, lamentándose ante el líder carlista Fal Conde de que «recurrimos a ustedes porque contamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados, que no pueden llamarse soldados... De cuantos han actuado en esta aventura, la única víctima voy a ser yo» [28]. En ese momento sólo podía prever una insurrección fallida, o quizá ninguna en absoluto, seguida de su propio arresto y procesamiento. El asesinato ejerció un efecto eléctrico en toda la oposición potencial y demostró ser el catalizador necesario para transformar una conspiración floja en una poderosa rebelión que podía disparar una guerra civil masiva, aunque sólo unos pocos entre los implicados pudieron suponer la extensión total del enorme conflicto resultante.

El capitán Jesús Pérez Salas, un oficial liberal que permaneció fiel a la causa republicana hasta el final, explicó el efecto con estas palabras:

A mediados del mes de julio llegó por fin el motivo que anhelaban las derechas españolas y que había de decidir el levantamiento militar. Este motivo fue el asesinato del señor Calvo Sotelo. No sé de quién pudo partir la idea de cometer semejante atropello; pero sí diré, que ni elegido por los rebeldes podían haberlo hecho mejor los que lo cometieron. Debió ser inspirado por alguien que tenía un gran interés en que el ejército se sublevara... Si aplicándole la ley del Talión los allegados, compañeros o correligionarios del teniente Castillo hubiesen disparado contra Calvo Sotelo en la calle o donde lo hubiesen encontrado, sólo hubiera sido un acto más de terrorismo, que se sumaba a los muchos que se habían llevado a cabo aquel verano. La impresión que este acto hubiera causado en el Ejército habría sido desde luego deplorable, y como consecuencia, habría constituido un paso más hacia la intervención de éste en el levantamiento. Por la personalidad de Calvo Sotelo, ex ministro de la Dictadura, su muerte hubiera sido hábilmente explotada para llevar al ánimo de la oficialidad la absoluta impotencia del gobierno para evitar atentados de esta naturaleza. Pero en forma alguna pudiera haber constituido la gota de agua que hizo rebasar el vaso. Tal fue, en realidad, el efecto que produjo al conocerse este asesinato; pero cuando fueron revelados sus detalles y se supo que habían intervenido en el mismo las fuerzas de Orden Público, la reacción fue tremenda... Es inútil tratar de restar importancia al hecho. Si las fuerzas de Orden Público, en las que descansan los derechos y la seguridad de los ciudadanos, son capaces de ejecutar actos de esa naturaleza, prueban evidentemente su falta de disciplina y el olvido de su sagrada misión... Quizá hubiera podido evitarse la acción posterior del ejército mediante una rápida y enérgica intervención del Gobierno republicano, castigando con dureza a los ejecutores y, sobre todo, expulsando del Cuerpo de Seguridad al núcleo contaminado, para dar así la sensación al país de que el gobierno se hallaba dispuesto a terminar con el terrorismo de cualquier parte que éste procediese [29].

De hecho, como ya se ha señalado, existen ciertas pruebas de que Casares hubiera procedido de forma más enérgica, arrestando y procesando a los guardias de asalto, pero se encontró bloqueado por el veto de Prieto y la constante necesidad de confiar en los partidos obreros. En ese momento, los socialistas prefirieron alentar, más que desalentar, la rebelión, aunque Prieto no se mostrase tan confiado como Largo Caballero acerca del resultado final.

El cambio de actitud fue espectacular. Por primera vez parecía más peligroso no rebelarse que rebelarse. El 23 de junio Franco había escrito a Casares Quiroga para asegurarle que el ejército era leal pero instándole a modificar sus políticas, y ya el 12 de julio había comunicado a Mola que el momento todavía no había llegado y que no estaba preparado para unirse a una rebelión. Parece que las primeras noticias del asesinato tuvieron un efecto decisivo; el día 13 envió un nuevo mensaje en el que afirmaba su total compromiso y que la rebelión no debía retrasarse [30]. Años más tarde, en un discurso que pronunció en 1960, Franco conjeturó que la rebelión nunca hubiese desarrollado la fuerza adecuada de no haber sido por el asesinato [31]. Dos días más tarde, el 15, a la vista de la categórica insistencia de los carlistas navarros, la cúpula carlista comprometió sin reservas a todas sus fuerzas con la rebelión [32], incrementándose el apoyo a la insurrección en muchos cuarteles.

El plan definitivo de Mola estipulaba un programa extrañamente titubeante, según el cual la rebelión se iniciaría el día 18 en Marruecos y otros lugares, a los que seguirían el resto de las guarniciones peninsulares en las siguientes cuarenta y ocho horas. Calculó que quizá los rebeldes no fueran lo bastante fuertes como para tomar todas las grandes ciudades de manera inmediata, pero podrían arrollarlas en el transcurso de unas pocas semanas o, en caso contrario, era probable que la rebelión fracasara. Tal y como resultó, no se obtuvo ni un resultado ni el otro, sino un prolongado conflicto que ninguna de las partes previo.

La prematura revelación precipitó la rebelión en el Marruecos español justo antes de las cinco de la tarde del viernes 17 y Casares Quiroga reunió al Consejo de Ministros algo más tarde. Según la mayoría de los informes, Casares admitió la posibilidad de que los rebeldes se hicieran con el Protectorado de Marruecos, pero profetizó correctamente que una marina leal les impediría alcanzar la península [33]. Parecía confiar en reprimir cualquier rebelión en el continente sirviéndose de las propias fuerzas gubernamentales. Decidido a no desempeñar el papel de Kerensky, rechazó cualquier noción de «armar al pueblo».

Desde la noche del día 15 se habían visto por las calles de Madrid ocasionales patrullas comunistas y socialistas, mientras la CNT ya había comenzado a sacar sus patrullas en Barcelona incluso antes [34]. Ninguno de los movimientos obreros contaba con una gran milicia paramilitar y sólo después del asesinato habían hecho frente a la cuestión práctica del conflicto armado, solicitando armas al gobierno, aunque en Barcelona, la FAI-CNT había comenzado una búsqueda más seria de las mismas. Sólo los comunistas —que a nivel de política formal eran los más preocupados por evitar la guerra civil— contaban con cierta preparación para la misma y habían organizado a dos mil hombres en sus MAOC, en su mayoría en la zona de Madrid, mientras que el principal organizador de la UMRA era un oficial comunista del Estado Mayor Central del ejército, el capitán Eleuterio Díaz Tendero.

Conforme la rebelión militar se extendía con lentitud el día 18, la UGT declaró una huelga general, de acuerdo con una estrategia ya decidida. Tan sólo cuarenta y ocho horas antes, Largo Caballero había anunciado la necesidad de contar con un «ejército rojo» revolucionario y la tarde del 18 tanto él como otros líderes revolucionarios comenzaron a pedir que el gobierno armase a los trabajadores, algo que ya habían pedido los líderes anarquistas en Barcelona. Tanto Casares como Companys en Barcelona se negaron a hacerlo, ya que probablemente significaría el fin de la República parlamentaria y el comienzo de la revolución violenta. Se citaron las palabras del jefe del gobierno declarando que se fusilaría a cualquier oficial a quien se encontrase culpable de entregar armas [35]. Alrededor de las seis de la tarde, Casares Quiroga convocó una reunión de emergencia a la que asistieron, entre otros, Martínez Barrio, Prieto y Largo Caballero y en la que éste, una vez más, exigió que se distribuyeran las armas. De nuevo se negó el presidente del gobierno, insistiendo en que, en su lugar, todos los españoles leales debían unirse a las fuerzas leales al gobierno. Tampoco queda claro si Prieto apoyó las exigencias de su rival socialista, ya que apreciaba la fuerza del argumento de Casares [36].

Aunque la mayoría de las unidades militares no se unieron a la rebelión el día 18, comenzó a expandirse por parte del sur del país, existiendo ciertos indicios de que otras unidades estaban potencialmente listas para sumarse a ella. Parecía que, conforme se desplegaba de forma progresiva una gran rebelión cuya extensión total todavía no estaba clara, la apuesta por una repetición limitada de la «sanjurjada» estaba fallando. Alrededor de las diez de la noche dimitió Casares Quiroga; su gobierno había constituido un fracaso en todos los frentes.

De repente, Azaña decidió invertir el curso de sus actos e intentar una reconciliación limitada, algo que, si lo hubiese hecho cinco días y medio antes justo después del asesinato, podría haber salvado la situación. Autorizó a Diego Martínez Barrio, líder de la pequeña ala derecha del Frente Popular, a formar una nueva y más amplia coalición de «todos los partidos republicanos» de izquierdas y de centro, excluyendo tan sólo a los comunistas y al POUM en la izquierda, a la CEDA y a otros grupos derechistas y a la Lliga entre los centristas. Martínez Barrio había sido el único republicano de izquierda importante en comprender del todo el significado del asesinato y el único que, después, realizó gestos de reconciliación hacia la derecha. Se le otorgó carta blanca para sofocar el alzamiento y restaurar el orden. Un gobierno liderado por Martínez Barrio rompería de forma implícita el Frente Popular, al incluir al centro republicano antirrevolucionario, pero tal iniciativa, que debía haberse tomado meses antes, era el único medio que pudo haber garantizado la supervivencia de la República parlamentaria. Si ese gobierno se hubiese formado en mayo, o incluso algo más tarde, bien podría haber evitado la guerra civil. El problema al que Martínez Barrio se enfrentó la noche del 18-19 de julio fue que, por definición, es demasiado tarde para evitar que ocurra algo si se espera a que el acontecimiento a evitar haya comenzado. Sánchez Román aceptó unirse a la propuesta y parece que actuó como principal asesor de Martínez Barrio en las siguientes horas. Miguel Maura se negó a participar basándose en que era hacer demasiado poco y demasiado tarde, y también Prieto declinó la proposición al recibir instrucciones en este sentido de sus colegas socialistas en la comisión ejecutiva, aunque en apariencia prometió su total apoyo al nuevo gobierno [37].

Alrededor de las cuatro de la mañana del día 19, Martínez Barrio comenzó a contactar por teléfono con los jefes de las guarniciones militares. Aunque no logró hablar con todos ellos descubrió que varios de aquellos que permanecían leales al régimen habían sido depuestos por oficiales más jóvenes. Martínez Barrio pudo hablar directamente con Mola y, posteriormente, la principal controversia en relación a su malograda iniciativa sería la relativa a los términos de su conversación. Martínez Barrio ha afirmado que se limitó a asegurar a Mola que el nuevo gobierno restauraría el orden, pidiéndole que no se sublevara [38]. Otras fuentes afirman que fue mucho más allá, incluso hasta sugerir un acuerdo político con el ejército que podría nombrar a sus propios candidatos para los ministerios de Guerra y Marina, así como para el de Gobernación. El peso de las pruebas indica que se discutió algún tipo de acuerdo [39], y resulta irónico pensar que con un compromiso menor una semana antes, se hubiera podido evitar la crisis. La respuesta de Mola fue que era demasiado tarde ya que todos los rebeldes habían jurado no dejarse disuadir por tratos políticos o compromisos una vez iniciada la rebelión.

El gran compromiso se había intentado demasiado tarde —el mayor de los errores de Azaña— aunque, de momento, Martínez Barrio siguió adelante con la formación de su nueva coalición de centro-izquierda, que quedó finalizada alrededor de las cinco de la mañana del día 19. Confiaba en Felipe Sánchez Román y Marcelino Domingo como sus principales lugartenientes y su coalición incluía a cinco miembros de su propio partido, Unión Republicana, tres de Izquierda Republicana, tres ministros del pequeño partido de Sánchez Román, el Partido Nacional Republicano, un miembro de Esquerra Catalana y a un general, el pro republicano José Miaja que no pertenecía a partido alguno, al frente del Ministerio de la Guerra. Esta coalición representaba una clara inclinación hacia el centro-izquierda pese a no ser una coalición nacional amplia y de tipo unitario.

El objetivo del Gobierno de Martínez Barrio fue mantener el régimen constitucional sin rendirse ni ante los rebeldes ni ante los revolucionarios. Es probable que sus dirigentes desconocieran que al menos dos jefes militares en la zona de Madrid ya habían comenzado a «armar al pueblo» [40]. Tanto Martínez Barrio como Sánchez Román se opusieron con firmeza a dar semejante paso basándose en que abriría las puertas a la revolución y la anarquía. Más tarde, Sánchez Román declararía haber dicho al jefe del gobierno que sería «militarmente inefectivo y políticamente preñado de inconcebibles peligros» [41], otra más de sus exactas profecías. Se ha citado a Martínez Barrio diciendo sólo unos días antes que semejante movimiento «es una locura. Sería dar rienda suelta a la anarquía. Es necesario evitarlo a cualquier precio» [42]. Su gobierno representó la última oportunidad de mantener la integridad del régimen y todavía pudo haber contado con una buena posibilidad de hacerlo dado que a primeras horas de la mañana del día 19, la mayoría de las unidades militares, así como las de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto todavía no se habían sublevado y, de hecho, casi la mitad nunca llegaría a hacerlo. Un Gobierno republicano responsable todavía habría tenido una oportunidad de reprimir la sublevación y restaurar el orden, evitando una gran guerra civil.

Sin embargo, al amanecer, el nuevo gobierno fue repudiado no sólo por los caballeristas, siempre insistentes en entregar armas al pueblo, sino también por algunos de los dirigentes más radicales del propio partido de Azaña, que rechazaban el liderazgo de su más destacado rival, el más moderado Unión Republicana, e insistían en mantener la unidad del Frente Popular. En ocasiones, se ha creído que el director de Política, el periódico oficial del partido de Azaña, Izquierda Republicana, organizó a sus militantes con el fin de que se unieran a los socialistas en una manifestación callejera que tendría lugar a primeras horas de la mañana, para exigir la inmediata dimisión del nuevo gobierno [43]. Para Martínez Barrio ésta fue la gota que colmó el vaso. En las últimas cuarenta y ocho horas sólo había conseguido dormir alrededor de una y hacia las ocho de la mañana abandonó sus esfuerzos, presentando más tarde la acusación de que «el Gobierno de Martínez Barrio había muerto a manos de los socialistas de Caballero, los comunistas y también de republicanos irresponsables» [44]. La oposición de los militantes de Izquierda Republicana constituyó una ilustración gráfica del papel kerenskista que asumió el partido de Azaña. Aparentemente, Prieto instó a Martínez Barrio a mantenerse firme, insistiendo en que su gobierno todavía podía salvar la situación [45].

Una vez que fracasó su intento por completo tardío de establecer un compromiso, Azaña retornó de manera inmediata a su ya fallida política, nombrando un nuevo gobierno encabezado por el profesor de fisiología José Giral, de Izquierda Republicana, que constituía, básicamente, una versión más izquierdista del de Casares Quiroga. La diferencia estribaba en que el Gobierno de Giral, viendo la rapidez con que se expandía la sublevación militar, careció de la reticencia de su predecesor a la hora de garantizar el poder militar a los revolucionarios y comenzó a «armar al pueblo», fomentando de esta manera las milicias revolucionarias que alcanzarían con rapidez el poder de facto en lo que estaba a punto de ser conocido como «la zona republicana». La guerra civil había comenzado y terminado la vida constitucional de la República, sustituida por lo que se ha denominado de modo diverso la «Tercera República» [46], la «República Popular española» [47] y la «confederación republicana revolucionaria» de 1936-1937 [48]. En distintos grados, la República en tiempo de guerra fue todo eso pero no una continuación del régimen parlamentario de 1931-1936.

CONCLUSIÓN

C

on frecuencia, la colosal literatura sobre la Guerra Civil española ha oscurecido el hecho de que, parafraseando a Ortega [1], son sus orígenes lo primero y quizá lo más importante que hay que saber acerca de la misma, las razones del colapso de la República democrática. Normalmente, la opinión común ha presentado explicaciones simplistas y reduccionistas del fracaso de la República, que abarcan desde la teoría conspiratoria —un complot de la izquierda revolucionaria o de la derecha radical, de los poderes del Eje o de la Unión— hasta, en su extremo más abstracto, el irresistible extremismo de la izquierda o de la derecha (o de ambas), el peso de los tremendos problemas sociales o el subdesarrollo general. Mientras que la supuesta responsabilidad de los poderes extranjeros es un bulo, producto de la propaganda de ambos contendientes durante la Guerra Civil, las otras explicaciones habituales apenas contienen más de un elemento de verdad, muy alejado, en cada uno de los casos, de una explicación completa y adecuada [2].

La instauración de la República democrática en España puede contemplarse en una perspectiva más amplia como la fase final y tardía de la gran ola de liberalización que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, y que añadió diez nuevas repúblicas, en cada caso nominalmente liberales y democráticas, en la Europa Central y del Este (así como el subsiguiente Estado Libre de Irlanda), a aquéllas ya existentes en Francia, Suiza y Portugal (aunque la Primera República portuguesa nunca llegó a ser democrática). El hecho de que esa nueva ola de democratización no impactase del todo y antes en España se debió más que nada a su neutralidad en la guerra, lo que otorgó al régimen establecido unos pocos años más de vida a diferencia de lo que ocurrió en el resto de los países. Sin embargo, incluso los primeros impulsos de la democratización de posguerra tuvieron importantes repercusiones en España y contribuyeron, junto con la debacle de Marruecos, a la caída del sistema parlamentario en 1923, así como a la de la subsiguiente dictadura. Así, la cronología de la democratización española no fue del todo distinta a la cronología general europea, aunque se desarrolló en dos fases, siendo la segunda mucho más intensa que la primera.

Las primeras desgracias relevantes tuvieron lugar en 1923-1926 y en 1930. El régimen liberal de 1875-1923, pese a sus diversas carencias, había constituido un importante logro cívico que hizo posible la existencia de elecciones cada vez más justas, un mayor acceso de la oposición al poder, la alternancia de partidos y una extensa reforma institucional; y su conclusión en 1923 no era necesaria. La mayor de las dificultades experimentadas por el antiguo sistema fue la de llevar a cabo la transición hacia la democracia, pero en eso se estaba consiguiendo un progreso constante. Es cierto que en 1923 tuvo lugar algo parecido a una genuina crisis, pero si se necesitaba una dictadura temporal —como entonces pensaron muchos liberales— para llevar a cabo los cambios, restaurar el orden y ocuparse del reto militar en Marruecos, debió haber estado sometida a un estricto límite temporal. Los logros de la dictadura, que existieron, ya se habían completado a finales de 1925. En 1926, como muy tarde, deberían haberse producido nuevas elecciones, retornándose al gobierno parlamentario. Con la continuidad de la dictadura, el antiguo régimen quemó la mayor parte de sus puentes, dificultando en gran medida su regreso al sistema constitucional, pero aun así no hubiera sido imposible, una vez que Primo de Rivera dimitió en 1930, si se hubiera programado la celebración de elecciones en el plazo de noventa días. El error definitivo del antiguo régimen fue posponer las elecciones, como el gobierno provisional hizo en Rusia en 1917. En España, ese retraso fue incluso mayor, superior a un año, y cuando tuvieron lugar las elecciones se cometió un segundo error, al comenzar celebrando las municipales en lugar de las generales, ya que las primeras siempre habían generado un mayor número de votos izquierdistas y sólo habían tenido el efecto de ampliar la brecha institucional. Es probable que unas elecciones nacionales no hubieran producido un triunfo equivalente de la izquierda, y podrían haber hecho posible el retorno de una monarquía parlamentaria reformada [3]. Probablemente, las alternativas de 1923, 1926 o 1930 hubieran sido, en cada caso, preferibles a un drástico cambio de régimen en 1931, el cual resultó ser un salto en el vacío demasiado radical, al eliminar la continuidad institucional y la influencia moderadora que hubieran otorgado una mayor viabilidad a un régimen democrático.

Las peculiares condiciones españolas produjeron en 1931 un vacío artificial que se llenó con una izquierda en rápida y, en cierto modo, artificial expansión, que dio como resultado un proceso constituyente que no reflejó del todo los valores culturales y políticos de la ciudadanía en su conjunto, creando un nuevo régimen que existió en un permanente estado de tensión. Desde luego, casi todos los nuevos regímenes representativos o nominalmente democráticos establecidos tras la guerra fracasaron al final, a excepción de los de Finlandia, Irlanda y Checoslovaquia. Los años treinta no constituyeron una década que favoreciese el éxito de las nuevas democracias. Lo que es más, dado que los otros nuevos sistemas nacidos en la Europa subdesarrollada del sur y el este dejaron paso a regímenes más autoritarios, no debe desdeñarse a la ligera el argumento del atraso económico y social.

Con todo, los niveles de desarrollo no siempre resultan determinantes por sí solos ya que la democracia también fracasó en la mucho más moderna Alemania y, más recientemente, en otras sociedades cuya economía presentaba unos niveles de desarrollo superiores a los de la España de 1936 [4]. A la inversa, los primeros sistemas parlamentarios liberales se introdujeron y estabilizaron en países cuyo nivel de modernización era entonces inferior al de España con la Segunda República.

Detlev Peukert ha descrito el drama de la Alemania de Weimar como «los años de crisis de lo clásicamente moderno» [5], esto es, el periodo en el cual las fuerzas políticas, culturales, sociales y económicas típicas de principios del siglo XX alcanzaron su mayor expresión y su más directo conflicto. Tal aseveración no resulta de igual forma cierta para España, un país mucho menos avanzado aunque, de hecho, no tan atrasado como muchas veces se ha supuesto. El crecimiento económico y los cambios sociales que experimentó durante la década de los veinte se contaban entre los más rápidos del mundo, la alfabetización aumentaba con celeridad, y el porcentaje de trabajadores ocupados en el sector primario descendía por debajo del 50 por ciento. Más aún, España contaba con una mayor tradición de gobierno liberal y moderno que Alemania, pese a contar con una experiencia todavía menor en la democratización directa. El largo trayecto recorrido por el gobierno constitucional en España —aunque siempre caracterizado por grandes limitaciones— había promovido la existencia de una desconcertante panoplia de partidos y movimientos incluso más complicada que la existente en Alemania, y que ofrecía unas opciones económicas y sociales todavía más diferentes. Hasta ahí la Segunda República constituyó una clara versión española de la masiva «crisis de lo clásicamente moderno», política y cultural, ya que todas las principales fuerzas políticas e ideológicas del siglo XX convergieron en España, aunque en una sociedad menos avanzada a nivel educativo y de desarrollo tecnológico que la alemana. En España se dieron con mayor intensidad movimientos tales como el tradicionalismo, el neotradicionalismo, el anarquismo, el trotskismo, el comunismo leninista y estalinista y los micronacionalismos alentados por la movilización de las masas, aunque, durante un tiempo, el fascismo español siguió siendo bastante débil.

La España republicana era particularmente rica, si éste es el término, en proyectos de reforma revolucionarios de izquierda, radicales y liberales. Una pequeña lista incluiría los siguientes:

1. Democracia liberal y moderada (los diversos partidos de centro).

2. Nacionalismo periférico y movimientos autonomistas (Esquerra Catalana, PNV y muchos otros).

3. Izquierda republicana moderada (Unión Republicana, Partido Nacional Republicano).

4. Izquierda republicana radical (Izquierda Republicana, radicalsocialistas).

5. Socialismo Revolucionario democrático (Besteiro).

6. Socialdémocracia radical (Prieto).

7. Socialismo revolucionario (Largo Caballero y la izquierda socialista).

8. Leninismo (BOC, POUM).

9. Trotskismo (Izquierda Comunista).

10. Estalinismo (PCE).

11. Sindicalismo (Treintistas, Partido Sindicalista).

12. Anarcosindicalismo (FAI-CNT).

Este listado era en especial rico en movimientos revolucionarios; de hecho se trataba del más amplio espectro de cualquier país europeo, que crearon una serie de exigencias radicales que no pudieron haberse satisfecho en ningún país del mundo. Más que concentrarse en la democratización política, la Segunda República abrió un proceso revolucionario que culminó en una guerra civil.

Sin embargo, la amplitud e intensidad de la movilización revolucionaria en la República puede inducir a confusión en lo que respecta al carácter de la sociedad española, ya que la mayoría de sus ciudadanos y votantes continuaron siendo moderados. Los partidos revolucionarios y extremistas, de izquierdas o de derechas, nunca obtuvieron más que una minoría de votos, con la CEDA superando a la derecha radical precisamente por ser más moderada y legalista. El país en su conjunto no era en extremo radical o revolucionario, pero contenía grandes minorías revolucionarias que disfrutaban de especiales oportunidades en un sistema democrático nuevo y todavía no consolidado, inmerso en un tiempo de crisis económica y de fragmentación política sin precedentes.

No obstante, la Segunda República también nació con ciertas ventajas sobre algunos de los nuevos regímenes democráticos de, por ejemplo, la Europa del Este. No fue necesario construir desde cero una nueva nación unificada o un nuevo sistema estatal, ni reconstruir una economía devastada por la Primera Guerra Mundial o absorber un gran número de refugiados procedentes de territorios irredentos, ni enfrentarse a un monarquismo populista de masas, o contender con una población mayoritaria de campesinos (en el sentido antropológico), pese a la gravedad de los problemas agrarios en ciertas partes de España. La proliferación y fragmentación de los partidos políticos fue, al principio, incluso más pronunciada en una república europea del Este como la de Polonia [6].

En general, los principales problemas que acosaron a la República pueden, a los fines de su análisis, dividirse en tres categorías: estructurales, coyunturales y más técnicamente políticos, y en cada una de ellas es posible hallar graves deficiencias. Sin duda los problemas estructurales sociales y económicos fueron graves, siendo el peor de ellos la difícil situación de los casi dos millones de campesinos sin tierra y sus familias, cuya conflictividad aumentó por el hecho de que España fuera un país en vías de rápida modernización, que contaba con una movilización democrática de masas. Los bajos salarios, la limitada productividad y las pobres condiciones de vida de más de cuatro millones de obreros urbanos empleados en la industria y en el sector servicios también constituyeron un problema, aunque no tan agudo en términos de miseria social. Pese a que durante los años veinte tanto la industria como el sector financiero se habían expandido con rapidez, su capacidad para sostener una nueva expansión durante la depresión era, en el mejor de los casos, problemática. La incompleta integración de las principales regiones, con sus dispares tasas de modernización, constituyó un tipo especial de problema estructural que exacerbó los casos de nacionalismo periférico y añadió una división política horizontal a las divisiones sociopolíticas verticales.

Por un lado, resultaría difícil demostrar que estos problemas estructurales fueron, en cualquier forma, decisivos por sí mismos, ya que algunos de ellos habían sido mucho más graves en la generación anterior. Sin embargo, el veloz desarrollo que tuvo lugar entre 1915 y 1930 no había conseguido superar estas dificultades y sí había tenido el efecto, en cierta manera paradójico, de agudizar sus consecuencias políticas. Las recientes mejoras económicas, junto con el aumento de la alfabetización y la creciente movilización habían elevado los niveles de conciencia y de las expectativas. Una sociedad que, en cierto modo, era más moderna, productiva y políticamente consciente exigía —o al menos lo hacía una parte significativa de la misma— cambios incluso más rápidos que los que se habían vivido hasta el momento o eran, de hecho, posibles. En 1930 España había comenzado la fase intermedia de la industrialización en expansión, en la que los conflictos sociales se agudizaron al máximo. En aquel momento, los trabajadores ya eran lo bastante conscientes y se hallaban lo bastante movilizados como para exigir mucho más pero, al mismo tiempo, todavía no tenían a su alcance los medios para completar la industrialización y lograr una prosperidad general.

Otra de las formas en que la estructura social afectó a la política fue el impacto de la demografía y de los grupos de edad. El crecimiento comparativamente rápido de la población significó que en España, como en Alemania, hubo más varones jóvenes en los años treinta que en cualquier momento anterior, y que éste fuera el sector más susceptible a la radicalización y la confrontación. Todavía más, aunque la mano de obra del sector agrario había disminuido con rapidez durante los años veinte, el crecimiento general de la población conllevó que el número de agricultores fuera, en términos absolutos, mayor que nunca, lo que sin duda supuso un factor en la radicalización agraria.

La coyuntura era todavía más negativa, ya que los años treinta constituyeron el clímax de la «larga generación» de la guerra mundial y del intenso conflicto sociopolítico que se extendió entre 1914 y 1945. Éste fue el periodo de más extrema lucha interna y externa en la historia moderna, provocada por el clímax del nacionalismo e imperialismo europeos y por los conflictos de masas sociales y políticos originados por la democracia, la modernización y la igualdad. Los años de la depresión apenas fueron propicios para nuevos experimentos democráticos, creando en gran parte de Europa unas ventajosas condiciones para la derecha autoritaria y el fascismo; tales influencias se dejaron sentir en España a partir del año 1933. Con todo, también resulta difícil demostrar que la coyuntura histórica por sí misma determinase de forma necesaria el curso de los acontecimientos. Durante un largo tiempo, España fue destacablemente inmune a algunas de las principales fuerzas motivadoras del gran conflicto europeo, tales como el intenso nacionalismo (a excepción del periférico) y el importante imperialismo, mientras que el fascismo genérico continuó siendo débil hasta las semanas finales de la República. En proporción, el impacto de la depresión fue inferior al de otros territorios y, en 1935, una gran parte de la economía, proporcionalmente mayor que en Francia o Estados Unidos, estaba experimentando una recuperación.

Con todo, la coyuntura sí ejerció un poderoso efecto a través del impacto radicalizador de los logros claves que se produjeron en el extranjero, tanto en términos de inspiración positiva como de recelos negativos. La izquierda se sentía cada vez más atraída por el espejismo de la revolución, en parte tal y como la representaban la revolución bolchevique y la Unión Soviética. Aunque los anarquistas marchaban a su propio son, los socialistas y otros grupos marxistas experimentaban una atracción cada vez mayor por los ideales leninistas (aunque no fueran capaces de emularlos en su totalidad) y, al mismo tiempo, se encontraban lo bastante lejos de la tétrica realidad de la Unión Soviética estalinista como para no sucumbir al desencanto. Igualmente importante fue la repugnancia manifestada por la izquierda ante las victorias del fascismo y la derecha autoritaria en la Europa central en 1933-1934, que tuvo un intenso y negativo efecto demostración y contribuyó a la polarización en España.

No obstante, todo esto tuvo lugar en un momento en que España apenas se hallaba implicada en los asuntos extranjeros. Al contrario que la situación imperante en otros países continentales, aquellos que tomaban parte activa en la política española tenían muy poco que temer de cualquier amenaza que surgiese en el exterior. Su preocupación se centraba más en que las fuerzas interiores imitasen las tendencias autoritarias de otros países, pero dado que una unidad frente a los retos externos no parecía necesaria, los radicales españoles, derechistas o izquierdistas, se sintieron del todo libres para dar rienda suelta a sus propias preferencias extremas.

Puede también pensarse que los peores y más decisivos problemas derivaron de la dinámica específica del liderazgo político, de las preferencias en política y de los conflictos de partido, y no tanto del inevitable efecto de los problemas estructurales o de las más amplias influencias coyunturales internas e internacionales. Es cierto que el sistema político republicano adoleció de un liderazgo impresionantemente pobre en los sectores más relevantes, aunque no disfrutó del monopolio de esta característica negativa, que también fue evidente en un país más moderno como Alemania.

Los problemas políticos comenzaron en primer lugar con los propios republicanos fundadores. Aunque afirmaban representar —y, de hecho, en algunos aspectos representaron— una ruptura decisiva con el pasado, seguían siendo un típico producto del moderno radicalismo español, reflejando el tenaz sectarismo y personalismo de la política partidista decimonónica al viejo estilo, y la insistencia en considerar al gobierno más como una especie de patrimonio que como una amplia representación de todos los diversos intereses nacionales. Como fue el caso de tantos líderes de los cambios de régimen del siglo XIX, no representaron un esfuerzo por superar las divisiones del pasado sino, más bien, el renovado entusiasmo de un nuevo grupo por imponer sus propios valores y vengarse de sus expulsados predecesores.

Este renacimiento del radicalismo pequeñoburgués del siglo XIX había estado, desde luego, provocado por la dictadura de Primo de Rivera. Aunque su régimen constituyó una forma inusualmente suave de autoritarismo, destruyó la continuidad constitucional, y sus consecuencias cayeron como una oscura sombra sobre la vida de la República, siendo responsable del inicio de una nueva política de polarización y represión, a la que los republicanos de izquierda respondieron con la misma moneda, incapaces de superar el colapso originario del liberalismo en 1923.

Aunque la nueva Constitución de 1931 codificó importantes principios, siguió a casi todas las Constituciones españolas anteriores en ser la creación de un significativo sector de la sociedad política que se impuso sobre otros que no compartían sus valores. En ciertos aspectos clave no fue más un producto del consenso nacional que sus predecesoras decimonónicas (con la excepción parcial de la de 1876). Lo que es peor, resultó que aquellos grupos responsables en mayor medida de su redacción no se comprometieron con el conjunto de normas que acababan de establecer. Tan pronto como perdieron las siguientes elecciones, exigieron la anulación y la oportunidad de intentarlo de nuevo, ya que su concepto de la República era «patrimonial», en tanto que no toleraban que adoptase otras políticas distintas a las suyas. De hecho, pocos sectores de la política española fueron leales sin reservas a la República como procedimiento democrático, y éstos se encontraban en el cada vez más exiguo centro del espectro [7]. La falta de consenso acerca de las reglas básicas del juego constituyó un impedimento desde el principio, y algunos estudios posteriores sugerirían que a la hora de garantizar la estabilidad de una nueva democracia, el acuerdo básico de las élites resulta más importante que el puro nivel de desarrollo [8].

Para sectores clave de la coalición fundadora de la República, el nuevo sistema no representó un compromiso con un conjunto de reglas constitucionales sino, más bien, la ruptura decisiva y la permanente hegemonía de un proceso reformista de izquierda que implicaba no sólo cambios políticos definitivos sino también otros irreversibles en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la educación, la cultura y la estructura socioeconómica, junto con la solución de problemas clave de autonomia regional y reforma militar. La mayor parte de estas reformas eran saludables, pero no debieron haber impedido un igual respeto por el proceso democrático, incluso al precio de su retroceso parcial o temporal.

Con frecuencia se ha formulado la pregunta de si el liderazgo republicano originario no intentó simplemente llevar a cabo una reforma demasiado amplia y demasiado rápida, sobrecargando el sistema de forma irremediable. Teniendo en cuenta el modo en que se emprendieron las reformas, la respuesta es sin duda afirmativa, pero no queda claro que éste fuese el caso con la esencia de muchas de las propias reformas. El pais tenía una gran necesidad de una continuada reforma modernizadora y una amplia política que se concentrase en reformas técnicas y prácticas con evidentes beneficios (y que incluían el desarrollo educativo, la reforma militar, la autonomía regional, las obras públicas, la mejora de las condiciones laborales y ciertas medidas de reforma agraria) y constituía, en la mayoría de los aspectos, una necesidad nacional tan obvia que pudo haber sido posible construir una coalición nacional para favorecerla.

Los logros republicanos en materia de educación, autonomía regional, obras públicas y trabajo fueron, en algunos aspectos, fructiferos. Hacía largo tiempo que una reforma militar era necesaria y, en puntos clave, resultó positiva aunque estuvo sujeta a notorias limitaciones. Casi todo el mundo estuvo de acuerdo en la necesidad de cierta reforma agraria aunque, como se ha visto, la ley para llevarla a cabo no estuvo bien concebida en sus aspectos sociales y tecnicos. Existía también la necesidad de establecer una separación y una reforma en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, donde pudo lograrse mucho más con un coste minimo.

Por el contrario, la introducción política y el estilo de las reformas estuvieron mal gestionados desde el principio, debido tanto a la retórica sectaria como a los procedimientos de la coalición entre socialistas y republicanos de izquierda. En algunos temas se fomentó, de manera gratuita, una oposición inexistente debida a la ausencia de cualquier espíritu de conciliación o de cualquier deseo de consenso por parte de los reformadores. La falta de tacto de Azaña convirtió una política militar, en general sensata, en lo que se percibió (con considerable exageración) como una vendetta antimilitar que generó hostilidad entre unos oficiales que, en principio, no eran hostiles a la República.

Pero lo peor fue, por supuesto, el estilo y la esencia de las reformas religiosas, concebidas a modo de venganza contra los intereses religiosos —pese a que más españoles creían en el catolicismo que en cualquier otra doctrina o credo politico—, instituyendo no sólo la separación entre la Iglesia y el Estado sino la vulneración de los derechos civiles y la persecución de la religión. Pareció existir una determinación por seguir las políticas extremistas de Portugal y México, aunque en el primer caso culminaran en el fracaso y en el segundo se encaminaran hacia una tregua insegura.

También se produjeron notables fracasos en la política económica. La reforma fiscal se abordó débilmente, al tiempo que se destinaron innecesarias cantidades de dinero a sustituir la totalidad del sistema educativo católico, lo que dejó menores recursos con los que estimular el empleo, construir las necesarias infraestructuras y alentar la expansión económica, sin mencionar la reforma agraria. La mayoría de los líderes republicanos fueron en exceso ignorantes de —y también mostraron poco interés por— la economía como para prestarle la adecuada atención, aunque fuese éste un fallo tan común en aquella década que nada haya en él de especialmente republicano o español.

La aproximación a algunos de estos problemas, como si de un juego de suma cero se tratase, resultó en especial contraproducente, ya que garantizaba que cada nueva vuelta de la rueda política se utilizaría a modo de venganza contra quienes habían detentado el poder con anterioridad, y así establecer nuevas jurisdicciones politizadas y retroactivas y desalentar el consenso. A este respecto, la República, más que suponer una mejora en relación a la antigua monarquía parlamentaria anterior a 1923, representó en puntos esenciales una regresión al extremo enfrentamiento entre distintas tendencias propio de mediados del siglo XIX. Esto era lo que Ortega tenía en mente en 1932-1933, cuando se lamentaba de que los líderes republicanos, en lugar de ocuparse de los más importantes y novedosos problemas, encarnasen una vuelta a ciertas fijaciones del pasado.

Uno de los más destructivos aspectos del «republicanismo patrimonial» fue que, para la mayoría de los nuevos líderes, desdibujó las realidades de la sociedad española e ignoró, por un lado, la amplitud de los intereses conservadores [9] y del catolicismo popular y, por otro, el potencial del extremismo revolucionario, al tiempo que exageró de manera optimista el atractivo de sus propias formas de progresismo republicano. Este exceso de confianza se debió a los efectos iniciales de la ruptura en 1931, cuando los conservadores permanecieron demasiado inciertos y desorientados como para presentar una candidatura efectiva en las primeras elecciones, lo que dio como resultado un Parlamento y una Constitución que no representaban al país en su conjunto [10]. Por el contrario, es probable que un Parlamento más genuinamente representativo hubiera producido una Constitución más moderada y aun así progresista, que hubiese hecho a la República más aceptable para la gran mayoría de la opinión pública. En ciertos aspectos, esto hubiese dado lugar a una política social más moderada, apartando a algunos obreros incluso más rápidamente de lo que resultó ser el caso, pero podría haber favorecido un más amplio liberalismo democrático entre las clases medias, parte de la población agraria e incluso entre una minoría obrera que podría haber generado mayorías electorales más estables.

No es posible garantizar tal resultado —el antagonismo social podría haber llegado a ser tan intenso que ningún régimen liberal y democrático pudiera sobrevivir— pero una estrategia más moderada ofrecía una alternativa potencialmente viable a la política de polarización.

El funcionamiento de la República quedó todavía más lastrado por un sistema electoral defectuoso en grado sumo y por un muy alto grado de movimiento entre el personal político. El sistema electoral corrigió en exceso el problema potencial de la proporcionalidad multipartidista, creando efectos desequilibrados que tradujeron cualquier alteración en la opinión pública o cualquier cambio importante en las estrategias aliancistas en masivas oscilaciones en la representación. Así, el sistema político adoleció al mismo tiempo de fragmentación y de polarización, al tiempo que la necesidad de alcanzar mayorías a través de listas multipartidistas otorgó, en ocasiones, una desproporcionada influencia a los partidos minoritarios. A este respecto, el fracaso a la hora de avanzar hacia una reforma electoral en 1935 constituyó un grave error y aquí, al menos, Alcalá Zamora demostró ser más juicioso que los líderes del partido.

El drástico movimiento del personal político fue otra de las destructivas consecuencias de la dictadura, que había eliminado a las antiguas fuerzas políticas; no es sorprendente que el vacío que se produjo se llenase con políticos novatos. El drástico movimiento de personal que tuvo lugar en 1931 se repitió, en un grado considerable, en cada una de las elecciones subsiguientes, en parte debido a las exageradas consecuencias de la ley electoral, y constituyó una de las más importantes desventajas del nuevo régimen. Las figuras más tolerantes y conciliadoras de la República se encontraban entre la minoría de centristas y conservadores moderados que ya habían adquirido experiencia durante el régimen anterior, aunque se vieron ampliamente superados en número por los novatos radicalizados que empezaron a destacar después de 1931.

El comportamiento de los intereses económicos españoles fue muy similar al que hubiera sido el de los grandes intereses económicos en cualquier otro lugar en similares circunstancias, respaldando al centro-derecha y a la derecha moderada aunque, en ciertos casos, con un desplazamiento hacia la derecha radical. Mercedes Cabrera, la principal estudiosa de la política de los grupos económicos en este periodo, llega a la conclusión de que no desarrollaron ninguna alternativa propia y real, confiando sobre todo en que un régimen republicano más estable y moderado preservaría la ley y el orden. Los grandes terratenientes conformaron el principal sector atraído por la derecha radical aunque, en conjunto, no desempeñaron ningún papel corporativo a la hora de subvertir el sistema de forma directa [11].

Las fuerzas abiertamente subversivas no fueron al principio ni importantes ni numerosas, con la excepción parcial de la CNT, flanqueada por los comunistas en la extrema izquierda. Más tarde, la República se enfrentaría a la subversión de la derecha radical monárquica y de Falange, pero ninguna de ellas tenía significación alguna por sí mismas; de nuevo a excepción de los anarquistas que constituyeron un movimiento de masas aunque sus tácticas insurreccionistas libertarias nunca supusieron una seria amenaza de derrocamiento del régimen. Quizá la principal consecuencia del extremismo anarquista fuera el mantenimiento de la presión sobre la UGT, lo que debilitó el compromiso socialista con el reformismo socialdemócrata.

Mucho más importantes y decisivas fueron las posturas de lo que Juan Linz ha denominado los principales partidos «semileales»: los socialistas y la CEDA. La ambigüedad de la CEDA resultó fundamental, aunque no decisiva en sí misma. El partido nunca se comprometió con el «republicanismo» o con el sistema democrático a secas; su contribución no fue republicanizar la derecha, sino asegurar el compromiso del grueso del electorado católico a los procedimientos legales y parlamentarios lo que, aunque de considerable importancia para la República, apenas resolvió el problema de su futuro, como la izquierda nunca dejó de señalar. Aunque la CEDA, al contrario que los socialistas, se negó a embarcarse en la violencia política, siguió siendo ambigua respecto a sus objetivos definitivos que, para muchos de sus miembros, eran sustituir la República por un sistema corporativo y más autoritario. A su vez, el presidente centrista y la izquierda se sirvieron de esta ambigüedad para negar a la CEDA el normal acceso parlamentario a la jefatura del gobierno. La propia cúpula cedista fue culpable de graves errores. Más importante que la cuestión de su ambigüedad respecto a sus metas definitivas fue lo que la CEDA hizo en 1935. Sus esfuerzos por ejercer la represión demostraron ser contraproducentes, y aunque tales esfuerzos no eran en sí mismos irrazonables, la decidida oposición del presidente y la ambivalencia de los radicales aconsejaban una política más prudente y conciliatoria, ya que la CEDA no estaba en disposición de forzar una seria represión por sus propios medios. Fracasó a la hora de llevar a cabo una reforma constructiva, concentrándose por el contrario en una política muy negativa consistente en deshacer aspectos de la legislación anterior. Parte de ese retroceso era necesario, pero lo llevaron demasiado lejos y nunca lo combinaron con una nueva y adecuada política constructiva. Tampoco logró la CEDA hacer hincapié en los cambios vitales que estaban a su alcance, tales como la reforma electoral —que contaba con el vigoroso apoyo del en otro caso antagonista Alcalá Zamora— aunque hubiese requerido un gran esfuerzo para superar la peculiar oposición suicida de algunos de los partidos más pequeños. A finales de año, los exasperados y frustrados líderes cedistas adoptaron una política arrogante y santurrona con la que, simplemente, cedieron la ventaja a las manipulaciones de Alcalá Zamora, un error agravado por su aproximación en cierto modo exclusivista a las elecciones, que dividió a la oposición a favor del Frente Popular.

Pese a los fallos del partido, debe cuestionarse con seriedad la política exclusionista de Alcalá Zamora respecto a la CEDA que no era tan sólo un pequeño partido o un grupo fascista o revolucionario violento que podía ser suprimido o ignorado. De hecho, representaba la mayor de las orientaciones políticas únicas y específicas entre los ciudadanos españoles. Sólo en la imaginación de la izquierda española era posible que un sistema democrático funcionase sin llegar a un acuerdo con la opinión católica, la orientación de una pluralidad, si no de la mayoría de la población. Por tanto, debe plantearse la cuestión de si la actuación correcta en 1934-1935 hubiera sido, sencillamente, seguir el debido proceso constitucional, sin manipulación, dado que una democracia no puede funcionar por largo tiempo de ninguna otra manera. No resulta convincente contemplar la decisión inicial de Alcalá Zamora de admitir la limitada participación de la CEDA en 1934 salvo como algo plenamente justificado, ni la violenta reacción de la izquierda salvo como injustificada y desastrosa. En ese momento, tanto el presidente de la República como el del gobierno junto con el partido dominante en la coalición, se hallaban del todo comprometidos con la democracia parlamentaria, lo que ofrecía una razonable oportunidad de extender la base del gobierno, crear una mayoría estable y construir un consenso más amplio tal y como planeaba Lerroux. Sin embargo, posteriormente, Alcalá Zamora se negó a seguir la lógica de la democracia parlamentaria y permitir que el partido mayoritario formase gobierno. Si lo hubiera hecho, en el peor de los casos se hubiese llegado, en último término, a una coalición dominada por la CEDA que habría producido una drástica reforma constitucional en 1936-1937. Si ésta hubiese dado lugar a un sistema semicorporativo y más autoritario, podría haber supuesto el fin de la democracia republicana durante más o menos una década, pero incluso tal consecuencia habría sido menos catastrófica que lo que en realidad ocurrió; podría haber conllevado resistencia y derramamiento de sangre, pero en un grado menor que los horrores de la Guerra Civil y los comienzos del régimen franquista. Contemplado retrospectivamente, incluso en el peor de los casos, la plena inclusión o liderazgo de la CEDA apenas habría producido el peor de los resultados.

En la izquierda, los socialistas desempeñaron un papel en cierto modo similar al de la CEDA en la derecha en su «semilealtad». Su contribución a la coalición del primer bienio fue digna de mención, dando un gran paso en la evolución, maduración y expansión del movimiento socialista en España, en un momento en que sólo los partidos socialistas de los países más desarrollados, Alemania y los norteuropeos, habían llegado tan lejos. Con todo, el PSOE carecía de la madurez y unidad de los socialdemócratas alemanes, siendo su respuesta ante la adversidad política justo la opuesta [12]. Aunque llegaron a la participación gubernamental cinco años antes que los socialistas franceses, sus ambigüedades reflejaron con mayor precisión las de los socialdemócratas austríacos, cuya posición de «dos y medio» osciló, en cierta manera, entre la Segunda y la Tercera Internacionales. Al final, los socialistas franceses se comprometieron con la plena colaboración socialdemocrática conforme el caballerismo tenía en España una influencia cada vez mayor.

La polarización no cristalizó tanto con el triunfo de la CEDA en 1933 como con la insurrección de 1934, que puso de relieve que el grueso de la izquierda obrera se hallaba comprometido con diversas formas de acción revolucionaria. Como se ha visto con anterioridad, la riqueza y diversidad del fenómeno revolucionario durante la República apenas tuvo parangón en otros lugares. Su variedad y extensión derivaban de la combinación de una estructura social conflictiva y subdesarrollada y un sistema político democrático, movilizado y muy fragmentado. La política española moderna ha presentado regularmente una conjunción única de formas e instituciones políticas avanzadas en el seno de un atraso socioeconómico, una combinación que, antes de los años veinte, había distinguido a España de, por ejemplo, muchos de los países del este de Europa. La oportunidad para la movilización de masas y la ilimitada democracia inscrita en la depresión [13], que siguieron a la aceleración sin precedentes de la modernización durante la generación anterior, elevaron de forma repentina la clásica «contradicción española» a un nuevo nivel que posibilitó, en gran medida, los retos revolucionarios, aunque no de manera irresistible.

Esto no significa que España estuviese simplemente «madura» para la revolución, como sostienen algunos teóricos, porque, en aspectos clave, la sociedad ya había llegado a ser demasiado compleja como para que los revolucionarios la conquistaran con facilidad. Si la mano de obra urbana e industrial era, en proporción, muy superior a la de Rusia en 1917, también lo eran las clases medias y la derecha en general. Además, en España existía una gran población propietaria de tierras y conservadora que era, en esencia, contrarrevolucionaria, algo que no había existido en Rusia. Algunas de las condiciones esenciales que favorecieron el éxito de una revolución en sociedades más atrasadas, tales como la dominación política y económica extranjera o la ausencia de instituciones libres, nunca estuvieron presentes en España, cuyas circunstancias eran mucho más similares a las de Italia después de 1919. Pero en Italia la mayoría de la izquierda obrera pronto se volvió más moderada y terminó por intentar retornar a la democracia. El caso español en 1934-1937, una importante sublevación revolucionaria protagonizada por la izquierda obrera no comunista contra una democracia establecida, carece de precedentes históricos. En Italia, la izquierda sucumbió enseguida ante una coalición de la derecha y los fascistas, en cierta manera similar a la que, finalmente, obtuvo el triunfo en la Guerra Civil española, tal y como los moderados advirtieron en numerosas ocasiones entre 1934 y 1936. En cada uno de los casos, ya fuera el de Rusia, el de Italia o el de Europa Central, la izquierda española sacó las conclusiones erróneas de los ejemplos extranjeros. El análisis político realizado por los líderes y teóricos de la izquierda revolucionaria, como muchos de los que llevaron a cabo los republicanos de izquierda, no tuvo como efecto iluminar las realidades esenciales, sino enmascararlas.

No podía esperarse, sin embargo, que aquellos que rechazaban la democracia parlamentaria, ya fueran de derechas o de izquierdas, asumieran la responsabilidad de salvaguardar las instituciones parlamentarias. La principal responsabilidad en la salvaguardia de la democracia constitucional recaía en quienes habían sido en principio responsables de su creación —los liberales y los republicanos de izquierda.

De todos los sectores políticos, sólo los liberales centristas —las fuerzas de Alcalá Zamora, Maura, los radicales y la Lliga Catalana— adoptaron en principio posiciones de defensa de la democracia constitucional y de las reglas del juego. Sin embargo, los pequeños partidos tales como los de Maura, Sánchez Román e incluso la algo mayor Lliga carecían de la fortaleza necesaria para influir de manera decisiva en la situación, de tal manera que los principales papeles en el centro fueron desempeñados por Alcalá Zamora y por Lerroux y sus radicales. Si la Segunda República debía alcanzar la estabilidad en forma de democracia parlamentaria como la Tercera República francesa, probablemente hubiera sido necesario que los radicales moderados y de clase media desempeñaran un papel estabilizador similar al de sus homónimos y homólogos franceses, lo que, desde luego, intentaron llevar a cabo en 1933-1935. Resulta obvio que los radicales fracasaron, aunque pecaron más por omisión que de obra; no cometieron grandes errores en violación de la letra y el espíritu de la práctica democrática, como fue el caso de la mayoría de los restantes grandes partidos, pero adolecieron de una organización fuerte y, en ocasiones, de políticas efectivas. Los radicales se convirtieron rápidamente en los únicos y principales representantes en España de lo que resultaba mucho más común en las democracias establecidas de otros países —un sector político considerable consagrado a políticas que supusieran importantes beneficios para el patronazgo y a la filosofía liberal y tolerante del vive y deja vivir—. En la sobrecargada atmósfera española, su atractivo era limitado y se les acusó de falta de moralidad y propósito. También el liderazgo estaba ausente: Lerroux era demasiado viejo y sin energía y las otras lumbreras del partido carecían de visión o capacidad, y así los radicales fracasaron por no ser más de lo que fueron, aunque si hubiesen contado con homólogos significativos la democracia constitucional podría haber pervivido.

En una situación cada vez más polarizada, en la que el compromiso con la democracia de la mayoría de los actores principales era limitado o no existía, el presidente Alcalá Zamora se vio a sí mismo como el último garante de la República liberal. Esto era, desde luego, técnicamente correcto y no había duda acerca de su sinceridad, pero pronto él mismo se convirtió en un gran problema. Aunque Alcalá Zamora fue un genuino liberal y constitucionalista, así como un distinguido jurista, también fue un producto de la tradición y cultura liberales del siglo XIX, una cultura política ante todo elitista y oligárquica, poblada por personajes notables localistas y de partido, que representaba una forma de transición desde la cultura tradicional basada en gran medida en el estatus y el concepto del honor. Por ello, tuvo dificultades a la hora de superar su profundo elitismo y personalismo, su obsesión por el estatus y sus egocéntricas preocupaciones.

Por cualesquiera razones —algunas de ellas basadas de forma objetiva en temores relativos a la fortaleza de las fuerzas antidemocráticas de la izquierda y la derecha—, Alcalá Zamora, llegó a percibir su papel como el de un «poder moderador» independiente, casi de una forma monárquica, no debido al embrujo del poder sino a la defectuosa Constitución republicana que creó un sistema de «doble confianza» en el que el jefe del gobierno y su Consejo de Ministros debían contar con la confianza tanto del presidente de la República como del Parlamento [14]. Así, él mismo llegó a interferir de modo más abierto con el normal funcionamiento del gobierno constitucional que el muy criticado Alfonso XIII. Tan pronto como la inicial fortaleza de la coalición de Azaña comenzó apenas a declinar, el presidente se aprestó a la tarea, aliviando al líder republicano de izquierda del peso del poder incluso antes de que hubiese desaparecido su mayoría parlamentaria y aun así, su interferencia con el Gobierno de Azaña fue mucho menos abierta y arbitraria que su papel en las segundas Cortes, durante cuyo mandato actuó de modo constante para desbaratar la posibilidad de un normal gobierno mayoritario, haciendo y deshaciendo gabinetes minoritarios, o no del todo representativos, a voluntad, un proceso en el que, inevitablemente, se ganó el odio de derecha e izquierda por igual, intentando ambas apartarle de su cargo tan pronto como fuera posible.

En ciertos aspectos, se comprende a la perfección que el presidente sintiese la necesidad de intentar mantener algún tipo de equilibrio respecto de la izquierda y la derecha, aunque resulta más dudosa su aparente disposición a contribuir a la destrucción de la existente estructura del centro —Lerroux y los radicales— con el fin de intentar reconstruirlo en una nueva forma subordinada de manera indirecta a su propio liderazgo, lo que constituyó la más absoluta locura y no sorprende que culminase en un desastre. Que Alcalá Zamora esperase en serio reconstruir un nuevo centro a partir del núcleo de poder estatal indica hasta qué punto seguía siendo, cultural y psicológicamente, un liberal del antiguo régimen y que fracasase por completo a la hora de comprender el carácter y la fuerza de unas nuevas instituciones políticas y de una sociedad que estaba colaborando a erigir bajo la República.

El mayor de todos los errores fue denegar el poder a la CEDA en diciembre de 1935 e insistir temerariamente en convocar nuevas elecciones en una situación tan peligrosamente polarizada. En ese momento, al Parlamento todavía le quedaban dos años de vida, contaba con una mayoría suficiente y con una agenda legislativa completa; destruir sin motivo alguno esa oportunidad fue el colmo de la irresponsabilidad. Alcalá Zamora no tenía ninguna posibilidad seria de crear un nuevo centro manipulado que pudiera mantener el equilibrio de poder en unas nuevas elecciones; en su lugar, éstas se convirtieron en una especie de plebiscito entre el proceso revolucionario abierto en 1934 y la contrarrevolución, que el primero ganó por un estrecho pero decisivo margen, conforme el barco del Estado escoraba sin control a la izquierda desde el centro-derecha. El resultado fue del todo previsible y en extremo destructivo. Si se hubiese permitido a las Cortes de 1933 culminar su ciclo vital constitucional, celebrándose elecciones a finales de 1937, podrían haberse aprobado nuevas reformas significativas y, en cierta medida, se hubiese reducido la polarización, produciéndose un resultado electoral diferente en 1937, que podría haber evitado la Guerra Civil, un resultado que no era una vaga posibilidad sino algo muy probable.

Manuel Azaña fue el único líder republicano cuya responsabilidad fue equivalente a la de Alcalá Zamora, el único que disfrutó de poderes aproximadamente equivalentes y de iniciativa durante el mismo tiempo. Al comienzo de la República, Azaña había destacado en público que era «sectario» y «radical», no un «liberal»; era terminante al afirmar que el constitucionalismo republicano debía interpretarse mediante reglas en esencia partidistas, con el fin de alcanzar sus objetivos, pero demasiado tarde comprendió que tal aproximación imposibilitaba, de hecho, la existencia de una República democrática. En ocasiones, él mismo reconoció hasta dónde alcanzaban su orgullo y arrogancia, pero tenía tal fe en su capacidad de juicio que terminó convencido de su propia indispensabilidad. Su rechazo de una democracia liberal más tolerante a favor del radicalismo y la polarización coincidió con una movilización de masas que magnificó en gran medida las consecuencias del sectarismo. Cuando los principales líderes de la política republicana rechazaban en la práctica las reglas del juego que ellos mismos habían creado, el Estado no podía sobrevivir por mucho tiempo.

Aun decidido a representar una nueva política, en ocasiones Azaña se describió a sí mismo en privado como el hombre «más tradicionalista» de la vida pública española. De hecho, era mucho más un producto de la vieja cultura elitista y sectaria del XIX de lo que creía. Un descendiente directo de los exaltados de 1820, Azaña representaba tanto lo viejo como lo nuevo, era el último vastago en una larga línea de políticos burgueses, sectarios y decimonónicos, a quien, sin apenas exageración, se puede denominar la última gran figura de la tradicional arrogancia castellana en la historia de España.

La utopía radical y pequeñoburguesa de Azaña descansaba en el apoyo electoral de no más del 15 o 20 por ciento de la población. Con el fin de imponerla, Azaña hizo la alta apuesta de confiar en el respaldo de los socialistas, pese a sus crecientes tendencias revolucionarias, esperando que un periodo posterior de dominación izquierdista y de reformas socioeconómicas diluiría su radicalismo, hasta el punto de retornar a la socialdemocracia, pero subsiste la cuestión de si, en el caso de que la derecha se hubiese sometido a los masivos ataques del Frente Popular, tal hubiera sido el resultado. Es cierto que no existe motivo para pensarlo, al menos a corto plazo. Es más probable que el establecimiento de un sistema incluso más completo de dominación izquierdista hubiese producido un gobierno de izquierda más extremo, dirigido finalmente por los socialistas, como ocurrió al comienzo de la Guerra Civil. No había forma alguna posible de realizar la peculiar utopía radical y pequeñoburguesa de Azaña, dado que contaba con un respaldo electoral tan limitado. La confianza en los socialistas concedió a éstos el voto decisivo e hizo que la política autónoma de Azaña no resultase más posible (como él creía) sino imposible, de manera que —como sucedió durante la Guerra Civil— un gobierno republicano de izquierdas sólo pudo desembocar en un gobierno socialista.

El español fue tan sólo el más dramático y sanguinario de los muchos fracasos europeos en la democratización durante aquellos años. Hablando de manera aproximada, en los países del occidente europeo una variable clave en el éxito o el fracaso era la capacidad de llegar a un acuerdo con las organizaciones obreras. En el norte y el noroeste europeos, así como en Checoslovaquia, estas organizaciones eran socialdemócratas y desempeñaron un papel fundamental en la estabilización de la democracia y, por el contrario, el ardor revolucionario de los movimientos obreros en Italia y España y del gran movimiento comunista alemán tuvieron un papel central en el fracaso de la democracia en esos territorios [15].

Es obvio que la violencia política, bastante antes de la Guerra Civil, desempeñó un importante papel en la vida de la Segunda República, siendo, en proporción, más extensa en su conjunto que en el caso de cualquier otro régimen de la Europa central u occidental en el mismo periodo. Comenzando con la jornada electoral del 16 de febrero de 1936, se produjo una nueva y rápida escalada de violencia que culminó con los acontecimientos del 12-13 de julio. En público, el gobierno sólo estaba interesado en minimizar la seriedad de la situación, y no mostraba ningún interés por recoger y hacer públicas las «estadísticas de delitos», y así los únicos datos globales que se presentaron en la primavera y el verano de 1936 fueron los aportados por los líderes derechistas, sobre todo Gil Robles, en sus discursos parlamentarios —no sujetos a la censura general— denunciando el creciente caos. Dejando a un lado los numerosos casos de incendios provocados y de destrucción de la propiedad religiosa y laica, las fuentes derechistas afirmaron haber contado 204 asesinatos políticos entre el 16 de febrero y mediados de mayo, 65 más al mes siguiente, y otros 61 entre mediados de junio y el 13 de julio [16]. Aunque en su momento el gobierno rechazó en gran medida estas cifras, en ocasiones fueron aceptadas en años posteriores por algunos historiadores e incluso por escritores izquierdistas, como un reflejo bastante exacto del estado general de la situación [17].

El único estudio estadístico detallado acerca de la violencia política en esos meses (o en cualquier otro periodo de la República) es el de Edward Malefakis, reelaborado posteriormente por Ramiro Cibrián [18]. Dada la ausencia de registros oficiales, este estudio se basa en el más destacado periódico español de la época, El Sol, complementado con la amplia cobertura de los asuntos españoles dada por La Nación y La Prensa en Buenos Aires, para compensar las limitaciones impuestas por la censura en España. El estudio arroja una gran cifra total de 273 asesinatos políticos entre el 31 de enero y el 17 de julio de 1936, apenas inferior a la señalada por Gil Robles, pero también obviamente incompleta, ya que sólo menciona 3 en Barcelona comparados con los 15 que figuran en el estudio de Getman-Eraso. De este modo, los datos de Gil Robles parecen estar bien justificados por estudios posteriores.

En general, estos datos indican la existencia de dos picos de violencia, casi al principio y al final de este último periodo de la República. La ola inicial de incidentes letales, que tuvo lugar en las primeras semanas posteriores a las elecciones, declinó tras la ilegalización de Falange a mediados de marzo, pero el volumen de incidentes comenzó a aumentar una vez más después de mediados de abril, alcanzando un segundo punto álgido alrededor del 25 de mayo y continuando hasta el colapso final, datos estos que refutan el argumento del historiador americano Gabriel Jackson según el cual, durante las últimas semanas previas a la Guerra Civil, se produjo un relativo declive de la violencia [19].

Los asesinatos se concentraron en varias ciudades importantes, encabezadas por Madrid, seguida de Barcelona, Sevilla y Málaga, aunque también existió un cierto grado de desorden en ciertas áreas de Castilla La Vieja, sobre todo en Logroño. Por el contrario, no existe correlación entre la incidencia de la violencia en 1936 y la insurrección revolucionaria de 1934. De los principales centros implicados en esta última, Asturias sólo registró un regular índice de incidentes violentos en 1936, mientras que el País Vasco estuvo entre las regiones más pacíficas. Las dos regiones que mostraron las mayores concentraciones de actividad campesina radical, Extremadura y Andalucía, presentaron la mayor incidencia de incendios provocados y destrucción e incautación de propiedades, pero sólo se registraron graves incidentes de violencia contra las personas en unas pocas ciudades como Sevilla, Málaga y Granada. Por otro lado, la concentración de violencia izquierdista en esos meses se corresponde en gran medida con la mayor incidencia de ejecuciones políticas en la zona republicana durante la Guerra Civil.

Cibrián ha formulado una teoría explicativa de la distribución regional de la violencia en 1936 que combina las tres variables de la fortaleza socialista, la polarización política y la radicalización política. La primera se mide en términos de votos al Partido Socialista en las elecciones de febrero; la polarización, añadiendo los votos combinados a todos los partidos claramente derechistas o izquierdistas y la radicalización por el número combinado de candidatos que comunistas y falangistas presentaron en un distrito dado. En general, las mediciones combinadas producidas por estos factores se corresponden, grosso modo, con los diferentes niveles regionales de violencia [20].

Juan Linz ha destacado que el total aproximado de 300 asesinatos políticos llevados a cabo en España en los primeros cinco meses y medio de 1936, contrasta de modo poco favorable con los 207 registrados en Italia durante los primeros cuatro meses y medio de 1921 [21], posiblemente el máximo punto de violencia en ese país. Dado que Italia contaba con una población casi un 50 por ciento superior, la tasa italiana de violencia fue sin duda menor.

En la tabla «Número total de asesinatos políticos» se presentan los totales provisionales de asesinatos políticos durante los cinco años de la República. En proporción, la violencia en España fue más grave que la ocurrida con anterioridad al colapso de la democracia en Italia, Alemania [22] y Austria [23], a excepción de los primeros meses de cuasi-guerra civil en la República de Weimar en 1918-1919 [24]. Los tajantes poderes ejercidos por los diversos gobiernos republicanos, la cuasimilitarización de la policía y, después de 1934, del sistema judicial y las políticas de gatillo flojo de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto resultaron, incluso en su conjunto, inadecuadas para controlar la situación, equivaliendo, como ha dicho el socialista Vidarte, a «palos de ciego».

Debe tenerse presente que la extensión de la violencia fue muy inferior durante los tres primeros años de la República, y que entonces no amenazó con desestabilizar el régimen. Sólo en 1934 se desarrolló la violencia realmente seria. La inclinación de los socialistas hacia la violencia y las tácticas insurreccionarias crearon en España una polarización mucho más grave que la que nunca se desarrolló en los otros tres países, donde los socialistas, e incluso los comunistas, siguieron tácticas más moderadas (aunque en el caso de los últimos sólo después de 1923). También difirió el carácter de la violencia en España, derivando en su mayor parte de una gran insurrección revolucionaria. La clase de Zusammenstösse (enfrentamientos entre grupos rivales) tan frecuente en Alemania e Italia, lo fue mucho menos en España, debido a la debilidad numérica de los fascistas españoles y a la reticencia de la derecha no fascista a embarcarse en acciones organizadas de violencia callejera. En palabras de Paul Preston, la violencia de la derecha se llevó a cabo más por «pistoleros aislados que por escuadrones de Camisas Negras fascistas o tropas de asalto» [25], y hasta cierto punto también esto se aplicó a la izquierda.

Pero la estrategia socialista en 1936 difería de la de 1934. Los cuatro intentos de insurrección revolucionaria protagonizados por anarquistas y socialistas entre 1932 y 1934 habían fracasado, y en ningún momento de 1936 hubo movimiento revolucionario alguno que planificase una inminente insurrección para hacerse con el poder. Dado el control izquierdista de las instituciones, esto no era prioritario y ninguno de los grandes movimientos se consideraba lo bastante fuerte como para intentar hacerse con el poder en aquel momento. Aunque todos los movimientos revolucionarios sin excepción previeron el último estadio de la lucha política como conducente a su propia dictadura revolucionaria, en cada caso se pospuso hasta una fase posterior.

La estrategia socialista en 1936 se basó en una «estrategia del desgaste» —un debilitamiento fundamental del poder capitalista y clerical mediante huelgas, violencia e incautaciones de propiedades—. Lo que estaba teniendo lugar en España no era la revolución, sino la prerrevolución. Además, los socialistas se encontraban divididos. Personalmente, Prieto hubiese preferido aliarse de forma directa con el gobierno y posponer o evitar la actividad prerrevolucionaria, pero no siempre pudo controlar a sus propios seguidores que en ocasiones se mostraron tan violentos y destructivos como los caballeristas. Aunque expresó su repugnancia y aprensión ante el hecho de que la temeraria estrategia de la izquierda fallase, como dijo, «por insensatos» o «por estupidez», fue incapaz de modificarla y una vez comenzado el mes de julio casi dejó de intentarlo. En ese momento, la política de la totalidad de la izquierda —incluido el gobierno— fue promover la confrontación definitiva aunque, como era habitual, existió un total desacuerdo acerca de cómo proceder.

Sólo los comunistas (y quizá el POUM) contaban con una clara política revolucionaria aunque, tácticamente, la estrategia comunista fue más moderada que la de otros grupos revolucionarios. La política del Frente Popular, adoptada por la Komintern, rechazó el programa previo de insurreccionismo revolucionario y asumió una variante de la «estrategia fascista» para hacerse con el poder —en nombre del «antifascismo»—. Mussolini y Hitler habían comprendido que sólo podrían alcanzar el poder por medios legales, con la ayuda de sus aliados, y la nueva estrategia comunista hizo hincapié en grandes coaliciones que fueran capaces de ganar las elecciones y entregar el poder, de forma legal, a la izquierda. Durante la primavera de 1936, el PCE siguió esta política de manera consecuente y también durante toda la Guerra Civil y fue más coherente que la estrategia de cualquier otro partido revolucionario. En consecuencia con esta política, los comunistas se mostraron más preocupados que cualquiera de los restantes partidos revolucionarios por evitar la guerra civil. Como se ha visto, su programa era nominalmente legalista pero apenas «moderado».

Aunque la última espiral de violencia en 1936 fue extrema, algunos otros estados han sufrido una violencia o un desorden casi igual al que tuvo lugar en aquellos meses, sin por ello derrumbarse. En los acontecimientos finales de la República resultó crucial el carácter de la política gubernamental. Desde 1931 a 1935, los diversos gobiernos republicanos adoptaron una vigorosa postura contra cualquier violencia máxima, ya proviniese de la izquierda o de la derecha pero, en 1936, los de Azaña y Casares Quiroga temieron adoptar medidas enérgicas contra todo tipo de violencia, porque su propia política seguía estando basada en la alianza con los revolucionarios. A este respecto, ni siquiera siguieron una política partidista con coherencia y de forma plena, ya que sus únicas medidas —sobre todo contra la derecha— fueron demasiado limitadas como para reprimir con efectividad ni a los activistas falangistas ni a los conspiradores militares. A su propia manera confusa y contradictoria, el gobierno pretendió preservar alguna apariencia de República democrática, pero se quedó sin una cosa y sin la otra.

El último y más intenso golpe fue el asesinato de Calvo Sotelo a manos de la policía estatal izquierdista e insubordinada, y de activistas socialistas. Este asesinato fue el equivalente funcional en España al asunto Matteotti en Italia en 1924, que dio como resultado una crisis que precipitó la instauración de la plena dictadura, mientras que aquél precipitó en último término la guerra civil. El que Matteotti fuera asesinado por los fascistas y Calvo Sotelo lo fuera por un socialista refleja las diferencias existentes entre los dos sistemas en cuanto a la fuente esencial de la violencia. Sin embargo, existieron otras diferencias igualmente importantes entre las situaciones italiana y española. En la primera, el gobierno fascista había alentado la violencia contra la oposición izquierdista, aunque es probable que no ordenase el asesinato de Matteotti, y sus propios seguidores le forzaron al final a asumir la responsabilidad del delito. En España, el Gobierno republicano de izquierda nunca alentó la violencia de forma directa, pero se negó a adoptar una postura efectiva contra ella, demostrando no estar dispuesto a arrestar y procesar a los responsables.

Se puede plantear la cuestión de por qué la violencia desempeñó durante la República un papel tan importante a la hora de minar el sistema cuando la elevada y continuada tasa de muertes debidas al terrorismo no tuvo tal efecto en la monarquía democrática posterior a 1975. Una respuesta es, simplemente, que el número proporcional de muertes por atentados después de 1975, aunque elevado, nunca alcanzó las cifras totales de los años republicanos. Tanta o más importancia tiene el rechazo del Gobierno republicano de izquierda a hacer un serio esfuerzo por reprimir los desórdenes por ambas partes, confiando al mismo tiempo en la principal fuente de violencia, los socialistas, para mantenerse en el poder. Los gobiernos posteriores a 1975 realizaron enérgicos esfuerzos por mantener los derechos civiles de toda la población y por reprimir y perseguir la violencia política fuera cual fuese su origen, sin excepciones, al tiempo que todos los partidos políticos principales —con la parcial salvedad de los nacionalistas vascos— repudiaron la violencia de forma terminante. Así, con la monarquía democrática, la violencia política, aunque extensiva, ha quedado confinada a pequeños grupos terroristas que actúan en secreto. Pese a que desde 1975 han tenido lugar unos 1.000 asesinatos políticos (la inmensa mayoría a manos del movimiento terrorista vasco, ETA), no pueden compararse con las más de 2.200 muertes ocurridas durante la República en poco más de cinco años, incluyendo una gran insurrección y la implicación de algunas de las principales fuerzas políticas.

El carácter y la extensión del colapso del orden público con el Gobierno republicano de izquierda de 1936 carecen de un precedente histórico de tales proporciones en la Europa occidental, y sólo la situación en Rusia en 1917, donde no existió ningún gobierno efectivo en absoluto, puede igualarlo (y de hecho, superarlo). La lista de ultrajes resulta asombrosa:

1. La gran ola de huelgas, muchas de ellas sin ningún objetivo económico práctico salvo pretender la dominación de la propiedad privada, a menudo acompañadas de violencia y destrucción de propiedades.

2. La incautación ilegal de propiedades, sobre todo en las provincias del sur, en ocasiones legalizadas a posteriori por un gobierno sometido a la presión de los movimientos revolucionarios. Tuñón de Lara ha calculado que, entre las incautaciones ilegales y la aceleración de la reforma agraria, casi un 5 por ciento de toda la propiedad agraria en España cambió de manos en cinco meses. Los efectos económicos fueron en gran parte destructivos, dado que no fomentaron la modernización y la productividad, sino la redistribución de la pobreza, sin capital o desarrollo tecnológico.

3. Una ola de incendios provocados y destrucción de propiedades, sobre todo en el sur.

4. La incautación de iglesias y propiedades eclesiásticas en el sur y el este, así como en otras zonas del país.

5. El cierre de colegios católicos, que provocó en España una crisis educativa así como la supresión de las actividades religiosas católicas en varias localidades, acompañado de la expulsión de sacerdotes.

6. Un importante declive económico, que nunca ha sido estudiado en detalle, con una seria caída de la bolsa, la fuga de capitales y, en algunas provincias del sur, el abandono de los cultivos, dado que los costes de recolección superarían con creces el valor de mercado de las cosechas. Así, varios alcaldes socialistas del sur propusieron la «pena de permanencia» para los propietarios en lugar de la de exilio.

7. La amplia extensión de la censura, con una grave limitación de las libertades de expresión y reunión.

8. Cientos —de hecho varios miles— de arrestos políticos arbitrarios de miembros de partidos derechistas, que culminaron con el secuestro de Calvo Sotelo.

9. La impunidad en la comisión de delitos para los miembros de los partidos frentepopulistas, que apenas sufrieron arrestos. En ocasiones se detuvo a anarquistas ya que no eran miembros del Frente Popular

10. La politización de la justicia mediante nuevas leyes y políticas, con el fin de facilitar los arrestos y procesos políticos arbitrarios e ilegalizar a los partidos derechistas. Pese a las cuatro insurrecciones violentas de los partidos izquierdistas contra la República —sin contrapartida entre los partidos derechistas— ninguno de ellos fue acusado de delito alguno, pues la justicia había pasado a estar politizada por completo, de acuerdo con el programa del Frente Popular.

11. La disolución oficial de los grupos derechistas, comenzando con los falangistas en marzo, los sindicatos católicos en mayo y la pretensión de actuar de igual forma respecto al monárquico Renovación Española en vísperas de la Guerra Civil. El proceso de ilegalización institucional se diseñó para crear las condiciones para el monopolio político de las organizaciones izquierdistas, que se alcanzó en primer lugar en las agrupaciones sindicales.

12. El uso de la coerción en las nuevas elecciones de mayo en Cuenca y Granada, con la detención arbitraria de activistas de derechas y la restricción de sus actividades.

13. La subversión de las fuerzas de seguridad gracias a la reincorporación de oficiales de policía revolucionarios, procesados con anterioridad por sus acciones violentas y subversivas. Uno de ellos estuvo al mando del escuadrón que asesinó a Calvo Sotelo. Igual de notorio fue el añadido de los denominados «delegados de policía», normalmente activistas de los partidos socialista y comunista, nombrados ad hoc como policías suplentes, aunque no fueran miembros regulares de las fuerzas de seguridad. Con ello se continuaba el precedente sentado por el gobierno de Hitler en 1933, cuando nombró Hilfspolizei a activistas violentos y subversivos de las SA y las SS.

14. El incremento de la violencia política, aunque su extensión fue muy desigual en las distintas zonas del país. Algunas provincias experimentaron una relativa calma, mientras que en otras existió una violencia generalizada, sobre todo en las ciudades más grandes. En cinco meses y medio murieron unas trescientas personas.

Edward E. Malefakis ha evaluado la situación en los siguientes términos:

En 1934, antes de la rebelión socialista, no se produjo cambio alguno en las instituciones fundamentales del gobierno, ni anulación en masa de la legislación de las Cortes Constituyentes. Por el contrario, en 1936, las innovaciones legislativas de los dos años anteriores se deshicieron de inmediato. Al mismo tiempo, las instituciones básicas de la República se vieron amenazadas conforme miles de corporaciones municipales fueron sustituidas por «comités ejecutivos», se expulsó al presidente de la República mediante triquiñuelas legales, un grupo que incluía a policías estatales fuera de servicio asesinó al político más destacado de la oposición, Calvo Sotelo, y los comunistas incorporaron leyes para ilegalizar a la mayoría de los partidos que se oponían al Frente Popular, basándose en que eran «fascistas». Y en lo que respecta a la inquietante situación personal comparativa de los millones de seguidores de la derecha y la izquierda, ¿quién puede decir que el terror psicológico experimentado por los primeros en la primavera de 1936 constituyó una causa menos legítima de rebelión que las dificultades económicas por las que atravesaron los últimos antes de octubre de 1934? [26]

¿Qué exigían los numerosos críticos del gobierno en 1936? Su petición básica fue simplemente aplicar la ley, hacer cumplir la Constitución republicana. En ese sentido, las exigencias de los millones de críticos en 1936 fueron más «republicanas» que la política de la izquierda, que se negó a prestar la menor atención. Sólo una pequeña minoría de la derecha radical pretendió derrocar al gobierno mediante la insurrección; por eso Mola tuvo tantas dificultades para organizar su conspiración. La derecha radical contaba con pocos miembros y, durante un tiempo, estuvo parcialmente aislada y, desde luego, el gobierno estaba interesado en que siguiera así. Al negarse a hacer cumplir la ley en términos de igualdad e intensificar su política de «acoso» de la derecha, llegó un momento en que muchos conservadores moderados estuvieron dispuestos a aliarse con la derecha radical. La política socialista de «desgaste» no erosionó tanto el capitalismo como empujó a una gran parte de las clases medias-bajas a los brazos de los insurrectos de derechas. Sólo mucho más tarde llegó Manuel Azaña a darse cuenta de que aquello a lo que se enfrentaba la izquierda no era una «militarada» restringida, respaldada por una minoría de terratenientes adinerados, sino a una reacción de la clase media mucho más amplia [27].

Dado que era imposible que la oposición lograse un gobierno honesto y un cumplimiento igualitario de la ley, le quedaron dos alternativas: la rebelión armada o la resignación cristiana ante la tiranía de la izquierda. Y puesto que la rebelión armada supondría una horrenda guerra civil y la mayor parte de la oposición era católica, unas enseñanzas morales serias hubiesen recomendado la resignación cristiana ante las exigencias de un gobierno arbitrario.

Si la derecha hubiese respondido de esta manera —lo que, resulta paradójico, parece haber sido la exigencia de los revolucionarios violentamente anticlericales— y no con la fuerza armada, ¿cuál hubiese sido el futuro de España? Las cuestiones no basadas en los hechos sólo pueden responderse mediante especulaciones. Si la derecha se hubiese sometido a la izquierda es probable que el gobierno hubiera devenido todavía más izquierdista y adoptado, eventualmente, algún tipo de régimen socialista como ocurrió durante la Guerra Civil. El resultado pudiera haber sido algo más parecido a un sistema latinoamericano que a una República Popular comunista, con una economía caótica que, no obstante, pudiera no haber sido peor que la experimentada por España entre 1936 y 1950, aunque mucho peor que la que el país disfrutó después de 1950. Tampoco la pérdida de libertad hubiera sido mucho mayor. Dadas las profundas diferencias existentes en el seno de la izquierda, el resultado de un régimen izquierdista puro podría haber sido un tipo diferente de guerra civil, una entre izquierdistas (como de hecho ocurrió en dos ocasiones, entre 1936 y 1939), aunque hubiese sido menos extrema y destructiva que la que tuvo lugar. Otra cuestión hubiese sido el destino de tal régimen en la Segunda Guerra Mundial, donde pudo haber sufrido una invasión por parte de la Alemania nazi, con unos efectos incalculables en el desarrollo de la gran guerra.

Una implosión prerrevolucionaria como la sufrida por España no tenía en absoluto precedentes en los países europeos en tiempo de paz. En algunas ocasiones se ha sugerido que la analogía más próxima se encuentra en el Chile de Salvador Allende entre 1970 y 1973, durante la segunda mitad del siglo XX el único país susceptible de compararse con la España de 1936. Sin embargo, tal comparación debe ser muy limitada.

El único parecido relevante entre España y Chile está relacionado con la búsqueda de un proceso revolucionario a través de canales legales o semilegales. Más allá de tal comparación, casi todo es diferente. En primer lugar, en el siglo XIX Chile había alcanzado una mayor estabilidad y era, junto con Costa Rica y Uruguay, uno de los tres países de habla española cuyos gobiernos parlamentarios disfrutaron de mayor continuidad. Salvador Allende no contó con una mayoría parlamentaria, a diferencia del Frente Popular español, pero no obstante pudo ejercer los plenos poderes gracias al carácter presidencial del gobierno chileno. Como socialista revolucionario con vínculos con la Unión Soviética y Cuba, Allende se situó mucho más a la izquierda que Azaña, y durante su presidencia alrededor del 35 por ciento de toda la tierra cultivable cambió de manos, se nacionalizó el 30 por ciento de la producción industrial y la mayor parte del sistema bancario quedó bajo el control del Estado. El Gobierno republicano de izquierda español rechazó el socialismo y sólo aspiró a una política radical en la revisada reforma agraria. A mediados de 1973, Chile sufría una inflación descontrolada y un profundo declive en su producción económica; su crisis económica era grave, mientras que en España, la crisis económica no había hecho sino comenzar y en julio de 1936 era mucho menos seria.

Con todo, en Chile las instituciones nacionales preservaron gran parte de su integridad. Tanto el Parlamento como el Poder Judicial siguieron siendo independientes y contrapuestos al Ejecutivo, mientras que el ejército mantenía una autonomía institucional mucho mayor que en España. En Chile, con anterioridad al golpe de Estado de 1973, la violencia política fue claramente menor y no tuvieron lugar elecciones coercitivas o fraudulentas como en España. En principio, la denegación de los derechos civiles se circunscribió a determinados derechos de propiedad, y las fuerzas gubernamentales no asesinaron a ningún líder de la oposición, ni existió persecución religiosa, desempeñando la Iglesia un papel moderador. Cualquier comparación entre las situaciones chilena y española debe ser limitada y, sin embargo, puede encontrarse un parecido en la extensión de la violencia contrarrevolucionaria. Un poco antes del golpe de Estado, cuando se envió a las tropas a sofocar una sublevación menor y se presentaron quejas por la muerte de unas 22 personas, el jefe del Estado Mayor, el general Pinochet, comentó que «cuando sale el ejército, es para matar» [28], y eso es lo que ocurrió en España. A veces, la contrarrevolución resulta más letal que la revolución.

Nunca ha existido un proceso revolucionario que no se haya enfrentado a la resistencia contrarrevolucionaria, aunque en ocasiones ésta haya fracasado. Uno de los peores problemas en tales situaciones es que, como ha señalado Joseph De Maistre, una contrarrevolución no es lo opuesto a una revolución, sino que, a menudo, se convierte en una especie de revolución contrapuesta. Clausewitz se refirió a lo que denominó el efecto de la Wechselwirkung, de la acción recíproca y de la recíproca transformación de la radicalización en los grandes conflictos. Tal fue el caso del movimiento franquista durante la Guerra Civil que pronto se desplazó mucho más allá de los, en principio, limitados objetivos políticos de la conspiración originaria de Mola, para abrazar una «revolución nacional» radical y semifascista. Estas antítesis dialécticas no son infrecuentes en la Historia, pero España experimentó un doble riesgo. Antes de julio de 1936, la izquierda destruyó gran parte de la democracia pero, a su vez, la contrarrevolución creó un radicalismo de oposición en extremo violento, al menos en sus primeros años, y mantuvo un gobierno autoritario durante casi cuatro décadas. El precio del proceso revolucionario fue sin duda elevado.

NOTAS CAPÍTULO 1

EL PROYECTO REPUBLICANO

[1] Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX, Fundación Banco Exterior, Madrid, 1989, p. 79.

[2] Para otros aspectos de la modernización de la vida española, véase A. Aguado y M. D. Ramos, La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana, Síntesis, Madrid, 2002.

[3] N. Townson, The Crisis of Democracy in Spain: Centrist Politics under the Second Republic, 1931-1936, Sussex Academic, Brighton-Portland, 2000, p. 349.

[4] J. M. Macarro Vera, La utopía revolucionaría: Sevilla en la Segunda República, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Sevilla, 1985, p. 479.

[5] R. Ramos, Luso-Brazilian Review, 38:2, Invierno 2001, p. 144.

[6] A su propio juicio «me extravía mi formación de artista y mi sensibilidad por lo histórico; y temo que he transportado la acción política al ángulo inmensurable de los valores estéticos. Entre mi pensamiento y, mas exactamente, mi actitud, mi disposición de ánimo y la realidad de mi país hay una distancia que no se llena con toda mi popularidad ni mi autoridad personal, comprobadas cotidianamente. Otras veces, la repulsión es tanta que siento náuseas e impulsos de fuga». M. Azaña, Diarios 1932-1933. Los cuadernos robados, Editorial Crítica, Barcelona, 1997, p. 116.

[7] Se ha escrito más literatura histórica acerca de Azaña que sobre cualquiera de las otras dos o tres figuras de la izquierda juntas, aunque nunca se ha realizado una biografía académica seria y crítica (un género todavía poco habitual en España). Las primeras biografías fueron la de F. Sedwick (The Tragedy of Manuel Azaña and the Fate of the Spanish Republic, Ohio State Umversity Press, Columbus OH, 1963) y la de E. Aguado (Don Manuel Azaña, Grupo Axel Springer, S.L., Barcelona, 1972), pero la obra política más completa es la de S. Juliá (Manuel Azaña: Una biografía política, Alianza Editorial, Madrid, 1990), aunque su exposición finaliza bruscamente en la primavera de 1936. Retrato de un desconocido (Grijalbo, Barcelona, 1981), es un afectuoso retrato escrito por su cuñado y mejor amigo, C. de Rivas Cherif, y la mejor fuente de detalles íntimos. Para una buena aproximación a sus primeros años, véase J. M. Marco, La inteligencia republicana: Manuel Azaña 1887-1930 (Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1988), mientras que J. Montero, en El drama de la verdad en Manuel Azaña (Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979), se ocupa de su vida intelectual, y M. Muela, en Azaña estadista (Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1983), de sus objetivos y proyectos políticos. También resultan importantes el prólogo de Juan Marichal a los cuatro volúmenes de las Obras completas de Azaña (Ciudad de México, 1965-1968) y el libro del propio Marichal, La vocación de Manuel Azaña (Madrid, 1968). La colección Azaña (Madrid, 1980) y el de J. Carabias Los que le llamábamos Don Manuel (Madrid, 1980) son obras escritas por sus admiradores, aunque, en ocasiones, no exentas de crítica. Las mejores y más recientes obras son las de L. Arias (Azaña o el sueño de la razón, Nerea, Madrid, 1990), J. M. Marco (Azaña, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990), J. Ferrer Solá (Azaña: una pasión intelectual, Anthropos, Barcelona, 1991), Peña González (Manuel Azaña: el hombre, el intelectual, el político, Fundación Colegio del Rey, Madrid, 1991), A. Egido León (Manuel Azaña: entre el mito y la leyenda, Consejería de Educación y Cultura de Castilla y León, Valladolid, 1998) y la del Ministerio de Justicia, Azaña jurista (Madrid, 1990).

[8] M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona, 1968, pp. 223-25.

[9] Ídem, p. 230.

[10] Véase R. Rémond, L'anticlericalisme en France. De 1815 à nos jours, Bruselas, 1985.

[11] Existe una creciente producción literaria acerca del anticlericalismo español en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Para una visión de conjunto, véase E. La Parra López y M. Suárez Cortina, eds., El anticlericalismo español contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1988. Ese mismo fenómeno se da también a nivel regional, tal y como ejemplifica el lúcido estudio de M. P. Salomón Chéliz, Anticlericalismo en Aragón: Protesta popular y movilización política (1890-1939), Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2002. El más reciente, y en muchos sentidos el mejor de los estudios acerca de la política anticlerical durante la Segunda República es el de M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia: Política y religión en la Segunda República Española (1931-1936), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002.

[12] Acerca de los orígenes de la violencia anarquista, véase R. Núñez Florencio, El terrorismo anarquista (1888-1909), Siglo XXI, Madrid, 1983; y, de forma más extensa, E. González Calleja, El máuser y el sufragio: Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1999; J. Aróstegui, ed., Violencia política en España, Marcial Pons, Madrid, 1994; J. Romero Maura, La romana del diablo: Ensayos sobre la violencia política en España (1900-1950), Marcial Pons, Madrid, 2000; y La militarización de la política durante la II República, Historia Contemporánea, 11, 1994.

[13] Las citas de comentarios formulados en las Cortes se han tomado del Diario de Sesiones de la fecha indicada, salvo que se indique otra cosa, y no se volverá a hacer referencia al mismo.

[14] El más amplio estudio sobre la CEDA es el de J. R. Montero, La CEDA, 2 vols., Edic. de la Revista de Trabajo, Madrid, 1977. R. A. H. Robinson ha presentado la evaluación académica más positiva de la CEDA en The Origins of Franco's Spain, Londres, 1970; y Paul Presten el juicio más acertado en The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978. Véase también J. Tusell, La historia de la democracia cristiana en España. Los antecedentes. La CEDA y la II República, Edicusa, Madrid, 1974.

NOTAS CAPÍTULO 2

EL PUNTO DE INFLEXIÓN DE LA REPÚBLICA: 1933

[1] J. J. Linz, M. Jerez y S. Corzo, «Ministers and Regimes in Spain: From the First to the Second Restoration, 1874-2002», en Who governs Southern Europe? Regime Change and Ministerial Recruitment, 1850-2000, 7:2, Eds. Pedro Tavares de Almeida, António Costa Pinto, Nancy Bermeo, 2003, p. 62.

[2] El mejor análisis de la posición de Azaña en junio de 1933 puede encontrarse en S. Juliá, Manuel Azaña, una biografía política. Del Ateneo al Palacio Nacional, Alianza, Madrid, 1990, pp. 263-270.

[3] XIII Congreso del PSOE, Madrid, 1932, pp. 561-562.

[4] El Socialista, 13 de octubre de 1932, citado en M. Contreras, El PSOE en la II República: organización e ideología, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981, p. 245.

[5] Según J. Avilés Parré (La izquierda burguesa en la II República, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, p. 187), un total de 22.670 de los aproximadamente 35.000 acuerdos negociados por los jurados mixtos en 1933 resultaron favorables para los trabajadores. Subsistía la significativa minoría ganada por los empresarios y los efectos del aumento del desempleo.

[6] Cifras citadas en P. Moa, Los orígenes de la guerra civil española, Encuentro, Madrid, 1999, p. 164.

[7] Véase el detallado estudio de S. Juliá, Madrid 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Siglo XXI, Madrid, 1984; y su resumen Economic crisis, social conflict and the Popular Front: Madrid 1931-1936, en P. Preston, ed., Revolution and War in Spain 1931-1939, Methuen, Londres, 1984, pp. 137-158.

[8] El Socialista, 25 de julio de 1933.

[9] Ídem, 4 de julio de 1933.

[10] Cita en Preston, Coming of the Spanish Civil War, p. 78.

[11] El Socialista, 16 de agosto de 1933. Los principales discursos de Largo durante esta fase se recogen en sus Discursos a los trabajadores, Madrid, 1934.

[12] A. de Blas Guerrero présenta un panorama sucinto del proceso de radicalización en el seno del socialismo español en El socialismo radical en la II República, Tucar, Madrid, 1978. El principal autor soviético es S. P. Pozharskaya, Taktika Ispanskoi Sotsialisticheskoi Rabochei Partii v pervye gody burzhuanodemokratischeskoi revoliutsii (1931-1933 gg.), Institut Istorii Akademiya Nauk SSSR, Iz istorii osvoboditelnoi borby ispanskogo naroda, Moscú, 1959, pp. 263-307.

[13] Véase la argumentación a este respecto presentada por Nigel Townson: «¿Qué hubiera pasado si los partidos republicanos se hubieran presentado unidos en las elecciones de 1933?» En N. Townson, dir., Historia virtual de España (1870-2004): ¿Qué hubiera pasado sí...?, Taurus, Madrid, 2004, pp. 139-173.

[14] A. Alcalá Galve, Alcalá Zamora y la agonía de la República, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2002, p. 247.

[15] M. Azaña, Obras completas, México DF, 1967, 3, p. 464.

[16] Véase la obra de F. Martínez Roda, Valencia y las valencias: su historia contemporánea (1800-1975), Fundación Universitaria San Pablo, Madrid, 1998, pp. 415-416.

[17] El único buen estudio es el de W. J. Irwin, The 1933 Cortes Elections, Garland Publishing, Nueva York, 1991.

[18] J. J. Linz, «Continuidad y discontinuidad en la élite política española», en Estudios de Ciencia Política y Sociología: homenaje al profesor Carlos Ollero, Madrid, 1972, pp. 362-394.

[19] Véase J. M. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2000, p. 303.

[20] N. Alcalá Zamora, Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 258-259.

[21] D. Martínez Barrio, en Memorias (Planeta, Barcelona, 1983, pp. 212-213), recoge el texto de la carta. Compárese con Alcalá Zamora (Memorias, p. 260) y C. Seco Serrano («De la democracia a la Guerra Civil», Historia general de España y América, Rialp, Madrid, 1986, 17, pp. xxii-xxiii. Santos Juliá en su obra Manuel Azaña racionaliza la subversiva política de su héroe argumentando que Azaña eslaba dispuesto a prescindir de la Constitución para salvar la «democracia», presentando una extraña definición de esta última.

[22] N. Alcalá Zamora, Memorias, p. 260-261.

[23] Zaragoza era la sede nacional de la FAI. Véase G. Kelsey, «Anarchism in Aragón during the Second Republic: The Emergence of a Mass Movement», en M. Blinkhorn, Spain in Conflict 1931-1939, Sage Publications, Londres, 1986, pp. 60-82; E. Montañés, Anarcosindicalismo y cambio político: Zaragoza 1930-1936, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1989; y, más ampliamente, J. Casanova, De la calle al frente: el anarcosindicalismo en España (1931-1939), Editorial Crítica, Barcelona, 1997.

[24] Algunas sinopsis de estos acontecimientos se pueden encontrar en J. Brademas, Anarco-sindicalismo y revolución en España, Madrid, 1974; R. W. Kern, Red Years, Black Years, Philadelphia, 1978, pp. 123-125; y J. Arrarás, ed., Historia de la Segunda República española, Madrid, 1956-1963, 2, pp. 250-256.

[25] Existe un listado completo de todos los periodos de excepción constitucional durante la República en J. J. Linz, J. R. Montero y A. M. Ruiz, Elecciones y política (en prensa), cuadro A.51.

[26] Sobre todo, ésta era la pretensión de Luis Lucia y de la mayor parte de la Derecha Regional Valenciana, componente clave de la CEDA. Véase V. Comes Iglesia, En el filo de la navaja: Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943), Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2002. Ángel Herrera, director de El Debate, principal periódico católico español y uno de los mejores del país, también ambicionaba un movimiento democrático semejanle al alemán Partido de Centro Católico, pero se vio frustrado por las inclinaciones más derechistas de la mayor parte de la CEDA. J. M. García Escudero, Conversaciones sobre Ángel Herrera, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1986; y De periodista a cardenal: Vida de Ángel Herrera, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1998.

[27] J. Pabón, Palabras en la oposición, Sevilla, 1935, p. 196.

[28] Existen dos buenos estudios sobre los radicales: N. Townson, The Crisis of Democracy in Spain: Centrist Politics under the Second Republíc 1931-1936, Brighton-Portland, 2000, del que hay traducción al español; y O. Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, Tebas, Madrid, 1976. Véase también A. de Blas Guerrero, «El Partido Radical en la política española de la Segunda República», Revista de Estudios Políticos, 31-32, enero-abril, 1983, pp. 137-164.

[29] Véase M. Cuber, Melquíades Álvarez, Madrid, 1935; la obra del mismo nombre de M. García Venero, Madrid, Alhambra, 1974; y la tesis doctoral de E. E. Gingold, Melquíades Álvarez and the Reformist Party, 1901-1936, University of Wisconsin, 1973.

[30] Como observa Preston en Coming of the Spanish Civil War, p. 107.

[31] Acerca del Partido Radical en Valencia, véase S. Lynam, «Moderate Conservatism and the Second Republic: The Case of Valencia», en Blinkhorn, Spain in Conflict, pp. 133-159; y L. Aguiló Lucia, «El sistema de partidos en el País Valenciano durante la Segunda República», en M. Tuñón de Lara, La crisis del Estado español, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1978, pp. 505-516.

[32] El estudio más completo es el de I. Saz, Mussolini contra la II República, Alfons el Magnànim, Valencia, 1986, pp. 66-85. Para las memorias de uno de los participantes, véase A. de Lizarra Iribarren, Memorias de la conspiración, Dyrsa, Pamplona, 1969, pp. 34-36.

[33] J. F. Coverdale, Italian Intervention in the Spanish Civil War, Princeton, 1975, p. 64 (hay trad. esp.: La intervención fascista en la Guerra Civil española, Alianza Editorial, Madrid, 1979).

[34] El más notable es el del canónigo Aniceto de Castro Albarrán, El derecho a la rebeldía, Madrid, 1934; mientras que E. Vegas Latapié, Catolicismo y República, Madrid, 1934, incluía un apéndice sobre la «Insurrección», que pretendía legitimar el concepto.

[35] Alcalá Zamora presentó su versión de esta crisis en sus Memorias, pp. 271-274; y la de Lerroux se recoge en su obra La pequeña historia, Afrodisio Aguado, Madrid, 1963, pp. 248-252.

NOTAS CAPÍTULO 3

LA INSURRECCIÓN REVOLUCIONARIA DE 1934

[1] Uno de los mejores análisis puede encontrarse en J. M. Macarro Vera, «Causas de la radicalización socialista en la II República» (Revista de Historia Contemporánea, 1, diciembre de 1982); y J. Merino (Los socialistas rompen las urnas: 1933, Barcelona, 1986) añade detalles.

[2] S. Juliá en N. Townson, ed., El republicanismo en España (1830-1977), Alianza Editorial, Madrid, 1994, p. 181.

[3] S. Juliá, Historia del socialismo español (1931-1939), vol. 3, en M. Tuñón de Lara, ed., Historia del socialismo español, Barcelona, 1989, p. 79.

[4] Boletín del Ministerio de Trabajo, enero de 1935, en P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978, p. 219.

[5] Según Preston. Ídem, p. 100.

[6] Cita en Juliá, Historia, cit., p. 85.

[7] Citado en P. Moa, Los orígenes de la Guerra Civil Española, Encuentro, Madrid, 1999, p. 220. No obstante, este discurso no fue publicado en El Socialista.

[8] El texto de ambos proyectos puede encontrarse en D. Ibárruri y otros, Guerra y revolución en España, Progreso, Moscú, 1967, 1, pp. 52-57; mientras que el del partido aparece en S. Juliá, Historia, cit., pp. 347-349.

[9] Amaro del Rosal ha publicado una gran parte de la discusión mantenida a éste y otros niveles de liderazgo de la UGT durante los dos meses anteriores en su libro 1934: Movimiento revolucionario de octubre, Akal, Madrid, 1983, pp. 34-204.

[10] Respecto a la agrupación de Madrid, véase A. Pastor Ugeña, La Agrupación Socialista Madrileña durante la Segunda República, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1985 (2 vols.).

[11] Del texto de las instrucciones para la insurrección en S. Juliá, ed., Largo Caballero: Escritos de la República, citado en Moa, Los orígenes, pp. 404-414.

[12] Cita en ídem, p. 271.

[13] Véanse las observaciones de S. Juliá, Historia, cit., pp. 101-106.

[14] Acerca de este grupo, A. Balcells, Ideari de Rafael Campalans, Pórtic, Barcelona, 1973.

[15] Según Maurín, el BOC, que en 1931 contaba con tres mil miembros, había aumentado hasta los cinco mil en 1934 aunque la afiliación fuera de Cataluña sólo era notable en Valencia y Castellón. (Respuesta a una encuesta, 24 de febrero de 1968.) No existe ningún estudio completo y adecuado acerca de Maurín, siendo el mejor el de Y. Riottot, Joaquín Maurín de l'anarcho-syndicalisme au communisme (1919-1936), París, 1997. Véase también A. Monreal, El pensamiento político de Joaquín Maurín, Península, Barcelona, 1984; M. Sánchez, Maurín, gran enigma de la guerra y otros recuerdos, Edicusa, Madrid, 1976; y V. Alba, Dos revolucionarios Andreu Nin/Joaquín Maurín, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975. La historia del BOC se ha estudiado en A. C. Durgan, BOC 1930-1936. El Bloque Obrero y Campesino, Laertes, Barcelona, 1996. Un buen análisis de las maniobras ideológicas implicadas puede encontrarse en P. Heywood, «The Development of Marxist Theory in Spain and the Frente Popular», en M. S. Alexander y H. Graham, eds., The French and Spanish Popular Fronts, Cambridge, 1989, pp. 116-130. Respecto al Partido Socialista en Barcelona durante la República, véase A. Balcells, «El socialismo en Cataluña durante la Segunda República (1931-1936)», en Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX-XX, Madrid, 1973, pp. 177-213.

[16] A. Shubert, The Road to Revolution in Spain, Urbana-Chicago, 1987, pp 141-162; Juliá, Historia, cit., pp 115-116.

[17] Véase J. M. Macarro Vera, «Octubre, un error de cálculo y perspectiva», en G. Ojeda, ed., Octubre 1934, Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 269-282.

[18] R. Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, Sáez Hermanos, Madrid, 1935, pp. 75-77, 122-128.

[19] Preston, Coming of the Spanish Civil War, pp. 114-115, y E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, pp. 317-342. G. A. Collier, Socialists of Rural Andalusia. Unacknowledged Revolutionaries of the Second Republic, Stanford, 1987, presenta un estudio antropológico de una pequeña ciudad con miles de agricultores en la sierra norte de la provincia de Huelva. Allí, los socialistas ganaron las elecciones municipales en abril de 1933 y gobernaron el distrito hasta octubre de 1934. Parecían mostrar poco interés por la colectivización y el socialismo en sí mismo y, por el contrario, pretendieron establecer cambios radicales en las relaciones laborales. Estaban inflamados por la revolución de las aspiraciones crecientes y enormemente estimulados por su aparente éxito.

[20] Malefakis, Agrarian Reform, p. 337.

[21] Los mejores informes acerca de la huelga se encuentran en ídem, pp. 338-342, y en M. Tuñón de Lara, Tres claves de la Segunda República, Alianza, Madrid, 1985, pp. 130-153.

[22] En una sección especial de Historia Contemporánea II, 1994, pp. 13-179, y bajo ese título, aparecen artículos que tratan del papel de las milicias políticas y la violencia en seis organizaciones.

[23] Véase C. M. Winston, Workers and the Right in Spain, 1900-1936, Princeton, 1985, pp. 290-292.

[24] A. Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936, Instituto Católico de Estudios Sociales, Barcelona, 1974, p 20.

[25] Véase mi obra Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español: historia de la Falange y del Movimiento Nacional (1923-1977), Planeta, Barcelona, 1997, pp. 189-202; y en inglés Fascism in Spain 1923-1977, Madison, 1999, pp. 102-114, y las tablas bien preparadas, sumamente detalladas pero en cierta manera incompletas que aparecen en F. de A. de la Vega Gonzalo, Aniquilar la Falange. Cronología persecutoria del Nacional sindicalismo, Tarfe, Oviedo, 2001, pp. 35-48.

[26] ABC, Madrid, 13 de febrero, 1934. Como más tarde señaló el ex dirigente de la milicia socialista (más tarde comunista) Manuel Tagüeña, quien contribuyó a organizar algunos de estos ataques contra los falangistas: «Hubo algunas represalias, pero los falangistas llevaron, al principio, la peor parte». Testimonio de dos guerras, Oasis, Ciudad de México, 1973, pp. 53-54.

[27] I. Prieto, Discursos en América con el pensamiento puesto en España, Federación de Juventudes Socialistas de España, México DF, 1944, p. 106. O, como Largo Caballero comentó más tarde a propósito de las Juventudes Socialistas: «Hacían lo que les daba la gana». Mis recuerdos: cartas a un amigo, Alianza, México DF, 1950, p. 141.

[28] Preston, Coming of the Spanish Civil War, p 117.

[29] Boletín de la UGT, agosto, 1934, en ídem, p. 118.

[30] La disidencia dentro del catalanismo de izquierda se ha tratado en la tesis doctoral de E. Ucelay da Cal, Estat Català, Universidad de Columbia, 1979, pp. 495-594; y en M. D. Ivern i Salvá, Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936), Abadía de Montserrat, Barcelona, 1988, 1, pp. 265-428.

[31] Véase la larga cita de Dencàs en J. Miravitlles, Crítica del 6 d'octubre, Acer, Barcelona, 1935, p. 117.

[32] La primera biografía fue escrita por A. Ossorio y Gallardo, Vida y sacrificio de Companys, Buenos Aires, 1943; pero es más completa la obra de J. M. Poblet, Vida i mort de Lluis Companys, Portic, Barcelona, 1976.

[33] El estudio básico es el de A. Balcells, El problema agrari a Catalunya (1890-1936). La qüestió rabassaire, La Llar del Llibre, Barcelona, 1968.

[34] El caso fue presentado en nombre de la Generalitat por Amadeu Hurtado, como recoge en sus memorias Quaranta anys d'advocat, Ariel, Barcelona, 1967, 2, pp. 256-298. Para aspectos técnicos, véase A. Lubac, Le Tribunal Espagnol des Garanties Constitutionelles, Montpellier, 1936.

[35] Obras completas, México DF, 1965-1968, 2, pp. 977-982.

[36] Cita en J. Pabón, Cambó, Barcelona, 1969, 2, segunda parte, pp. 356-358.

[37] Durante el año anterior, Dencàs había ocupado el cargo de consejero de sanidad y asistencia social de forma bastante efectiva, y se hizo merecedor de reconocimiento por los logros del gobierno en materia de servicios sanitarios. Sus Escamots hicieron su primera aparición, vestidos con sus camisas verdes, en un desfile multitudinario que tuvo lugar en el estadio de Montjuich en octubre de 1933. Mientras sus oponentes hablaban de «fascismo catalán», los Escamots algunas veces se refirieron a sí mismos como un «ejército de liberación catalán». J. M. Morreres Boix, «El enigma de Josep Dencàs», en Historia Nueva, 21, octubre, 1978, pp. 94-104.

[38] Cita en J. Arrarás, ed., Historia de la Segunda República española, Editora Nacional, Madrid, 1956-1963, 2, pp. 395-396.

[39] N. Alcalá Zamora, Discursos, Tecnos, Madrid, 1979, pp. 638-645.

[40] N. Alcalá Zamora, Memorias, pp. 279-284.

[41] P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, p. 127.

[42] Cita en A. de Blas, El socialismo radical en la II República, Tucar, Madrid, 1978, p. 118.

[43] L. Shevtsova, Putin's Russia, Washington DC, 2003.

[44] J. Aviles Parré, La izquierda burguesa en la II República, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pp. 232-236. El desplazamiento hacia la izquierda de Izquierda Republicana puede compararse con el Nuevo Movimiento Radical surgido en el Partido Radical francés entre 1926 y 1932. La diferencia estriba, por supuesto, en que los radicales franceses eran un grupo más fuerte y con mayor base y, a largo plazo, no fueron conquistados por el nuevo izquierdismo. Véase M. Schlesinger, «The Development of the Radical Party in the Third Republic: The New Radical Movement, 1926-1932», Journal of Modern History 46:3, septiembre, 1974, pp. 476-501.

[45] Avilés Farré, Izquierda burguesa, pp. 243-244.

[46] Acerca de este cisma, véase ídem, pp. 239-240 y, especialmente, N. Townson, The Crisis of Democracy in Spain. Centrist Politics under the Second Republic 1931-1936, Brighton-Portland, 2000, pp. 227-241.

[47] O eso es lo que Martínez Barrio contó después a Azaña durante la Guerra Civil. Azaña, Obras Completas, 4, pp. 717-718.

[48] Cfr. S. Juliá, Manuel Azaña, una biografía política, Alianza. Editorial, Madrid, 1990, p. 331.

[49] El Socialista, 3 de julio de 1935, citado en M. Azaña, Mi rebelión en Barcelona, Espasa-Calpe, Madrid, 1935, p. 35.

[50] J. Pérez Salas, Guerra en España, Ciudad de México, 1947, pp. 67-68. Pío Moa, Orígenes de la guerra civil española, pp. 335-336, llama la atención sobre esta cuestión.

[51] F. Largo Caballero, Escritos de la República, Pablo Iglesias, Madrid, 1985, pp. 111-116.

[52] D. Martínez Barrio, Memorias, Planeta, Barcelona, 1983, pp. 331-332.

[53] Alcalá Zamora, Memorias, pp. 277-278.

[54] Juliá, Manuel Azaña, cit., p. 338; Largo Caballero, Escritos, p. 116.

[55] Arrarás, Segunda República, cit., 2, p. 410.

[56] Años más tarde, Prieto dio su versión de este hecho en «Mi escapatoria de 1934», El Socialista, Toulouse, 5 de julio de 1951. Su inconsistencia como líder socialista ha sido denunciada por Víctor Alva en Los sepultureros de la República, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 105-195. La reconstrucción más completa del incidente de La Turquesa se encuentra en P. I. Taibo II, Asturias 1934, Júcar, Madrid, 1984,1, pp. 81-96.

[57] El Sol, 18 de septiembre de 1934.

[58] Para un breve estudio de los primeros años del PCE, véase mi Unión Soviética, comunismo y revolución en España (1931-1939), Plaza & Janés, Barcelona, 2003, pp. 9-56, que contiene referencias a la bibliografía pertinente.

[59] R. Cruz, El Partido Comunista de España en la Segunda República, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pp. 184-186.

[60] N. Greene, Crisis and Decline: The French Socialist Party in the Popular Front Era, Ithaca, 1969, pp. 4-39.

[61] Véase R. Cruz, El arte que inflama: La creación de una literatura bolchevique en España, 1931-1936, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999; y A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España 1919-1939, Planeta, Barcelona, 1999, pp. 193-206.

[62] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 60-61.

[63] Cruz, El Partido Comunista, pp. 188-189.

[64] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, pp. 215-216.

[65] Ídem, pp. 216-220; Cruz, El Partido Comunista, pp. 193-194.

[66] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, Planeta, Barcelona, 1968, p. 161; Salazar Alonso, Bajo el signo, pp. 319-320.

[67] Entrevistas con Eloy Vaquero en Nueva York, mayo-junio de 1958.

[68] Azaña, Obras completas, 2, pp. 983-998.

[69] Alcalá Zamora, Memorias, pp. 286-287.

[70] P. Moa, Los orígenes de la guerra civil española, Encuentro, Madrid, 1999, p. 288. Según el informe oficial de la Dirección General de Seguridad, el número total de armas confiscadas por las autoridades tras el sofocamiento de la insurrección ascendió a 90.000 fusiles y 30.000 pistolas, aunque algunas de estas armas podrían haberse contado por duplicado. Ídem, p. 287. Cualquiera que fuese el número exacto, la mayoría se habían adquirido con anterioridad a la propia insurrección, dado que en la fábrica de armas de Oviedo sólo se obtuvieron unas 21.000.

[71] En El Liberal de Prieto, Bilbao, 23 de enero de 1936.

[72] A. Lerroux, La pequeña historia, Afrodisio Aguado, Madrid, 1963, p. 302.

[73] Se pueden encontrar breves informes en E. López y otros, Diego Hidalgo, Alianza Editorial, Madrid, 1986; y C. Muñoz Tinoco, Diego Hidalgo, Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial, Badajoz, 1986. Hidalgo publicó una breve memoria de su experiencia como ministro de la Guerra, ¿Por qué fui lanzado desde el Ministerio de la Guerra?, Espasa-Calpe, Madrid, 1935.

[74] J. Pérez Salas, Guerra en España, México DF, 1947, pp. 67-68; Moa, Los orígenes, pp. 335-336.

[75] El texto original, en catalán, puede encontrarse en L. Aymamí i Baudina, El 6 d'octubre tal com jo l'he vist, Atena, Barcelona, 1935, pp. 249-251.

[76] Existen numerosos informes contemporáneos acerca de la tragicomedia de Barcelona: L. Aymamí i Baudina, El 6 d'octubre tal com jo l'he vist; E. de Angulo, Diez horas de Estat Català, Madrid, 1935; F. Gómez Hidalgo, Cataluña-Companys, Madrid, 1935; A. Estivill, 6 d'octubre: L'ensulsiada dels jacobins, L'Hora, Barcelona, 1935; J. Miravitlles, Crítica del 6 d'octubre, Acer, Barcelona, 1935; y más recientemente, M. Cruells, El 6 d'octubre a Catalunya, Portic, Barcelona, 1970; y J. Tarín-Iglesias, La rebelión de la Generalidad, Plaza & Janes, Barcelona, 1988.

[77] S. Campos i Terré, El 6 d'octubre a les comarques, Barcelona, 1935, Tortosa, 1987 (reimpresión). Durante las siguientes semanas, también se produjeron algunos desórdenes aislados en el campo catalán. Véase también R. Vinyes i Ribes, La Catalunya internacional: El frontpopulisme en l'exemple català, Curial, Barcelona, 1983, pp. 98-120.

[78] Los recuerdos de Azaña se recogen en su obra Mi rebelión en Barcelona, Espasa-Calpe, Madrid, 1935, reimpreso en el volumen III de sus Obras completas. Señala que los líderes catalanistas le dijeron que una revuelta sólo sería utilizada como simple objeto de regateo, pp. 74-76, lo que parece creíble. El aspecto de pronunciamiento decimonónico de todo este acontecimiento resulta doblemente irónico en el caso de Azaña. Nunca aprobaría la violencia revolucionaria en sí misma, pero obviamente, deseaba el éxito del pronunciamiento ilegal, lo que indica que algunos de sus instintos políticos no eran muy diferentes a los de los tradicionales militares españoles hacia los que mostraba tan arrogante desdén.

[79] Cfr. J. D. Carrión Íñiguez, La insurrección de 1934 en la provincia de Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1990.

[80] El mejor tratamiento breve de la sublevación en las provincias vascas se encuentra en J. P. Fusi, «Nacionalismo y revolución: Octubre de 1934 en el País Vasco», en G. Jackson y otros, Octubre 1934, pp. 177-196.

[81] Cfr. L. Paramio, «Revolución y conciencia preindustrial en octubre del 34», en Jackson y otros, Octubre 1934, pp. 301-315.

[82] Los antecedentes asturianos se explican en Adrian Shubert, The Road to Revolution in Spain: The Coal Miners of Asturias 1860-1934, Urbana-Chicago, 1987, traducida al español (Hacia la revolución: orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934, Crítica, Barcelona, 1994). Concluye que la minería no produce por sí misma unos obreros más unidos o radicales que otros sectores industriales. Shubert, por el contrario, hace hincapié en el contexto histórico y económico de Asturias. El carbón asturiano, aunque relativamente abundante, es de baja calidad y la industria nunca contó con capital adecuado ni fue eficiente para alcanzar una gran productividad. Tanto la Dictadura como la República intentaron poner remedio a este problema y fracasaron, porque la única solución real era el desarrollo o la diversificación, virtualmente imposibles durante la depresión. Acerca de la CNT en la región, véase A. Barrio Alonso, Anarquismo y anarcosindicalismo en Asturias (1890-1936), Siglo XXI, Madrid, 1988.

[83] La izquierda fue muy crítica por el empleo de tropas marroquíes y tropas de élite de la Legión venidas del Protectorado, pero Azaña ya había llamado al Tercio y a los Regulares en 1932, para enfrentarse a los anarquistas. Los marroquíes no tuvieron el monopolio de las atrocidades y no se les debe hacer responsables de las ejecuciones sumarias que tuvieron lugar.

[84] Acerca del papel de los comunistas en Asturias, véase M. Grossi, La insurrección de Asturias, Júcar, Madrid, 1978, pp. 86-98; y J. Canel (seudónimo), Octubre rojo en Asturias, Agencia General de Librería y Artes Gráficas, Madrid, 1935, pp. 153-154.

[85] Según señala Yagüe y cita Arrarás, ed., en Historia de la Cruzada española, 7, p. 259.

[86] Algunas de las estimaciones más precisas se encuentran en A. de Llano Roza de Ampudia, Pequeños anales de quince días, Oviedo, 1935, el mejor de los informes contemporáneos; y también en B. Díaz Nosty, La comuna asturiana, Zeta, Madrid, 1972, p. 503.

[87] Un informe del gobierno fechado el 30 de octubre de 1934 citaba 220 bajas de soldados y oficiales y 43 desapariciones, de un total de 263. Aparentemente, la Guardia Civil sufrió 111 bajas y la policía un total de 81. Véase E. Barco Teruel, El «golpe» socialista del 6 de octubre de 1934, Dyrsa, Madrid, 1984, p. 258; y E. Aguado Sánchez, La revolución de octubre de 1934, San Martín, Madrid, 1972, p. 503.

La literatura acerca del «Octubre Rojo» español pronto se hizo extensiva y ha continuado aumentando. El general Eduardo López Ochoa publicó una memoria: Campaña militar en Asturias en octubre de 1934, Ediciones Yunque, Madrid, 1936. Otros informes contemporáneos, además del de Llano Roza, incluyen los de Reporteros Unidos, Octubre 1934, Madrid, 1934; I. Núñez, La revolución de octubre de 1934, Barcelona, 1935 (2 vols.); «Un testigo imparcial», Revolución en Asturias, Madrid, 1934; J. S. Valdivielso, Farsa y tragedia de España en 1934, Oviedo, 1935; H. Iglesia Somoza, Asedio y defensa de la cárcel de Oviedo,Vitoria, 1935; J. G. Geijo, Episodios de la revolución, Santander, 1935; M. Martínez de Aguilar, ¿A dónde va el Estado español? Rebelión socialista y separatista de 1934, Madrid, 1935; V. Madera, El sindicato católico de Moreda y la revolución de octubre, Madrid, 1935; y el breve libro de entrevistas de L. Octavio Madero, El octubre español, Madrid, 1935.

Entre los más destacados informes izquierdistas contemporáneos están los de M. Grossi, La insurrección de Asturias, Barcelona, 1935; A. Ramos Oliveira, La revolución española de octubre, Madrid, 1935; M. D. Benavides, La revolución fue así, Barcelona, 1937; José Canel (seudónimo), Octubre rojo en Asturias; R. González Peña, Un hombre en la revolución, Madrid, 1935; M. Domingo, La revolución de octubre, Madrid, 1935; Ignotus (Manuel Villar), El anarquismo en la insurrección de octubre, Valencia, 1935; Solano Palacio, La revolución de Octubre, Barcelona, 1935; y J. Orbón, Aviles en el movimiento revolucionario de Asturias, Gijón, 1934.

Detallados estudios posteriores, además de las ya citadas obras de Aguado Sánchez, Barco Teruel, Díaz Nosty y Taibo, incluyen los de J. A. Sánchez y G. Saúco, La revolución de 1934 en Asturias, Editora Nacional, Madrid 1974; D. Ruiz, Insurrección defensiva y revolución obrera: El octubre español de 1934, Labor, Barcelona, 1988; M. Bizcarrondo, Octubre de 1934: Reflexiones sobre una revolución, Ayuso, Madrid, 1977, que recoge una serie de textos con una introducción sobre los orígenes de Alianza Obrera. Bibliografías más detalladas pueden encontrarse en Jackson y otros, Octubre 1934, pp. 320-344; y en Taibo, Asturias 1934, 2, pp. 245-251. A. Padilla Bolívar, 1934: las semillas de una guerra, Planeta, Barcelona, 1988, presenta una crónica de todo aquel año.

[88] Doval había perdido su graduación por implicarse en la sanjurjada, pero había sido readmitido en la Guardia Civil tras la reciente amnistía. Este nuevo nombramiento, como otros dentro del gran número de nuevos nombramientos de elementos subversivos revolucionarios que llevó a cabo el gobierno republicano de izquierda después de febrero de 1936, no era razonable en un gobierno constitucional. Tal politización subversiva y deliberada de la policía desempeñaría un papel clave a la hora de encender el último catalizador de la Guerra Civil.

[89] A principios de 1935, el total de la población reclusa era de unos treinta mil, mientras que el de delincuentes comunes era inferior a quince mil. Convenientemente, la izquierda hacía referencia en general al número de reclusos en España, casi duplicando así el total real de revolucionarios en prisión.

[90] G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939, Princeton, 1965, p. 166, estima que fueron unos cuarenta. El principal estudio acerca de los ataques a clérigos es el de A. Garralda, La persecución del clero en Asturias (1934 y 1936-1937), El autor, Aviles, 1977, 2 vols. Véase también ACNP de Oviedo, Asturias roja: Sacerdotes y religiosos perseguidos y martirizados, Oviedo, 1935; y la hagiográfica Los mártires deTurón, Madrid, 1935.

En una revolución violenta, se cometieron algunos delitos comunes (homicidios, violaciones, robos), ocultos bajo el tumulto revolucionario. El informe del gobierno, En servicio a la República: la revolución de octubre en España, Madrid, 1935, hace referencia a tres mujeres violadas y asesinadas por los revolucionarios.

[91] Una de las más completas exposiciones es la de Ignotus (Manuel Villar), La represión de octubre, Barcelona, 1936. Incluso tras la victoria del Frente Popular en 1936, no se realizó investigación sistemática alguna, de forma que no se puede disponer de estadísticas fiables.

[92] Spanish Republic, p. 167.

[93] R. Ledesma Ramos, ¿Fascismo en España?, Madrid, 1935, p. 38.

[94] S. de Madariaga, Spain. A Modern History, Nueva York, 1958, pp. 434-435.

[95] E. Malefakis, en R. Carr, ed., The Republic and the Civil War in Spain, Londres, 1971, p. 34; R. Carr en ídem, p. 10.

[96] R. A. H. Robinson, The Origins of Franco's Spain, Londres, 1970, p. 106.

[97] I. Prieto, Discursos en América, Federación de Juventudes Socialistas de España, México DF, 1944, p. 102.

NOTAS CAPÍTULO 4

¿UNA REPÚBLICA CONSERVADORA?
EL GOBIERNO DE CENTRO-DERECHA
1934-1935

[1] Federico Escofet ha publicado una nota biográfica, De una derrota a una victoria, Arcos Vergara, Barcelona, 1984, pp. 69-143.

[2] Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, R. Espinosa, Madrid, 1936, pp. 190-191.

[3] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, Planeta, Barcelona, 1968, pp. 145-148.

[4] Dos crónicas de la represión, diferentes pero no completamente incongruentes, pueden encontrarse en G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939, pp. 159-164; y R. de la Cierva, Historia de la Guerra Civil española, Perspectivas y antecedentes, vol. 1, Madrid, 1969, pp. 435-456.

[5] Un total de 1.116 de entre 8.436, según R. Salazar Alonso, Bajo el signo de la revolución, Sáez Hermanos, Madrid, 1935, pp. 116-129.

[6] Alcalá Zamora, Memorias, p. 299. Durante la Guerra Civil, un periódico valenciano publicó extractos de un borrador de las memorias, aprehendido por los revolucionarios, en el que el ex presidente hacía referencia a una reunión con Lerroux y Martínez Barrio en la que éste último dijo que, en un almuerzo celebrado antes de la insurrección, Azaña le había informado de sus tratos con los revolucionarios. El 7 de agosto de 1937 Azaña hizo «recordar» a Martínez Barrio que dicho almuerzo nunca había tenido lugar. Azaña, Obras completas, 4, p. 725; como escribe A. Alcalá Galve, Alcalá Zamora y la agonía de la República, Fundación José Manuel Lara, Madrid, 2002, p. 534.

[7] Teodomiro Menéndez había sufrido mucho en la cárcel y había intentado suicidarse, aunque no queda claro si fue sometido a torturas físicas.

[8] El breve informe de Lerroux apareció más tarde en su obra La pequeña historia, Afrodisio Aguado, Madrid, 1935, pp. 373-374.

[9] Acerca de las condiciones de la represión en la zona rural de Cataluña durante el año 1935, véase Unió de Rabassaires, Els desnonaments rustics a Catalunya, Barcelona, 1935; y R. Vinyes i Ribes, La Catalunya internacional: El frontpopulisme en l'exemple català, Curial, Barcelona, 1983, pp. 98-138.

[10] Cita en Arrarás, Segunda República, 3, cit., p. 161. Como era habitual, Cambó realizó la observación más apropiada acerca del fenómeno de los grandes mítines multitudinarios: «La excitación de las masas es la preparación indispensable para un golpe fascista o para una revolución proletaria... Estas concentraciones no las puede emplear nunca un partido que quiera mantener una posición de centro», citado en J. Pabón, Cambó, Alpha, Barcelona, 1969, 2, p. 433.

[11] La actitud de Lerroux queda más gráficamente simbolizada por el desfile militar y el banquete al que asistió junto a Gil Robles en la archicedista ciudad de Salamanca. Más tarde escribió acerca de esta ocasión: «Había llegado a formularme esta conclusión, para que la República se equilibre y dure, necesita pasar de la triste experiencia demagógica de sus dos años con Azaña a la experiencia de otros dos años de gobierno templado y moderado que faciliten más tarde el de gabinetes de centro, equilibrados y progresivos. La segunda experiencia pide que el poder vaya a manos de la CEDA. Que vaya y en él pierda ese partido rigideces doctrinarias, adquiera ductibilidad, se homogenice más, acabe de organizarse y se vincule a la República, por muy de derechas que sea. Después, el péndulo recobrará su marcha sincrónica». Lerroux, La pequeña historia, p. 393. Esto condujo a que se hablara de un «Pacto de Salamanca», que supuestamente había sustituido al anterior «Pacto de San Sebastián» de 1930.

[12] E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, pp. 343-355. Véase también J. Tusell y J. Calvo, Giménez Fernández, precursor de la democracia española, Mondadori, Sevilla, 1990, pp. 70-100.

[13] Malefakis, p. 362.

[14] De la Cierva, Historia, I, p. 487.

[15] R. A. H. Robinson, The Origins of Franco's Spain: The Right, the Republic and Revolution, 1931-1936, Londres, 1970, pp. 226-227.

[16] El estudio más sucinto puede encontrarse en C. Boyd, Historia General de España y América, Madrid, 1986, 17, pp. 162-169; y el que más profundiza es el de M. Aguilar Olivencia, El ejército español durante la Segunda República, Econorte, Madrid, 1986, pp. 365- 468.

[17] Documents on German Foreign Policy, Washington DC, 19500, series C, vol. 4, docs. 303, 330 y 445, citados originariamente en Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978, p. 159.

[18] A. Rodríguez de las Heras, Filiberto Villalobos: Su obra social y política (1900-1936), Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 1985, pp. 177-272, ofrece una detallada relación de su trabajo en el Gobierno de Samper y en el cuarto Gobierno de Lerroux.

[19] Estas reformas fueron explicadas con todo detalle por D. Niceto en un librito, Los defectos de la Constitución de 1931, R. Espinosa, Madrid, 1936. En sus Memorias afirma que el propio Azaña admitió la existencia de éstos y otros defectos pero, dado que la reforma se había convertido en una cuestión de polarización entre la izquierda y la derecha, Azaña tenía que oponerse a la reforma.

En las primeras semanas de 1935 apareció Jerarquía o anarquía, un libro de Madariaga que abordaba la cuestión de la representación popular. Proponía combinar el voto directo limitado con una representación que fuera, en parte, indirecta y corporativa. El hecho de que, de modo parcial, coincidía con la crítica común que hacía la derecha moderada fue rápidamente notado.

[20] Véase E. Carreras, «Los intentos de reforma electoral durante la Segunda República», Revista de Estudios Políticos, 31-32, enero-abril de 1983, pp. 165-197.

[21] En varios artículos semanales que aparecieron en la revista de las JAP entre noviembre de 1934 y marzo de 1935.

[22] Robinson, Origins of Franco's Spain, pp. 208-215.

[23] Calvo Sotelo, que astutamente favoreció el aumento del gasto público, lo cual podría haber aliviado algunos de los problemas sociales, observó que la República poseía un presupuesto con una prórroga de doce meses, otra de nueve meses, dos semestrales y cinco prórrogas trimestrales.

[24] Cita en Arrarás, Segunda República, 3, p. 148.

[25] J. Chapaprieta, La paz fue posible, Ariel, Barcelona, 1971, pp. 165-201. Véase también «Las reformas tributarias en la II República española», en M. Martínez Jiménez, Las reformas de la II República, Tucar, Madrid, 1977, pp. 185-198; y Gil Pecharromán, «La opinión pública ante las reformas hacendísticas de Joaquín Chapaprieta», Hispania, 47:167, 1987, pp. 1001-1026.

NOTAS CAPÍTULO 5

EL COLAPSO DE LOS RADICALES
Y LA FRUSTRACIÓN DEL SISTEMA PARLAMENTARIO

[1] Véase el análisis de Carlos Seco Serrano en su prólogo a Chapaprieta, La paz fue posible, cit., pp. 58-59.

[2] La palabra «straperlo» era un neologismo que combinaba los nombres de sus dos promotores, Strauss y Perle. El término pronto pasó al lenguaje común como «estraperlo», y se convirtió en la palabra nacional para definir el mercado negro existente tras la Guerra Civil. La ruleta de Strauss difería de la convencional en que no se basaba en la suerte, sino que seguía procedimientos complejos y constantes que los jugadores expertos podrían calcular (aunque quien manejaba la ruleta, a su vez, tenía medios para manipular el resultado si así lo quería y deshacerse de un cálculo ganador). En teoría se trataba de un nuevo juego de «habilidad» más que de pura suerte.

[3] J. Chapaprieta, La paz fue posible, cit., pp. 267-268; O. Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, Tebas, Madrid, 1976, pp. 503-504; N. Townson, The Crisis of Democracy in Spain, cit., pp. 315-317; N. Alcalá Zamora, Memorias, cit., p. 312.

[4] Véanse las francas observaciones del periodista y, durante algún tiempo, ministro radical César Jalón en sus Memorias políticas, Madrid, 1973, pp. 214-218.

[5] Chapaprieta, La paz fue posible, cit., pp. 256-260.

[6] Jalón, quien sentía el mayor respeto y admiración por Lerroux, se refería al hijo adoptivo y a su camarilla como «el clan Aurelio» y «la aduana». Memorias, cit., p. 223.

[7] Véase en particular la extensa cobertura que realizó El Debate en su edición del 26 de octubre de 1935 y posteriores.

[8] Véase Ruiz Manjón, El Partido, cit., pp. 500-527; y Townson, The Crisis, cit., pp. 319-325.

[9] N. Alcalá Zamora, Memorias, cit., p. 311, donde el ex presidente afirma que la cancelación se había debido al simple incumplimiento de los servicios, lo que parece ser totalmente exacto.

[10] J. Chapaprieta, La paz fue posible, cit., pp. 307-309; Lerroux, La pequeña historia, cit., pp. 394-400.

[11] El colapso interno se examina en Ruiz Manjón, El Partido, cit., pp. 529-559; y en Townson, The Crisis, cit., pp. 330-346. Esto puede compararse con la muy distinta situación de España en 1990, cuando un Partido Socialista más fuertemente organizado y que contaba con una escasa mayoría parlamentaria fue, no obstante, capaz de protagonizar los escándalos financieros más graves de la historia española y aun así, aumentar su número de votantes en las elecciones autonómicas andaluzas.

[12] Chapaprieta, La paz fue posible, cit., p. 82.

[13] Cita en Arrarás, Segunda República, 3, cit., p. 267.

[14] La versión de Gil Robles aparece en ídem, pp. 361-364. Con posterioridad, Alcalá Zamora justificó su veto debido a la incapacidad o a la negativa de Gil Robles de controlar a los elementos «fascistas» y autoritarios de su partido, especialmente a las JAP. Afirmaba que Gil Robles pretendía justificar su política permisiva con este sector alegando que tales elementos resultaban menos peligrosos en el seno de la CEDA, donde podía controlarlos, que si se pasaban a la Falange. Memorias, cit., pp. 341, 343.

[15] No fue posible la paz, cit., p. 363.

[16] Un año más tarde, Franco —por entonces jefe del régimen nacional rebelde— envió una carta personal a Gil Robles con el fin de sofocar los rumores de que la CEDA había bloqueado un golpe de Estado propuesto por Franco. En su misiva del 4 de febrero de 1937 declaraba: «Ni por el deber de disciplina, ni por la situación de España, difícil, pero no aún en inminente peligro, ni por la corrección con la que Ud. procedió en todo su tiempo de ministro, que no me autorizaba a ello, podía yo proponerle lo que en aquellos momentos hubiese pecado de falta de justificación de la empresa y carencia de posibilidad de realización, pues el ejército, que puede alzarse cuando causa tan santa como la de la Patria está en inminente peligro, no puede aparecer como arbitro en las contiendas políticas». Esta carta apareció publicada por primera vez en El Correo de Andalucía, el 6 de abril de 1937; y en Gil Robles, No fue posible la paz, cit., pp. 377-378, se reproduce un facsímil.

[17] Alcalá Galve, Alcalá Zamora, cit., p. 575.

[18] El principal biógrafo del presidente llega, aproximadamente, a idéntica conclusión. Permitir a Gil Robles llegar a la presidencia del gobierno en 1935 hubiera otorgado una mayor estabilidad a la República. Alcalá Galve, Alcalá Zamora, cit., pp. 677-686.

[19] El mejor análisis de estas alternativas se encuentra en J. J. Linz, «From Great Hopes to Civil War: The Breakdown of Democracy in Spain», en Linz y A. Stepan, eds., The Breakdown of Democratic Regimes: Europe, Baltimore, 1978, pp. 142-215.

[20] Lerroux reconoció la ecléctica composición de su partido en la República, haciendo hincapié en que estaba realizando un servicio al incorporar diversos elementos a la democracia republicana y especulando acerca de su desaparición final una vez que se hubiera consolidado una auténtica República democrática. Una evaluación definitiva de los radicales puede encontrarse en O. Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, cit., pp. 677-685 y N. Townson, The Crisis of Democracy in Spain, cit., pp. 347-359.

NOTAS CAPÍTULO 6

HACIA EL FRENTE POPULAR

[1] M. Portela Valladares, Memorias, Alianza Editorial, Madrid, 1988, pp. 160-161.

[2] J. Chapaprieta, La paz fue posible, cit., pp. 353-360.

[3] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, cit., pp. 386-390.

[4] Cita en J. Arrarás, Historia de la Segunda República española, cit., 3, p. 293.

[5] El análisis más detallado de la radicalización socialista puede hallarse en S. Juliá, La izquierda del PSOE 1935-1936, Siglo Veintiuno, Madrid, 1977; pero véase también A. de Blas Guerrero, El socialismo radical en la II República, Tucar, Madrid, 1978. Estudios breves pero útiles se encuentran en P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, cit., pp. 131-150; así como en su «The Struggle against Fascism in Spain: Leviatán and the Contradictions of the Socialist Left, 1934-36», en M. Blinkhorn, ed., Spain in Conflict 1931-1939, Londres, 1986, pp. 40-59; mientras que la visión de conjunto más corta y completa es H. Graham, «The Eclipse of the Socialist Left, 1934-1937», en F. Lannon y P. Preston, eds., Elites and Power in Twentieth Century Spain, Oxford, 1990, pp. 127-151.

[6] Las citas en los párrafos precedentes pertenecen a K. McDermott y J. Agnew, The Comintern: A History of International Comunism from Lenin to Stalin, Houndsmill y Londres, 1996, pp. 130-132, 155-159.

[7] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España, 1919-1939, Planeta, Barcelona, 1999, p. 250.

[8] McDermott y Agnew, The Comintern, cit., p. 132.

[9] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., pp. 223-225.

[10] Ídem, pp. 225-226.

[11] R. Cruz, El Partido Comunista de España en la II República, Alianza Editorial, Madrid, 1978, p. 229.

[12] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., p. 232.

[13] Como se destaca en un informe del Romanskii Lendersekretariat (Secretaría para los Países de Lengua Románica) de 8 de febrero de 1935. Rossiiskaya Akademiya Nauk, Komintern i grazhdanskaya voina v Ispanii, Madrid, 2001, pp. 99-101.

[14] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., p. 230-234.

[15] José díaz, Tres años de lucha, Laia, Barcelona, 1978, I, p. 43.

[16] Acerca de la fundación del POUM, véase A. C. Durgan, B.O.C. 1930-1936: El Bloque Obrero y Campesino, Laertes, Barcelona, 1996, pp. 350-359; Y. Riottot, Joaquín Maurín: de l'anarcho-syndicalisme au communisme (1919-1936), L'Harmattan, París, 1997, pp. 301-319; V. Alba, El marxisme a Catalunya, Barcelona, 1974; I y V. Alba y S. Schwartz, Spanish Marxism Versus Soviet Communism: A History of the POUM, New Brunswick (New Jersey), 1988, pp. 87-110.

[17] La Libertad, Madrid, 13 de abril de 1935; D. Martínez Barrio, Orígenes del Frente Popular, Patronato Hispano-Argentino de Cultura, Buenos Aires, 1943, pp. 24-31.

[18] El estudio clave es el de S. Juliá, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Siglo XXI, Madrid, 1979, pp. 27-41.

[19] El texto pronto apareció en la polémica denuncia del socialista de izquierdas, Carlos de Baráibar, Las falsas «posiciones socialistas» de Indalecio Prieto, Yunque, Madrid, 1935, pp. 139-145.

[20] La Libertad, 30 de marzo de 1935. Véase también J. S. Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias, Barcelona, Grijalbo, 1978, pp. 387-398.

[21] A. del Rosal, 1934: El movimiento revolucionario de octubre, Akal, Madrid, 1983, p. 263.

[22] Acerca de la campaña y de la movilización de la memoria, véase B. D. Bunk, «Your Comrades will not Forget: Revolutionary Memory and the Breakdown of the Spanish Republic», History and Memory, 14, 1/2 (otoño 2002), pp. 65-92.

[23] Juliá, Los orígenes, cit., pp. 47-48.

[24] J. Besteiro, Marxismo y antimarxismo, Madrid, 1935. Señala Preston que «sus insinuaciones de que la violencia de la izquierda socialista era apenas distinguible del fascismo no le granjeó las simpatías de los caballeristas». P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, Londres, 1978, p. 138. Entre junio y diciembre de 1934, los besteiristas publicaron su propio semanario, Democracia. Debe hacerse notar que en España no existió una auténtica «derecha» socialista como el Neosocialismo de Déat en Francia o el «Planismo» de De Man en Bélgica. El Besteirismo era, en esencia, una vuelta al kautskismo.

[25] Los tres discursos principales pronunciados por Azaña en 1935 se publicaron bajo el título Discursos en campo abierto, Espasa Calpe, Madrid, 1936. Un testigo presencial, Henry Buckley, describió el gran mitin de Comillas en su The Life and Death of the Spanish Republic, Londres, 1940, pp. 179-188 (trad.: Vida y muerte de la República española, Espasa Calpe, Madrid, 2004); y también lo hizo F. Sedwick, The Tragedy of Manuel Azaña and the Fate of the Spanish Republic, Athens, Ohio, 1963, pp. 15-50.

[26] Cruz, El Partido Comunista, cit., p. 228.

[27] J. Díaz, Nuestra bandera del Frente Popular, Madrid-Barcelona, 1936, pp. 31, 57.

[28] Cruz, El Partido Comunista, cit., pp. 235-239.

[29] Ídem, pp. 245-246.

[30] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., p. 255.

[31] Diferentes relatos acerca de esta reunión y de la escisión pueden encontrarse en Claridad, 23 de diciembre de 1935; El Socialista, 20-25 de diciembre de 1935; F. Largo Caballero, Mis recuerdos, Alianza, Ciudad de México, 1954, pp. 146-148; Vidarte, El bienio negro, cit., p. 26; y G. Mario de Coca, Anti-Caballero, Edic. Engels, Madrid, 1936, pp. 193-198.

[32] El estudio más claro de estas negociaciones sigue siendo el de S. Juliá, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), cit., pp. 70-149.

[33] Félix Cordón Ordás, entonces un líder del Partido de Unión Republicana, declararía más tarde que tanto él como Sánchez Román hicieron cuanto estuvo en sus manos para excluir a los comunistas, pero fracasaron. Cordón Ordás, Mi política en España, Ciudad de México, 1951, 2, p. 519.

[34] Cita en P. Moa, El derrumbe de la Segunda República y la Guerra Civil, Encuentro, Madrid, 2001, p. 251.

[35] S. Juliá, Manuel Azaña. Una biografía política, cit., p. 441.

[36] Cruz, El Partido Comunista, cit., pp. 249-250.

[37] Este manifiesto apareció en prensa el 16 de enero de 1936.

[38] S. Juliá, Manuel Azaña, cit., p. 444.

[39] Para una comparación entre los dos Frentes Populares, véase G. R. Horn, European Socialists Respond to Fascism: Ideology, Activism and Contingency in the 1930s, New York-Oxford, 1996; M. S. Alexander y H. Graham, eds., The French and the Spanish Popular Fronts: Comparative Perspectives, Cambridge, Mass., 1989; y H. Graham y P. Preston, eds., The Popular Front in Europe, Londres, 1987. Acerca del Frente Popular francés, G. Lefranc, Histoire du Front Populaire, 1934-1938, París, 1965; J. Jackson, The Popular Front in France: Defending Democracy, 1934-1938, Cambridge, 1984; J. Kergoat, La France du Front Populaire, París, 1986; y K. H. Harr, Jr., The Genesis and Effect of the Popular Front in France, Lanham, Md., 1987.

[40] Juliá, Los orígenes, cit., pp. 134-149. Según Cordón Ordás, el Frente Popular intentó incluir a un comunista en la lista electoral de Cordón en León, donde no existían votantes comunistas. Éste amenazó con dimitir y consiguió que se retirase la candidatura comunista. Mi política en España, 2, cit, p. 519.

[41] A. Shubert, «A Reinterpretation of the Spanish Popular Front: The Case of Asturias», en Alexander y Graham, The French and Spanish Popular Fronts, pp. 213-225. Véase también la tesis doctoral de J. Getman Eraso, «Rethinking the Revolution: Utopia and Pragmatism in Catalan Anarchosyndicalism, 1930-1936», University of Wisconsin-Madison, 2001; D. Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, Buenos Aires, 1940, p. 36; y C. M. Lorenzo, Les anarchists espagnols et le pouvoir 1868-1939, París, 1969, pp. 89-92.

[42] El Sol, 14 de enero de 1936.

[43] Claridad, 25 de enero de 1936.

[44] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., pp. 263-264.

[45] Ídem, p. 267.

[46] Mundo Obrero, 23 de enero de 1936.

[47] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., pp. 261, 496-497.

[48] J. Díaz, Tres años de lucha, Laia, Barcelona, 1978, 2, pp. 97-98.

[49] Cruz, El Partido Comunista, cit., pp. 254-255.

[50] Oficialmente, el 15 de febrero de 1936, la población reclusa en España era de 34.526 personas. La media anterior a mediados de 1934 había sido de aproximadamente 20.000 y, de este modo, se presumía que el número de nuevos presos procedentes de la insurrección era cercano a 15.000, y así lo admitió en las Cortes el 2 de julio de 1936 Benito Pabón, uno de los dos diputados elegidos por el Partido Sindicalista de Pestaña.

NOTAS CAPÍTULO 7

LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936

[1] M. Portela Valladares, Memorias: Dentro del drama español, Alianza Editorial, Madrid, 1988, pp. 167-168.

[2] Ídem.

[3] Portela indica que también en Sevilla se logró un entendimiento más indirecto con Martínez Barrio, ídem, p. 166.

[4] Aunque en la provincia de Badajoz Portela logró hacer un trato con los socialistas, como explica J. S. Vidarte en Todos fuimos culpables, Grijalbo, Barcelona, 1977, pp. 38-41.

[5] Según J. Chapaprieta, La paz fue posible, cit., pp. 390-396.

[6] O. Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical 1908-1936, cit., pp. 559-572; N. Townson, The Crisis of Democracy in Spain, cit., pp. 339-343.

[7] Cfr. Alcalá Galve, Alcalá Zamora y la agonía de la República, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2002, p. 618.

[8] R. A. H. Robinson, The Origins of Franco's Spain: The Right, the Republic and Revolution, 1931-1936, Pittsburgh, 1970, pp. 243-244.

[9] J. A. P., 14 de febrero de 1936. Cita en S. Lowe, The Juventud de Acción Popular and the «failure» of fascism in Spain, 1932-1936 (tesis de posgrado), Universidad de Sheffield, 2000, p. 75.

[10] El Debate, 31 de enero de 1936, recientemente incluida en R. de la Cierva, ed., Media nación no se resigna a morir: Los documentos perdidos del Frente Popular, Editorial Fénix, Madrid, 2002, pp. 104-119. Véase la argumentación en M. Álvarez Tardío, Anticlericalismo y libertad de conciencia: Política y religión en la Segunda República Española (1931-1936), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 346-348.

[11] La mejor descripción de la campaña de la derecha se encuentra en Robinson, The Origins of Franco's Spain, cit., pp. 241-247.

[12] La Publicidad, Granada, 23 de enero de 1936 en M. Pertíñez Díaz, Granada 1936: Elecciones a Cortes, Editorial Universitaria de Granada, Granada, 1987, p. 46.

[13] El único estudio acerca de esta última zona es el de Pertíñez Díaz, Granada 1936, cit., limitado sobre todo a las citas de periódicos mutuamente hostiles.

[14] Javier Tusell ha descubierto que, de los principales informes, el que se aproximó más a las cifras correctas fue el muy derechista Historia de la Cruzada Española, Edic. Española, Madrid, 1940, dirigido por Joaquín Arrarás. Las estimaciones de diversos autores se recogen en Tusell y otros, Las elecciones del Frente Popular, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971, 2, p. 15.

[15] Éste es lo más parecido a un estudio definitivo del que probablemente se dispondrá y recoge los totales para cada distrito en términos del mayor número de votos para el cabeza de lista (presumiblemente, el número total de votos que cada lista en particular obtuvo en ese distrito), introduciendo algunas correcciones cuando una lista obtuvo tanto la mayoría como la minoría de los escaños en un distrito dado.

[16] R. Salas Larrazábal, Los datos exactos de la Guerra Civil, Rioduero, Madrid, 1980, p. 42 y pp. 256-257.

[17] J. J. Linz y J. de Miguel, «Hacia un análisis regional de las elecciones de 1936 en España», Revista Española de la Opinión Pública, n. 48, abril-junio de 1977, pp. 27-67.

[18] Según el desglose que aparece en ídem.

[19] Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical, cit., pp. 572-588.

[20] J. M. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000, pp. 400-401.

[21] En Badajoz, donde en 1933 los socialistas habían conseguido 139.000 votos y el partido de Azaña 8.000, se otorgó a los republicanos de izquierda 4 de los 10 puestos de la lista electoral del Frente Popular, con el fin de negar la representación a los «besteiristas», según aparece en P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, cit., p. 148. A. Shubert, en «A Reinterpretation», en M. S. Alexander y H. Graham, eds., The French and Spanish Popular Fronts: Comparative Perspectives, Cambridge, Massachusetts, 1989, p. 221, señala que en Asturias «cada candidatura de los republicanos representaba 8.552 votos, mientras que cada puesto de los socialistas representaba 12.775».

[22] Las diferencias más relevantes tras el inicio de la Guerra Civil se encontrarían en Castilla la Nueva y en Galicia, cuyas identidades se invirtieron. En su mayoría, Castilla la Nueva había votado por la derecha, pero se mantuvo en la zona republicana por influencia de Madrid y su potencial militar, mientras que Galicia, donde se presentaron más candidatos del Frente Popular que en cualquier otra región, fue tomada por los insurgentes. El voto gallego estaba, de hecho, más triangulado que en la mayoría de las regiones y el resultado, por tanto, más influenciado por el sistema de alianzas, por lo que la mayoría real del Frente Popular fue allí considerablemente menor que lo que el número de diputados electos pudiera hacer suponer.

[23] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, cit., pp. 491-492.

[24] Según Portela, Memorias, cit., p. 174.

[25] La versión de Portela aparece en sus Memorias, cit., pp. 175-182, y la de Gil Robles en No fue posible la paz, cit., pp. 492-497.

[26] La versión de Franco se presenta en J. Arrarás, Historia de la Segunda República española, cit., 4, pp. 50-51.

[27] Portela Valladares, Memorias, cit., pp. 182-184.

[28] Ídem, pp. 184-185.

[29] Arrarás, Segunda República, cit., 4, pp. 57-58.

[30] Portela Valladares, Memorias, cit., pp. 186-187.

[31] Ídem, pp. 188-190. En J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, cit., pp. 40-50, puede encontrarse una perspectiva distinta.

[32] De una manera un poco críptica, tras contar como Franco le hizo el ofrecimiento de traer a las unidades de élite, añade: «En esto (Franco) tenía razón. Las noticias más frescas que llegaban del ministerio no hacían otra cosa que confirmar con creces las que se habían recibido antes», refiriéndose, supuestamente, a la generalización de los desórdenes. Portela Valladares, Memorias, cit., p. 192.

[33] Como podía esperarse, existen ciertas variaciones entre la extensa versión de Portela, ídem, pp. 192-196, y el relato más breve de Alcalá Zamora, Memorias, cit., pp. 347-348, quien titula este breve capítulo «Dimisión-huida de Portela». Afirma Alcalá Zamora que, hasta el último minuto, Portela estuvo convencido de que su maniobra electoral centrista tendría éxito, pero, la tarde del día 16, sufrió una crisis nerviosa. Sostiene que, el día 17, Portela estaba mucho más preocupado por los disturbios izquierdistas y, el 18, cada vez más alarmado por las presiones militares, hasta que, finalmente, nuevos desórdenes izquierdistas le sumieron en un estado de pánico y presentó su inmediata dimisión el día 19.

[34] Se ha citado que Alcalá Zamora afirmó un mes más tarde, en una conversación privada, que Portela «me falló del todo; se aterró y, en su deserción, no obstante mis esfuerzos, dejó que el frente revolucionario se llevara indebidamente sesenta actas con los atropellos poselectorales». J. Tusell y J. Calvo, Giménez Fernández, precursor de la democracia española, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1990, p. 201.

NOTAS CAPÍTULO 8

LAS IZQUIERDA REGRESA AL PODER
FEBRERO-MARZO DE 1936

[1] Azaña, Obras completas, cit., 5, p. 564. En lo que respecta al temor virtual de Azaña a la victoria y a la presidencia de un nuevo gobierno, véase la introducción de Marichal al volumen tres, pp. xxvii-xxix.

[2] Azaña anotó que el tono del discurso «lo habíamos acordado en el consejo, a fin de calmar el desordenado empuje del Frente Popular y aconsejar a todos la calma», ídem, 4, p. 566.

[3] El Sol, 21 de febrero de 1936.

[4] Cfr. los comentarios de Portela Valladares en sus Memorias, cit., pp. 197-198.

[5] El Socialista anunció el 18 de febrero que algunos grupos del Frente Popular habían abierto una serie de cárceles el día anterior y anuncios similares aparecieron en otros periódicos izquierdistas.

[6] El Sol, 26 de febrero de 1936.

[7] Véase J. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), cit., pp. 408-409.

[8] De Cataluña con el Frente Popular se ocupa R. Vinyes, La Catalunya internacional: el frontpopulisme en l'exemple català, Curial, Barcelona, 1983.

[9] Era típico de la distancia entre los líderes de la izquierda y la derecha que Azaña anotase en su diario que el 20 de febrero se había reunido personalmente con Giménez Fernández por primera vez, añadiendo que éste «asegura que no le separa de mí más que la política religiosa. Nunca le he oído hablar, ni leído nada suyo. Ignoro si vale para algo... Me aparece como un conservador utópico, para discursos en los juegos florales». Cuando Giménez Fernández le presentó una queja por los violentos asaltos sufridos por las sedes y los periódicos de la CEDA, Azaña, como era habitual, minimizó la importancia de cualquier violencia protagonizada por la izquierda diciéndole: «Tienen ustedes que convencerse —le dijo riendo— que la derecha de la República soy yo y ustedes son unos aprendices extraviados». Obras completas, cit., 4, pp, 570, 572. Pronto aprendería Azaña a no reírse.

[10] El Debate, 6 de marzo de 1936; Gil Robles, No fue posible la paz, cit., p. 575.

[11] Gil Robles, No fue posible la paz, cit., p. 576.

[12] Cita del archivo de Giménez Fernández en Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., p. 441.

[13] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, p. 414. Véase también M. Pertíñez Díaz, Granada 1936: Elecciones a Cortes, cit., pp. 102-106; y el espeluznante relato propagandístico de A. Gollonet y J. Morales, Rojo y azul en Granada, Librería Prieto, Granada, 1937.

[14] Macarro Vera, Socialismo, república y revolución, cit., p. 415.

[15] Muchos de estos incidentes, aunque no todos, pueden reconstruirse a partir de la prensa parcialmente sometida a censura. En J. Pía, Historia de la Segunda República española, Barcelona, 1940, vol. 4; J. Arrarás, Historia de la Segunda República española, cit., vol. 4; y F. Rivas, El Frente Popular, cit., pueden encontrarse extensas narraciones.

[16] F. de A. de la Vega Gonzalo, Aniquilar la Falange: Cronología persecutoria del Nacionalsindicalismo, Oviedo (n.d.), pp. 162-170.

[17] D. Jato, La rebelión de los estudiantes, Madrid, 1967, pp. 285-289, narra estos incidentes desde el punto de vista falangista. J. A. Ansaldo, ¿Para qué...?, Buenos Aires, 1953, p. 119, cuenta la huida de los pistoleros a Biarritz.

[18] Quizá el único historiador de la República que situó estos incidentes en una perspectiva objetiva fue L. Romero, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Planeta, Barcelona, 1982, pp. 40-42.

[19] Según Rivas, El Frente Popular, cit., p. 122.

[20] Acerca de Falange en los últimos meses de la República, véase mi Franco y José Antonio: El extraño caso del fascismo español, Planeta, Barcelona, 1997, pp. 308-341.

[21] Cita en C. Rivas Cherif, Retrato de un desconocido: Vida de Manuel Azaña, Grijalbo, Barcelona, 1980, pp. 666-667.

[22] Como dice Luis Romero de los izquierdistas que cometieron actos violentos: «La policía no los detenía nunca», Historia 16, 100, agosto, 1984, p. 55.

[23] L. Romero, Cómo y por qué, cit., pp. 56-58.

[24] Ídem. Aunque, como se muestra arriba, Azaña no obtuvo satisfacción personal alguna de los estallidos anticlericales.

[25] Cita en C. Rivas Cherif, Retrato, cit., p. 672.

[26] E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, New Haven, 1970, p. 392 (hay trad. esp.: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1980).

[27] C. Sánchez Albornoz, De mi anecdotario político, Losada, Buenos Aires, 1972, p. 116.

[28] Mundo Obrero, 2 de marzo de 1936.

[29] Rivas, El Frente Popular, cit., pp. 149-151.

[30] Cita en Arrarás, Segunda República, 4, cit., pp. 87-88.

[31] A. Cacho Zabalza, La Unión Militar Española, Egasa, Alicante, 1940, aunque no resulta un relato totalmente fiable.

[32] J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, cit., I, pp. 50-51. Acerca de la diminuta minoría izquierdista en el ejército, véase la primera parte de las memorias de A. Cordón, Trayectoria, Crítica, Barcelona, 1977.

[33] De los ocho generales que asistieron, sólo dos ostentaban una jefatura activa y cinco estaban retirados. También estaban presentes dos coroneles monárquicos, Galarza y Várela.

[34] Véase F. Olaya Morales, La conspiración contra la República, Producciones Editoriales, Barcelona, 1979, pp. 314-323; y D. Sueiro, «Sublevación contra la República», 2ª parte, en Historia 16, 8:90, octubre, 1983, pp. 21-32.

[35] Acerca de los socialistas vascos en esta fase, véase R. Miralles, El socialismo vasco durante la II República, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1988, y su artículo «La crisis del movimiento socialista en el País Vasco 1935-1936», en Estudios de Historia Social, 3-4, 1987, pp. 275-287.

[36] Directiva de ECCI de 21 de febrero de 1936. Rossiiskaya Akademiya Nauk, Komintern i grazhdanskaya voina v Ispanii, Madrid, 2001, pp. 104-107. Cfr. el texto descifrado por los servicios de inteligencia británicos y citado en C. Leitz y J. Dunthorn, Spain in an International Context, 1956-1959, NuevaYork-Oxford, p. 102, fn 42.

[37] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: La Internacional Comunista y España 1919-1939, Planeta, Barcelona, 1999, pp. 267-268.

[38] Ídem, pp. 269-270.

[39] Ídem, p. 279.

[40] El Socialista, 12 de febrero de 1936.

[41] Ésta era la exigencia que apareció en primera página en Mundo Obrero, el 7 de marzo de 1936.

[42] Claridad, 11 de febrero de 1936. Acerca de Araquistain, véase M. Bizcarrondo, Araquistain y la crisis socialista en la II República: Leviatán (1934-1936), Siglo Veintiuno, Madrid, 1975, y la antología publicada por P. Preston, Leviatán, Turner, Madrid, 1976; así como S. Juliá, La izquierda del PSOE 1935-1936, Siglo Veintiuno, Madrid, 1977; y A. de Blas Guerrero, El socialismo radical en la II República, Tucar, Madrid, 1978.

[43] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., pp. 272-277. Respecto a los antecedentes de Carrillo y de la FJS, véase R. Viñas, La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (1934-1936), Madrid, 1978; y M. E. Yagüe, Santiago Carrillo, Cambio 16, Madrid, 1978.

[44] Según el veterano líder del PCE Fernando Claudín, Santiago Carrillo (Crónica de un secretario general), Planeta, Barcelona, 1983, pp. 31-39; Manuilsky explicó la necesidad que tenía el partido español de proceder con la hoz y el martillo en una mano y la cruz en la otra.

[45] A este largo documento se le dio una gran publicidad y no sólo apareció en Mundo Obrero, sino también, al menos en parte, en otros periódicos.

[46] Claridad, 25 de enero de 1936.

[47] G. Mario de Coca, AntiCaballero: Crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista, cit., pp. 207, 211.

[48] R. Viñas, La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas, cit. Las memorias del ex activista de las Juventudes Socialistas, Ángel Merino Galán, Mi guerra empezó antes, Madrid, 1976, pp. 73-99, enfatiza que la unificación se llevó a cabo exclusivamente desde la cúpula, sin consultar a los escalones inferiores.

[49] Solidaridad Obrera, 15 de abril de 1936.

[50] Ídem, 24 de abril de 1936.

[51] Muchos de estos incidentes no quedaron registrados en el «Diario de las Sesiones», aunque en ocasiones fueron recogidos por la prensa.

[52] Mundo Obrero presentó su listado el 19 de febrero.

[53] C. Seco Serrano en Historia de España, Barcelona, 1968, 6, p. 158.

[54] S. de Madariaga, España, Buenos Aires, 1965, pp. 359-360.

[55] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., p. 415.

[56] Véase Preston, The Coming of the Spanish Civil War, cit., p. 175.

[57] El informe más pertinente es el de Pertíñez Díaz, Granada, 1936, cit., pp. 106-122.

[58] Desde luego, la derecha contaba con más dinero para intentar corromper el proceso electoral en varias áreas que la izquierda pero, a excepción de Granada, es probable que la principal interferencia proviniese de las maquinaciones del Ministerio de la Gobernación a favor del centro, pero sin ningún éxito.

[59] Véase el prólogo de Prieto a L. Solano Palacio, Vísperas de la guerra de España, México DF (n.d.), pp. 6-7.

[60] J. Tusell y otros, Las elecciones del Frente Popular en España, cit., 2, p. 190.

[61] N. Alcalá Zamora, Memorias, cit., p. 351.

NOTAS CAPÍTULO 9

LAS IZQUIERDA SE CONSOLIDA EN EL PODER
MARZO-MAYO DE 1936

[1] S. Juliá, Manuel Azaña, una biografía política, cit., p. 418.

[2] Boletín del Ministerio de Trabajo en P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, cit., p. 178.

[3] E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, cit., pp. 367-368.

[4] Cita en M. Cabrera, La patronal ante la II República, Siglo XXI, Madrid, 1983, p. 293.

[5] Malefakis, Agrarian Reform, cit., p. 369.

[6] J. M. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), cit., p. 428.

[7] Ídem, p. 373.

[8] El Sol, 23 de junio de 1936.

[9] Para un buen y breve estudio de la política económica del último gobierno republicano, véase J. M. Macarro Vera, «Social and Economic Policies of the Spanish Left in Theory and Practice», en M. S. Alexander y H. Graham eds., The French and Spanish Popular Fronts, Cambridge, 1989, pp. 171-184.

[10] Acerca de la restauración de los jurados mixtos y el problema de los costes de la mano de obra, véase J. Montero, Los Tribunales de Trabajo (1908-1938). Jurisdicciones especiales y movimiento obrero, Universidad de Valencia, Valencia, 1976, pp. 193-198, que es muy crítico con la forma en que se restablecieron.

[11] M. Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda República española, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975, pp. 309-322; M. de Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975), Labor, Barcelona, 1980, pp. 345-347.

[12] Madariaga, España, cit., pp. 452-453.

[13] Guadalajara fue una de las provincias donde los propietarios de tierras dieron en ser agresivos. Véase A. R. Diez Torres, «Guadalajara 1936: La primera crisis del caciquismo», en Estudios de Historia Social, 1987, pp. 3-4, pp. 289-305.

[14] Casi todo este hecho se describió en la prensa. Las narraciones más largas se encuentran en F. Rivas, El Frente Popular, San Martín, Madrid, 1976, pp. 172-190, y en I. Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Argos Vergara, Madrid, 1982, pp. 250-253. Las autoridades policiales madrileñas se esforzaron por comportarse responsablemente, arrestando a numerosos obreros como sospechosos de haber disparado contra el cortejo, e incluso detuvieron brevemente, para interrogarlo, a José Castillo, teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista, quien reprimió la manifestación con agresividad, disparando a quemarropa e hiriendo de gravedad a uno de sus militantes.

[15] La tarde del 16 de abril, Azaña señaló con enfado al socialista Vidarte: «Ustedes (los socialistas) con sus silbidos contra la Guardia Civil ponen a esta gente contra la República, como el día 14, cuando la manifestación». Vidarte, Todos fuimos culpables, cit., pp. 90-91.

[16] Ídem, p. 103.

[17] L. Romero, Por qué y cómo asesinaron a Calvo Sotelo, Barcelona, 1983, p. 87.

[18] A. Ramos Oliveira, Historia de España, México DF, 1952, 3, p. 244.

[19] N. Alcalá Zamora, Memorias, cit., p. 353.

[20] Según sus cartas a su cuñado, Cipriano de Rivas Cherif, que éste cita en su Retrato de un desconocido, cit., pp. 667-672.

[21] Alcalá Zamora, Memorias, cit., p. 352.

[22] Ídem, p. 357.

[23] Ídem.

[24] Ídem, p. 358.

[25] Ídem, p. 359.

[26] A. Alcalá Galve, Alcalá Zamora y la agonía de la República, cit., p. 642.

[27] Chapaprieta, La paz fue posible, cit., pp. 407-412.

[28] Alcalá Zamora, Memorias, cit., pp. 359-360.

[29] S. Juliá, Manuel Azaña, cit., p. 471.

[30] Alcalá Calve, Alcalá Zamora, cit., pp. 628-631.

[31] J. M. García Escudero, Historia Política de las dos Españas, Editora Nacional, Madrid, 1976, 3, p. 1065.

[32] Chapaprieta, La paz fue posible, cit., p. 414, realiza la desdeñosa observación de que «Azaña hablaba de los problemas económicos con su acostumbrada ignorancia de ellos». Véase la crítica de Juan Velarde Fuertes, «Azaña o haciendo la República sin conocer la economía», en F. Moran y Velarde Fuertes, Manuel Azaña, Barcelona, 2003, pp. 121-210.

[33] El relato más completo de los problemas constitucionales implicados y de la sesión del 3 de abril aparece en J. T. Villarroya, La destitución de Alcalá Zamora, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Valencia, 1988, pp. 85-106.

[34] Azaña a Rivas Cherif, en Retrato, cit., p. 676.

[35] Chapaprieta, La paz fue posible, cit., pp. 406-411.

[36] Alcalá Galve, Alcalá Zamora, cit., p. 663.

[37] Madariaga, España, cit., p. 454. Vidarte, Todos fuimos culpables, cit., p. 75, cita a Julián Besteiro diciendo al grupo parlamentario socialista: «Me parece que los que menos autoridad tenemos para decir que las Cortes de la CEDA no estaban bien disueltas somos nosotros, que en mítines, en la prensa y en todas partes no nos cansábamos de solicitar la disolución».

[38] M. Tuñón de Lara y otros, Historia de España, Valladolid, 1999, p. 588.

[39] J. Tusell, Historia de España en el siglo XX, Madrid, 1998, p. 224.

[40] Alcalá Zamora, Memorias, pp. 360-373.

[41] Ídem, p.372.

[42] Gil Robles, No fue posible la paz, cit., pp. 559-560.

[43] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., p. 450.

[44] Este episodio ha sido descrito de varias formas diferentes por el cuñado e intermediario de Franco, Ramón Serrano Súñer en sus Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 56-58; J. Gutiérrez Ravé, Gil Robles, caudillo frustrado, Madrid, 1967, p. 165, y Gil Robles, No fue posible la paz, cit., pp. 563-567.

[45] La única fuerza armada organizada de los socialistas madrileños era un grupo conocido como «La Motorizada» por su costumbre de moverse en coches, autobuses o camiones. Sus miembros procedían sobre todo del sindicato de «Artes Blancas» de UGT (compuesto especialmente por panaderos) y de las JSU. Organizada alrededor del 1 de marzo, parece que sus miembros, de hecho, estaban tan obligados con Prieto como con Largo Caballero, lo que indica la simplicidad de atribuir todo activismo a los caballeristas.

En la zona de Madrid, los comunistas habían organizado sus propias Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) que, aunque pequeñas, eran más abiertamente paramilitares y, algunos fines de semana, recibían instrucción de los oficiales de la UMRA. Cfr. E. Líster, Memorias de un luchador, G. del Toro, Madrid, 1977, p. 67.

[46] R. García, Yo he sido marxista, Editora Nacional, Madrid, 1953, p. 115, es un relato de la hija (durante un tiempo socialista) de una de las principales víctimas.

[47] Observa Romero con su habitual lógica: «Costumbre bastante generalizada, entonces y ahora y más en la izquierda que en la derecha, es la de achacar culpas de hechos criminales o vergonzosos a misteriosos agentes provocadores que se presume pertenecen y obran por cuenta e instigación del bando opuesto. Obsérvese que esos agentes provocadores nunca son habidos, y que cuando alguna vez se da con los culpables y se los identifica, pertenecen a organizaciones propias o afines, no a las contrarias, y que acaban siendo defendidos con energía por los suyos. De abundar los auténticos agentes provocadores serían desenmascarados por el partido en el cual han conseguido infiltrarse... Lo que abunda son los individuos exaltados por naturaleza, que se dejan arrastrar por furias fanáticas que les privan del raciocinio, y los inducen a cometer actos impolíticos y torpes, que indignan y avergüenzan a sus correligionarios». Por qué y cómo, cit., p. 103.

[48] I. Prieto, Cartas a un escultor, Buenos Aires, 1961, p. 94.

[49] J. Pla, Historia de la Segunda República, Destino, Barcelona, 1940, 4, pp. 437-438. Posteriormente, Prieto consideró éste como uno de los más importantes discursos de su carrera, lo hizo reimprimir durante la Guerra Civil y lo citó en numerosas ocasiones en subsiguientes escritos. Pero el 4 de mayo, Claridad rechazó con vehemencia su mensaje, al declarar que la necesidad más fundamental era la mayor intensificación de la lucha de clases. Los desórdenes debían continuar hasta que, un día, condujesen a la toma revolucionaria del poder.

[50] Romero, Por qué, cit., p. 100.

[51] J. A. Primo de Rivera, Obras Completas, Madrid, 1952, pp. 919-923.

[52] «La palidez del rostro (de Azaña) era cadavérica... A todos nos impresionó también su nerviosismo... A pesar del extraordinario dominio de la palabra que tenía, vaciló varias veces al pronunciar la breve fórmula de fidelidad a la República... En su recorrido hasta el coche que le llevaría a palacio se mostró frío y esquivo. No sonrió ni pestañeó una sola vez». No fue posible la paz, cit., p. 605.

[53] Véase la introducción de Marichal al volumen III de Azaña, Obras completas, México DF, 1965-1968, pp. xxxi-xxxii.

[54] P. ej. J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, 1, cit., pp. 74-80; J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, París, 1968, 1, p. 20; e incluso F. Largo Caballero, Mis recuerdos, cit., p. 155.

[55] C. Sánchez Albornoz, De mi anecdotario, Buenos Aires, 1972, p. 127.

[56] Pese a que Azaña no ha dejado ninguna documentación sobre este punto, su cuñado y confidente Cipriano de Rivas Cherif asegura que respaldaba seriamente la opción de Prieto. Retrato de un desconocido, cit., p. 328.

[57] Aunque esta propuesta era apenas plausible, en una carta al autor fechada el 30 de octubre de 1959, Prieto expresaba su lamento nostálgico por no haber hecho un mayor esfuerzo por alcanzar un entendimiento con los elementos más liberales a la derecha de los socialistas.

[58] P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, cit., p. 178.

[59] Ídem.

[60] Largo Caballero, Mis recuerdos, cit., p. 145.

[61] Según el emisario José Larraz, ABC, 16 de junio de 1965.

[62] Vidarte, Todos fuimos culpables, l, cit., pp. 117-126; I. Prieto, Convulsiones de España, México DF, 1967, 1, p. 164 y 3, pp. 135-136; A. del Rosal, Historia de la U.G.T. de España 1901-1939, Grijalbo, Barcelona, 1977, 1, p. 479.

[63] Azaña, Obras completas, 4, cit., pp. 570-571.

[64] D. Martínez Barrio, Memorias, cit., p. 329. Véase también J. Carabias, Azaña: los que le llamábamos don Manuel, cit., pp. 230-233.

[65] Retrato de un desconocido, cit., pp. 328-229.

[66] Véanse las observaciones del financieramente austero Alcalá Zamora en sus Memorias, cit., p. 378.

NOTAS CAPÍTULO 10

EL COLAPSO
MAYO-JUNIO DE 1936

[1] El republicano de izquierda Mariano Ansó escribiría años más tarde que la postura de Casares al declararse «en estado de guerra contra una fracción (considerable) del cuerpo nacional» era algo «totalmente desacostumbrado en los jefes de gobierno». Yo fui ministro de Negrín, cit., p. 118. En la misma vena véase F. Cordón Ordás, Mi política en España, cit., 2, p. 526.

[2] Cita de Carlos Seco Serrano en su prólogo a J. Tusell y otros, Las elecciones del Frente Popular en España, cit., 1, pp. xvii-xviii.

[3] J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, cit., pp. 618-619; J. Arrarás, Historia de la Segunda República española, cit., 4, p. 275; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, di., pp. 135-136; y J. Aviles Parré, La izquierda burguesa en la II República, cit., p. 305.

[4] R. A. H. Robinson, The Origins of Franco's Spain, Londres, 1970, pp. 226-227. Esta política se consumó por autorización tras el comienzo de la Guerra Civil y se tomó el control de todos los colegios católicos por un decreto del 28 de julio.

[5] E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, cit., p. 374.

[6] Cfr. A. Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936, cit., pp. 233-234.

[7] De nuevo, véase el argumento de J. M. Macarro Vera, «Social and Economic Policies in the Spanish Left in Theory and Practice», en M. S. Alexander y H. Graham, eds., The French and Spanish Popular Fronts, cit., pp. 171-184.

[8] A finales de 1935 varios grupos de trabajadores católicos se habían reunido en un «Frente Nacional Unido de Trabajo». Afirmaban contar con 276.389 miembros que en ese momento representaban casi el 15 por ciento de los trabajadores organizados en España. En junio de 1936 el gobierno cerró su sede en Madrid por supuestas «provocaciones».

[9] J. M. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), cit., p. 426.

[10] El Sol, 26 de mayo de 1936.

[11] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., pp. 426-427.

[12] Información, 14 de mayo de 1936, en M. Cabrera, La patronal ante la II República, cit., pp. 303-304.

[13] M. Cabrera, «Las organizaciones patronales ante la II República», Arbor, 1981, p. 168; citado en Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., p. 427.

[14] F. Sánchez Pérez, «La huelga de la construcción en Madrid (junio-julio 1936)», en Historia 16, 14:154, febrero, 1989, pp. 21-26.

[15] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., pp. 424-425.

[16] Malefakis, Agrarian Reform, cit., p. 372.

[17] La mejor relación de estos problemas se encuentra en Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., pp. 431-435.

[18] Cabrera, La patronal, cit., p. 291.

[19] Hoy (Badajoz), 27 de mayo de 1936, en F. Rosique Navarro, La reforma agraria en Badajoz durante la II República, cit., p. 304.

[20] M. Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936, Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979, p. 204.

[21] Según las cifras corregidas por L. Garrido y F. Sigler, en Andalucía se expropiaron unas 100.000 hectáreas para entregarlas a 12.000 nuevos propietarios, lo que suponía unas ocho hectáreas para cada uno. La cantidad de tierra entregada osciló entre un promedio de 16 hectáreas en Cádiz y 12 en Jaén a 4 en Huelva y sólo 2,5 por yuntero en Extremadura. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., p. 430.

[22] Malefakis, Agrarian Reform, cit., pp. 371-372.

[23] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., p. 426.

[24] Así puede verse en las condiciones que los jurados mixtos de Córdoba impusieron el 26 de junio, estudiadas en M. Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba, cit., pp. 412-429.

[25] Malefakis, Agrarian Reform, cit., p. 384.

[26] Ídem, p. 383. B. Díaz de Entresotos, Seis meses de anarquía en Extremadura, Edit. Extremadura, Cáceres, 1937, constituye un melodramático relato publicado tras la Guerra Civil, pero la realidad era muy grave.

[27] M. Tuñón de Lara, Tres claves de la Segunda República, Alianza, Madrid, 1985, pp. 194-195.

[28] Casi todas las formas de actividad agraria radical que acompañaron a la revolución rusa de 1905, como se detalla en T. Shanin, Russia, 1905-07: Revolution as a Moment of Truth, New Haven, 1986, pp. 84-90, encontraron su expresión en la España meridional durante la primavera y a principios del verano de 1936. Esto no supone una indicación de que las condiciones fueran en general equivalentes en ambos países en su conjunto pero existen ciertos paralelismos claros entre la situación rusa y el malestar agrario en el sur.

[29] Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., pp. 435-436.

[30] Ídem, pp. 442-443.

[31] A. Lazo, Retrato del fascismo rural en Sevilla, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998, pp. 25-34, 98-107.

[32] R. Quirosa-Cheyrouze, Católicos, monárquicos y fascistas en Almería durante la Segunda República, Universidad de Almería, Almería, 1998, pp. 66-74, citado en Macarro Vera, Socialismo, República y revolución, cit., p. 449.

[33] Malefakis, Agrarian Reform, cit,, p. 382.

[34] Macarro Vera en Alexander y Graham, eds., The French and the Spanish Popular Fronts, cit., p. 184.

[35] Véase M. Requena Gallego, Los sucesos de Yeste, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1983; y R. M. Sepúlveda Losa, «La primavera conflictiva de 1936 en Albacete», en Pasado y memoria, 2, 2003, pp. 221-240; F. Rivas, El Frente Popular, cit., pp. 275-280, ofrece la versión de la Guardia Civil.

[36] F. Manuel, The Politics of Modern Spain, New York, 1938, p. 168.

[37] J. Arrarás, Historia de la Segunda República española, cit., 4, p. 280.

[38] H. de la Torre Gómez, A relaçao península na antecámara da guerra civil de Espanha (1931-1936), Lisboa, 1998, pp. 85-101; C. Oliveira, Portugal y la Segunda República española 1931-1936, Madrid, 1986, pp. l69-187; A. P. Vicente, «O cerco à ambaixada da República Española em Lisboa (Maio a Outubro de 1936)», en F. Rosas, dir., Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, 1998, pp. 3-105; y C. Sánchez Albornoz, Mi testamento histórico-político, cit., pp. 195-199; y Anecdotario político, cit., pp. 196-245.

[39] De la Torre Gómez, A relaçao peninsular, pp. 93-94.

[40] D. Little, «Red Scare, 1936: Anti-Bolshevism and the Origins of British Non-Intervention in the Spanish Civil War», en Journal of Contemporary History, 23, 1988, pp. 291-311, y E. Moradiellos, «The Origins of British NonIntervention in the Spanish Civil War: Anglo-Spanish Relations in Early 1936», en European History Quarterly, 21, 1991, pp. 339-364.

[41] Véase A. Ossorio y Gallardo, Vida y sacrificio de Companys, Buenos Aires, 1943, pp. 148-155; M. D. Ivern i Salvà, Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936), Montserrat, 1988, 2, pp. 177-210; J. Pabón, Cambó, Barcelona, 1969, 2, pp. 486-489; y M. García Venero, Historia del nacionalismo catalán, Editora Nacional, Madrid, 1967, 2, pp. 417-419.

[42] Estos y otros datos que figuran en esta sección se han tomado del capítulo 8 de la tesis doctoral de J. Getman-Eraso, «Rethinking the Revolution: Utopia and Pragmatism in Catalan Anarchosyndicalism, 1930-1936», University of Wisconsin, 2001, que se ocupa de los cinco meses de febrero a julio de 1936. También podría destacarse que en el capítulo «L'oasi català: un miratge», de su La Catalunya internacional, Barcelona, 1983, pp. 303-335, Ricard Vinyes i Ribes disiente de forma similar de la metáfora como ha hecho E. Ucelay da Cal, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l'etapa republicana (1931-1939), Barcelona, 1982, pp. 271-273.

[43] L. Germán y M. A. Portero, eds, Caspe: Un estatuto de autonomía, Seminario de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 1977; L. Germán Zubero, Aragón en la II República, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984, pp. 189-206; y R. Sainz de Baranda, «La autonomía de Aragón en el período del Frente Popular», en M. Tuñón de Lara, ed., La crisis del Estado español, cit., pp. 517-533.

[44] Para un tratamiento más extenso de los procesos de autonomía en la República, véase J. Beramendi y R. Maíz, eds., Los nacionalismos en la España de la II República, Siglo XXI, Madrid, 1991; y más brevemente, J. Beramendi, «Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República», Pasado y memoria, 2, 2002, pp. 53-82.

[45] X. Vilas Nogueira, O Estatuto Galego, Pontevedra, 1975; A. Bozzo, Los partidos políticos y la autonomía de Galicia, Universidad Autónoma, Madrid, 1976; X. Castro, O galeguismo na encrudillada republicana, Orense, 1985; B. Maíz, Galicia na II República e baixo o franquismo, Vigo, 1987; A. Hernández Lafuente, Autonomía e integración en la Segunda República, Madrid, 1980, pp. 386-390.

NOTAS CAPÍTULO 11

LAS UTOPÍAS RIVALES: LOS MOVIMIENTOS
REVOLUCIONARIOS EN LA PRIMAVERA DE 1936

[1] El congreso confederal de Zaragoza (mayo, 1936), Toulouse, 1955. Las cifras de la CNT para el 1 de mayo de 1936 mostraban una sindicación apenas superior al 30 por ciento de los obreros industriales catalanes, comparada con el más del 60 por ciento a finales de 1931. A. Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936, cit., p. 198.

[2] Solidaridad Obrera, 11 de mayo de 1936. Véase el comentario en J. Brademas, Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937), cit., pp. 168-170.

[3] Solidaridad Obrera, 13 de mayo de 1936.

[4] La Vanguardia, 5 de junio, en la tesis doctoral de J. Getman-Eraso, «Rethinking the Revolution: Utopia and Pragmatism in Catalan Anarchosyndicalism, 1930-1936», Universidad de Wisconsin, 2001, p. 311, que es el estudio clave sobre la CNT catalana en vísperas de la Guerra Civil.

[5] S. Juliá, La izquierda del PSOE (1935-1936), Siglo XXI, Madrid, 1977.

[6] J. M. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía, 1931-1936, cit., pp. 409, 455-456.

[7] The New York Times, 26 de junio de 1936.

[8] El Socialista, 15 de julio de 1936. Agradezco a Juan Linz los datos acerca de las elecciones socialistas que figuran en un estudio suyo no publicado.

[9] El Socialista, 1 de julio de 1936. J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, cit., l, pp. 195-208. Vidarte sostiene que también invalidó algunos de los votos de su Badajoz natal por idénticos motivos.

[10] Linz MS, 148-149.

[11] Claridad, 10 de julio de 1936.

[12] Ídem, 13 de julio de 1936.

[13] A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: La internacional comunista y España, 1919-1939, cit., p. 280.

[14] Ídem, p. 282.

[15] J. Díaz, Tres años de lucha, Laia, Barcelona, 1978,1, p. 165.

[16] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., p. 282.

[17] Ídem, pp. 282-283.

[18] J. Díaz, Tres años de lucha, cit., p. 165.

[19] G. Dimitrov, «The United Front of the Struggle for Peace», Internacional Comunista, 13:5, mayo, 1936, pp. 290-293.

[20] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., p. 285.

[21] M. V. Novikov, SSSR, Komintern i grazhdanskaya voina v Ispanii 1936-1939 gg., Yaroslavl, 1995, 2, p. 76.

[22] Elorza y Bizcarrondo, Queridos camaradas, cit., pp. 285-286.

[23] Ídem, p.287.

[24] Las cifras de fechas anteriores proceden de R. Cruz, El Partido Comunista de España en la II República, cit., p. 57, quien calcula que el 18 de julio la afiliación podría haber alcanzado los 83.867 miembros (p. 60), aunque no se sabe con certeza. B. Bolloten, The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, Chapel Hill, 1991, p. 83, cita un artículo de Manuel Delicado, del comité central del partido, que apareció en La correspondencia internacional, el 23 de julio de 1939, y aporta una cifra de aproximadamente 40.000 miembros en vísperas de la Guerra Civil.

[25] A. C. Durgan, B.O.C. 1930-1936: El Bloque Obrero y Campesino, Laertes, Barcelona, 1996, p. 526.

[26] Ídem, pp. 411-416; Y. Riottot, Joaquín Maurín et l'anarcho-syndicalisme au communisme (1919-36), París, 1997, pp. 335-338.

[27] Cita en Durgan, B.O.C., p. 418.

[28] J. L. Martín i Ramos, Els orígens del PSUC, Barcelona, 1977; L. V. Ponomariova, La formació del Partit Socialista Unificat de Catalunya, Barcelona, 1977; M. Caminal, Joan Camarera: catalanisme i socialisme (1913-1936), Barcelona, 1984; y R. Alcaraz i González, La Unió Socialista de Catalunya, Barcelona, 1987.

[29] Durgan, B.O.C., pp. 428-429.

[30] Riottot, Joaquín Maurín, cit., pp. 216-222; Durgan, B.O.C., cit., pp. 432-444.

[31] L. Trotsky, The Spanish Revolution, New York, 1972, pp. 207-210, 215-224.

[32] Durgan, B.O.C., cit., pp. 435-436.

[33] Ídem, pp. 477-479.

[34] Ídem, pp. 480-484.

[35] Véase G. Lefranc, Le Mouvement socialist sous la Troisième République, París, 1963; e Historique du Front Populaire, París, 1965; J. Colton, Léon Blum, Humanist in Politics, New York, 1967; Colloque, Léon Blum, chef de gouvernement, París, 1968; G. Ziebura, Léon Blum: Theorie und praxis einer sozialistischen Politik, Berlín, 1963; I. M. Perrot y A. Kriegel, Le Socialisme français et le pouvoir, París, 1966; y A. Prost, La CGT a l'époque du Front Populaire, París, 1964. Existe un buen y breve estudio en I. Wall, «French Socialism and the Popular Front», en Journal of Contemporary History, 5:3, 1970, pp. 5-20.

NOTAS CAPÍTULO 12

LA FASE FINAL
MAYO-JULIO DE 1936

[1] C. Sánchez Albornoz, Anecdotario político, cit., pp. 196-197.

[2] M. García Venero, Historia de las Internacionales en España, Edic. del Movimiento, Madrid, 1958, 3, pp. 106-108. En apariencia el PNR nunca publicó este documento, pero García Venero afirma haber visto el original y «no tiene dudas acerca de su autenticidad».

[3] Sánchez Román nunca se mostró poco dispuesto a criticar los fallos de las políticas de Azaña cuando lo juzgó necesario. En el momento en que se convirtió en uno de los críticos del primer gobierno azañista en junio de 1933, Azaña había escrito: «Sánchez Román está ahora en auge entre la gente de oposición. Como tiene más entendimiento y más habilidad que casi todos los diputados adversos al gobierno, cada vez que habla lo escuchan con arrobamiento, porque les provee de lo que más falta hace: ideas y argumentos». Diarios 1932-1933, Barcelona, 1997, p. 372.

[4] J. Aviles Farré, La izquierda burguesa en la II República, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pp. 306-307; J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, cit., p. 680.

[5] Según Vicente Cárcel Ortí: «Según los datos oficiales recogidos por el ministerio de Gobernación, completados con otros procedentes de las curias diocesanas, durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular anteriores al comienzo de la guerra:

»—Varios centenares de iglesias fueron incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por diversos asaltos.

»—Algunas quedaron incautadas por las autoridades civiles y registradas ilegalmente por los ayuntamientos.

»—Varias decenas de sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias, otros fueron expulsados de forma violenta.

»—Varias casas rectorales fueron incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de autoridades locales.

»—La misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades religiosas.

»—Algunos pueblos de diversas provincias no dejaron celebrar el culto o lo limitaron, prohibiendo el toque de campanas, la procesión con el viático y otras manifestaciones religiosas.

»—También fueron profanados algunos cementerios y sepulturas, como la del obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, enterrado en la iglesia de las Franciscanas Concepcionistas de Yecla (Murcia), y los cadáveres de las religiosas del mismo convento.

»—Frecuentes fueron los robos del Santísimo Sacramento y la destrucción de las Formas Sagradas.

»—Parodias de carnavales sacrílegos se hicieron en Badajoz y Málaga.

»—Atentados personales afectaron a varios sacerdotes.

»—En todas partes quedaron impunes los malhechores.»

Historia de la Iglesia en la España contemporánea (siglos XIX y XX), Planeta, Madrid, 2002, pp. 163-164.

[6] N. Alcalá Zamora, Memorias, cit., pp. 376-378, informó de que, en dos ocasiones, se vio obligado a entregar dinero. También Salvador de Madariaga hace referencia a las extorsiones en las carreteras.

[7] J. Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, Buenos Aires, 1940, p. 9.

[8] Haciendo referencia a las juntas gubernativas especiales, nombradas por el gobierno para ciertas provincias donde la derecha había predominado.

[9] Los colores de las Juventudes Socialistas Unificadas.

[10] Por ejemplo, La Libertad, 28 de junio de 1936.

[11] Le Petit Journal, París, 2 de julio de 1936, citado en Gil Robles, No fue posible la paz, cit, p. 681.

[12] Ahora, 30 de junio de 1936.

[13] L. Romero, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Buenos Aires, 1982, pp. 165-166.

[14] Cfr. C. Vidal, Checas de Madrid: Las cárceles republicanas al descubierto, Belacqua, Barcelona, 2003.

[15] Comentarios de Mije en Badajoz el 18 de mayo tal y como se citaron en Claridad, 19 de mayo de 1936.

[16] Mundo Obrero, 13 de junio de 1936.

[17] Claridad, 3 de julio de 1936.

[18] Mundo Obrero, 10 de julio de 1936.

[19] Material de discusión para el Congreso Provincial del Partido Comunista que se celebrará en Madrid durante los días 20, 21 y 22 de junio de 1936, Madrid, 1936.

[20] D. Ibárruri y otros, Guerra y revolución en España, 1936-1939, Progreso, Moscú, 1967, 1, p. 66; J. Modesto, Soy del Quinto Regimiento, Laia, Barcelona, 1978, pp. 63-67.

[21] En Sevilla, los concejales de Unión Republicana dimitieron el 10 de julio porque los socialistas y comunistas no habían apoyado a su candidato a teniente de alcalde. Acerca de las tensiones en el seno del Frente Popular en Andalucía, véase J. M. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), cit., pp. 466-467.

NOTAS CAPÍTULO 13

LA CONSPIRACIÓN MILITAR

[1] La historiografía seria es mucho menos extensa, pero también detallada. El relato más amplio es F. Olaya Morales, La conspiración contra la República, Producciones Editoriales, Barcelona, 1979; aunque está en parte viciado al ser un relato partidista desde la perspectiva contraria. El mejor tratamiento todavía es el de R. de la Cierva, Historia de la Guerra Civil española, Antecedentes, Madrid, 1969, pp. 735-816. Existen relatos más breves en mi Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, 1967 (hay trad. esp.: Los militares y la política en la España contemporánea, Sarpe, Madrid, 1986), pp. 314-340, y The Franco Regime 1936-1975, Madison, 1987 (hay trad. esp.: El régimen de Franco, 1936-1975, Alianza, Madrid, 1987), pp. 78-100.

[2] Acerca del renacimiento del carlismo, véase M. Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939, Londres, 1975, pp. 1-206. Una narración carlista puede encontrarse en L. Redondo y J. Zavala, El Requeté, AHR, Barcelona, 1957, pp. 225-310.

[3] P. C. González Cuevas, Acción Española: Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Tecnos, Madrid, 1988, constituye el más profundo estudio ideológico, pero véase también R. Morodo, Orígenes ideológicos del franquismo, Alianza, Madrid, 1985.

[4] Acerca de la política monárquica en la República véase J. Gil Pecharromán, Conservadores subversivos: la derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994; y J. L. Rodríguez Jiménez, La extrema derecha en España en el siglo XX, Alianza, Madrid, 1997, pp. 118-133.

[5] Las relaciones con Italia son objeto de tratamiento en I. Saz, Mussolini contra la II República (1931-1936), Institución Alfonso el Magnánimo,Valencia, 1986.

[6] El mejor tratamiento de la política del ejército moderno es el de C. Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1984. Véase también G. Cardona, El poder militar en la España contemporánea, Siglo XXI, Madrid, 1984.

[7] Para el comienzo del siglo XX, véase C. Boyd, Pretorian Politics in Liberal Spain, Chapel Hill, 1979 (hay trad. esp.: La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Alianza, Madrid, 1990).

[8] Acerca de los débiles planes de insurrección falangistas en 1935, véase mi Franco y José Antonio: El extraño caso del fascismo español (1923-1977), cit., pp. 275-281.

[9] Ídem, pp. 308-324.

[10] Así se mencionó en Claridad el 6 de abril y el 10 de mayo de 1936, como se observa en P. Preston, The Coming of the Spanish Civil War, cit., p. 174.

[11] Recientemente se ha afirmado que Sanjurjo esperaba liderar un nuevo gobierno militar que convocase un plebiscito nacional para optar entre monarquía o república en España, algo que, notablemente, no se había hecho en 1931. Esta es la tesis de E. Sacanell Ruiz de Apodaca, El general Sanjurjo, héroe y víctima: El militar que pudo evitar la dictadura franquista, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004; que hace uso de los documentos del militar que se conservan, pero de una forma tan limitada y desorganizada que no es posible obtener conclusiones nuevas y claras.

[12] Este documento se ha publicado en diversas ocasiones. Véase De la Cierva, Historia, cit., pp. 769-771.

[13] Cita en J. Arrarás, ed., Historia de la Cruzada española, Madrid, 1940, III, p. 49.

[14] Gil Robles ha escrito que la CEDA proporcionó un subsidio «un poco antes» de la rebelión pero que él mismo no tenía contactos con los principales conspiradores militares. Aunque esto parece ingenuo pudo haber sido técnicamente correcto en sentido estricto. No obstante, Gil Robles animó a los carlistas y a otros a cooperar con los militares. Declara que las instrucciones que dio a los miembros del partido fueron «actuar cada cual individualmente según su conciencia, sin implicar al partido; establecer contacto directo con los militares, no formar milicias autónomas y, sobre todo, esperar órdenes concretas en cuanto el alzamiento se produjese». No fue posible la paz, Barcelona, 1969, pp. 730, 798.

[15] En junio el secretario de la sección valenciana, la DRV, supuestamente prometió a Mola 1.250 milicianos voluntarios al inicio de la rebelión y 50.000 en el plazo de cinco días. De la Cierva, Historia, pp. 743-744. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la CEDA y las JAP no podían realizar tales promesas de modo convincente.

[16] Cfr. L. Romero, Cómo y por qué mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, 1983; R. Garriga, Los validos de Franco, Barcelona, 1981, p. 25, y R. Serrano Súñer, Memorias, Barcelona, 1977, pp. 52-60.

En años posteriores, Franco siempre haría hincapié en su poca disposición a rebelarse. El 29 de junio de 1965 observó que «siempre dije a mis compañeros: Mientras haya alguna esperanza de que el régimen republicano pueda impedir la anarquía o no se entregue a Moscú, hay que estar al lado de la República, que fue aceptada por el rey primeramente, por el gobierno monárquico después y luego por el ejército». F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, 1979, p. 452. En las limitadas memorias que escribió se reiteró en esta posición: «Nuestro deseo debe ser que la República triunfe... sirviéndola sin reservas, y si desgraciadamente no puede ser, que no sea por nosotros». F. Franco, Apuntes personales del Generalísimo sobre la República y la Guerra Civil, Madrid, 1987, pp. 16, 21, 22. Así los conspiradores del núcleo duro en Pamplona llegarían a referirse burlonamente a Franco como «Miss Canarias de 1936» por su «coquetería».

[17] En la tesis doctoral de R. A. Friedlander, The july 1936 Military Rebellion in Spain: Background and Beginnings, Northwestern University, 1963, pp. 100-103.

[18] Para conocer la oscura visión de Churchill acerca de la situación española que, en su opinión, se dirigía hacia el comunismo, véase su The Gathering Storm, Boston, 1948, pp. 212-213.

[19] Para una discusión más amplia, véase V. Palacio Atard, «El gobierno ante la conspiración de 1936», en su Aproximación histórica a la guerra de España, Madrid, 1970, pp. 133-165.

[20] Gil Robles, No fue posible la paz, p. 608.

[21] Juan Marichal en su introducción a las Obras completas de Azaña, México DF, 1964, 3, p. xxxii.

[22] J. Zugazagoitia, Historia de la guerra de España, Buenos Aires, 1940, pp. 5-6; I. Prieto, Convulsiones de España, México DF, 1967, 1, p. 163, III, pp. 143-144; J. S. Vidarte, Todos fuimos culpables, Barcelona, 1977, I, pp. 146-147, 190-192; F. Largo Caballero, Mis memorias, Ciudad de México, 1950, pp. 161-163.

[23] Vidarte, Todos fuimos culpables, I, pp. 151-152.

[24] Ídem, I, p. 192.

[25] Cita en F. Ayala Vicente, La violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931-1936), Brenes, 2003, p. 157.

[26] Ídem, p. 158.

[27] Ídem, I, pp. 252-255.

NOTAS CAPÍTULO 14

EL ASESINATO DE CALVO SOTELO

[1] C. Santacana y X. Pujadas, L'altra olimpiada: Barcelona '36, Badalona, 1990.

[2] Se informó de todos estos acontecimientos en la prensa madrileña. Los resúmenes pueden encontrarse en L. Romero, Cómo y por qué mataron a Calvo Sotelo, cit., pp. 167-170; y en F. Rivas, El Frente Popular, cit., pp. 350-351.

[3] Habitualmente se ha asumido que quienes dispararon a Castillo fueron los pistoleros falangistas, una asunción natural si se tiene en cuenta que estos últimos fueron responsables de casi todos los asesinatos de socialistas en la zona de Madrid. Sin embargo, el estudio más objetivo, el de Ian Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, cit., pp. 204-214, descubre ciertas pruebas que indican que el crimen pudo haber sido cometido por los carlistas, en venganza por los disparos que Castillo efectuó el 16 de abril.

[4] R. Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 1979, 1, pp. 133-134.

[5] Más tarde, las sospechas de los republicanos de izquierda más moderados, como su líder en la ORGA gallega, Emilio González López, recayeron sobre Ossorio por su papel en todo este asunto, como consta en una entrevista con González López que tuvo lugar en Nueva York el 10 de junio de 1958. Tres años más tarde, en el intento negrinista y comunista de toma de la jefatura del ejército republicano, se nombraría a Ossorio comisario jefe de todo el ejército republicano.

[6] La reconstrucción más detallada de estos acontecimientos se encuentra en Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo. En la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Barcelona, 1939, apéndice I; así como en la Causa General: la dominación roja en España, Madrid, 1943, pueden encontrarse muchos detalles válidos, junto con bastantes interpretaciones y cierta distorsión ya que ambas fueron preparadas por el régimen de Franco.

[7] Al menos uno de los líderes de la milicia comunista ha admitido su participación en la organización de los arrestos, una prueba más del colapso del procedimiento policial. J. Tagüeña, Testimonio de dos guerras, Planeta, Barcelona, 1978, p. 72.

[8] Ídem, pp. 99-100.

[9] Las actividades de Calvo Sotelo en los días anteriores a su asesinato se detallan cuidadosamente en A. Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, José Calvo Sotelo, Ariel, Barcelona, 2004, pp. 661-677. Este sobresaliente estudio es una de las pocas biografías académicas de una figura significativa de la historia española contemporánea que puede compararse a las escritas en otros países.

[10] El único relato testifical del hecho es el de la hija de Calvo Sotelo, Enriqueta, citado en ídem, pp. 677-681.

[11] Ídem, pp. 682-685.

[12] Ídem, p. 691.

[13] J. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Tusquets, Barcelona, 1977, 1, pp. 28-31.

[14] Según los propios líderes socialistas: Vidarte, Todos fuimos culpables, I, cit., pp 213-217; y Prieto, Convulsiones de España, I, cit., p. 162.

[15] Ese día los periódicos derechistas Ya y La Época publicaron la poca información disponible y por eso fueron inmediatamente suspendidos por las autoridades. El último, que había sido uno de los periódicos españoles más destacados durante casi un siglo, nunca reaparecería.

[16] J. Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República, cit., p. 311.

[17] Véase el testimonio en Bullón de Mendoza, Calvo Sotelo, cit., pp. 694-695.

[18] Ídem, pp. 695-96; Romero, Cómo y Por qué, cit., p. 252.

[19] Cita en Bullón de Mendoza, Calvo Sotelo, cit., pp. 704-705; y en Gibson, La noche, cit., p. 198. Cfr. Moa, El derrumbe de la Segunda República y la Guerra Civil, cit., p. 323.

[20] Según Santos Juliá en N. Townson, ed., Historia virtual de España (1870-2004): ¿Qué hubiera pasado si...?, Madrid, 2004, p. 186. Cfr. J. Zugazagoitia, Historia de la Guerra en España, Buenos Aires, 1940, p. 5.

[21] Cita en Townson, Historia virtual, cit., p. 196.

[22] Cita en J. Tusell, «La recuperación de la democracia. El último Araquistain (1933-1959). Política y vida de un escritor socialista», su introducción a Araquistain, Sobre la guerra civil y la emigración, cit., pp. 11-128.

[23] Cfr. la discusión en J. M. Macarro Vera, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), cit., p. 467.

[24] Cita en A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas: La Internacional Comunista y España 1919-1939, cit., pp. 291-292.

[25] M. Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Barcelona, 1976, p. 126; citado en Bullón de Mendoza, Calvo Sotelo, cit., pp. 705-706.

[26] M. Portela Valladares, Memorias, cit., p. 223.

[27] S. Carrillo, Memorias, Planeta, Barcelona, 1993, p. 168; citado en Bullón de Mendoza, Calvo Sotelo, cit., p. 706.

[28] Cita en el manuscrito no publicado de Melchor Ferrer, «La conspiración militar de 1936 y los carlistas», p. 28.

[29] J. Pérez Salas, Guerra en España (1936 a 1939), México DF, 1947, pp. 82-83.

[30] B. Félix Malaíz, Alzamiento en España. De un diario de la conspiración, Gómez, Pamplona, 1952, p. 277. F. Franco Salgado-Araujo, Mi vida junto a Franco, Planeta, Barcelona, 1977, p. 150; P. Preston, Franco, cit., pp. 136-138.

[31] ABC, 14 de julio de 1960, citado en Bullón de Mendoza, Calvo Sotelo, cit., p. 703.

[32] A. Lizarza Iribarren, Memorias de la conspiración, Pamplona, 1969; T. Echevarría, Cómo se preparó el alzamiento: El General Mola y los carlistas, Madrid, 1985; y el estudio introductorio de Julio Aróstegui en su Los combatientes carlistas en la guerra civil española, Madrid, 1989, 1, así como el lúcido resumen en J. C. Peñas Bernaldo de Quirós, El carlismo, la República y la guerra civil (1936-1937): De la conspiración a la unificación, Madrid, 1996, pp. 17-43.

[33] Vidarte, Todos fuimos culpables, cit., Barcelona, 1977, 1, pp. 255-56; D. Martínez Barrio, Memorias, cit., pp. 358-359.

[34] Tesis doctoral de J. Getman-Eraso, «Rethinking the Revolution: Utopia and Pragmatism in Catalan Anarchosyndicalism, 1930-1936», University of Wisconsin-Madison, 2001, pp. 335-340.

[35] Zugazagoitia, Historia de la guerra, cit., p. 40.

[36] Martínez Barrio, Hoy, México DF, 20 de abril de 1940; citado en B. Bolloten, The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution, Chapel Hill, 1991, p. 40 (hay trad. esp.). Como señala Bolloten, en su único comentario posterior a esta reunión Prieto no fue capaz de clarificar la posición que adoptó en aquella ocasión.

De todos los grandes protagonistas de esta tragedia, Prieto desempeñó el papel más complejo y ambiguo. Durante la primavera, había abogado en numerosas ocasiones por una política constructiva y responsable, aunque extremadamente izquierdista, y pretendido alentar un gobierno de izquierda más fuerte y coherente, aunque a menudo sus seguidores se embarcaron en acciones violentas y represivas. Aparentemente, a principios de julio se había movido a una posición más «avanzada», estimulando la unidad de la izquierda y la preparación para un conflicto armado que parece que creía que no podría evitarse por más tiempo. Al principio no hizo esfuerzo alguno por paliar el magnicidio de Calvo Sotelo y, de hecho, en la Diputación Permanente mantuvo que las fuerzas policiales republicanas tenían idéntico derecho a embarcarse en el terrorismo y trabajó para desbaratar la investigación judicial y escudar a los asesinos que eran sus propios seguidores personales.

Pero el 16 de julio adoptó de nuevo una posición más matizada, intentando alentar la disciplina y responsabilidad en la izquierda ya que creía que tanto la anarquía como la revolución violenta arruinarían a España. Así, publicó la siguiente advertencia en su periódico bilbaíno, El Liberal, la mañana del 17 de julio, unas horas antes de que comenzase la rebelión:

«Los ciudadanos de un país civilizado tienen derecho a la tranquilidad, y el Estado tiene el deber de asegurarla. Hace ya tiempo —¿y qué vamos a engañarnos?— que los ciudadanos españoles se ven desposeídos de ese derecho porque el Estado no puede cumplir el deber de garantizárselo...

»Del mismo modo que la Historia llega a justificar las revoluciones del paisanaje, puede aprobar las insurrecciones militares cuando unas y otras concluyan con regímenes que, por cualquier causa, se hayan hecho incompatibles con el progreso político, económico o social exigido por los pueblos.»

Prieto, como todos los demás, se esperaba una rebelión militar y con anterioridad había pretendido armar a la izquierda pero, tan pronto como comenzó esa rebelión, viró hacia la moderación, respaldando los esfuerzos por desarrollar una respuesta gubernamental moderada y efectiva los días 18 y 19 de julio.

[37] Martínez Barrio, Memorias, cit., pp. 361-363; M. Azaña, Obras completas, cit., 4, pp. 714-15. Entre estas dos fuentes principales existe un cierto desacuerdo relativo a la extensión de la coalición propuesta que, según Azaña, debía incluir «desde las derechas republicanas hasta los comunistas» mientras que Martínez Barrio se contradice a este respecto en otras declaraciones.

[38] Martínez Barrio, Memorias, cit., pp. 363-64; y A. Alonso Baño, Homenaje a Diego Martínez Barrio, París, 1978, pp. 67-107.

[39] Vidarte, Todos fuimos culpables, I, cit., pp. 236-238, 252-253, 280-284, lo confirma según los informes de los supervisores gubernamentales que escucharon las conversaciones, al igual que Sánchez Román (que en aquel momento se encontraba en la habitación con Martínez Barrio) se lo confirmó a un tercero según se cita en Gil Robles, No fue posible la paz, cit., p. 791. Una edición de El Pensamiento Navarro (Pamplona) que apareció más tarde ese mismo día afirmó que a Mola se le ofreció el Ministerio de la Guerra. Otras referencias pueden encontrarse en Bolloten, The Spanish Civil War, cit., p. 755. Véase también J. M. Iribarren, Con el general Mola, Madrid, 1945, pp. 102-103; Zugazagoitia, Historia, pp. 58-65; L. Romero, Tres días de julio, Barcelona, 1967, pp. 158, 193; M. García Venero, El general Fanjul, Madrid, 1970, pp.287-90; Largo Caballero, Mis memorias, pp. 156-157, y J. Pérez de Madrigal, Memorias de un converso, Madrid, 1943-1951, 7, pp. 65-68.

[40] Se ha afirmado que el ex secretario militar personal de Azaña, el teniente coronel Juan Hernández Saravia, que acababa de ser trasladado al Ministerio de la Guerra, autorizó la entrega inicial de armas. E. De Mateo Sousa, «La sublevación en Madrid», Historia 16, 15:165, enero, 1990, pp. 111-116. Sin embargo la iniciativa del teniente coronel Rodrigo Gil, jefe del parque de artillería de Madrid se encuentra mejor documentada. Véanse las numerosas fuentes citadas en Bolloten, Spanish Civil War, cit., p. 754, n. 31.

[41] En una entrevista con Burnett Bolloten, Spanish Civil War, cit., p. 40.

[42] Clara Campoamor, La Révolution espagnole vue par une républicaine, París, 1937, 2, citada en Friedlander, The july 1936 Military Rebellion, cit., p. 181.

[43] Zugazagoitia, Historia de la guerra, cit., p. 46; M. Domingo, España ante el mundo, México DF, 1947, p. 233.

[44] En una carta a Madariaga citada por primera vez en el prólogo a la cuarta edición de la obra de este último, España, Buenos Aires, 1944; Martínez Barrio escribió que al afanarse por formar la nueva coalición sintió que «ya no era la rebelión militar nuestro enemigo peor. El más eficaz estaba dentro de nosotros mismos. Lo constituía la irresolución, la desorientación, el temor a las decisiones heroicas...», Memorias, cit., p. 361.

[45] Según Martínez Barrio, Hoy, 17 de abril, 1940 y confirmado por Sánchez Román a Burnett Bolloten, The Spanish Civil War, cit., p. 756. Como afirma Bolloten también lo corroboró Largo Caballero, Mis recuerdos, México DF, 1950, p. 167; así como Prieto en una carta a Robert Friedlander fechada el 19 de septiembre de 1961 en Friedlander, The july 1936 Military Rebellion, cit., p. 185. Prieto afirmó que incluso tras la dimisión del Gobierno de Martínez Barrio, intentó atraer a sus líderes a una asociación más estrecha con el posterior Gobierno de Giral para dar a éste una mayor fortaleza y coherencia, pero fue incapaz de lograrlo.

[46] El término acuñado por Burnett Bolloten en el tercer capítulo de su The Spanish Civil War, cit., titulado «The Revolution and the Rise of the Third Republic».

[47] El nombre habitual dado por la Komintern, utilizado por primera vez en relación al régimen mongol de 1924 y empleado por los líderes del PCE durante toda la Guerra Civil y en los años posteriores a la misma. Para una discusión de este modelo aplicado a la República durante la guerra, véase mi Unión soviética, comunismo y revolución en España 1931-1939, Plaza y Janes, Barcelona, 2003, pp. 378-88.

[48] Término acuñado para el primer año de la Guerra Civil por C. M. Rama, La crisis española del siglo XX, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1960.

NOTAS CONCLUSIÓN

[1] Como lo expresó Ortega en el «Epílogo para ingleses» de las últimas ediciones de La rebelión de las masas: «Tendrá el inglés o el americano todo el derecho que quiera a opinar sobre lo que ha pasado y debe pasar en España, pero ese derecho es una injuria si no acepta una obligación correspondiente: la de estar bien informado sobre la realidad de la Guerra Civil española, cuyo primer y más sustancial capítulo es su origen, las causas que la han producido».

[2] La discusión más perspicaz de las causas del colapso de la República puede encontrarse en el capítulo escrito por Juan Linz, «From Great Hopes to Civil War: The breakdown of Democracy in Spain», en Linz y A. Stepan, The breakdown of Democratic Regimes: Europe, Baltimore y Londres, 1978, pp. 142-215.

[3] Véase la discusión en J. Tusell y G. García Queipo de Llano, Alfonso XIII: el rey polémico, Taurus, Madrid, 2001, pp. 588-633; así como las obras clave de C. Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Rialp, Madrid, 1969; Estudios sobre el reinado de Alfonso XIII, Real Academia de la Historia, Madrid, 1998; y La España de Alfonso XIII, Espasa-Calpe, Madrid, 2002.

[4] Todavía es objeto de debate, por ejemplo, el punto hasta el que la Tercera República francesa, más avanzada y estable, se vio en peligro en los años treinta. Véase P. Bernard y H. Dubief, The Decline of the Third Republic, 1914-1938, Cambridge, 1988.

[5] D. Peukert, Die Weimarer Republik: Krisenjahre der klassischen Moderne, Frankfurt, 1987.

[6] A este respecto, véanse las sólidas observaciones de Edward Malefakis, «La Segunda República española: Algunas observaciones personales en su 50 aniversario», en La IIa República española, cit., pp. 97-109.

[7] A la inversa, puede afirmarse que el poder judicial constituyó un elemento de fortaleza ya que permaneció en gran medida libre de la abierta politización, lo que le atrajo las críticas tanto de la izquierda como de la derecha. No discriminó injustamente a favor de aquellos culpables de delitos violentos ya fueran izquierdistas (como en la Alemania de Weimar) o derechistas. La apremiante preocupación de la izquierda en 1936 por aprobar nuevas leyes que permitiesen la purga política del poder judicial indicaba que este último había permanecido en su mayoría libre de la nueva hegemonía partidista de la izquierda.

[8] Dankwart Rustow ha hecho hincapié en la crucial importancia del acuerdo entre las élites políticas al comienzo de un sistema nuevo, dado que «las luchas más encarnizadas se libran contra los defectos de nacimiento de la comunidad política». «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model», Comparative Politics, 2, abril, 1970, pp. 337-363. Cfr. H. J. Spiro, Government by Constítution, New York, 1959, pp. 361-383; R. A. Dahl, Polyarchy: Participation and Oppression, New Haven, 1971, p. 71; S. P. Huntington, «Will More Countries Become Democratic?», Political Science Quarterly, 99, verano, 1984, pp. 193-218; y J. Higley y R. Gunther, Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge, 1992.

[9] Inicialmente, tanto los republicanos de izquierda como los socialistas tendieron en general a confundir a los intelectuales izquierdistas de clase media y a los pequeños sectores progresistas con los amplios intereses burgueses, un enorme error de cálculo sociopolítico que recapitularon en un momento sorprendentemente tardío y, se reconoce, en una forma diferente a la misma confusión encontrada en Rusia en 1905. Cfr. T. Shanin, Russia, 1905-1917: Revolution as a Moment of Truth, New Haven, 1986, pp. 73 et passim.

[10] En Alemania, por ejemplo, la Constitución de Weimar fue creada por una coalición de los socialistas moderados, los demócratas de clase media y el centro católico (el catolicismo, siempre minoritario en Alemania, era más liberal y progresista que en España).

[11] M. Cabrera, La patronal ante la II República, cit., pp. 307-312.

[12] Véase H. A. Winkler, «Choosing the Lesser Evil: The German Social Democrats and the Fall of the Weimar Republic», en Journal of Contemporary History, 25:2-3, mayo-junio, 1990, pp. 205-207; y Winkler, Der Weg in die Katastrophe: Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1930-1933, Berlín, 1990.

[13] Como ha observado Sydney Tarrow con respecto a un periodo posterior de conflicto en Italia, las crisis tienden a desarrollarse si «el conflicto social es transparente y crecientes las oportunidades políticas», más que en momentos de restricción de los derechos políticos y las oportunidades. Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965-1975, Nueva York, 1989, pp. 48-49.

[14] Para un estudio lúcido de este problema en una perspectiva comparativa, véase J. J. Linz y A. Valenzuela, eds., La crisis del presidencialismo, Alianza, Madrid, 1997.

[15] Para un análisis comparativo curioso y sofisticado aunque no siempre totalmente convincente, véase G. M. Luebbert, Liberalism, Fascism or Social Democracy: Social Classes and the Political Origins of the Regimes in Interwar Europe, Nueva York, 1991.

[16] En los discursos de Gil Robles y Calvo Sotelo que con frecuencia se han citado anteriormente, que han sido ampliamente reproducidos en relaciones históricas más extensas y más recientemente en R. de la Cierva, Media nación no se resigna a morir: Los documentos perdidos del Frente Popular, cit.

[17] Cfr. J. Peirats, La C.N.T. en la revolución española, Ruedo Ibérico, Toulouse, 1951, 1, p. 121.

[18] R. Cibrián, «Violencia política y crisis democrática: España en 1936», en Revista de estudios políticos, 6, noviembre-diciembre, 1978, pp. 81-115.

[19] G. Jackson, The Spanish Republic and the Civil War, Princeton, 1965, p. 222.

[20] Cibrián, «Violencia política», cit.

[21] Según figura en R. de Felice, Mussolini il fascista: La conquista del potere, Turín, 1966, pp. 35-39, 87.

[22] Para los datos relativos a la República de Weimar, véase E. Rosenhaft, Beating the fascists? The German Communists and Political Violence 1919-1933, Cambridge, 1983, y R. Bissel, Political Violence and the Rise of Nazism: The Storm Troopers in Eastern Germany, 1925-1934, Londres, 1984.

[23] G. Botz, Gewalt in der Politik: Attentäte, Zusammenstösse, Putschversuche: Unruhen in Österreich, 2ª ed.,Viena, 1983.

[24] H. W. Koch, Der deutsche Bürgerkrieg: Eine Geschichte der deutschen und österreichischen Freikorps 1918-1923, Berlín, 1978; el relato anónimo Die Münchner Tragödie. Verlaufund Zusammenbruch der Räterepublik, Berlín, 1919; H. Hillmayr, Roter und Weisser Terror in Bayern nach 1918, Munich, 1974, y H. A. Winkler, Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlín y Bonn, 1984.

[25] P. Preston, The Spanish Right under the Second Republic, Reading, 1971, p. 6.

[26] E. E. Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, cit., p. 390, fn. 3.

[27] Cfr. los comentarios de M. A. Egido León, Manuel Azaña entre el mito y la leyenda, cit., pp. 358-359.

[28] Cita en P. E. Sigmund, The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976, Pittsburgh, 1977, p. 215, que quizá continúa siendo el mejor estudio. Véase también A. Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Baltimore, 1978; C. Huneeus, EI régimen de Pinochet, Santiago de Chile, 2001, pp 77-87; y F. G. Gil y otros, eds., Chile at the Turning Point: Lessons of Socilist Years, 1970-1973, Philadelphia, 1979, sobre todo la comparación entre España y Chile obra de Juan J. Linz y Henry A. Landsberger, cit, pp 399-438.

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